Benigno Antonio Díaz Martínez

Expediente 1070/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1070/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
08/11/2023

Partes del expediente

  • Benigno Antonio Díaz Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, agréguese el escrito suscrito por el autorizado en términos amplios de la parte quejosa, mediante el cual solicita la devolución de las documentales exhibidas en la demanda de amparo. En ese tenor, en atención a su solicitud de devolución, previa comparecencia y copia certificada que se deje en autos, devuélvanse las citadas documentales, previa identificación oficial y razón que de su entrega se deje en autos. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  2. Principal

    3San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Recepción de la demanda. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se recibe la demanda de amparo indirecto promovida por Benigno Antonio Díaz Martínez, por propio derecho, contra actos del Oficial del Registro Civil de San Francisco Telixtlahuaca, Etla, Oaxaca. En consecuencia, regístrese bajo el número 1070/2023 y háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); fórmese el expediente electrónico e impreso. Desechamiento. Ahora bien, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo, la Jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Del análisis de la demanda de amparo, en términos del artículo 74, fracción I de la Ley de la Materia, se aprecia que la parte promovente se duele de: -La falta de contestación al escrito de cuatro de octubre de dos mil veintitrés, recibido por la autoridad responsable el cinco siguiente. En el caso, este órgano jurisdiccional considera que, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, facción XXIII, en relación con el numeral 6, primer párrafo, de la Ley de Amparo, en relación con el 8° Constitucional y 13 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 6.- El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. [.]" Artículo 8. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. ARTICULO 13. Ninguna ley ni autoridad podrá limitar el derecho de petición, con tal que ésta se formule por escrito o por medios electrónicos, de manera pacífica y respetuosa. En asuntos políticos, sólo podrán ejercerlo los ciudadanos de la República. La autoridad a quién se dirija la petición tiene la obligación de contestarla por escrito o por medio electrónico solicitado, en el término de diez días, cuando la ley no fije otro, y hacer llegar desde luego su respuesta al peticionario. A las peticiones que se realicen en lengua indígena se les dará respuesta en la misma forma, quedando a cargo del Estado la labor de traducción o interpretación." De lo que se obtiene que la autoridad que reciba la petición que se le formule por escrito o por medios electrónicos, de manera pacífica y respetuosa; tiene la obligación de contestarla por escrito o por medio electrónico solicitado, esto en el término de diez días, siempre y cuando la ley no fije otro; lo cual deberá notificar al peticionario. En ese contexto, si el quejoso elevó su petición ante la autoridad responsable Oficial del Registro Civil de San Francisco Telixtlahuaca, Etla, Oaxaca, el cinco de octubre del año en curso, y la demanda de amparo fue presentada el diecisiete de los actuales; es inconcuso que han transcurrido siete días hábiles -para la responsable-, lo que conlleva que la autoridad responsable se encuentra en el plazo de los diez días, a afecto de dar contestación a su escrito de petición. En consecuencia, se considere que el acto reclamado al momento de la presentación de la demanda no causa perjuicio alguno al quejoso, pues la autoridad responsable se encuentra en tiempo para dar respuesta al petitorio que se le formuló. Es así, ya que la responsable no cuenta con regulación expresa para el caso; por ende, tiene la obligación de sujetarse al término de diez días, que contempla el artículo 13 de la Constitución local de esta entidad federativa, para contestar por escrito o por medios electrónicos lo solicitado por el quejoso, pues este precepto legal, prevé el derecho fundamental en cita, así como el término para resolver la cuestión planteada. Tiene aplicación a lo anterior, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, visible en la página 633 del tomo XIX, septiembre de 1996, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "DERECHO DE PETICION. SI NO HA TRANSCURRIDO EL TERMINO QUE LA AUTORIDAD TIENE PARA EL ACUERDO DE PROMOCIONES, NINGUNA VIOLACION EXISTE AL. Cuando en la demanda de amparo se reclama la violación al derecho de petición por la falta de provisión de la solicitud relativa y se advierte que el promovente no dejó transcurrir ni siquiera el lapso necesario para que materialmente la autoridad pueda dar contestación a su escrito y hacerle conocer el acuerdo recaído, es indudable que no existe ningún acto de autoridad que pueda ser objeto del juicio de garantías. Por tanto, la demanda de amparo presentada en estos términos debe desecharse con fundamento en el artículo 145 de la Ley de Amparo." En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 6° primer párrafo de la Ley de Amparo y 8° Constitucional, se desecha de plano la demanda de amparo. Además cabe comentar que lo dispuesto por el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que los derechos humanos se interpretaran conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que favorezca de la manera más amplia a las personas (principio pro persona), también lo es que la aplicación de este principio y el control de convencionalidad, no pueden servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales del juicio de amparo: es decir, su aplicación no implica el desconocimiento de los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia de las acciones. En apoyo se invoca la tesis CCXXVI/2012, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, de rubro siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO." Además, el hecho de que se actualice una causal de improcedencia dentro del juicio de amparo, de ninguna manera implica que se les esté negando a la promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia. Exhorto para la promoción del juicio en línea. Se solicita a las partes que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema del "juicio en línea", acorde a lo establecido en el artículo 263 del Acuerdo General. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este Órgano Jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. Autorizados. Se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, quien tiene registrada su cédula profesional en la base de datos del Sistema Computarizado para el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública, y en términos restringidos del numeral en cita, a las diversas personas que menciona; por así haberlo solicitado expresamente. Notificaciones y consulta del expediente electrónico. Ahora, como lo solicita la promovente, con fundamento en el artículo 3° y 30, fracción II, de la ley de la materia, se ordena que las notificaciones personales que deriven de este asunto, se realicen por vía electrónica, y para tal efecto de se autoriza el usuario "Lic.Santos", en el entendido que, ante cualquier eventualidad propia de los sistemas de información y comunicación que imposibilite las notificaciones solicitadas de esta forma, se continuará con las formas tradicionales de notificación, previstas en el artículo 26 y 29 de la ley de Amparo. Por otra parte, con la finalidad de privilegiar la tramitación del presente juicio de amparo mediante el esquema del juicio en línea, se autoriza al referido usuario la consulta en línea del presente expediente. En consecuencia, realícese la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (Sise), para lo cual instrúyase al Oficial Judicial "A" adscrito a este órgano jurisdiccional. Medios Electrónicos. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías y/o utilización de cualquier medio digital que resulte apto para copiar el contenido de las actuaciones que integren este asunto, por no existir inconveniente al respecto, como está establecido en la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En el entendido que queda bajo la absoluta responsabilidad de las partes y/o autorizados, la distribución y/o reproducción de dichas constancias por cualquier medio impreso y/o de comunicación y/o tecnológico y/o en las redes sociales, así como su uso y/o utilización de conformidad a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con las consecuencias legales que ello traiga aparejadas en los términos de las legislaciones aplicables. Transparencia. Con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar en este juicio, se testarán las palabras, frases, o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales. Gratuidad en el Servicio. Hágase saber a las partes que acorde con el artículo 17 de la Carta Magna, los servicios que presta este Juzgado de Distrito son gratuitos. Notifíquese personalmente.

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