Benigno Hernández Ramírez

Expediente 774/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
774/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
09/09/2022

Partes del expediente

  • Benigno Hernández Ramírez

Actuaciones

  1. Principal

    Principal 774/2022-IV El nueve de septiembre de dos mil veintidós, la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, CERTIFICA: 1. Que el término de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para impugnar a través del recurso de queja el proveído de veintidós de agosto del presente año, le transcurrió a la parte quejosa del treinta de agosto al cinco de septiembre de la presente anualidad, sin que lo haya hecho. Lo anterior se confirmó después que el oficial de partes de este juzgado federal, hiciera una revisión minuciosa del libro de correspondencia que recibe este órgano jurisdiccional, sin que la referida parte procesal, promoviera dicho recurso; 2. No obra agregado documento original con firma autógrafa e insustituible. Lo que se hace constar para los efectos legales procedentes. Doy fe. La Secretaria Beatriz Eugenia Meza López CUENTA. En la misma fecha, la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, da cuenta a la Jueza de Distrito, con la certificación que antecede y con el estado procesal que guardan los autos. Conste. La Secretaria Beatriz Eugenia Meza López Acapulco de Juárez, Guerrero; nueve de septiembre de dos mil veintidós. Visto; la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ya feneció el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya interpuesto recurso de queja en contra del proveído de veintidós de agosto de dos mil veintidós; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 2 de la ley antes citada, se declara QUE DICHO AUTO QUE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase la anotación en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. BEATRIZ EUGENIA MEZA LÓPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.e1 20/03/24 15:20:08 Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo, como asunto totalmente concluido. Asimismo, es preciso mencionar que conforme al artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente es DESTRUÍBLE en un plazo de tres años. Por tal motivo, de conformidad con el referido numeral, dentro del término de treinta días siguientes a que haya transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir del presente proveído, previa acta, relación que se elabore para la identificación del expediente, anotaciones correspondientes en los libros respectivos, copia digital de todas las constancias que integran el sumario depurado y registro electrónico asociado, procédase a la destrucción de los autos, y en su momento remítase una copia del acta mencionada a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida por Beatriz Eugenia Meza López, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; veintidós de agosto de dos mil veintidós. Vista; la demanda de amparo promovida por Benigno Hernández Ramírez, por propio derecho, contra actos del Juez Mixto de Primera instancia del Ramo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Allende, con residencia en Ayutla de los Libres, Guerrero. En ese sentido, regístrese con el número 774/2022-V y fórmese de manera conjunta tanto el expediente electrónico como el expediente impreso, sin que ello, tenga como consecuencia, admitirla a trámite, toda vez que de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, la Jueza debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. En el particular, el promovente reclama el proveído de cinco de abril de dos mil veintidós, a través del cual, la autoridad responsable solicitó al Notario Público expedir la escrituración de la sentencia definitiva de adjudicación a favor de los coherederos; sin embargo, hay que aclarar que ello no deriva de un procedimiento de remate, sino de un juicio sucesorio, de ahí que esa determinación, no es la última en etapa de ejecución; por tanto, a criterio de esta juzgadora, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionado con la fracción IV del diverso numeral 107 ambos de la Ley de Amparo; lo anterior se considera así en atención a las siguientes razones de orden legal. Los referidos artículos de la ley de la materia, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.]. IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. [.] En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; [...]." De los preceptos transcritos se desprende que entre otros supuestos, el amparo indirecto procede contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido; Y SI SE TRATA DE ACTOS DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA SÓLO PODRÁ PROMOVERSE CONTRA LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, pudiendo reclamarse en la misma demanda, las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución; en la inteligencia que POR ÚLTIMA RESOLUCIÓN EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE, SE ENTIENDE AQUELLA QUE APRUEBA O RECONOCE EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LO SENTENCIADO O DECLARA LA IMPOSIBILIDAD MATERIAL O JURÍDICA PARA DARLE CUMPLIMIENTO, O LAS QUE ORDENAN EL ARCHIVO DEFINITIVO DEL EXPEDIENTE, supuesto en el cual será el momento procesal en que proceda el juicio de amparo y en el que la parte agraviada esté en aptitud de impugnar tanto la resolución de mérito como todas aquellas intermedias que considere la dejaron sin defensa. Lo que es así, porque en el juicio de amparo se deben de establecer dos reglas fundamentales para distinguir su procedencia en tratándose de actos emitidos dentro del procedimiento de ejecución de una sentencia o resolución definitiva. La primera hipótesis consiste básicamente en que el juicio de amparo biinstancial procede contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre y cuando no se dicten en ejecución de sentencia o laudo, y por tanto sean autónomos y no tengan como finalidad directa e inmediata ejecutar la resolución dictada en el juicio natural, (como son el arresto dictado como medida de apremio hacia alguna de las partes) es decir, que se emitan de manera destacada, y con independencia del procedimiento de ejecución. La segunda, que opera como la regla específica, cuya ratio legis es el impedir que el juicio de amparo sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva o laudo que goza de firmeza por el carácter de cosa juzgada, lo que es así, porque el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados en ejecución de tal fallo, siempre que se impugne la última resolución, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda de amparo las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa y que hubiesen trascendido al resultado de la resolución, ya que en tratándose de los procedimientos de ejecución la Sociedad y el Estado están interesados en que se cumplan las resoluciones emitidas en una contienda entre partes determinadas que culminaron con una sentencia que dirimió el derecho a favor de una de ellas, dado que se encuentran inmersos en el principio de cosa juzgada. En efecto, el cumplimiento de un fallo definitivo es de orden público, atendiendo a su naturaleza, pues emana de un juicio donde el quejoso ya fue oído y vencido, en respeto a la garantía de audiencia previa al acto de privación, por lo que debe en todo momento evitarse que se obstaculice el cumplimiento de una resolución final. Luego, existen diversas resoluciones consideradas intermedias dictadas después de concluido el juicio dentro del periodo de ejecución de sentencia o laudo, que pueden llegar a ser combatibles a través del juicio de amparo, toda vez que por su naturaleza no implican la ejecución parcial de lo condenado, tienen autonomía destacada de lo que implica la cosa juzgada; crean o modifican un derecho en ese procedimiento de ejecución, y pueden ocasionar un perjuicio inmediato (como lo sería por ejemplo una medida de apremio), supuestos que según se pone de manifiesto a continuación, no se actualizan en la especie. Para evidenciar que en la especie se actualiza de modo manifiesto e indudable la indicada causal de improcedencia del juicio de amparo, hay que recordar que el acto reclamado deriva del juicio sucesorio testamentario a bienes de Vidal Hernández Abundis, en el que se dictó sentencia definitiva de adjudicación el quince de junio de dos mil ocho, y se ordenó su ejecución. En esa tesitura, en proveído de dieciséis de abril de dos mil dieciocho, causó ejecutoria la sentencia de adjudicación de quince de junio de dos mil ocho, al no haber sido recurrida por las partes. En acuerdo de cinco de abril del presente año, la parte quejosa refiere que la autoridad responsable dicta como última resolución la culminación total del juicio, y por orden judicial solicitó al Notario Público expedir la escrituración de la sentencia definitiva de adjudicación a favor de los coherederos; y en ese orden de ideas, dicha resolución constituye el acto reclamado en la presente instancia constitucional. De ello, se sigue que el acuerdo impugnado en esta vía, evidentemente no implica un acto destacado, autónomo e independiente del juicio, ya que el mismo se encuentra vinculado de manera directa a la etapa de ejecución, y en vista de lo anterior deberá desecharse la demanda que se provee, al no tratarse de un acto destacado ni autónomo verificado en la etapa de ejecución de la sentencia, y tampoco se trata de la última resolución en la misma, pues si bien lo reclamado consiste en el proveído de cinco de abril de dos mil veintidós, en el que el Juez responsable solicitó al Notario Público expedir la escrituración de la sentencia definitiva de adjudicación de los coherederos, lo cierto es que, como se adelantó, al no tratarse de un procedimiento de remate, dicha determinación no puede considerarse como la última resolución, pues ésta lo será aquella que declare el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordena el archivo definitivo del expediente. Al respecto es aplicable la Jurisprudencia 32/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto señalan: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la 'última resolución' que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." (Localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, del tomo XIII, Abril 2001, página 31). En consecuencia, al no estar aún ante la última resolución, es inconcuso que en el caso se actualiza de manera plena, indudable y manifiesta la causal de improcedencia invocada prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionado con la fracción IV del artículo 107, ambos de la Ley de Amparo; ya que aun cuando se llegara a admitir la demanda de amparo y se desarrollara el juicio en sus etapas procesales, de todas formas se surte la improcedencia que provoca su inadmisión; por ende, con fundamento en el numeral 113 del ordenamiento legal en cita, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, promovida por Benigno Hernández Ramírez, por propio derecho, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Allende, con residencia en Ayutla de los Libres, Guerrero. Se tiene como domicilio procesal de la parte quejosa el indica en su demanda; y como sus autorizados con todas las atribuciones que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Cirilo Pérez Mendoza y José Roque García, toda vez que cuentan con registro de cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que los acredita como licenciados en derecho, y únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos a Martín Azabay Castañeda, Prudencio Teodocio Joachin, José Carlos Roque Neri, Manuel Alonso García, Yesselie Cayetano Aguilera y Liduvina Aguilera Barrientos, por no contar con tal requisito. Tomando en cuenta la carga de trabajo de este Juzgado, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de garantía constitucional. De conformidad con los artículos 1, 2, 3, fracción XIV, inciso c) y 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 6º, segundo párrafo, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la precitada Ley, de treinta de marzo de dos mil cuatro, mediante notificación por lista en los estrados de este Juzgado, hágase del conocimiento de las partes que la sentencia que se dicte en el presente asunto es pública; que les asiste el derecho para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales y, en caso de allegar constancias que estimen son de considerarse reservadas y confidenciales, deberán expresar la norma jurídica que les atribuye tal carácter; en la inteligencia que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique con dichos datos. Notifíquese personalmente. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida por César Barajas García, Secretario que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    AVISO: SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEIDO DE VEINTIDOS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE INDICA: "Acapulco de Juárez, Guerrero; veintidós de agosto de dos mil veintidós. Vista; la demanda de amparo promovida por Benigno Hernández Ramírez, por propio derecho, contra actos del Juez Mixto de Primera instancia del Ramo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Allende, con residencia en Ayutla de los Libres, Guerrero. En ese sentido, regístrese con el número 774/2022-V y fórmese de manera conjunta tanto el expediente electrónico como el expediente impreso, sin que ello, tenga como consecuencia, admitirla a trámite, toda vez que de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, la Jueza debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. En el particular, el promovente reclama el proveído de cinco de abril de dos mil veintidós, a través del cual, la autoridad responsable solicitó al Notario Público expedir la escrituración de la sentencia definitiva de adjudicación a favor de los coherederos; sin embargo, hay que aclarar que ello no deriva de un procedimiento de remate, sino de un juicio sucesorio, de ahí que esa determinación, no es la última en etapa de ejecución; por tanto, a criterio de esta juzgadora, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionado con la fracción IV del diverso numeral 107 ambos de la Ley de Amparo; lo anterior se considera así en atención a las siguientes razones de orden legal. Los referidos artículos de la ley de la materia, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.]. IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. [.] En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; [...]." De los preceptos transcritos se desprende que entre otros supuestos, el amparo indirecto procede contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo ejecutados fuera de juicio o después de concluido; Y SI SE TRATA DE ACTOS DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA SÓLO PODRÁ PROMOVERSE CONTRA LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO, pudiendo reclamarse en la misma demanda, las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución; en la inteligencia que POR ÚLTIMA RESOLUCIÓN EN EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE, SE ENTIENDE AQUELLA QUE APRUEBA O RECONOCE EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LO SENTENCIADO O DECLARA LA IMPOSIBILIDAD MATERIAL O JURÍDICA PARA DARLE CUMPLIMIENTO, O LAS QUE ORDENAN EL ARCHIVO DEFINITIVO DEL EXPEDIENTE, supuesto en el cual será el momento procesal en que proceda el juicio de amparo y en el que la parte agraviada esté en aptitud de impugnar tanto la resolución de mérito como todas aquellas intermedias que considere la dejaron sin defensa. Lo que es así, porque en el juicio de amparo se deben de establecer dos reglas fundamentales para distinguir su procedencia en tratándose de actos emitidos dentro del procedimiento de ejecución de una sentencia o resolución definitiva. La primera hipótesis consiste básicamente en que el juicio de amparo biinstancial procede contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre y cuando no se dicten en ejecución de sentencia o laudo, y por tanto sean autónomos y no tengan como finalidad directa e inmediata ejecutar la resolución dictada en el juicio natural, (como son el arresto dictado como medida de apremio hacia alguna de las partes) es decir, que se emitan de manera destacada, y con independencia del procedimiento de ejecución. La segunda, que opera como la regla específica, cuya ratio legis es el impedir que el juicio de amparo sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva o laudo que goza de firmeza por el carácter de cosa juzgada, lo que es así, porque el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados en ejecución de tal fallo, siempre que se impugne la última resolución, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda de amparo las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa y que hubiesen trascendido al resultado de la resolución, ya que en tratándose de los procedimientos de ejecución la Sociedad y el Estado están interesados en que se cumplan las resoluciones emitidas en una contienda entre partes determinadas que culminaron con una sentencia que dirimió el derecho a favor de una de ellas, dado que se encuentran inmersos en el principio de cosa juzgada. En efecto, el cumplimiento de un fallo definitivo es de orden público, atendiendo a su naturaleza, pues emana de un juicio donde el quejoso ya fue oído y vencido, en respeto a la garantía de audiencia previa al acto de privación, por lo que debe en todo momento evitarse que se obstaculice el cumplimiento de una resolución final. Luego, existen diversas resoluciones consideradas intermedias dictadas después de concluido el juicio dentro del periodo de ejecución de sentencia o laudo, que pueden llegar a ser combatibles a través del juicio de amparo, toda vez que por su naturaleza no implican la ejecución parcial de lo condenado, tienen autonomía destacada de lo que implica la cosa juzgada; crean o modifican un derecho en ese procedimiento de ejecución, y pueden ocasionar un perjuicio inmediato (como lo sería por ejemplo una medida de apremio), supuestos que según se pone de manifiesto a continuación, no se actualizan en la especie. Para evidenciar que en la especie se actualiza de modo manifiesto e indudable la indicada causal de improcedencia del juicio de amparo, hay que recordar que el acto reclamado deriva del juicio sucesorio testamentario a bienes de Vidal Hernández Abundis, en el que se dictó sentencia definitiva de adjudicación el quince de junio de dos mil ocho, y se ordenó su ejecución. En esa tesitura, en proveído de dieciséis de abril de dos mil dieciocho, causó ejecutoria la sentencia de adjudicación de quince de junio de dos mil ocho, al no haber sido recurrida por las partes. En acuerdo de cinco de abril del presente año, la parte quejosa refiere que la autoridad responsable dicta como última resolución la culminación total del juicio, y por orden judicial solicitó al Notario Público expedir la escrituración de la sentencia definitiva de adjudicación a favor de los coherederos; y en ese orden de ideas, dicha resolución constituye el acto reclamado en la presente instancia constitucional. De ello, se sigue que el acuerdo impugnado en esta vía, evidentemente no implica un acto destacado, autónomo e independiente del juicio, ya que el mismo se encuentra vinculado de manera directa a la etapa de ejecución, y en vista de lo anterior deberá desecharse la demanda que se provee, al no tratarse de un acto destacado ni autónomo verificado en la etapa de ejecución de la sentencia, y tampoco se trata de la última resolución en la misma, pues si bien lo reclamado consiste en el proveído de cinco de abril de dos mil veintidós, en el que el Juez responsable solicitó al Notario Público expedir la escrituración de la sentencia definitiva de adjudicación de los coherederos, lo cierto es que, como se adelantó, al no tratarse de un procedimiento de remate, dicha determinación no puede considerarse como la última resolución, pues ésta lo será aquella que declare el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordena el archivo definitivo del expediente. Al respecto es aplicable la Jurisprudencia 32/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto señalan: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la 'última resolución' que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." (Localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, del tomo XIII, Abril 2001, página 31). En consecuencia, al no estar aún ante la última resolución, es inconcuso que en el caso se actualiza de manera plena, indudable y manifiesta la causal de improcedencia invocada prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionado con la fracción IV del artículo 107, ambos de la Ley de Amparo; ya que aun cuando se llegara a admitir la demanda de amparo y se desarrollara el juicio en sus etapas procesales, de todas formas se surte la improcedencia que provoca su inadmisión; por ende, con fundamento en el numeral 113 del ordenamiento legal en cita, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, promovida por Benigno Hernández Ramírez, por propio derecho, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia del Ramo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Allende, con residencia en Ayutla de los Libres, Guerrero. Se tiene como domicilio procesal de la parte quejosa el indica en su demanda; y como sus autorizados con todas las atribuciones que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Cirilo Pérez Mendoza y José Roque García, toda vez que cuentan con registro de cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que los acredita como licenciados en derecho, y únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos a Martín Azabay Castañeda, Prudencio Teodocio Joachin, José Carlos Roque Neri, Manuel Alonso García, Yesselie Cayetano Aguilera y Liduvina Aguilera Barrientos, por no contar con tal requisito. Tomando en cuenta la carga de trabajo de este Juzgado, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de garantía constitucional. De conformidad con los artículos 1, 2, 3, fracción XIV, inciso c) y 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 6º, segundo párrafo, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la precitada Ley, de treinta de marzo de dos mil cuatro, mediante notificación por lista en los estrados de este Juzgado, hágase del conocimiento de las partes que la sentencia que se dicte en el presente asunto es pública; que les asiste el derecho para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales y, en caso de allegar constancias que estimen son de considerarse reservadas y confidenciales, deberán expresar la norma jurídica que les atribuye tal carácter; en la inteligencia que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique con dichos datos. Notifíquese personalmente. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida por César Barajas García, Secretario que autoriza. Doy fe."

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