Beltran Santiago Lopez

Expediente 1048/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1048/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
07/11/2023

Partes del expediente

  • Beltran Santiago Lopez

Actuaciones

  1. Principal

    MESA III "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de queja contra el auto de nueve de octubre del año en curso, en el cual se desechó de plano la demanda de amparo origen de este expediente; por tanto, con fundamento en los numerales 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que causa estado dicho auto; hágase tal circunstancia del conocimiento de las partes para todos los efectos legales consiguientes. Ahora, con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el asunto como concluido. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 inciso d) del citado Acuerdo General, dado que en el presente asunto, se desechó la demanda de amparo, este expediente es destruible después de tres años. Se estima que el expediente carece de relevancia documental, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de control y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por último, dado que de la certificación secretarial, así de las constancias que integran este asunto, se advierte que existen documentos originales exhibidos por la parte promovente con su escrito de demanda, consistentes en un dictamen pericial datado el treinta de septiembre del año en curso; dos recibos de pago de energía eléctrica y, un ocurso signado por ******************** dirigido al Fiscal Especializado en Materia de Combate a la Corrupción en el Estado de Oaxaca, con sello original de recepción de dicha autoridad; en consecuencia, REQUIÉRASELE para que dentro del plazo de noventa días, contados a partir de la legal notificación del presente acuerdo, acuda debidamente identificada a este órgano, para que previa copia certificada de los mismos y razón que se deje en autos, le sean devueltos, en el entendido que de no comparecer dentro del citado plazo, dichos documentos correrán la suerte del juicio principal, es decir, serán destruidos dentro del plazo de tres años. NOTIFÍQUESE VÍA ELECTRÓNICA.

  2. Principal

    MESA III MESA "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de octubre de dos mil veintitrés. REGISTRO DE EXPEDIENTE Fórmese expediente electrónico con el registro 1048/2023 en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DE LA INTEGRACIÓN Y TRÁMITE DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Se hace del conocimiento de las partes que a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, con independencia del esquema tradicional, híbrido o en línea, con el que intervengan las partes en un asunto, se adopta como eje rector la tramitación electrónica en el juicio de amparo. Por lo anterior, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, los expedientes físicos deberán contener únicamente aquellos documentos recibidos por esta vía. Instrúyase al Secretario a cargo de este expediente y al personal correspondiente, para que verifiquen, según sus atribuciones, la debida integración del expediente electrónico, así como del expediente físico con las constancias respectivas. PARTE QUEJOSA. ..., por su propio derecho. AUTORIDADES RESPONSABLES Juez de Control del Distrito Judicial de la Sierra Norte, sede Ixtlán de Juárez (en su calidad de autoridad ordenadora) ... Fiscales adscritos a la Coordinación de Fiscalías Foráneas de la Dirección de Averiguaciones Previas y Procesos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, quienes integraron la carpeta de investigación.... 6. Agente Estatal de Investigación Elizabeth Torija Hernández 7. Ángel Peralta Cortés, perito en Tránsito Terrestre del Instituto de Servicios Periciales dependiente de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca 8. Judit Ramos García, perito en contabilidad del Instituto de Servicios Periciales de la Fiscalía general del estado de Oaxaca 9. Luis Oswaldo Hernández, perito en planimetría del instituto de Servicios Periciales dependiente de la Fiscalía General del estado de Oaxaca 10. Irán Ríos Maldonado, perito en criminalística del instituto de Servicios Periciales dependiente de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca. (todas en su calidad de ejecutoras) ACTOS RECLAMADOS - De la autoridad ordenadora: a) La ilegal orden de cateo emitida en el cuaderno de antecedentes 07/2023, a realizarse en el domicilio ubicado en Venustiano Carranza sin número visible, Capulálpam de Méndez Ixtlán, Oaxaca, siendo ilegal su ejecución puesto que entraron a diverso domicilio, el cual le pertenece, y que se encuentra ubicado en la carretera federal Ixtlán-Zoogocho, Barrio la Asunción, Km 8.5, Capulá********************. b) La ilegal calificación del cateo que se llevaría a cabo el día catorce de septiembre de dos mil veintitrés c) El aseguramiento del inmueble de mi propiedad ubicado en la carretera federal Ixtlán-Zoogocho, Barrio la Asunción, Km 8.5, Capulá********************. DE LAS AUTORIDADES EJECUTORAS: La ilegal ejecución de la orden de cateo emitida por el Juez de Control del Distrito Judicial de la Sierra Norte, sede Ixtlán de Juárez, Oaxaca, en el cuaderno de antecedentes ********************El abuso de autoridad y como tal el robo de dinero en efectivo y demás cosas muebles que sustrajeron del mismo con motivo de la ejecución de la orden de cateo que se llevó a cabo el catorce de septiembre de dos mil veintitrés. El aseguramiento del inmueble de su propiedad ubicado en la carretera federal Ixtlán-Zoogocho, Barrio la Asunción, Km 8.5 Capulá********************. De la C. Elizabeth Torija Hernández, reclama: La amenaza de desojarle, quitarle, expropiarle su predio ubicado en la carretera federal Ixtlán-Zoogocho, Barrio la Asunción, Km 8.5 Capulá********************. La amenaza de involucrarle de haber cometido un delito si no rinde declaración en contra de la persona que fue detenida fuera del domicilio cateado, y la ejecución de la orden de cateo referida La amenaza de que fue objeto por parte de la comandante de la agencia estatal de investigaciones que ejecutó la orden de cateo. DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS FUNDAMENTALES VULNERADAS. Derechos fundamentales contenidos en los artículos 1°, 5, 8, 14, 16 y 17 Constitucionales. DESECHAMIENTO. Con fundamento en los artículos 112 y 113, en relación con los diversos numerales 61 fracciones XXI, todos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, respecto del acto reclamado que se hace consistir en la orden de cateo ejecutada el catorce de septiembre de dos mil veintitrés, al actualizarse la CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, contenida en la fracción XVI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...); XVI. Contra actos consumados de modo irreparable." Para efectos del juicio de amparo, los actos consumados constituyen aquéllos cuyos efectos se han realizado en forma total, es decir, cuando han producido todas sus consecuencias jurídicas. La procedencia del juicio de amparo exige la existencia de un acto de naturaleza positiva o negativa, y de acuerdo con sus efectos los podemos clasificar en: a). actos consumados de modo reparable; y b) actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquellos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional; es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y, II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trata y cumplir lo que el mismo exija...". Por tanto, el juicio de amparo sólo procede en contra de actos consumados de modo reparable, entendiéndose como tales aquellos en contra de los cuales pueden retrotraerse sus efectos a fin de restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. En contraste, los actos consumados de manera irreparable son aquellos que al realizarse producen todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, por lo que física y materialmente, el quejoso ya no puede ser restituido al estado en que se encontraba antes de las violaciones reclamadas. Ahora bien, en el caso, la parte quejosa reclama: la orden de cateo dictada por el Juez de Control del Distrito Judicial de la Sierra Norte, sede Ixtlán de Juárez, Oaxaca, en el cuaderno de antecedentes ****************************************el catorce de septiembre de dos mil veintitrés, en el domicilio ubicado en la carretera federal Ixtlán-Zoogocho, Barrio la Asunción, Km 8.5, Capulá********************, es claro y manifiesto que ello actualiza el supuesto de improcedencia previsto en la fracción XVI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, pues dicho acto se consumó de manera irreparable, de modo tal que, en un supuesto de la concesión del amparo, las cosas no podrían volverse al estado que guardaban antes de las violaciones aducidas, conforme al numeral 77, fracción I de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 484, del Tomo XIV, Julio de 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dispone: "CATEO EJECUTADO. AMPARO IMPROCEDENTE. Cuando el acto reclamado lo constituye la orden de cateo, misma que según consta en autos ya fue ejecutada sin que se hubiese constituido el depósito de los bienes embargados, es incuestionable que tal acto quedó consumado de un modo irreparable, por lo que se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción IX de la Ley de Amparo". En efecto en la contradicción de tesis 136/2007-SS1, registro digital 1715377, resuelta por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha indicado que ante el escenario de una consumación irreparable de naturaleza material o física, la causa de improcedencia se actualiza porque se han producido todas sus consecuencias materiales y ello ocasiona que la restitución del derecho sustantivo tutelado quede fuera del alcance de los instrumentos jurídicos. Por su parte, debe tenerse presente que el cateo es un acto de investigación dentro del procedimiento penal que, en principio, incide en el derecho a la inviolabilidad del domicilio reconocido en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aunque también puede repercutir en el procedimiento penal, pues derivado de ese acto de investigación se pueden recabar indicios que sirvan como datos o medios de prueba. Por tanto, la improcedencia del amparo deriva de que los efectos del cateo, incluida la eventual afectación al derecho a la inviolabilidad del domicilio, quedaron consumados de forma irreparable al concluir el acto de investigación propiamente dicho; es decir, cuando el Ministerio Público, la Policía y los peritos abandonaron el domicilio de la parte quejosa, pues ya no es factible deshacer las consecuencias materiales propias de la intromisión de los agentes mencionados al referido domicilio. Si bien es cierto que un cateo puede repercutir de manera directa dentro del procedimiento penal ya que de éste se puedan desprender indicios o datos de prueba que sirvan para la autoridad investigadora dentro del proceso penal, la trascendencia de este acto está sujeta a control horizontal (contradicción entre las partes) y vertical (obligación del juez de excluir pruebas violatorias de derechos fundamentales). Por lo cual, si en el presente asunto, se repite, lo reclamado constituye la orden de cateo emitida por el juez responsable, y su ejecución en fecha catorce de septiembre de dos mil veintitrés, debe decirse que tales actos quedaron consumados de manera irreparable, lo que torna improcedente la demanda de que se trata de manera notoria y manifiesta. Por otro lado, respecto del diverso acto reclamado, consistente en el aseguramiento del inmueble ubicado en la carretera federal Ixtlán-Zoogocho, Barrio la Asunción, Km 8.5, Capulá********************, se actualiza la diversa CAUSAL DE IMPROCEDENCIA contenida en el artículo 61, fracción XX de la ley de Amparo, POR NO AGOTARSE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, pues previamente a su interposición contra ese acto de investigación, la parte quejosa debió agotar el recurso innominado del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En efecto el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece las determinaciones del Ministerio Público susceptibles de impugnación que debe resolver el Juez de Control, con citación de las partes en una sola audiencia, sin que, expresamente aluda a determinaciones que, como en el caso, dilucide quien tiene un mejor derecho sobre objetos asegurados dentro de una carpeta de investigación. Sin embargo, debe decirse que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las tesis de jurisprudencia 1a./J. 27/2018 (10a.) y 1a./J. 28/2018 (10a.), sobre el contenido del artículo 258 citado, resolvió que no solamente los actos descritos en esa norma podían ser sujetos de control judicial, sino también las determinaciones que, en general, realice el Ministerio Público en la fase de investigación. Concluyendo así, que el aseguramiento del bien inmueble, previo a su reclamo en amparo, debe ser confrontado ante el Juez de Control, con la finalidad de que determine si hubo afectación a los derechos humanos que consagra la Constitución Federal, pues corresponde al Juez de Control determinar su legalidad, antes de acudir al juicio de amparo indirecto Sirve de apoyo a lo anterior el criterio expuesto en la tesis X.1o.1 P (10a.), del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 1, Mayo de 2021, Tomo III, página 2430, Undécima Época, Materias Común, Penal, con número de registro digital 2023161, cuyo rubro y texto es el siguiente "ASEGURAMIENTO DE OBJETOS POR EL MINISTERIO PÚBLICO DENTRO DE UNA CARPETA DE INVESTIGACIÓN. PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, DEBE AGOTARSE EL MEDIO DE IMPUGNACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Hechos: En el juicio de amparo indirecto el quejoso reclamó la devolución de diversos objetos que fueron asegurados dentro de una carpeta de investigación, que afirma son de su propiedad; el Juez de Distrito sobreseyó en el juicio por falta de interés jurídico; inconforme con esta decisión, aquél interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito, al advertir de oficio que se actualiza una causa de improcedencia diversa a la señalada por el Juez de Distrito, en específico, la prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, determina que previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto contra el aseguramiento de objetos por el Ministerio Público dentro de una carpeta de investigación -respecto de los cuales el quejoso solicita su devolución-, debe agotarse el medio de impugnación previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Justificación: Lo anterior, pues el párrafo décimo cuarto del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de garantizar los derechos humanos de los indiciados, víctimas u ofendidos, prevé los actos que requieren de control judicial inmediato; por tanto, si el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece cuáles son las determinaciones del Ministerio Público susceptibles de impugnación y que debe resolver el Juez de Control, con citación de las partes en una sola audiencia, no obstante que no aluda a los objetos asegurados dentro de la carpeta de investigación, acorde con la interpretación realizada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las tesis de jurisprudencia 1a./J. 27/2018 (10a.) y 1a./J. 28/2018 (10a.), sobre el contenido del artículo 258 citado, en donde quedó dilucidado que no solamente los actos descritos en esa norma podían ser sujetos de control judicial, sino también las determinaciones que, en general, realice el Ministerio Público en la fase de investigación, se concluye que el aseguramiento de objetos dentro de una carpeta de investigación, respecto de los cuales el quejoso reclama su devolución, por ser el legítimo propietario, previo a su reclamo en amparo, debe ser confrontado ante el Juez de Control, con la finalidad de que determine si hubo afectación a los derechos humanos que consagra la Constitución Federal, pues es a través de ese medio de impugnación que se permitirá, en su caso, levantar el aseguramiento de los objetos, en forma expedita y en breve término (en una sola audiencia y con citación de las partes),con independencia de que se trate de una técnica de investigación, pues corresponde al Juez de Control determinar su legalidad, antes de acudir al juicio de amparo indirecto". También sirve de apoyo, el criterio expuesto en la tesis 1a./J. 27/2018 (10a.), Primera Sala, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, página 945, Décima Época, Materias Penal, Tipo Jurisprudencia, con número de registro digital 2017641, cuyo rubro y texto es el siguiente: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos". Finalmente, respecto de los actos reclamados consistentes en el abuso de autoridad y como tal el robo de dinero en efectivo y demás cosas muebles, como amenazas de las entidades a las que designa como autoridades responsables, se actualiza la diversa causal de IMPROCEDENCIA prevista en el artículo 61, fracción XXIII en relación con el diverso 1°, fracción I de la Ley de Amparo, que se estima NO SON ACTOS DE AUTORIDAD, de cuya conducta deba ocuparse y analizar este Juzgador; pues en ese caso, por la naturaleza de la actuación de dichos funcionarios, que involucra una conducta típica y antijurídica, la forma de su desempeño es propia del conocimiento de una autoridad de índole punitivo. AUTORIZACIÓN PARA RECIBIR NOTIFICACIONES, CONSULTA DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y AUTORIZACIÓN PARA RECIBIR NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. Téngase a la parte promovente autorizando para recibir notificaciones con todas las facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a********************dado que su cédula se encuentra inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Asimismo, se le tiene autorizando a las restantes personas que cita, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponer se los autos. Atento a la certificación de cuenta, con fundamento en los artículos 35, 36 y 37 del Acuerdo General 12/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdicciones a cargo del propio Consejo, se autoriza al promovente consulte el expediente electrónico de este asunto. Para ello la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, deberá vincular el usuario que indica el promovente previa verificación de que los datos coincidan con los registros de la base que arroje el sistema. Asimismo de conformidad con lo establecido en los artículos 26 fracción IV, 30 y 31, fracción III, de la Ley de Amparo; en relación con los diversos 39, 55, 60, 61, 62 y 63 del citado Acuerdo General 12/2020, como lo solicita se autoriza la notificación electrónica de las resoluciones emitidas en este asunto; por lo que dígase al promovente que para ser notificado de los acuerdos y determinaciones deberá ingresar con el nombre de usuario y contraseña, o bien a través de su firma electrónica, al módulo de consulta de notificaciones de Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Tome nota el área de actuaria para los efectos legales consiguientes. PETICIÓN A LAS PARTES. En otro aspecto, se exhorta a las partes de ser posible y no obstante las probables dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúe la tramitación del presente juicio mediante el esquema de juicio en línea; por tal motivo, se hace del conocimiento que podrán presentar promociones y realizar consulta del expediente electrónico desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con dirección web https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De acuerdo con el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en horas y días inhábiles, pues ello se estima pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA. Con el objeto de respetar el derecho a la protección de los datos confidenciales de las partes, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, señálese a las partes, el derecho que les asiste para emitir su consentimiento a que se publiquen sus datos confidenciales; en la inteligencia que ante la falta de consentimiento, en la sentencia que se dicte y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado. AUTORIZACIÓN DE FIRMA ELECTRÓNICA DE DETERMINACIONES Y OFICIOS Se hace del conocimiento de las partes, que esta determinación y las subsecuentes se firmarán de manera electrónica y que, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, tienen validez legal suficiente, por lo que no será necesaria su posterior firma autógrafa ni una certificación para ser agregada al expediente impreso respectivo, sino que bastará con que conste en ella su evidencia criptográfica. Por último, se autoriza al Secretario encargado del trámite del presente expediente para que firme los oficios que deriven de este asunto. NOTIFÍQUESE VÍA ELECTRÓNICA.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · 7,460 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano