Bendicta Mar Bocanegra

Expediente 735/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 10 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
735/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
10/04/2023

Partes del expediente

  • Bendicta Mar Bocanegra

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Agréguese la constancia de notificación realizada a la parte quejosa ... archívese el juicio como asunto totalmente concluido.

  2. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, diecinueve de diciembre de dos mil veintidós. Se recibe acuse ...se toma nota de que dicho medio de impugnación se admitió y quedó registrado con el número de queja civil 654/2022.

  3. Principal

    ... Téngase por recibido el escrito ...ríndase informe sobre la materia de la queja ...

  4. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA.- CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA ESTA DETERMINACIÓN A LA QUEJOSA QUE DICE: Número de expediente: 735/2022 Acuerdo: Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintinueve de noviembre de dos mil veintidós. Demanda de amparo e identificación de partes Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ***, contra el acto que reclama del Juez Segundo Familiar del Sexto Distrito, con residencia en esta ciudad, que considera violatorio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Registro Atento a lo anterior, se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, bajo el número 735/2022. Digitalización Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Desechamiento Ahora bien, del examen integral que ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo, resulta necesario analizar si es procedente o no la demanda de amparo en cuestión, para estar en aptitud legal de proveer lo que en derecho corresponda sobre su admisión o desechamiento. Dicho artículo dispone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del dispositivo transcrito se advierte que el juez de distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano; lo anterior, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Del análisis de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como autoridad responsable y acto reclamado el siguiente: La interlocutoria de quince de noviembre de dos mil veintidós, dictada por el Juez Segundo Familiar del Sexto Distrito Judicial con residencia en esta ciudad, en el Incidente 245/2019/2° relativo al recurso de revocación interpuesto por Benedicta Mar Bocanegra, en el que se confirmó el auto de veintiséis de agosto del año en curso, en el que no acordó de conformidad la petición de la aquí quejosa, en el sentido de girar nuevamente oficio a la directora del DIF municipal para realizar un estudio socioeconómico en un domicilio de Celestino López Duarte, debido a que la revocante no estaba conforme en la forma en cómo se desahogó esa probanza. Precisado lo anterior, este órgano jurisdiccional advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario, los que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." [.] Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [...]" De las disposiciones normativas transcritas, se advierte que el amparo indirecto, contra actos, omisiones, o resoluciones provenientes de un juicio, se encuentra limitado en su procedencia, a aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la constitución o en los tratados internacionales suscritos por nuestro país, lo que implica que una violación procesal que no produzca una afectación de esa naturaleza, así pueda calificarse como exorbitante, no puede ser sujeta al análisis inmediato a través del juicio de amparo indirecto, ya que no produce una afectación material de derechos sustantivos. Como se desprende, el legislador, con dicha aclaración, proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían dos condiciones: -La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y, -La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual (a diferencia de los sustantivos), sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento seguido en forma de juicio, momento en el cual sus consecuencias pueden consumarse en forma efectiva. Al efecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando como consecuencia de ellos se afecte de manera cierta e inmediata algún derecho fundamental contenido en los derechos humanos y fundamentales previstos en la constitución federal, de modo tal, que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una resolución o sentencia favorable en el juicio o procedimiento, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute del derecho fundamental de que se trate. En estos casos, es procedente el amparo directo, pues como ya se dijo, las consecuencias de la violación cometida no desaparecerían aunque la parte afectada obtuviese sentencia o resolución favorable a sus intereses, por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquéllos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales. La razón de ser de dichos derechos encuentra su fin último en la obtención de una resolución favorable, por lo que si esto sucede, los efectos de la violación procesal son reparados y desaparecen en la realidad, dejando intacta la esfera jurídica del afectado al no alterarse algún derecho sustantivo. Efectivamente, estos actos, en el momento en que se producen, no afectan de manera irremediable algún derecho fundamental contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que tan solo crean la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses del afectado. Por dicha razón, es necesario esperar hasta el dictado de la sentencia o resolución correspondiente para poder combatirlos mediante el juicio de amparo indirecto o directo, según sea el caso, siempre que afecten las defensas de la parte quejosa y trasciendan al resultado del fallo adverso. Entonces, como ya se destacó, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo, en virtud de que el acto reclamado no afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, sino únicamente derechos procesales o adjetivos; porque: a.- Sólo produce una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, y no sustantiva, toda vez que la interlocutoria que se reclama no afecta derechos sustantivos sino únicamente procesales relacionados con la integración del juicio de origen, en virtud de que solamente tiene relación con las pruebas desahogadas en el incidente deducido del juicio de origen. b.- La lesión no trasciende al resultado del fallo, toda vez que el acto reclamado no impide la debida integración de la litis, sino por el contrario, es a fin de integrar debidamente el sumario judicial; tampoco ocasiona el retardo de la solución del procedimiento o que se siga de manera ociosa; ni determina definitivamente el rumbo del juicio de origen, por la posibilidad de que la parte quejosa pueda obtener una sentencia favorable. c.- Además, en caso de que la sentencia no fuese favorable, la parte quejosa, estaría en posibilidad de impugnarla a través del juicio de amparo directo, en el que podría hacer valer las violaciones alegadas como vicios del procedimiento, de conformidad con el artículo 172 de la Ley de Amparo. A mayor abundamiento, al tratarse de una cuestión de pruebas de la parte quejosa en el juicio de origen, en todo caso tendrá repercusiones intraprocesales que incluso pudieran ser analizadas en amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva de dicho incidente, como violación procesal. En razón de lo anterior, y toda vez que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso artículo 107, fracción V, este último aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, procede el desechamiento de la demanda por su notoria e indudable improcedencia. Autorizado Ahora bien, por cuanto hace a la autorización en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, que la quejosa pretende realizar respecto de ***, se advierte que el nombre de éste y número de cédula profesional proporcionado no coinciden; por lo tanto, no ha lugar acordar procedente lo solicitado; empero, queda expedito su derecho de realizar nuevamente su petición, si así lo desea, proporcionando el nombre de su autorizado y el número de cédula correspondiente; no obstante a lo anterior, se le autoriza únicamente para imponerse de autos y recibir notificaciones a Héctor Hernández Martínes. Domicilio Por otra parte, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Pedro A. de los Santos número 7, despacho dos, esquina con avenida Juárez, frente a la plaza principal de esta ciudad. Reproducción electrónica Por otro lado, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos como cámaras fotográficas, teléfonos celulares con cámaras fotográficas y escáner, sin necesidad de solicitud por escrito y acuerdo que recaiga al mismo; lo anterior siempre y cuando los acuerdos no se traten de aquéllos que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservados, debiendo asentar la razón correspondiente respecto de la actuación objeto de reproducción a través de los citados medios electrónicos, lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en la inteligencia que el uso de los aludidos medios tecnológicos no implica la captación de las firmas que están plasmadas en la resolución correspondiente, dada la facilidad con que pueden confeccionarse. Notifíquese personalmente.

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