Benancia Castillo Diaz
Expediente 967/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tabasco. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 967/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 01/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Benancia Castillo Diaz
Actuaciones
- Principal
VI.- CAUSA ESTADO. ARCHIVESE ASUNTO COMO CONCLUIDO. SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN... SE REQUIERE A LA PARTE QUEJOSA...
- Principal
V.- Villahermosa, Tabasco, veintidós de junio de dos mil veintidós. RADICACIÓN. Se tiene por recibida en este órgano jurisdiccional la demanda de amparo promovida por XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, quien se ostenta como endosatario en procuración de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, contra actos del Juez Segundo de lo Civil de Primera Instancia de Paraíso, Tabasco; se ordena formar expediente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y registrar en el Libro de Gobierno correspondiente, con el juicio de amparo indirecto 967/2022-VI. DESECHAMIENTO. El artículo 113, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De lo anterior se desprende que el Juez de Distrito, debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Luego, es ineludible precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que, se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, se tiene la certeza y plena convicción que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independiente de los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo la tesis número I.13º.A.4 K, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, publicada en la página 1318 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Agosto de 2001, con número de registro 180663, que dice:"DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." En ese sentido, de conformidad con el artículo 74 de la ley de la materia, es menester precisar que del estudio íntegro de la demanda de amparo, se obtiene que la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en el siguiente: La sentencia interlocutoria dictada el día veinticinco de mayo del año dos mil veintidós,en el cuadernillo de ejecución de sentencia, deducida del expediente 485/2021 relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por Víctor Jesús Sevilla Castillo, en su carácter de endosatario en procuración de Benancia Castillo Díaz, en contra de Silvino Ricardo Jiménez Castillo. Tiene aplicación a lo anterior el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 19, consultable en la página 17, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, aplicado analógicamente y que a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS." Conforme a lo anterior, el suscrito estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6, de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido contrario; dispositivos que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita". De la interpretación de estos preceptos, se advierteque el ejercicio de la acción de amparo está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por una ley, tratado internacional o reglamento o cualquier otro acto que se reclame y conculque derechos fundamentales; esto es, el juicio constitucional sólo puede promoverse por la parte que sufre directa y personalmente el agravio originado por el acto de autoridad que se reclama. Es decir, los artículos citados aluden a la institución jurídico-procesal de la legitimación. Con relación a este tema, es pertinente hacer las acotaciones siguientes. El concepto de legitimación se define bajo dos ópticas: en la causa y en el proceso. La legitimación en la causa hace referencia a la relación sustancial, que con el carácter de litigiosa, es materia del juicio; es decir, contempla la relación sustancial que debe existir entre el sujeto demandante o demandado y el interés perseguido en el juicio. Por su parte, la legitimación procesal se refiere a la calidad o carácter con el cual actúa quien comparece a juicio; esto es, por quien tiene derecho de hacer valer la acción o excepción materia de la controversia, lo que determina si actúa a nombre propio o en nombre de otro. En ese tenor, la legitimación en la causa llevada al juicio de amparo adquiere una connotación particular, pues quien está legitimado activamente para la promoción del juicio de amparo es la persona física o jurídica colectiva que es titular de los bienes, derechos o posesiones afectados por el acto de autoridad y en razón de ello, haya sufrido un agravio por la violación a sus derechos públicos subjetivos queimpugna. Sobre el tema, es ilustrativa la tesis XVII.2o.9 K, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo III, Abril de 1996, página 412, de rubro y texto siguientes: "LEGITIMACIÓN ACTIVA, FALTA DE. EN EL AMPARO. Si la legitimación activa en el juicio de amparo proviene de lo establecido en el artículo 4o. de la ley que rige la materia, su falta se suscita cuando no existe identidad entre quien comparece al juicio de garantías como parte, con aquel a quien la ley le otorga ese derecho." De igual manera, resulta aplicable la tesis de la Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo I, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1988, página 95, del tenor literal siguiente: "AMPARO, LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO. (AGRAVIO INDIRECTO). No debe confundirse la falta de legitimación en causa, derivada de no tener el quejoso la titularidad de los derechos o posesiones que dice se afectan con motivo del acto que reclama, a que se refiere el artículo 4o. de la Ley de Amparo, con la cuestión relativa a si el propio acto es susceptible de originarle perjuicio, por infringir alguna garantía constitucional, toda vez que esto último atañe al fondo del asunto y sirve para conceder o negar el amparo. Por tanto, si se reclama la orden de clausura de un establecimiento comercial, la circunstancia de que el quejoso sea el titular del contrato colectivo de trabajo y el que los trabajadores puedan resentir una lesión patrimonial, como consecuencia o repercusión de la clausura, no da base para la interposición del amparo, que sólo puede ser promovido por el directamente afectado, en el caso el propietario del establecimiento." Bajo ese contexto, de la lectura de la demanda de amparo, se advierte que XXXXXXXXXXXXXXXX, en su carácter de endosatario en procuración de la quejosa XXXXXXXXXXXXXXX, promueve juicio constitucional contra lasentencia interlocutoria dictada el día veinticinco de mayo del año dos mil veintidós,en el cuadernillo de ejecución de sentencia, deducida del expediente 485/20221 relativo al juicio ejecutivo mercantil promovido por Víctor Jesús Sevilla Castillo, en su carácter de endosatario en procuración de Benancia Castillo Díaz, en contra de Silvino Ricardo Jiménez Castillo. Es decir, el ocursante fue quien compareció en el expediente del juicio natural del que emana el acto reclamado, como endosatario en procuración de la aquí quejosa, en términos del artículo 35 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Sin embargo, el accionante carece de legitimación para reclamar dicho acto a través del juicio de amparo. Se afirma lo anterior, porque es verdad que el endosatario conforme el artículo 35 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, con motivo del endoso, se encuentra facultado para presentar el documento a la aceptación y cobrarlo judicial o extrajudicialmente. No obstante, esa facultad no tiene los alcances para sustituir la voluntad del titular del derecho subjetivo de la acción procesal, es decir sus atribuciones al ser similares a las del autorizado, no alcanzan a la sustitución de decisiones que directamente deben provenir de la voluntad del interesado. Para sustentar lo anterior, resulta necesario el análisis del artículo 35 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que dice: "Articulo 35. El endoso que contenga las cláusulas "en procuración," "al cobro", u otra equivalente, no transfiere la propiedad; pero da facultad al endosatario para presentar el documento a la aceptación, para cobrarlo judicial o extrajudicialmente, para endosarlo en procuración y para protestarlo en su caso. El endosatario tendrá todos los derechos y obligaciones de un mandatario. El mandato contenido en el endoso no termina con la muerte o incapacidad del endosante, y su revocación no surte efectos respecto de tercero, sino desde que el endoso se cancela conforme al artículo 41. En el caso de este artículo, los obligados sólo podrán oponer al tenedor del título las excepciones que tendrían contra el endosante." Del contenido del precepto legal antes transcrito, se advierte que el legislador estableció la posibilidad de que el actor en el juicio mercantil o su representante legal, endose el título de crédito a otra persona para hacer efectivo su cobro no así la propiedad del mismo, así como todas las facultades que tiene un mandatario judicial, esto es para que a su nombre reciba notificaciones, elabore promociones de trámite, rinda pruebas, presente alegatos e, incluso, interponga recursos. Empero, como sólo el quejoso directamente afectado con alguna determinación jurisdiccional es quién está en aptitud de demandar la protección de la Justicia Federal, no pueden ejercer tal acción, personas distintas a la parte quejosa o diversas a quien legalmente la represente, como es el caso del endosatario en procuración referido. Luego, con el endoso se otorga la facultad al endosatario para presentar el documento a la aceptación y cobro judicial o extrajudicialmente; pero ello, en modo alguno implica la representación en gestiones judiciales diversas al cobro; o bien, en un procedimiento legal diverso, en donde se ventilen otros derechos distintos a los del cobro del crédito. Ello, en razón de que el citado endosatario en procuración no cuenta, por el solo hecho de serlo, con funciones de amplia representación en gestiones diversas a las del cobro judicial del crédito ante las instancias mercantiles o de derecho privado. Sustenta lo anterior, la tesis VII.2º.C.56 C (10ª.), instada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible a página 2429, Libro XXIV, Tomo 3, septiembre de 2013, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: "ABOGADO PATRONO. CARECE DE FACULTADES PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO EN MATERIA MERCANTIL EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1069 DEL CÓDIGO DE COMERCIO [APLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 90/2012 (10a.)]. Se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, en relación con el numeral 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el diverso 4o. de la ley primeramente citada, acorde con el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 90/2012 (10a.) visible en la página mil ciento setenta y seis, del Libro XII, Tomo 2, septiembre de dos mil doce, correspondiente a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "AUTORIZADO EN EL PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. CARECE DE FACULTADES PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO DIRECTO (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 199/2004).", pues, atendiendo a su ejecutoria, si bien es cierto que el artículo 13 de la Ley de Amparo prevé que cuando alguno de los autorizados tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, ésta será admitida para todos los efectos legales; no menos verdad resulta que de acuerdo con el principio de instancia de parte agraviada, conforme a los referidos artículos 4o. de la citada Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Federal, deviene inconcuso que sólo el quejoso directamente afectado con alguna determinación jurisdiccional es quien está en aptitud de demandar la protección de la Justicia Federal, es decir, porque el juicio de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir el agravio personal o directo. De ahí que resulte aplicable para la materia mercantil el criterio jurisprudencial citado, pues si bien la Segunda Sala analizó el artículo 5o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, lo cierto es que en sus consideraciones plasmó los argumentos inherentes a la interpretación de los señalados artículos 4o. y 13 de la Ley de Amparo, así como del 107 de la Carta Magna, a efecto de establecer que con base en ellos sólo los directamente agraviados están legitimados para promover el amparo contra resoluciones judiciales, ya que el artículo 13 de la ley de la materia, no contempla que el abogado patrono tenga facultades para promover el amparo, sino sólo para que en el trámite de éste se le reconozca la personalidad que tiene reconocida ante la responsable, es decir, no puede estimarse que satisfaga el principio de instancia de parte agraviada. Así, aun cuando el autorizado en términos amplios para oír notificaciones, conforme el artículo 1069 del Código de Comercio, puede realizar cualquier acto tendente a asegurar una adecuada defensa de los intereses de su autorizante en la vía ordinaria, tratándose del juicio de amparo, su participación debe estar en armonía con las disposiciones de la ley de la materia, en el sentido de que el ejercicio de la acción no puede transferirse a una persona distinta del quejoso o su representante legal. Esto es así, pues el contenido del artículo 1069 debe interpretarse apegándose a las reglas del juicio de amparo, especialmente, al principio de instancia de parte agraviada, y bajo esa premisa, el autorizado para oír notificaciones queda subordinado a los artículos 107 constitucional y 4o. de la Ley de Amparo, en los cuales, en primer lugar, se precisa que el juicio de amparo sólo puede instarse por el titular de un derecho violentado o su representante legal y, en segundo, se encomienda a ese representante a actuar como si éste hubiere recibido el agravio personal y directo, dando cabida únicamente a estos últimos la promoción del juicio de amparo, cuestión que no se configura tratándose del abogado patrono, pues sus atribuciones al ser similares a las del autorizado, no alcanzan a la sustitución de decisiones que directamente deben provenir de la voluntad del interesado. Bajo las consideraciones expuestas, se concluye que el juicio de amparo sólo puede promoverse por el quejoso o su representante legal; en consecuencia, tal medio de defensa, en materia mercantil, no se encuentra disponible para que los abogados patronos acudan en representación del quejoso, pues éstos sólo están legitimados en la jurisdicción ordinaria." Luego, acorde con lo dispuesto por el criterio a que se hizo alusión, debe concluirse que XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, carece de atribuciones para promover la presente demanda de amparo, puesto que no acreditó ser representante legal del directo quejoso, sino únicamente se ostenta como endosatario en procuración en términos del artículo 35, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, razón por la cual no puede considerarse que la resolución recurrida le haya causado afectación alguna a sus derechos ni a su interés jurídico. Ello es así, puesto que, de conformidad con el artículo 107, fracción I, constitucional, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de junio de dos mil once, así como por lo dispuesto en el diverso artículo 6 de la ley de la materia, el juicio de amparo debe seguirse a instancia de parte agraviada. Esto es, sólo el quejoso directamente afectado con alguna determinación jurisdiccional, es el que está en aptitud de demandar la protección de la Justicia Federal, ya que la promoción del juicio de amparo, exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir el agravio personal o directo, es decir, por quien figura como quejoso o por su representante legal, porque es el titular de la acción el único legitimado para decidir cuáles actos son los que en su concepto le causan perjuicio y de qué manera lesionan sus derechos fundamentales, conforme al principio de instancia de parte agraviada que rige en el juicio de amparo. Entonces, se reitera, tomando en consideración que quien suscribe la demanda de amparo es endosatario en procuración de la parte quejosa, en términos del artículo 35, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, dicho profesionista carece de facultades para promover el presente juicio de amparo, puesto que su participación con ese carácter, se limita a la defensa del actor exclusivamente en la jurisdicción ordinaria, mas no le otorga facultades para interponer juicio de amparo directo en nombre de su autorizante. Sustenta lo anterior, por las razones jurídicas que la informan, la tesis XVI.5o.10 C, con número de registro 183545, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Materia(s): Civil, Tomo XVIII, Agosto de 2003, página 1745, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que cita: "ENDOSO AL COBRO O EN PROCURACIÓN. NO DERIVAN DEL MISMO FACULTADES AMPLIAS DE REPRESENTACIÓN, SINO UN MANDATO PARA LOGRAR SU COBRO. Conforme al sentido literal del artículo 35 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, el endoso en procuración es un mandato judicial y, dado su propósito ahí señalado, de carácter especial, porque la representación concedida en ese documento es únicamente para obtener el cobro del crédito que contiene, lo que garantiza la facilidad y rapidez de la circulación de la riqueza. Luego, con el endoso se otorga la facultad al endosatario para presentar el documento a la aceptación y cobrarlo judicial o extrajudicialmente; pero ello en modo alguno implica la representación en gestiones judiciales diversas al cobro, o bien, en un diverso juicio, en donde se ventilan otros derechos distintos a los del cobro del crédito. Ahora, respecto del juicio de tercería excluyente de dominio, si bien se encuentra íntimamente vinculado con el juicio ejecutivo mercantil del que derivó, no debe perderse de vista la naturaleza propia del mismo, en el que la materia de la tercería es dilucidar si la cosa afectada por el embargo decretado en un juicio del que no formó parte el actor tercerista es de su propiedad, y establecer si existe o no derecho del actor en ese procedimiento para afectar el bien embargado. En este contexto, si la sola notificación del endosatario en procuración de la parte quejosa en el juicio bastó para la Juez responsable a efecto de tener a ésta por debidamente emplazada al juicio de tercería excluyente de dominio de donde emergen los actos reclamados, no cabe entonces otra conclusión que la de estimar que en el caso sí fue transgredida en su perjuicio la garantía de audiencia, en razón de que el citado endosatario en procuración no cuenta, por el solo hecho de serlo, con funciones de amplia representación en gestiones diversas a las del cobro judicial del crédito." Así como, por su contenido y alcance, la tesis publicada por el Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible a página 14, Volumen 199-204, Sexta parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "ABOGADO PATRONO. CARECE DE FACULTADES PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO. CARECE DE. Las facultades del abogado patrono, dentro del ámbito en que resultan aplicables los artículos 71 y 72 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Sonora, no tienen el alcance de hacer valer acción alguna en nombre de la parte que los designó, menos aún promover el juicio de amparo, puesto que no son mandatarios del interesado." En mérito de lo expuesto, con fundamento en lo previsto por los artículos antes invocados y en el diverso 113 del ordenamiento en consulta, se desecha de plano la demanda de amparo que se estudia. Apoya la conclusión de mérito, la Jurisprudencia I.1º.A. J/4, visible en la página ochocientos noventa, Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de mayo de mil novecientos noventa y ocho, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Sin que el anterior pronunciamiento implique la inobservancia de los principios contenidos en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos a la protección más amplia de la persona, habida cuenta que si bien es cierto, de acuerdo con dicho numeral, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a respetar, promover, proteger y garantizar no sólo los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también los que se prevean en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se entiende en la doctrina como el principio pro persona; lo cierto es que los órganos de control constitucional, sólo en el marco de sus competencias, deben efectuar dicho control respecto de las normas jurídicas que analizan, siempre y cuando no se soslayen las cuestiones que afectan la procedencia del juicio de amparo. Lo anterior es así, ya que ese control opera sólo respecto de cuestiones de fondo, esto es, una vez superados los motivos de improcedencia del juicio en amparo indirecto o de inoperancia por improcedencia en amparo directo, salvo que la causal de improcedencia fuere inconstitucional o inconvencional, pues sería absurdo pretender que por la circunstancia de que el acto reclamado se funde en una norma inconstitucional tuviera que aceptarse la procedencia del juicio de amparo en cualquier demanda, esto es, en todos los casos; lo cual se asemejaría a suprimir las causales de improcedencia del juicio de amparo indirecto o de inoperancia por improcedencia en el juicio de amparo directo. Sirve de apoyo a lo anterior, por su contenido y alcance, la jurisprudencia 1ª./J 22/2014 (10ª.), instada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 325, Libro 4, Tomo I, marzo de 2014, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que reza: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental." Asimismo, la tesis 1a. CCLXXVI/2012 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página quinientos treinta, Tomo 1, Libro XV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de dos mil doce, Décima Época, que establece: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo." Así como la tesis 2a. LXXXII/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala del más alto Tribunal del País, visible en la página mil quinientos ochenta y siete, Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Constitucional, Décima Época, Registro 2002179, que literalmente establece: "PRINCIPIO PRO PERSONA O PRO HOMINE. FORMA EN QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES DEBEN DESEMPEÑAR SUS ATRIBUCIONES Y FACULTADES A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011. Si bien la reforma indicada implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica que se analice, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, ya que de hacerlo se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función". DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Con apoyo en el artículo 108, fracción I, con relación a la fracción I, del diverso 27 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el señalado en el proemio de la demanda. Por otra parte, téngase como autorizado en téngase en términos amplios del numeral 12 de la ley de la materia a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, por contar con cédula en el Sistema Computarizado del Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que lo acredita como licenciado en derecho, y en términos restringidos del numeral 12 de la ley de la materia, a todas las demás personas referidas, toda vez que no cuentan con cédulas registradas en dicho Sistema, que los acrediten como licenciados en derecho. La anterior consideración, encuentra apoyo por su sentido y alcance, en la tesis número V.2o.64 C, publicada en la página 833, del Tomo IX, enero de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, que es del texto siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO. VALIDEZ DEL RECONOCIMIENTO QUE PARA EJERCER LA PROFESIÓN DE ABOGADO HACE EL JUEZ DE DISTRITO (INTERRUPCIÓN DE LA TESIS DE JURISPRUDENCIA NÚMERO 664, DEL TOMO VI, MATERIA COMÚN, PÁGINA 446, DEL APÉNDICE AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 1917-1995)". NOTIFICACIONES ELECTRONICAS. Por otra parte, como lo solicita, se autoriza se notifique vía electrónica a la cuenta de usuario "XXXXXXXXXXXXXX" ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, esto, de conformidad con lo establecido en los artículos 26, fracción IV, 30, fracción II, 31 fracciones II y III, de la ley de la materia, y articulo 55 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de Videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. CORREO. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se tiene únicamente como referencia de contacto de los quejosos, para el caso de ser necesario, el correo electrónico que cita en el escrito que se provee. MEDIDAS EXTRAORDINARIAS RELATIVAS A LA CRISIS SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS COVID-19. De conformidad con el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que: -Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, mediante la utilización de firma electrónica vigente (FIREL). HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS. En otro orden de ideas, conforme al principio de celeridad que emerge del artículo 17 de la Constitución Federal, aunado a que el juicio de amparo es un proceso sumarísimo durante cuya tramitación no deben existir obstáculos que lo retarden, desde este momento se faculta a los Actuarios Judiciales adscritos para que en caso de ser necesario se constituyan en el domicilio de las partes en días y horas inhábiles a fin de que pueda notificar personalmente alguna actuación derivada del presente juicio que así lo amerite, lo anterior con fundamento en el último párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo. LEY DE TRANSPARENCIA En cumplimiento al artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto, ésta se regirá de acuerdo a lo previsto en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de nueve de mayo de dos mil dieciséis. CONSULTA DEL EXPEDIENTE. Ahora, mientras las medidas de sana distancia y reducción de movilidad subsistan para enfrentar la contingencia, se privilegiará la utilización de tecnologías de la información y de las comunicaciones, por tanto, se autoriza a las partes para la consulta del presente expediente vía telefónica con la Secretaria encargada de la mesa VI, al número 452 128 13 59, en un horario de lunes a viernes de nueve a quince horas. Notifíquese en términos de ley.
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