Belzay Francisco López Girón
Expediente 1081/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 6 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1081/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 10/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Belzay Francisco López Girón
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a diez de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ***, a través de su apoderada legal ***, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y actos que enseguida se precisan: 1. Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, y, 2. Actuario adscrito a dicha Junta. De quienes reclamó: a). La omisión de dictar resolución dentro del incidente de nulidad de actuaciones, promovido en el expediente laboral ***, del índice de la Junta responsable; y, b). La omisión de notificar personalmente a las partes dicha determinación. Ahora bien, al rendir informe justificado las referidas autoridades responsables, remitieron copia certificada del expediente laboral de origen, del que se advierte que el veintitrés de octubre de dos mil veintitrés, se dictó la resolución relativa al incidente de nulidad de actuaciones promovido por el apoderado legal del demandado Instituto de Salud y/o Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Chiapas, la cual se notificó a las partes personalmente el veintiséis y treinta de octubre de dos mil veintitrés (fojas 79-82 del tomo de pruebas). Documentales a las que se les concede pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2. Por razón de técnica jurídica en el juicio constitucional, las causales de improcedencia que aleguen las partes o se adviertan de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de garantías, según lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, así como la jurisprudencia que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En ese sentido, la suscrita Juzgadora Federal considera que en la especie se actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo al haber cesado los efectos de los actos reclamados consistentes en la omisión de dictar resolución dentro del incidente de nulidad de actuaciones, promovido en el expediente laboral J/O/243/2019, del índice de la Junta responsable, así como realizar la notificación personal a las partes de dicha determinación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha desarrollado diversos criterios jurisprudenciales a fin de responder cuándo estamos en una situación en la que los efectos del acto reclamado deban considerarse que han cesado. De acuerdo con los más significativos, la cesación de efectos es una condición que sólo puede entenderse actualizada ante la total e incondicional destrucción de éstos. Así, se ha reiterado, para que los efectos de un acto pueda considerarse cabalmente destruidos, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional; esto es, como si se hubiera otorgado el amparo o como si el acto nunca hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. El criterio en mención, se encuentra inmerso en la jurisprudencia en materia común 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, junio de 1999, página 38, registro 193758, que señala: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. (...)." Para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del ordinal 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio constitucional, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Al respecto, puede consultarse la jurisprudencia en materia común 2a./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VII, febrero de 1998, página 210, registro 196820, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Una vez que ha sido entendido lo que la Suprema Corte le ha conferido al concepto "cesación de los efectos del acto reclamado", podemos determinar cómo puede identificarse cuando todos los efectos de un acto han llegado a esa condición de cesación absoluta. En relación con lo anterior, debe decirse que el hecho de que una persona promueva un juicio de amparo en contra de uno o varios actos implica que aquélla considera que éstos le generan una afectación que se traduce en una violación. Esa posible violación constituye el efecto de los actos reclamados. En este sentido, cuando tal efecto cesa, desaparece la violación resentida por la quejosa y, en consecuencia, el juicio de amparo deja de tener razón de ser dado que perseguiría algo que ya estaría logrado, a saber, la reparación de la infracción. Lo anterior es lo que justifica la existencia de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.]" En el caso concreto, como ya se precisó, la parte quejosa se duele de la omisión de dictar resolución dentro del incidente de nulidad de actuaciones, promovido en el expediente laboral ***, del índice de la Junta responsable, así como de realizar la notificación personal a las partes de dicha determinación. Sin embargo, de las constancias certificadas que las autoridades responsables allegaron a este sumario constitucional, relativas al expediente laboral *** del índice de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, -las cuales ya fueron valoradas en párrafos anteriores- se obtiene que el veintitrés de octubre de dos mil veintitrés, se dictó la resolución relativa al incidente de nulidad de actuaciones promovido por el apoderado legal del demandado Instituto de Salud y/o Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Chiapas, la cual se notificó a las partes personalmente el veintiséis y treinta de octubre de dos mil veintitrés (fojas 79-82). De lo expuesto se evidencia que, si bien es cierto que al momento en que se presentó la demanda de amparo, esto es, el veintidós de septiembre de dos mil veintitrés (foja 3), existían los actos reclamados consistentes en la omisión de dictar resolución dentro del incidente de nulidad de actuaciones, promovido en el expediente laboral ***, del índice de la Junta responsable, así como de realizar la notificación personal a las partes de dicha determinación; no obstante, la Junta responsable dictó la indicada resolución y el actuario judicial adscrito realizó la notificación personal de esa determinación a las partes en dicho expediente. Lo anterior, da pauta a la suscrita para determinar que, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, por cesación de los efectos, ya que se pone en evidencia que los efectos de los actos reclamados han cesado al haberse dictado la resolución relativa al incidente de nulidad de actuaciones en el juicio natural, y haberse notificado de forma personal a la partes de dicho expediente. Es aplicable al caso, la tesis en materia común P.CL/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VI, noviembre de 1997, página 71, registro 197367, de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia, prevista en la fracción XXI, del artículo 61, en relación con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en el presente juicio de garantías, promovido por ***, a través de su apoderada legal ***. Cobra aplicación, la jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 184572, Novena Época, localizable en el Tomo XVII, Marzo de 2003, página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- (...)". Es menester precisar que las jurisprudencias y tesis aislada citadas, se atienden por considerar que no se oponen a la Ley de Amparo, tal y como lo indica el artículo Sexto Transitorio de esa ley. SE DEJA SIN EFECTOS AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En atención a lo anterior, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional que se encuentra fijada para las trece horas con cuarenta minutos del veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Hágase las anotaciones correspondientes en el libro electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Captura de resolución en el sistema integral de seguimiento de expedientes y elaboración de versión pública. De conformidad con los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinara de doce de noviembre de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, captúrese el día de su publicación la presente resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva; por tanto, agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Asimismo, en términos de lo que establecen los artículos 30, 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, aprobado en sesión ordinaria de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, en relación con el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de sentencias y resoluciones de órganos jurisdiccionales en sistemas electrónicos de gestión" emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye a los actuarios de este órgano jurisdiccional capture en la integración de expedientes en el SISE la fecha en que cada una de las partes de este juicio quedaron notificadas de la sentencia, para que quede a disposición del público en versión pública, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese personalmente a las partes y por oficio a las autoridades responsables.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a seis de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese con vista a las partes en el juicio de amparo en que se actúa el informe justificado rendido por el Presidente y Actuario adscritos a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, y dese nueva cuenta con él en la audiencia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por recibida la prueba exhibida por las responsables de mérito, consistente en: Original del expediente ***. Prueba que se admite y desahoga dada su especial y propia naturaleza, sin perjuicio que se haga relación de ella en la audiencia constitucional. Ahora bien, tomando en consideración que las oficiantes de mérito adjuntaron las constancias originales del juicio ordinario laboral ***, en ciento cincuenta fojas útiles. Se ordena la devolución del expediente original en mención al Presidente de la referida Junta, previa copia que se obtenga del mismo, que serán certificadas para que obren como correspondan, respetando el sello, folio y rúbrica que contienen, el cual queda a disposición de las partes en la secretaría de este Juzgado, para que puedan consultarse cuando así lo soliciten. Asimismo, toda vez que las constancias en cita y la información contenida en las pruebas aportadas por la autoridad responsable, son voluminosas, se precisa que no serán digitalizados, por lo que se hace del conocimiento de las partes que para su consulta, sería necesario acudir a las instalaciones del órgano jurisdiccional, ello en términos del artículo 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, que establece que los cuadernos auxiliares podrán consultarse físicamente por las partes en los órganos jurisdiccionales, con las salvaguardas respectivas tratándose de la información reservada o confidencial; y, que la digitalización de pruebas, quedará al arbitrio del juzgador. Tiene aplicación por identidad jurídica la tesis número XXI.2o.16 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril del 2001, Tomo XIII, página 1081, con registro digital 189948, de rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. SE CONSTITUYE CON LAS CONSTANCIAS QUE LO APOYEN. (...)." Debe decirse que la aplicación de la tesis citada, se hace sin desconocer lo que establece el artículo sexto transitorio del Decreto de la Ley de Amparo publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en el sentido de que "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley", pues es evidente que las consideraciones contenidas en dicha tesis de manera alguna contraviene disposiciones contenidas en la Ley de Amparo vigente y por tanto, su aplicación no es contraria a la prevención hecha en su artículo sexto transitorio. Se instruye al Actuario Judicial adscrito para que al momento de hacer entrega del oficio que con tal motivo se genere, y de las constancias a que se hace referencia, recabe el registro de la entrega, debiendo asentar el nombre y cargo de la persona que lo recibe y el sello de la dependencia. Notifíquese.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a dieciocho de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido al tercero interesado Instituto de Salud y/o Secretaría de Salud en el Estado de Chiapas, en proveído de dos de octubre de esta anualidad (fojas 31 a 36), para que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el referido auto y por ende, las notificaciones que surjan dentro del procedimiento a dicho tercero interesado, hágansele por medio de lista que se fija en los estrados de este juzgado federal, aun las de carácter personal, de conformidad con el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, hasta en tanto indique domicilio en esta ciudad para tal efecto. Notifíquese.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a dos de octubre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito signado por ***, apoderada legal del quejoso ***, mediante el cual desahoga la prevención realizada en proveído de veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés (fojas 17-23), y al efecto, anexa la carta poder de veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, con la que acredita su personalidad. Consecuentemente, téngase por desahogada satisfactoriamente dicha prevención, y se provee: ADMISIÓN Con fundamento en los artículos 107, 108, 112, y 115 de la Ley de Amparo, se admite la demanda promovida por ****, a través de su apoderada legal Susana Martínez Cueto, contra los actos de las siguientes autoridades: 1. Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad. 2. Actuario adscrito a la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS Previo análisis del escrito de demanda, se colige que la parte quejosa reclama lo siguiente: 1. La omisión de dictar la resolución dentro del incidente de nulidad de actuaciones, en el expediente ***, del índice de la Junta responsable. 2 La omisión de notificar la referida resolución incidental. Lo anterior encuentra fundamento en la jurisprudencia 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del tomo XI, abril de 2000, página 32, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." INCIDENTE DE SUSPENSIÓN No se tramita el incidente de suspensión por no haber sido solicitado por la parte quejosa en su escrito demanda de amparo, aun cuando en el ocurso que se provee, en el tercer punto petitorio, la apoderada legal del quejoso solicita se decrete la suspensión de plano del acto reclamado (foja 28); sin embargo, de la lectura integral del escrito inicial, no se advierte que se esté ejecutando algún acto de los señalados en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que este Órgano de Control Constitucional realice pronunciamiento sobre la suspensión de plano. No obstante, de conformidad con el artículo 130 de la Ley de Amparo, dígasele que podrá peticionar la apertura del incidente de suspensión en cualquier tiempo, mientras no se dicte sentencia ejecutoria. TERCERO INTERESADO Ahora bien, del contenido de la demanda de amparo, se advierte que tiene el carácter de tercero interesado, de conformidad con el numeral 5 de la Ley de Amparo, fracción III, inciso b), el Instituto de Salud y/o Secretaría de Salud en el Estado de Chiapas, al ser parte demandada en el juicio de origen, litis del presente asunto. En esa virtud, se comisiona al actuario judicial de la adscripción, para que se constituya en el domicilio ubicado en carretera antiguo aeropuerto sin número, colonia los Cerritos, de esta ciudad, a fin de que emplace a la citada parte tercera interesada, a través de su apoderado o representante legal, y le corra traslado con copia del presente proveído, así como de la demanda de amparo y del escrito de aclaración a la misma, para que se encuentre en aptitud de apersonarse al presente juicio, si así conviniere a sus intereses. Asimismo, deberá de hacerle de su conocimiento, la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional. De igual forma, le comunique el derecho que tiene para ofrecer pruebas y formular alegatos, y para que en el acto de la diligencia o en el plazo de tres días, computado legalmente, señale domicilio donde reciba sus notificaciones en esta ciudad; apercibida que de no hacerlo, las subsecuentes se le harán por medio de lista de acuerdos que se publica en los estrados de este juzgado, inclusive, las de carácter personal, tal como lo dispone el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. En el entendido que el interesado deberá, por conducto de quien resulte ser su representante o persona que se encuentre encargada del mismo, identificarse con documento oficial con fotografía, de la cual se recabará copia simple para agregarse a esta última o, en su caso, justificar la imposibilidad para hacerlo; una vez cerciorado el fedatario que se encuentra en el domicilio correcto. INTERVENCIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITO Con fundamento en el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, se da la intervención legal al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Atento a lo anterior, en términos de lo dispuesto por los artículos 34, 35, 36 y 37 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, adicionado en el diverso Acuerdo General del citado pleno que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós; se autoriza a ***, con el nombre de usuario *** la consulta de este expediente, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en la dirección electrónica http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Login, debiendo corroborar sus credenciales de acceso, debido a que así lo manifestó expresamente en su solicitud por oficio 51/2022, recibido en acuerdo de cinco de octubre de dos mil veintidós, y agregado en el cuaderno de varios 2/2022, del índice de este órgano jurisdiccional. Por tanto, se encomienda a la Oficial Judicial "A", que realice la asociación del nombre de usuario proporcionado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y de lo cual deberán tomar nota los Actuarios de éste órgano jurisdiccional encargados de practicar las notificaciones electrónicas. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. No habrá necesidad de emitir oficio a las autoridades responsables para notificarles el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia, porque tal determinación no tiene la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio; por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia constitucional, la fecha y hora acordadas nuevamente para ese efecto la podrán consultar en la página de internet http:www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes [aplicable la jurisprudencia 2a./J.176/2012 (10a) número de registro 2002576]. REQUERIMIENTO DE INFORME JUSTIFICADO Requiérase a las responsables rindan su informe justificado dentro del término de quince días siguientes al en que reciban el oficio por el que se les solicita. Con el apercibimiento que de no hacerlo de manera oportuna, la omisa se hará acreedora a una multa equivalente a Cien Unidades de Medida y Actualización, que arroja la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), esto con fundamento en lo dispuesto por el artículo 260, fracción II, en relación con el 237, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, y tomando como base el valor inicial diario equivalente a $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional), conforme a lo establecido en lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintitrés, relativo a lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización. Con apoyo en lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 117 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables para que al rendir su informe justificado remitan copias fotostáticas certificadas de las constancias que integran el expediente del cual se hacen derivar el acto reclamado. Asimismo, se hace del conocimiento de las autoridades responsables que en caso de actualizarse la cesación de efectos del acto reclamado, o bien que ocurra alguna causa notoria de sobreseimiento, deberán informarlo de inmediato, apercibidas que de no hacerlo se les impondrá una multa de Treinta Unidades de Medida y Actualización vigente al día de hoy, que arroja la cantidad de $3,112.20 (tres mil ciento doce pesos 20/100 moneda nacional), de conformidad con los artículos 64 y 251 de la Ley de Amparo. Por otra parte, se autoriza a las autoridades responsables que rindan su informe a través de medios electrónicos atendiendo, en su caso, a los acuerdos de interconexión o a través del correo Institucional 4jdo20cto@correo.cjf.gob.mx PRUEBAS Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas y admitidas las documentales que anexó a su escrito inicial de demanda y al escrito aclaratorio de demanda, sin perjuicio que se haga relación de ellas en la audiencia constitucional. Por otra parte, no ha lugar acordar su petición de la ocursante, respecto a la prueba que ofrece, consistente en el perfeccionamiento del cotejo sobre el documento que exhibió para acreditar su personalidad como apoderada legal del quejoso ***, consistente en la carta poder de veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, pues la misma se trata de un original, de la cual no se requiere de perfeccionamiento o cotejo. Y en relación a la personalidad de la promovente, reconocida ante la Junta responsable, dígasele que una vez que se reciba el informe justificado rendido por dicha autoridad, con las constancias relativas al juicio natural, se proveerá lo que en derecho proceda. Notifíquese; personalmente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado de Distrito y a la parte tercera interesada, y por oficio a las autoridades responsables.
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