Benigno Raúl Gutiérrez Méndez

Expediente 299/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
299/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
20/10/2016

Partes del expediente

  • Benigno Raúl Gutiérrez Méndez

Actuaciones

  1. Principal

    Nuevo Laredo, Tamaulipas, veinte de octubre de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede, se advierte que no se interpuso recurso de revisión contra de la resolución de treinta de septiembre de dos mil dieciséis, en la que se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de derechos fundamentales (fojas 119 a 121), asimismo, que ya transcurrió el término de diez días que señala el numeral 86 de la Ley de Amparo, para hacerlo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se acuerda: Primero. Se declara que ha causado estado la resolución de treinta de septiembre de dos mil dieciséis, que sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo, promovido por Benigno Raúl Gutiérrez Méndez, contra el acto que reclamó del Procurador General de Justicia del Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria. Segundo. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como concluido. Tercero. Toda vez que se sobreseyó fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio, no existen documentos originales exhibidos por las partes y no es de relevancia documental, se considera destruible en términos de lo expuesto en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito. Conforme al citado acuerdo, en su oportunidad remítase el presente asunto a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos conducentes. Cuarto. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado, relativo al registro de juicios de amparo. Notifíquese. (2)

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR ESTE MEDIO ALOS TERCEROS INTERESADOS: Juicio principal 299/2016-2 5294 El treinta de septiembre de dos mil dieciséis, doy cuenta al secretario encargado del despacho con un oficio y un anexo, remitido por la autoridad responsable. Conste. Nuevo Laredo, Tamaulipas, treinta de septiembre de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta, signado por el Primer Subprocurador General de Justicia del Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, en representación del Procurador General de Justicia del Estado, mediante el cual rinde informe justificado, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Asimismo, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 119 de la ley en comento, téngase como prueba de la autoridad responsable la que anexa a su informe justificado. Téngase como delegados en términos del artículo 9° de la ley de la materia a las personas que indica la oficiante en el oficio de cuenta. Ahora, visto el estado que guardan los presentes autos, y del estudio integral de la demanda de derechos fundamentales promovida por Benigno Raúl Gutiérrez Méndez, se advierte que los actos reclamados esencialmente los hace consistir en (foja 8): "IV.- ACTO RECLAMADO.- La omisión y la tardanza de la autoridad responsable consistente en no cumplir con su deber legal de dar trámite a la inconformidad que presenté el día veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, en contra de la determinación de NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL, de fecha cuatro del mismo mes y año, dictada dentro de la averiguación previa penal número 39/2016, por la Agente Segundo del Ministerio Público Investigador en el Estado con residencia en Nuevo Laredo, Tamaulipas, sin que hasta el momento haya pronunciamiento alguno sobre dicha inconformidad; hecho revictimizante y que atenta con el principio de tutela judicial efectiva, señalado en el artículo 17 de la Constitución Federal." De la anterior transcripción, se desprende que el acto reclamado destacado es la omisión del Procurador General de Justicia del Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, de dar trámite al recurso de inconformidad que presentó el quejoso el día veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, en contra de la determinación de no ejercicio de la acción penal, dictada el cuatro de ese mismo mes y año, dentro de la averiguación previa penal número 39/2016, por la Agente Segundo del Ministerio Público Investigador en el Estado, con sede en localidad. Al respecto, debe decirse que en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, conforme a la cual el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. El citado numeral textualmente establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]" Para demostrar la causa de improcedencia precisada, se estima necesario invocar las constancias allegadas en fotocopias certificadas por el Primer Subprocurador General de Justicia del Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, en representación del Procurador General de Justicia del Estado, anexas a su informe justificado (fojas 101 a 118), de las cuales se colige que dicha autoridad responsable, en términos de lo dispuesto por el artículo 14, fracción III, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas, remitió la inconformidad interpuesta por el quejoso a la Segunda Subprocuraduría de esa institución para la calificación de la determinación de no ejercicio de acción penal recurrida, la cual el veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, dictó resolución en la que confirmó la determinación de no ejercicio de la acción penal recurrida por el quejoso dentro de la averiguación previa penal número 39/2016, del índice de la Agente Segundo del Ministerio Público Investigador en el Estado, con sede en localidad, circunstancia que hace evidente que el acto omisivo destacado -omisión de dar trámite al recurso de inconformidad que presentó el quejoso en contra de la determinación de no ejercicio de la acción penal, dictada dentro de la averiguación previa penal número 39/2016-, ha cesado sus efectos. Al respecto, debe ponderarse que la demanda de derechos fundamentales fue presentada el treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, y por su parte, la autoridad responsable en fecha veinticuatro de agosto del año que transcurre, dictó resolución en la que confirmó la determinación de no ejercicio de la acción penal recurrida por el quejoso dentro de la averiguación previa penal número 39/2016, esto es, que al día de la presentación de la demanda de garantías por el quejoso, la autoridad responsable había subsanado la omisión reclamada al emitir la resolución en la que confirmó la determinación de no ejercicio de la acción penal recurrida por el quejoso dentro de la averiguación previa penal número 39/2016, lo que lleva a concluir que la omisión que en un principio se reclamó como acto destacado ha dejado de existir, pues ya se emitió la resolución correspondiente; de ahí que, resulta incuestionable que cesaron los efectos del acto reclamado, restituyéndose al quejoso en pleno goce del derecho fundamental que estimó vulnerado, toda vez que constituye una situación idéntica a la que habría existido si el acto reclamado no se hubiese planteado en el mundo fáctico, por ende, es que se arriba a la conclusión de que han cesado los efectos del acto materia del reclamo, en tanto que dicha causal de improcedencia obedece a que desaparecieron los motivos que concreta y específicamente originaron el juicio de amparo; de ahí que la cesación de los efectos deba ser inmediata, total y no sujeta a condición alguna, a fin de que la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, resulte ociosa por no existir ya el acto, la materia o los efectos reclamados. Consecuentemente, con apoyo en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo que procede es el sobreseimiento en este juicio de amparo fuera de audiencia constitucional, toda vez que al haberse dado trámite a la inconformidad presentada por el quejoso el veinticuatro de junio de dos mil dieciséis en contra de la determinación de no ejercicio de la acción penal dentro de la averiguación previa penal número 39/2016, cuya omisión se reclamaba, es evidente que han cesado los efectos del acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, junio de 1999, tomo IX, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Asimismo, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, marzo de 2003, tomo XVII, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Criterios aplicables, virtud de que no se oponen a la Ley de Amparo vigente, por lo que continúa su observancia, conforme a su artículo sexto transitorio. Se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional señalada para las trece horas de esta propia fecha (foja 63). Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno relativo, para los efectos legales conducentes. Notifíquese personalmente. (2)

  3. Principal

    Se admite demanda; sin tramitar incidente de suspensión por no haber sido solicitado; se señalan las trece horas del treinta de septiembre de dos mil dieciséis, para la celebración de la audiencia constitucional; se da la intervención que legalmente le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se pide informe justificado; se ordena el emplazamiento de los tercero interesados; se tiene por ofrecida la documental que anexo el quejoso; se tiene señalando domicilio para oír y recibir notificaciones al quejoso y autorizados para tal efecto; y, se hace de su conocimiento lo establecido por la Ley General de Transparencia y acceso a la Información Pública. (4)

  4. Principal

    Por este medio se notifica a tercero interesados; el acuerdo de dos de septiembre del año en curso, por medio de lista que fijo en los estrados de este juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, de conformidad con los artículos 27, fracción I, inciso b) y 29, de la Ley de Amparo; en virtud de no haber atendido los citatorios de fecha cinco de septiembre del año en curso; se les tiene por emplazados y se hace de su conocimiento la instauración del presente juicio, así como el derecho que tienen de apersonarse a él, dejando en el local de este juzgado, copia de la demanda para correrle traslado, así como copia del auto de radicación, mismo que en la parte que interesa dice: Se admite demanda; sin tramitar incidente de suspensión por no haber sido solicitado; se señalan las trece horas del treinta de septiembre de dos mil dieciséis, para la celebración de la audiencia constitucional; se da la intervención que legalmente le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se pide informe justificado; se ordena el emplazamiento de los tercero interesados; se tiene por ofrecida la documental que anexo el quejoso; se tiene señalando domicilio para oír y recibir notificaciones al quejoso y autorizados para tal efecto; y, se hace de su conocimiento lo establecido por la Ley General de Transparencia y acceso a la Información Pública. (4)

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