Benigno Cuevas Martínez
Expediente 1391/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1391/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 02/12/2019
Partes del expediente
- Benigno Cuevas Martínez
Actuaciones
- Principal
*Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2°, de ésta, se acuerda: Se califica cumplimiento. De la certificación secretarial que antecede, así como del estado de autos, se advierte que mediante acuerdo de catorce de noviembre de dos mil diecinueve (foja 101), se dio vista a la parte quejosa con las constancias que en cumplimiento al fallo protector aportó la autoridad responsable; lo anterior, para que dentro del término de tres días manifestara(n) lo que a su interés legal conviniera, con el apercibimiento de que en caso de ser omisa(s), este órgano jurisdiccional se pronunciaría sobre el cumplimiento únicamente con las constancias que integran este expediente. Ahora bien, toda vez que, en términos de los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo, el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, y es obligación de los tribunales pronunciarse sobre el mismo, para estar en aptitud de determinar si la sentencia de amparo se encuentra cumplida, es necesario destacar las directrices establecidas en el fallo protector, y precisar los deberes impuestos en éste y, con base en ello, determinar si la autoridad señalada como responsable dio el cumplimiento esperado. En este orden de ideas, se tiene que en la sentencia concesoria de amparo, en lo que interesa, se resolvió: ".a) Se desincorpore de su esfera jurídica la aplicación del artículo 16, fracción I, incisos a) y h), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve, y, por ende, que no se le apliquen en lo futuro; esto desde luego, mientras perviva el vicio de inconstitucionalidad advertido en este fallo, durante el citado ejercicio. b) La autoridad que de acuerdo con sus facultades corresponda, en el caso, la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado Jalisco (sin importar que no haya sido llamado en el presente juicio ) por lo que ve al inciso a), del artículo citado en el párrafo precedente, le sea aplicada, si existe la cuota mínima contemplada en dicho artículo, por el registro de actos, contratos o resoluciones judiciales, y no la contenida en el inciso a) reclamado; asimismo, por lo que ve al inciso h), le sea aplicado, en el caso de que exista una cantidad fija mínima a pagar; la restitución en el goce de la garantía violada sólo implica que la parte quejosa deje de pagar la tarifa que resultó inconstitucional, pero sin relevarla de la obligación de enterar dicha cantidades mínimas. Por consiguiente, la autoridad en cita deberá emitir otro recibo de pago por los mismos conceptos, devolviendo al quejoso las cantidades que se hayan pagado en exceso, tal como consta en la copia certificada del recibo oficial A 43858165, expedido el diecisiete de junio de dos mil diecinueve, para así respetar la garantía constitucional violada en los términos aquí apuntados.". Al respecto, por oficios PF-DC-JA-33550 Y PF-DC-JA-36912 recibidos el veintitrés de octubre y doce de noviembre del presente año (fojas 76 a 82; y 95 a 100), la responsable, acreditó haber desincorporado de la esfera jurídica del quejoso la obligación que impone el artículo 16 fracción I, incisos a) y h) de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, así como haber realizado la devolución correspondiente; comunicado que se atendió por parte de este órgano jurisdiccional y se dio vista a la parte quejosa en acuerdo de catorce de noviembre de dos mil diecinueve (foja 101); sin que manifestara alguna inconformidad con relación a su contenido. Constancias, que de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispone el artículo 2°, este juzgador, en uso de la facultad otorgada para la justipreciación de pruebas, considera que tienen valor probatorio pleno, dado su carácter de documentos públicos, expedidos por autoridad en ejercicio legal de sus funciones y con motivo de ellas, que contiene la existencia regular de membretes, sellos y firmas que así lo demuestran. Así, atento al marco fáctico que antecede y de la comparación entre los efectos ordenados en el fallo, y la actuación de la autoridad responsable frente a éstos, se demuestra que se cumplió con la totalidad de los efectos ahí contenidos pues se acreditó haber desincorporado de la esfera jurídica del quejoso la obligación que impone el artículo 16 fracción I, incisos a) y h) de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, así como haber realizado la devolución correspondiente; por tanto, resulta evidente que la responsable no incurrió en exceso, porque no se extralimitó en el cumplimiento, ya que no fue más allá de lo ordenado en la ejecutoria; ni tampoco existe defecto, dado que no hubo deficiencia en el actuar de la entidad obligada al cumplimiento. Se ordena hacer del conocimiento de la parte quejosa el presente proveído, para los efectos de los artículos 201, fracción I y 202 de la ley en cita. Archivo. En atención a lo anterior, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, de conformidad a lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 196, en relación con el 214 de la ley de la materia; y, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Destino del cuaderno principal. Asimismo, como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, con fundamento en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo vigésimo primero, párrafo último, del citado acuerdo general conjunto. De igual forma, se destaca que en el presente asunto se concedió el amparo solicitado, por lo que es susceptible de depuración, lo que podrá hacerse una vez transcurridos cinco años, como lo indica el referido punto, debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, esto con fundamento en el artículo vigésimo primero, fracción IV, del aludido acuerdo general conjunto. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE DOS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE EN SINTESIS DICE: Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2°, de ésta, se acuerda: Se califica cumplimiento. De la certificación secretarial que antecede, así como del estado de autos, se advierte que mediante acuerdo de catorce de noviembre de dos mil diecinueve (foja 101), se dio vista a la parte quejosa con las constancias que en cumplimiento al fallo protector aportó la autoridad responsable; lo anterior, para que dentro del término de tres días manifestara(n) lo que a su interés legal conviniera, con el apercibimiento de que en caso de ser omisa(s), este órgano jurisdiccional se pronunciaría sobre el cumplimiento únicamente con las constancias que integran este expediente. Ahora bien, toda vez que, en términos de los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo, el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, y es obligación de los tribunales pronunciarse sobre el mismo, para estar en aptitud de determinar si la sentencia de amparo se encuentra cumplida, es necesario destacar las directrices establecidas en el fallo protector, y precisar los deberes impuestos en éste y, con base en ello, determinar si la autoridad señalada como responsable dio el cumplimiento esperado. En este orden de ideas, se tiene que en la sentencia concesoria de amparo, en lo que interesa, se resolvió: ".a) Se desincorpore de su esfera jurídica la aplicación del artículo 16, fracción I, incisos a) y h), de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil diecinueve, y, por ende, que no se le apliquen en lo futuro; esto desde luego, mientras perviva el vicio de inconstitucionalidad advertido en este fallo, durante el citado ejercicio. b) La autoridad que de acuerdo con sus facultades corresponda, en el caso, la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado Jalisco (sin importar que no haya sido llamado en el presente juicio ) por lo que ve al inciso a), del artículo citado en el párrafo precedente, le sea aplicada, si existe la cuota mínima contemplada en dicho artículo, por el registro de actos, contratos o resoluciones judiciales, y no la contenida en el inciso a) reclamado; asimismo, por lo que ve al inciso h), le sea aplicado, en el caso de que exista una cantidad fija mínima a pagar; la restitución en el goce de la garantía violada sólo implica que la parte quejosa deje de pagar la tarifa que resultó inconstitucional, pero sin relevarla de la obligación de enterar dicha cantidades mínimas. Por consiguiente, la autoridad en cita deberá emitir otro recibo de pago por los mismos conceptos, devolviendo al quejoso las cantidades que se hayan pagado en exceso, tal como consta en la copia certificada del recibo oficial A 43858165, expedido el diecisiete de junio de dos mil diecinueve, para así respetar la garantía constitucional violada en los términos aquí apuntados.". Al respecto, por oficios PF-DC-JA-33550 Y PF-DC-JA-36912 recibidos el veintitrés de octubre y doce de noviembre del presente año (fojas 76 a 82; y 95 a 100), la responsable, acreditó haber desincorporado de la esfera jurídica del quejoso la obligación que impone el artículo 16 fracción I, incisos a) y h) de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, así como haber realizado la devolución correspondiente; comunicado que se atendió por parte de este órgano jurisdiccional y se dio vista a la parte quejosa en acuerdo de catorce de noviembre de dos mil diecinueve (foja 101); sin que manifestara alguna inconformidad con relación a su contenido. Constancias, que de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispone el artículo 2°, este juzgador, en uso de la facultad otorgada para la justipreciación de pruebas, considera que tienen valor probatorio pleno, dado su carácter de documentos públicos, expedidos por autoridad en ejercicio legal de sus funciones y con motivo de ellas, que contiene la existencia regular de membretes, sellos y firmas que así lo demuestran. Así, atento al marco fáctico que antecede y de la comparación entre los efectos ordenados en el fallo, y la actuación de la autoridad responsable frente a éstos, se demuestra que se cumplió con la totalidad de los efectos ahí contenidos pues se acreditó haber desincorporado de la esfera jurídica del quejoso la obligación que impone el artículo 16 fracción I, incisos a) y h) de la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, así como haber realizado la devolución correspondiente; por tanto, resulta evidente que la responsable no incurrió en exceso, porque no se extralimitó en el cumplimiento, ya que no fue más allá de lo ordenado en la ejecutoria; ni tampoco existe defecto, dado que no hubo deficiencia en el actuar de la entidad obligada al cumplimiento. Se ordena hacer del conocimiento de la parte quejosa el presente proveído, para los efectos de los artículos 201, fracción I y 202 de la ley en cita. Archivo. En atención a lo anterior, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, de conformidad a lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 196, en relación con el 214 de la ley de la materia; y, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Destino del cuaderno principal. Asimismo, como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, con fundamento en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo vigésimo primero, párrafo último, del citado acuerdo general conjunto. De igual forma, se destaca que en el presente asunto se concedió el amparo solicitado, por lo que es susceptible de depuración, lo que podrá hacerse una vez transcurridos cinco años, como lo indica el referido punto, debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, esto con fundamento en el artículo vigésimo primero, fracción IV, del aludido acuerdo general conjunto. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Notifíquese personalmente a la parte quejosa con copia autorizada de las constancias referidas en el auto.
- Principal
DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE SIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE EN SINTESIS DICE: Zapopan, Jalisco, siete de noviembre de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por remisión expresa del artículo 2 de este último ordenamiento, se acuerda: Téngase por recibido el oficio firmado por la Directora de lo Contencioso de la Procuraduría Fiscal del Estado de la Secretaría de la Hacienda Pública, y en atención a su contenido, se comisiona al actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, para que notifique a la parte quejosa el presente proveído así como el oficio remitido por la responsable antes citada, a efecto de que, dentro del término de tres días (de conformidad con el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo), acredite ante esta instancia jurisdiccional haber comparecido ante la autoridad señalada en líneas pretéritas, a efecto de recoger el documento mercantil emitido en su favor; ello, a efecto de que este juzgado federal emita pronunciamiento en torno al cumplimiento de la sentencia amparadora. Bajo apercibimiento de que en caso de no cumplir, o bien, no manifestar impedimento legal alguno, se procederá de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, esto es, se emitirá pronunciamiento en el que declare si la sentencia está cumplida. Notifíquese personalmente a la parte quejosa con copia del presente acuerdo así como del oficio y anexo de cuenta.
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