Benigno Texis Aztatzi

Expediente 188/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 6 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
188/2017
Año
2017
Actuaciones
6
Última actuación
26/09/2017

Partes del expediente

  • Benigno Texis Aztatzi

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Visto el oficio procedente del Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, en atención a su contenido, se tiene a la Superioridad informando que el proveído del cuatro de septiembre del año en curso, dictado en el recurso de queja número 78/2017 de su índice -por el que se desechó dicho medio de impugnación interpuesto por la parte quejosa en contra del proveído de dieciséis de marzo de dos mil diecisiete-, ha causado estado, y al efecto devuelve los autos originales del juicio de amparo 188/2017-VII del índice de este Juzgado. En tal virtud, acúsese el recibo correspondiente y háganse las anotaciones en el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); agréguese a estos autos el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de queja interpuesto y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otro lado, de autos se obtiene que este expediente está concluido y que es de aquellos a los que se refiere el Capítulo Quinto, punto vigesimoprimero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre siguiente, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, pues se trata de un asunto donde se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Por tanto, en términos de lo establecido en el punto segundo, fracción VI, cuarto, noveno, fracción I, décimo fracción I, décimo primero, párrafo segundo y vigésimo primero del capítulo quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009 en comento, se autoriza la destrucción de este expediente relativo al juicio de amparo 188/2017-VII, dado que no existen actuaciones pendientes, ni se está dentro de alguna de las causas de excepción a que se refiere el acuerdo en cita y al tratarse de un asunto concluido remítase al archivo definitivo en calidad de "archivo reciente", sin que pueda calificarse de relevancia documental, valor jurídico e histórico, inclusive, no contiene información reservada, conforme al punto vigésimo tercero, Capítulo Quinto del acuerdo citado; datos que deberán insertarse en la carátula del expediente en conformidad con el punto décimo primero, segundo párrafo, de la normatividad en consulta, en el entendido de que la destrucción de este expediente procederá transcurridos cinco años posteriores a la notificación del presente; por tanto, inclúyase en la relación de asuntos susceptibles de destrucción; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para los efectos legales correspondientes. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo Vigésimo Primero, párrafo último, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, el presente expediente, deberá transferirse al Centro Archivístico de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el artículo Décimo Primero. Hágase la anotación correspondiente en la carátula del expediente. ...

  2. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como en derecho corresponda el oficio de cuenta signado por el Actuario Judicial adscrito al Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que se desechó el recurso de queja interpuesto por Benigno Texis Aztatzi, en contra del auto de dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, emitido en el expediente en que se actúa, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales procedentes.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado por el Actuario del Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, mediante el cual informa que se inició de oficio el trámite del incidente de falsedad de firma, en virtud, de que el quejoso Benigno Texis Aztatzi, fue requerido por la superioridad para que ratificara la firma que calza el escrito de agravios de veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, sin embargo, fue imposible llevar a cabo la ratificación de firma, ello, dado el fallecimiento del quejoso Benigno Texis Aztatzi. Este Juzgado Federal queda enterado de lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.

  4. Principal

    Vista la diligencia de ratificación de firma del quince de marzo del año en curso, en la que el quejoso Benigno Texis Aztatzi, reconoce como suya la que calza el escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, el dos de marzo de dos mil diecisiete; recibido el mismo día en la Oficialía de Partes de este Juzgado Federal y registrado en el libro de correspondencia con el folio 2958, por el que presentó demanda de amparo por propio derecho, contra actos del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tlaxcala y otra autoridad, de quienes reclama el no llevar a cabo el embargo por él solicitado, así como por su apoderado legal en la diligencia de requerimiento de pago y embargo de diez de febrero de dos mil diecisiete, ordenado dentro del expediente laboral número 140/2010-C. Ahora, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquel que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora el siguiente criterio: ... Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Con base en estas premisas, la improcedencia notoria y manifiesta de la demanda de amparo, por cuanto hace al acto reclamado consistente en no llevar a cabo el embargo solicitado por el suscrito y su Apoderado Legal en la diligencia de Requerimiento de Pago y Embargo de diez de febrero del año dos mil diecisiete, ordenado dentro del expediente laboral número 140/2010-C, deriva del hecho de actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV párrafo segundo, ambos de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." ... De los numerales transcritos se desprende que el juicio de amparo procede contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo en ese momento reclamarse las violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. Es corolario de lo anterior, que el artículos 107, fracciones III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el transcrito numeral 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece dos hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto, después de concluido el juicio de origen, en los términos siguientes: Actos que gozan de autonomía en relación con la ejecución de sentencia; esto es, actos que no tienen como finalidad directa e inmediata cumplimentar la sentencia o laudo dictados en el juicio natural, por lo que pueden ser impugnados de manera inmediata (previo cumplimiento del principio de definitividad que rige en el juicio de amparo); Actos dictados en ejecución de sentencia. Hipótesis en la cual el juicio constitucional procede, únicamente contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo; tratándose de remates contra aquella que los aprueba o desaprueba -en lo sustantivo-, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento. Ahora, la hipótesis de procedencia del juicio de amparo respecto de los actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, prevé que sólo procede contra la última resolución dictada en esa etapa procesal; entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, la que lo da por concluido, o en su caso, la que ordena el archivo definitivo del expediente; pudiendo en ese momento reclamarse las violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso. Las consideraciones expuestas en el criterio transcrito, parten de la premisa de que no puede entorpecerse la ejecución de una sentencia que constituye cosa juzgada y que por la naturaleza propia del procedimiento, es posible que las violaciones cometidas durante el procedimiento de ejecución puedan analizarse cuando se reclame la última resolución, porque de demostrarse que hubo la infracción legal y que se dejó sin defensa al quejoso, tendrá que reponerse el procedimiento a partir de esa violación, y de ser infundada, no se habrá obstaculizado el cumplimiento de una ejecutoria, lo que equilibra el interés individual con el orden público y la finalidad del juicio de amparo, que no permite ser utilizado como instrumento para retardar la administración de justicia. Debe destacarse que la razón que inspiró la creación de esta regla de procedencia fue impedir que el juicio de garantías sea utilizado como instrumento para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva, de la que se presume que la sociedad está interesada en que la ejecución se realice con celeridad, en el menor tiempo posible; y la certidumbre de que la violación que entrañe una afectación meramente adjetiva a las defensas de un sujeto, sólo conllevará perjuicio si es que la resolución final con la que culmina el procedimiento es adversa a sus intereses. Por tal motivo, el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución de sentencia, a la resolución definitiva que pusiera fin a ese procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones cometidas durante el mismo que hubieran afectado las defensas de la parte quejosa . Ahora, debe destacarse que los supuestos de procedencia del juicio de amparo una vez concluido el juicio natural tampoco son absolutos, pues jurisprudencialmente se han establecido casos de excepción, que si bien se encuentran estrechamente vinculados con las hipótesis precisadas, conviene analizarla de modo particular. Conforme a la ejecutoria y jurisprudencia transcritas, nuestro Máximo Tribunal del país interpretó la fracción III, del artículo 114 de la Ley de Amparo abrogada, en el sentido que el juicio de amparo indirecto sí es procedente en contra de actos intermedios emitidos en la etapa de ejecución de sentencia, siempre que dichos actos: ... En la ejecutoria transcrita se señaló que los derechos sustantivos afectados se considerarán ajenos a la cosa juzgada cuando sean ajenos a los derechos que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia, esto es, cuando la afectación a dichos derechos no sea una consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar; con la condición lógica de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma irreparable. De conformidad con lo anterior, el juicio de amparo indirecto no sólo es procedente en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, sino que también es procedente, de manera excepcional, en contra de actos intermedios emitidos dentro de dicho procedimiento, en la medida en que afecten en forma directa derechos sustantivos que sean ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, o cuando se reclame la interlocutoria firme que desestima las excepciones sustanciales y perentorias, así como las defensas u otros actos que tiendan a detener o interrumpir la ejecución de una sentencia. Finalmente, en esa línea del pensamiento, otro caso excepcional de procedencia del juicio de amparo indirecto tratándose de actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, se actualiza cuando se emitan actos que de manera total, impidan u obstaculicen dicho procedimiento de ejecución. Del criterio transcrito se desprende la excepción a la regla general -que tratándose de actos de ejecución el amparo indirecto sólo procede contra la última resolución dictada en esa etapa- relativa a que el acto reclamado impida que se continúe con la ejecución de la sentencia, es decir, se obstaculice en forma total la continuación de la ejecución del laudo o sentencia definitiva, pues en ese supuesto, no podría obligarse al quejoso a esperar el dictado de la última resolución en esa fase, precisamente, porque el acto reclamado impide la continuación de la ejecución y, por ende, no podría llegarse a esa "última resolución", haciendo nugatorio el derecho del quejoso de hacer efectiva la cosa juzgada, constituyendo incluso un acto que afecta de manera directa derechos sustantivos de imposible reparación ajenos a esa figura. ... Conviene precisar que aun cuando los criterios transcritos, en general, analizaron el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo abrogada, son ilustrativos para establecer las hipótesis de procedencia del juicio de amparo tratándose de actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, ya que el contenido de dicho precepto coincide esencialmente con la actual redacción del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente, como se pone de manifiesto en el cuadro comparativo siguiente: ... Una vez establecidas las hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto tratándose de actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia, se colige que el acto reclamado en esta vía no se ubica en alguna de tales hipótesis. En primer término, de los antecedentes expuestos por el quejoso se desprende que, en el expediente laboral 140/2010-C, se emitió el laudo que resolvió la litis planteada, el cual, además, ha quedado firme y, que, en ejecución al mismo, se dictó auto de requerimiento de pago y embargo. En ese orden de ideas; el no llevar a cabo el embargo por parte del Actuario adscrito al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, solicitado por el quejoso en la diligencia de requerimiento de pago y embargo de diez de febrero de dos mil diecisiete, ordenado dentro del expediente laboral 140/2010-C del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala, porque el asesor legal del Ayuntamiento demandado indicó que los bienes de su representada eran inembargables revela que no es de forma alguna la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de laudo. Atento a lo expuesto, el no llevar acabo el embargo reclamado no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución en un juicio de naturaleza laboral, pues el quejoso estará en aptitud de solicitar lo que a su derecho corresponda para garantizar el cumplimiento del laudo, de ahí que no es posible arribar a la conclusión que dicho pronunciamiento constituya la última resolución que se dicte en el procedimiento de ejecución de que se trata, pues no reconoce el cumplimiento de lo sentenciado, ni consiste en aquella que aprueba el remate o la adjudicación del bien embargado; tampoco desestima alguna excepción sustancial o perentoria, o impide la ejecución de la sentencia. Así, por las consideraciones expuestas, se colige la improcedencia del juicio de amparo promovido, en virtud que el acto reclamado, si bien, fue dictado en ejecución de sentencia; sin embargo, no es el último dictado en esta etapa; máxime que no se actualiza alguna de las hipótesis de excepción. En tales condiciones, resulta manifiesto e indudable que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción IV, párrafo segundo, ambos de la Ley de Amparo, respecto de no llevar a cabo el embargo solicitado por el quejoso y su apoderado legal en la diligencia de requerimiento de pago y embargo de diez de febrero de dos mil diecisiete, ordenado dentro del expediente laboral número 140/2010-C, SE DESECHA por notoriamente improcedente la demanda de amparo.

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