Benigno Sánchez Aguilar
Expediente 893/2023 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 893/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 04/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Benigno Sánchez Aguilar
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos el comunicado de cuenta proveniente del Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, por medio del cual informa que el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, le solicitó la devolución de los autos originales del juicio de amparo 1217/2023, a efecto de remitirlos a este Juzgado de Distrito; sobre ese contexto, infórmese al homologo federal de la Ciudad de México que en autos ya obran las constancias citadas.
- Principal
Agréguese a los autos la versión electrónica del exhorto 237/2023-IX, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, del que se advierte se devuelve sin diligenciar la comunicación oficial 389/2023, orden 389/2023, de este índice, librado a efecto de notificar a la parte quejosa en acuerdo de diecinueve de julio del año en curso; de lo anterior se toma conocimiento, sin que sea necesario acusar recibo, pues no hubo solicitud al respecto y el sistema lo generó automáticamente. Consecuentemente, notifíquese a la parte quejosa tal determinación, así como las subsecuentes que tengan el carácter de personales, por medio de lista, de conformidad con los artículos 27, fracción III, inciso a), y 29 de la Ley de Amparo. En cumplimiento a lo anterior, se transcribe el acuerdo de diecinueve de julio de dos mil veintitrés: "Naucalpan de Juárez, Estado de México, a diecinueve de julio de dos mil veintitrés. Radicación. Téngase por recibido el comunicado de cuenta, relativo al acuerdo de doce de julio de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de amparo 1217/2023, promovido por ***, por propio derecho, contra un acto del Tribunal Unitario Agrario Distrito Ocho, del que se desprende que la Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, declaró carecer de competencia para conocer del asunto y, como consecuencia, ordenó remitirlo al Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, en turno, habilitando además la consulta del expediente electrónico; regístrese bajo el número 893/2023. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley de Amparo, este juzgado de Distrito se avoca al conocimiento del asunto; acúsese de recibo. Desechamiento. El numeral 113 de la ley de la materia, establece que el juez de Distrito examinará la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con lo expuesto, diversos tribunales de la federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable, resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Lo anterior encuentra apoyo, en lo conducente, en la jurisprudencia VI.2º. J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 80, agosto de 1994, Octava Época, página 64, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA." Ahora bien, el acto que se reclama a través del presente juicio de amparo consiste en lo siguiente: El acuerdo dictado el veintitrés de junio de dos mil veintitrés, dentro del juicio agrario 358/2021, mediante el cual se ordenó ejecutar la condena impuesta en la sentencia definitiva de nueve de febrero de dos mil veintidós, consistente en la desocupación y entrega del inmueble materia de la litis, a favor de la parte actora. Tal precisión se realiza, con fundamento en el artículo 74 de la Ley de Amparo, en atención a la obligación del Juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo, buscando qué realmente quiso impugnar la parte quejosa y no solamente lo que en apariencia indicó. A lo expuesto resulta aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia publicada con el 19, en la página 17, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917- 2000, Tomo VI, Materia Común, cuyo rubro y texto son: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." Sobre ese contexto, se determina que el juicio de amparo intentado resulta improcedente, por actualizarse la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, de la ley de la materia, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentencia o declara la imposibilidad material o jurídica para dar cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución." En efecto, tomando en cuenta que el auto reclamado de veintitrés de junio de dos mil veintitrés, ordenó ejecutar la condena impuesta en la sentencia definitiva de nueve de febrero de dos mil veintidós, consistente en la desocupación y entrega del inmueble materia de la litis en favor de la parte actora, ello implica que la demanda de amparo resulta notoriamente improcedente, pues, conforme a lo dispuesto en los preceptos antes invocados, tal determinación no constituye la última resolución emitida en el procedimiento de ejecución de sentencia dentro del juicio de origen, sino que se trata de una resolución dictada en esa fase, tendente a lograr el cumplimiento del fallo. Ello es así, pues de acuerdo con lo establecido en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, tratándose de actos de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto sólo es procedente en contra de la última resolución que se dicte en el procedimiento respectivo, en la cual podrán alegarse las violaciones procesales cometidas en el mismo que hubiesen dejado sin defensa al quejoso y transcendido en el resultado de la resolución. Es decir, el aludido precepto de la ley de la materia exige que para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia del juicio de amparo promovido en la vía indirecta, se reclame "la última resolución" dictada en el procedimiento respectivo; en la inteligencia que, tratándose de actos dictados en ejecución de sentencia cuando la quejosa es parte en el procedimiento y ha comparecido al mismo -como sucede en el caso concreto-, se considera que la "última resolución" que se dicta y en contra de la cual procede la vía bi-instancial, es aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia definitiva, o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. En ese orden, es pertinente hacer mención que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustenta el criterio en el sentido que al no contar con disposiciones que determinen cuál va a ser la última resolución para los efectos de la fracción IV del artículo 107 de la ley de la materia, se debe atender a lo que la propia Ley de Amparo establece al respecto; por tanto, la última resolución en el procedimiento de ejecución para los efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto ante los jueces de Distrito, será aquella en la que se reconozca el debido cumplimiento de la sentencia de fondo dictada en la controversia, o bien, aquella que declare la imposibilidad jurídica o material para dar cumplimiento a lo dispuesto en el fallo definitivo o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia P./J.32/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 31 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII (abril de 2001), Novena Época, que establece: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." De dicha jurisprudencia se advierte que se ha sustentado el criterio de que la finalidad que se persigue al limitar la procedencia del amparo en la forma indicada, en contra de la última resolución que se dicte en la fase de ejecución de sentencia, consiste en evitar abusos del juicio de amparo y no permitir que la parte que fue oída y vencida en juicio, en el cual lo único que resta es la ejecución, retrase el cumplimiento del contenido de la sentencia. Aunado a ello, debe señalarse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación también ha sustentado supuestos de excepción a aquella regla, es decir, que existen actos emitidos en ejecución de sentencia, en contra de los cuales sí es procedente el amparo indirecto, entre otros, aquellos respecto de los cuales el acto reclamado afecta derechos sustantivos de manera inmediata, siempre y cuando sean independientes de la propia ejecución y que no pretenden impedirla, pero que puedan generar al quejoso una afectación de manera directa e inmediata a sus derechos sustantivos. En síntesis, una determinación dictada en ejecución de sentencia puede reclamarse a través del amparo indirecto, de acuerdo con lo siguiente: a) Que se interponga en contra del último acto dictado en el procedimiento correspondiente, entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, y tratándose de remates, sólo podrá promoverse el juicio contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben; b) Cuando el acto reclamado genere una afectación inmediata a los derechos sustantivos que no se vinculen a la ejecución de la sentencia. De esa manera, será hasta que se apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento o que se ordene el archivo definitivo del expediente, que proceda el amparo, con el posible efecto restitutorio que le imprime el artículo 77 de la ley de la materia, que permite restablecer el orden constitucional si se demuestra la violación de derechos fundamentales. Lo que encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 108/2010, sustentada por el Pleno del Máximo Tribunal, visible en la página seis del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, enero de dos mil once, Novena Época, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE." De ese modo, al establecerse en dicha norma que el juicio de amparo indirecto procede contra actos cuyos efectos sean de imposible reparación, y que por éstos debe entenderse a los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la ley fundamental o tratados en los que el Estado Mexicano sea parte, ello implica que no cualquier afectación a estos derechos es apta o suficiente para justificar la procedencia del amparo, pues debe tratarse de una afectación material y directa. Entonces, los derechos fundamentales de audiencia o debido proceso, y de autoridad competente, tratándose de actos materialmente jurisdiccionales, incluso, el de acceso efectivo a la jurisdicción, no son de aplicación y eficacia material inmediata, sino que ello se logra a través de la regulación normativa secundaria, pues es en las codificaciones procesales en las que se detallan y determinan los procedimientos que deben cumplirse para la tutela de los derechos sustantivos de los gobernados, ya que en ellas se contienen la forma y términos en que aquéllos pueden ejercerse. En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia establecida en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, ambos de la Ley de la materia, se desecha de plano la demanda de cuenta, por notoriamente improcedente. Notificación a la parte quejosa. Dada la trascendencia de la presente determinación, de conformidad con el numeral 26, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo; con fundamento en los artículos 124, 125 y 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, líbrese atento exhorto vía electrónica al Juez de Distrito en Materia administrativa en la Ciudad de México, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado ordene a quien corresponda se constituya en el domicilio ubicado en: ***, y notifique a la parte quejosa la presente determinación. Asimismo, la requiera para que al momento de la diligencia, o bien, dentro del plazo de tres días contado a partir de su legal notificación, señale domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la sede de este juzgado o en la zona conurbada, esto es, en los municipios de Tlalnepantla de Baz, Atizapán de Zaragoza, Huixquilucan, Cuautitlán México y Cuautitlán Izcalli, todos del Estado de México, apercibida que, de no hacerlo, sin ulterior acuerdo, las subsecuentes, incluso las de carácter personal, se harán por medio de lista. Sin que sea necesario el acuse de recibo del exhorto que se envía, dado que se genera automáticamente por el sistema. Para la realización de la diligencia de que se trata, se faculta desde este momento al homólogo exhortado para que en términos del numeral 21, último párrafo, de la ley de la materia, habilite días y horas para dar cumplimiento a la encomienda de mérito y una vez realizado lo anterior, se sirva a devolver las constancias que así lo acrediten a la brevedad posible, mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Autorizados. Por su parte, respecto de las personas que señala, ténganse por autorizadas en los términos que precisa, en virtud de que el juicio de origen versa sobre derechos agrarios. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Exhortación para seguir el juicio "En línea". Con fundamento en el artículo 263, fracción II, párrafo segundo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea y, además, proporcionen algún otro medio de contacto, como correo electrónico o servicio de mensajería instantánea, a través del cual se pueda entablar comunicación no procesal."
- Principal
Téngase por recibido el comunicado de cuenta proveniente del Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, por el cual se remite el oficio del índice del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, al que se acompaña el original del juicio de amparo 1217/2023, a efecto de resolver sobre incompetencia planteada; en este contexto, intégrese el sumario para el único efecto de que obre como corresponda, toda vez que, por acuerdo de diecinueve de julio del año en curso, se aceptó la competencia declinada y se desechó de plano la demanda.
- Principal
En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia establecida en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, ambos de la Ley de la materia, se desecha de plano la demanda de cuenta, por notoriamente improcedente.
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