Benigno Álvarez Cano

Expediente 685/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
685/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
12/09/2019

Partes del expediente

  • Benigno Álvarez Cano
  • Juez Primero de Primera Instancia Y de lo Familiar En Sombrerete, Zacatecas

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto dictado el veintitrés de agosto del año en curso, en el presente juicio de amparo, sin que a la fecha haya presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Asimismo, desprendiéndose de la certificación secretarial de cuenta, que en el presente juicio de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes que deban ser devueltos a los interesados, dado que no existen diligencias pendientes de practicar y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera el expediente en que se actúa es destruible.

  2. Principal

    Vista; la demanda de amparo presentada por Benigno Álvarez Cano, por propio derecho, contra actos del Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Sombrerete, Zacatecas, por violación a diversos preceptos Constitucionales, se acuerda: Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 685/2019 y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto anterior, se obtiene que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando se encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, del escrito aclaratorio o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, escrito aclaratorio y anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría a la quejosa de su derecho a instar el juicio de amparo contra un acto que pudiera causarle perjuicio. En el caso en concreto, es procedente desechar de plano la demanda de amparo, sin suspender el acto reclamado; hipótesis que se surte en el caso en estudio, toda vez que se actualiza la causa de improcedente en términos del artículo 61, prevista por la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." El precepto y fracción transcritos, prevén que el juicio de amparo resulta improcedente cuando es promovido contra resoluciones judiciales en las que la ley ordinaria conceda algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento. Ahora, conforme al análisis de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los preceptos que conforman su ley reglamentaria, puede advertirse que el juicio de amparo es regido por reglas o principios que lo estructuran y determinan su procedencia, entre los cuales, para efecto del caso en estudio, debe destacarse el llamado "Principio de Definitividad del Acto Reclamado", que establece que el juicio constitucional sólo resulta procedente respecto de actos definitivos, es decir, que no sean susceptibles de modificación o de invalidación por recurso ordinario alguno. Esto es así, ya que al ser el amparo un juicio extraordinario, sólo puede acudirse a él cuando previamente se ha agotado el recurso previsto en la ley ordinaria, pues de lo contrario, se provocaría que la justicia federal se pronunciara respecto de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto que aún es susceptible de modificarse, revocarse o anularse, haciendo con ello ocioso e innecesario su trámite. De esta suerte, el principio de definitividad del juicio de amparo se incorporó al texto constitucional como parte integrante del articulado de la ley suprema, tornándose intangible e inaceptable por la legislación secundaria, la cual, por tal motivo no puede vulnerarlo, circunstancia que implica una mayor estabilidad y solidez jurídica para la institución controladora encarnada en el juicio de amparo. Por otro lado, se resalta que el principio de definitividad del juicio de amparo supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige al acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. El principio en comento se fundamenta en la naturaleza misma del amparo, ya que éste es un medio extraordinario, sui generis, de invalidar los actos de las autoridades en las diversas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, en virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. Por consiguiente, si existiera la posibilidad de entablar simultánea o potestativamente un recurso ordinario y el juicio de amparo para impugnar un acto de autoridad, con evidencia se desvirtuaría la naturaleza jurídica del segundo, al considerarlo como un medio común de defensa, toda vez que el amparo es el medio impugnativo supremo de que dispone el gobernado para proteger sus derechos fundamentales, contra la actuación inconstitucional e ilegal de las autoridades del Estado, y su ejercicio provoca la realización de las más altas funciones jurisdiccionales desplegadas por los tribunales federales, por lo que antes de intentarlo, el interesado debe deducir todos aquellos medios comunes u ordinarios de impugnación del acto reclamado que sólo se atacan directamente, en su origen y en sí mismos, por la institución controladora, cuando la legislación que lo norma no brinda al afectado ningún medio legal de reparación, o cuando explícitamente la ley disponga una excepción a dicho principio, como puede ser la hipótesis contemplada en la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o bien, que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional. De tal suerte que el acto reclamado, debió ser impugnado a través del recurso de revocación, antes de promover el juicio de amparo. Ahora, con el fin de dar mayor claridad al presente asunto, se estima oportuno referir, algunos antecedentes del acto reclamado, a saber: ? La tercero interesada Verónica Fernández Gallegos, presentó juicio de divorcio necesario en contra del quejoso Benigno Álvarez Cano, el cual fue radicado en expediente 454/2005, resuelto mediante sentencia de nueve de febrero de dos mil siete, que decretó la disolución del vínculo matrimonial, y la disolución de la sociedad conyugal, que deberá liquidarse acorde con dicha sentencia. ? Luego, la tercero interesada presentó incidente de liquidación de sociedad conyugal, el cual fue admitido el diecinueve de junio de dos mil nueve. ? Posteriormente, el quejoso el veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, interpuso incidente de declaración judicial de prescripción para ejecutar la sentencia dentro del juicio de divorcio necesario 454/2005, y mediante resolución interlocutoria de tres de julio de dos mil dieciocho, el juez responsable determinó que no acreditó los extremos de dicha acción, y en consecuencia, no prosperó dicho incidente. ? El quince de julio del año en curso, el juez responsable dictó un auto dentro del incidente de liquidación de la sociedad conyugal relativo al expediente 454/2005, en el cual señaló las once horas del veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, para que se constituyera personal de ese juzgado en compañía del perito partidor al domicilio del quejoso a fin de que realizara el avalúo que le fue encomendado, y se requirió al accionante permitiera el acceso, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo, podría ser acreedor a una multa de un mil pesos. (acto reclamado en el presente juicio de amparo). Ahora, al respecto debe decirse que el artículo 374, fracción III del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Zacatecas, establece: "374. Sólo podrán ser objeto de apelación las siguientes resoluciones de primera instancia: I. Las sentencias definitivas en toda clase de juicio, excepto cuando la ley declare expresamente que no son apelables; II. Las sentencias interlocutorias, excepto cuando por disposición de la ley no se otorgue a las partes el recurso, o la sentencia definitiva no fuere apelable; III. Los autos, cuando expresamente lo disponga este Código, y IV. Las sentencias que se dicten con el carácter de provisionales en procedimientos precautorios, sin perjuicio de que en los casos en que proceda, se reclame la providencia ante el mismo juez o se levante por éste. No serán apelables las sentencias y demás resoluciones que se dicten en juicios cuya cuantía no exceda de dos mil quinientos pesos." De lo antes expuesto se obtiene que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 374, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles, sólo podrán ser objeto de apelación, los autos cuando expresamente así lo disponga ese código. Por su parte, el diverso numeral 367 del código adjetivo procesal del estado, establece: "Artículo 367. Las sentencias no pueden ser revocadas por el juez que las dicta. Los autos y proveídos pueden ser revocados por el juez que los dicte o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio, cuando la ley no establezca expresamente la procedencia de otro recurso, o disponga que no son recurribles." Bajo ese tenor, se considera que el acto reclamado constituye un "auto" de conformidad con el artículo 156 del invocado código que establece que las resoluciones judiciales se clasifican en: ? Proveídos. Cuando son simples determinaciones de trámite, sin que impliquen impulso u ordenación del procedimiento. ? Autos. Cuando se trate de resoluciones que ordenen o impulsen el procedimiento, o de los que se pueden derivar cargas o afectar derechos procesales. ? Sentencias interlocutorias. Cuando resuelvan algún incidente, alguna cuestión previa o bien decidan algún punto procesal que implique contradicción entre partes. ? Sentencias definitivas. Cuando decidan el fondo del negocio o debate. Es decir, el auto emitido el quince de julio del año en curso, el dentro del incidente de liquidación de la sociedad conyugal relativo al expediente 454/2005, en el cual se señaló las once horas del veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, para que se constituyera personal de ese juzgado en compañía del perito partidor al domicilio del quejoso a fin de que realizara el avalúo que le fue encomendado, y se requirió al accionante permitiera el acceso, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo, podría ser acreedor a una multa de un mil pesos, es procedente en su contra promover el recurso de revocación, dado que en la propia legislación procesal en cita no se hace alusión en forma expresa a la procedencia de otro medio de impugnación por virtud del cual puedan ser combatida, máxime que se trata de un auto emitido dentro del incidente de liquidación de sociedad conyugal. Luego, si de la lectura de la legislación procesal estatal no se advierte que el reclamado, así como tampoco señaló expresamente que tal determinación sea inimpugnable, cabe concluir que el recurso de revocación en ese supuesto sí es procedente, lo que favorece claramente a la relación procesal, pues se está en posibilidad de permitir sustanciar el medio de defensa. De lo antes precisado, se logra advertir que si bien es cierto que no procede el recurso de apelación; también lo es que, los autos y proveídos pueden ser revocados por el juez que los dicte, cuando la ley no establezca expresamente la procedencia de otro recurso, o disponga que no son recurribles, por lo que, bajo esa premisa, es claro y evidente que: Si el quejoso tiene el carácter de demandado en el expediente de origen, ello pone de manifiesto que no comparece en su calidad de tercero extraño, sino como parte procesal. Así las cosas, y tomando en consideración que el quejoso, comparece a juicio en su calidad de parte procesal, tiene la obligación de agotar los medios ordinarios correspondientes en contra del acto que considera violatorio de derechos fundamentales, por lo que, en contra del auto por el cual la autoridad responsable, señaló las once horas del veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, para que se constituyera personal de ese juzgado en compañía del perito partidor al domicilio del quejoso a fin de que realizara el avalúo que le fue encomendado, y se requirió al accionante permitiera el acceso, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo, podría ser acreedor a una multa de un mil pesos, procede el recurso de revocación a que se refiere el artículo 367 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Luego, como no se hizo valer este medio de impugnación por el quejoso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues no se agotó el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, conforme al cual cuando éste se promueva contra resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo, debe existir la posibilidad de que sean modificados o revocados por virtud de un recurso o medio de defensa que la ley ordinaria regule dentro del procedimiento, aun cuando la parte interesada no lo hubiere hecho valer oportunamente, excepto en aquellos casos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, y también salvo lo dispuesto por la fracción VII del artículo 107 constitucional, respecto de los terceros extraños. Por tanto, al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, con fundamento en la fracción V del numeral 63 de la ley de la materia, se desecha la demanda de amparo. En efecto, el impetrante se encontraba obligado a agotar el principio de definitividad, en atención a que si bien es cierto, la prueba pericial de avalúo debe desarrollarse en su domicilio, podría ser un acto de imposible reparación conforme a la tesis I.7o.C.28 K, que el quejoso precisa en su demanda, del rubro y texto siguiente: "ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LO CONSTITUYE EL DESAHOGO DE LA PRUEBA PERICIAL EN MATERIA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA QUE DEBA DESARROLLARSE EN EL DOMICILIO DEL QUEJOSO, HACIENDO "CALAS" Y "TESTIGOS". De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del Pacto Federal, en relación con la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional en la vía biinstancial resulta procedente cuando lo que se reclama es el desahogo de la prueba pericial en materia de ingeniería y arquitectura ofrecida por el tercero perjudicado, que deba llevarse a cabo en el domicilio del quejoso y en la que deban realizarse "calas" y "testigos", porque ello evidentemente constituye un acto en el juicio que tiene sobre el peticionario de garantías una ejecución de imposible reparación, ya que a través del proveído reclamado, se le obliga no sólo a permitir el acceso al interior de su casa a personas extrañas (perito de la parte contraria y sus auxiliares), con la consecuencia de que se afecten sus derechos a la privacidad, intimidad y tranquilidad del hogar sino que, además, el peticionario del amparo resentirá los daños ("calas" y "testigos") que se causen al inmueble de su propiedad con motivo del desahogo de la prueba de mérito, lo que implica actos de molestia en derechos sustantivos del gobernado, como lo son el derecho de propiedad y la inviolabilidad del domicilio, que se encuentran protegidos por el precepto constitucional invocado." También lo es, que la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. En efecto, un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de la definitividad, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. En tales condiciones, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, de ahí que se estime que en el caso, el peticionario del amparo antes de acudir a la presente instancia constitucional debió interponer el recurso de revocación en contra del auto que hoy constituye el acto reclamado, por lo que al no proceder de tal manera, es que es inobjetable que se actualiza la causa de improcedencia aludida. Las consideraciones que anteceden, encuentran apoyo en la jurisprudencia por contradicción de tesis 1ª./J. 113/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Décima Época, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, diciembre de 2013, página 350, que a la letra señala: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." Por lo tanto, es inconcuso, que en el caso se actualiza la causal de improcedencia en estudio, prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el diverso dispositivo 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, consecuentemente procede desechar la demanda de amparo. Téngase por autorizada para oír y recibir notificaciones en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados Roberto Cordero Escamilla y Ma. Guadalupe Arroyo Castillo; y, como domicilio para tales efectos, el ubicado en Avenida UAZ, número quinientos veintiocho (528), Fraccionamiento Villas Universidad, en esta ciudad de Zacatecas.

  3. Principal

    SE PUBLICA POR MEDIO DE LISTA CON EFECTOS DE NOTIFICACIÓN PERSONAL PARA LA PARTE QUEJOSA: Vista; la demanda de amparo presentada por Benigno Álvarez Cano, por propio derecho, contra actos del Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Sombrerete, Zacatecas, por violación a diversos preceptos Constitucionales, se acuerda: Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 685/2019 y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto anterior, se obtiene que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando se encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, del escrito aclaratorio o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, escrito aclaratorio y anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría a la quejosa de su derecho a instar el juicio de amparo contra un acto que pudiera causarle perjuicio. En el caso en concreto, es procedente desechar de plano la demanda de amparo, sin suspender el acto reclamado; hipótesis que se surte en el caso en estudio, toda vez que se actualiza la causa de improcedente en términos del artículo 61, prevista por la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." El precepto y fracción transcritos, prevén que el juicio de amparo resulta improcedente cuando es promovido contra resoluciones judiciales en las que la ley ordinaria conceda algún recurso o medio de defensa dentro del procedimiento. Ahora, conforme al análisis de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los preceptos que conforman su ley reglamentaria, puede advertirse que el juicio de amparo es regido por reglas o principios que lo estructuran y determinan su procedencia, entre los cuales, para efecto del caso en estudio, debe destacarse el llamado "Principio de Definitividad del Acto Reclamado", que establece que el juicio constitucional sólo resulta procedente respecto de actos definitivos, es decir, que no sean susceptibles de modificación o de invalidación por recurso ordinario alguno. Esto es así, ya que al ser el amparo un juicio extraordinario, sólo puede acudirse a él cuando previamente se ha agotado el recurso previsto en la ley ordinaria, pues de lo contrario, se provocaría que la justicia federal se pronunciara respecto de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto que aún es susceptible de modificarse, revocarse o anularse, haciendo con ello ocioso e innecesario su trámite. De esta suerte, el principio de definitividad del juicio de amparo se incorporó al texto constitucional como parte integrante del articulado de la ley suprema, tornándose intangible e inaceptable por la legislación secundaria, la cual, por tal motivo no puede vulnerarlo, circunstancia que implica una mayor estabilidad y solidez jurídica para la institución controladora encarnada en el juicio de amparo. Por otro lado, se resalta que el principio de definitividad del juicio de amparo supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige al acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el quejoso, el amparo es improcedente. El principio en comento se fundamenta en la naturaleza misma del amparo, ya que éste es un medio extraordinario, sui generis, de invalidar los actos de las autoridades en las diversas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, en virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. Por consiguiente, si existiera la posibilidad de entablar simultánea o potestativamente un recurso ordinario y el juicio de amparo para impugnar un acto de autoridad, con evidencia se desvirtuaría la naturaleza jurídica del segundo, al considerarlo como un medio común de defensa, toda vez que el amparo es el medio impugnativo supremo de que dispone el gobernado para proteger sus derechos fundamentales, contra la actuación inconstitucional e ilegal de las autoridades del Estado, y su ejercicio provoca la realización de las más altas funciones jurisdiccionales desplegadas por los tribunales federales, por lo que antes de intentarlo, el interesado debe deducir todos aquellos medios comunes u ordinarios de impugnación del acto reclamado que sólo se atacan directamente, en su origen y en sí mismos, por la institución controladora, cuando la legislación que lo norma no brinda al afectado ningún medio legal de reparación, o cuando explícitamente la ley disponga una excepción a dicho principio, como puede ser la hipótesis contemplada en la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o bien, que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional. De tal suerte que el acto reclamado, debió ser impugnado a través del recurso de revocación, antes de promover el juicio de amparo. Ahora, con el fin de dar mayor claridad al presente asunto, se estima oportuno referir, algunos antecedentes del acto reclamado, a saber: ? La tercero interesada Verónica Fernández Gallegos, presentó juicio de divorcio necesario en contra del quejoso Benigno Álvarez Cano, el cual fue radicado en expediente 454/2005, resuelto mediante sentencia de nueve de febrero de dos mil siete, que decretó la disolución del vínculo matrimonial, y la disolución de la sociedad conyugal, que deberá liquidarse acorde con dicha sentencia. ? Luego, la tercero interesada presentó incidente de liquidación de sociedad conyugal, el cual fue admitido el diecinueve de junio de dos mil nueve. ? Posteriormente, el quejoso el veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, interpuso incidente de declaración judicial de prescripción para ejecutar la sentencia dentro del juicio de divorcio necesario 454/2005, y mediante resolución interlocutoria de tres de julio de dos mil dieciocho, el juez responsable determinó que no acreditó los extremos de dicha acción, y en consecuencia, no prosperó dicho incidente. ? El quince de julio del año en curso, el juez responsable dictó un auto dentro del incidente de liquidación de la sociedad conyugal relativo al expediente 454/2005, en el cual señaló las once horas del veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, para que se constituyera personal de ese juzgado en compañía del perito partidor al domicilio del quejoso a fin de que realizara el avalúo que le fue encomendado, y se requirió al accionante permitiera el acceso, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo, podría ser acreedor a una multa de un mil pesos. (acto reclamado en el presente juicio de amparo). Ahora, al respecto debe decirse que el artículo 374, fracción III del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Zacatecas, establece: "374. Sólo podrán ser objeto de apelación las siguientes resoluciones de primera instancia: I. Las sentencias definitivas en toda clase de juicio, excepto cuando la ley declare expresamente que no son apelables; II. Las sentencias interlocutorias, excepto cuando por disposición de la ley no se otorgue a las partes el recurso, o la sentencia definitiva no fuere apelable; III. Los autos, cuando expresamente lo disponga este Código, y IV. Las sentencias que se dicten con el carácter de provisionales en procedimientos precautorios, sin perjuicio de que en los casos en que proceda, se reclame la providencia ante el mismo juez o se levante por éste. No serán apelables las sentencias y demás resoluciones que se dicten en juicios cuya cuantía no exceda de dos mil quinientos pesos." De lo antes expuesto se obtiene que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 374, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles, sólo podrán ser objeto de apelación, los autos cuando expresamente así lo disponga ese código. Por su parte, el diverso numeral 367 del código adjetivo procesal del estado, establece: "Artículo 367. Las sentencias no pueden ser revocadas por el juez que las dicta. Los autos y proveídos pueden ser revocados por el juez que los dicte o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio, cuando la ley no establezca expresamente la procedencia de otro recurso, o disponga que no son recurribles." Bajo ese tenor, se considera que el acto reclamado constituye un "auto" de conformidad con el artículo 156 del invocado código que establece que las resoluciones judiciales se clasifican en: ? Proveídos. Cuando son simples determinaciones de trámite, sin que impliquen impulso u ordenación del procedimiento. ? Autos. Cuando se trate de resoluciones que ordenen o impulsen el procedimiento, o de los que se pueden derivar cargas o afectar derechos procesales. ? Sentencias interlocutorias. Cuando resuelvan algún incidente, alguna cuestión previa o bien decidan algún punto procesal que implique contradicción entre partes. ? Sentencias definitivas. Cuando decidan el fondo del negocio o debate. Es decir, el auto emitido el quince de julio del año en curso, el dentro del incidente de liquidación de la sociedad conyugal relativo al expediente 454/2005, en el cual se señaló las once horas del veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, para que se constituyera personal de ese juzgado en compañía del perito partidor al domicilio del quejoso a fin de que realizara el avalúo que le fue encomendado, y se requirió al accionante permitiera el acceso, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo, podría ser acreedor a una multa de un mil pesos, es procedente en su contra promover el recurso de revocación, dado que en la propia legislación procesal en cita no se hace alusión en forma expresa a la procedencia de otro medio de impugnación por virtud del cual puedan ser combatida, máxime que se trata de un auto emitido dentro del incidente de liquidación de sociedad conyugal. Luego, si de la lectura de la legislación procesal estatal no se advierte que el reclamado, así como tampoco señaló expresamente que tal determinación sea inimpugnable, cabe concluir que el recurso de revocación en ese supuesto sí es procedente, lo que favorece claramente a la relación procesal, pues se está en posibilidad de permitir sustanciar el medio de defensa. De lo antes precisado, se logra advertir que si bien es cierto que no procede el recurso de apelación; también lo es que, los autos y proveídos pueden ser revocados por el juez que los dicte, cuando la ley no establezca expresamente la procedencia de otro recurso, o disponga que no son recurribles, por lo que, bajo esa premisa, es claro y evidente que: Si el quejoso tiene el carácter de demandado en el expediente de origen, ello pone de manifiesto que no comparece en su calidad de tercero extraño, sino como parte procesal. Así las cosas, y tomando en consideración que el quejoso, comparece a juicio en su calidad de parte procesal, tiene la obligación de agotar los medios ordinarios correspondientes en contra del acto que considera violatorio de derechos fundamentales, por lo que, en contra del auto por el cual la autoridad responsable, señaló las once horas del veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, para que se constituyera personal de ese juzgado en compañía del perito partidor al domicilio del quejoso a fin de que realizara el avalúo que le fue encomendado, y se requirió al accionante permitiera el acceso, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo, podría ser acreedor a una multa de un mil pesos, procede el recurso de revocación a que se refiere el artículo 367 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. Luego, como no se hizo valer este medio de impugnación por el quejoso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues no se agotó el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, conforme al cual cuando éste se promueva contra resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo, debe existir la posibilidad de que sean modificados o revocados por virtud de un recurso o medio de defensa que la ley ordinaria regule dentro del procedimiento, aun cuando la parte interesada no lo hubiere hecho valer oportunamente, excepto en aquellos casos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, y también salvo lo dispuesto por la fracción VII del artículo 107 constitucional, respecto de los terceros extraños. Por tanto, al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, con fundamento en la fracción V del numeral 63 de la ley de la materia, se desecha la demanda de amparo. En efecto, el impetrante se encontraba obligado a agotar el principio de definitividad, en atención a que si bien es cierto, la prueba pericial de avalúo debe desarrollarse en su domicilio, podría ser un acto de imposible reparación conforme a la tesis I.7o.C.28 K, que el quejoso precisa en su demanda, del rubro y texto siguiente: "ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LO CONSTITUYE EL DESAHOGO DE LA PRUEBA PERICIAL EN MATERIA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA QUE DEBA DESARROLLARSE EN EL DOMICILIO DEL QUEJOSO, HACIENDO "CALAS" Y "TESTIGOS". De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del Pacto Federal, en relación con la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional en la vía biinstancial resulta procedente cuando lo que se reclama es el desahogo de la prueba pericial en materia de ingeniería y arquitectura ofrecida por el tercero perjudicado, que deba llevarse a cabo en el domicilio del quejoso y en la que deban realizarse "calas" y "testigos", porque ello evidentemente constituye un acto en el juicio que tiene sobre el peticionario de garantías una ejecución de imposible reparación, ya que a través del proveído reclamado, se le obliga no sólo a permitir el acceso al interior de su casa a personas extrañas (perito de la parte contraria y sus auxiliares), con la consecuencia de que se afecten sus derechos a la privacidad, intimidad y tranquilidad del hogar sino que, además, el peticionario del amparo resentirá los daños ("calas" y "testigos") que se causen al inmueble de su propiedad con motivo del desahogo de la prueba de mérito, lo que implica actos de molestia en derechos sustantivos del gobernado, como lo son el derecho de propiedad y la inviolabilidad del domicilio, que se encuentran protegidos por el precepto constitucional invocado." También lo es, que la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. En efecto, un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de la definitividad, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. En tales condiciones, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, de ahí que se estime que en el caso, el peticionario del amparo antes de acudir a la presente instancia constitucional debió interponer el recurso de revocación en contra del auto que hoy constituye el acto reclamado, por lo que al no proceder de tal manera, es que es inobjetable que se actualiza la causa de improcedencia aludida. Las consideraciones que anteceden, encuentran apoyo en la jurisprudencia por contradicción de tesis 1ª./J. 113/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Décima Época, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, diciembre de 2013, página 350, que a la letra señala: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." Por lo tanto, es inconcuso, que en el caso se actualiza la causal de improcedencia en estudio, prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el diverso dispositivo 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, consecuentemente procede desechar la demanda de amparo. Téngase por autorizada para oír y recibir notificaciones en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados Roberto Cordero Escamilla y Ma. Guadalupe Arroyo Castillo; y, como domicilio para tales efectos, el ubicado en Avenida UAZ, número quinientos veintiocho (528), Fraccionamiento Villas Universidad, en esta ciudad de Zacatecas.

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