Beltran Aguilar López

Expediente 136/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León. 13 actuaciones registradas, la última del 10 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
136/2023
Año
2023
Actuaciones
13
Última actuación
10/07/2023

Partes del expediente

  • Beltran Aguilar López
  • Ana Sarain Castillo Chávez (promovente)

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Se remite el expediente físicamente al archivo.

  2. Incidental

    conforme a lo ordenado en el artículo 18, fracción I, inciso a), del del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, transferencia y resguardo de los expediente judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se concluye el original del presente cuaderno es susceptible de depuración, una vez transcurridos tres años después de concluido definitivamente, ya que se concedió la suspensión provisional y definitiva; además, no obran documentos originales

  3. Principal

    Vista la certificación de cuenta, apareciendo dentro del término legal otorgado por el precepto 86 de la Ley de Amparo, ninguna de las partes interpuso recurso de revisión contra la sentencia emitida en el juicio en que se actúa, por tanto, con fundamento en los normativos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la misma ha causado ejecutoria; en consecuencia, háganse las anotaciones en el libro electrónico correspondiente y con apoyo en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido. En esa virtud, conforme a lo ordenado en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, hágase del conocimiento de las partes, el presente expediente es susceptible de depuración, una vez transcurridos tres años después de concluido definitivamente este juicio, ya que en este asunto se concedió la suspensión de plano y la definitiva, sin obrar documentos originales.

  4. Principal

    notifico a la promovente *****, el proveído de treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, por medio de lista que fijo en los estrados de este Juzgado de Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, por no haber acudido a éste recinto, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo. Doy Fe. Visto el estado de autos y del examen integral de la demanda, se advierte que la promovente Ana Sarain Castillo Chávez, en representación de Beltrán Aguilar López acudió a esta instancia extraordinaria a solicitar la protección de la justicia federal, señalando como acto reclamado la privación de la libertad (que también denominó como ilegal detención, reclusión o retención), atribuido a las autoridades responsables que identificó como a continuación se ilustra: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES. - COMO ORDENADORAS: C. ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN. C. SUBDIRECTOR DE CONTROL Y VERIFICACIÓN MIGRATORIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN EN EL ESTADO DE N.L. DIRECTOR DE ESTACIONES MIGRATORIAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y VERIFICACIÓN MIGRATORIA; COMO EJECUTORAS: C. DIRECTOR Y/O ENCARGADO DE LA ESTACIÓN MIGRATORIA OFICINA DE REGISTRO DE NUEVO LEÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, CON SEDE EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE NUEVO LEÓN, y/o cualquier otra denominación de la persona encargada de la Estación Migratoria del Municipio de Guadalupe; N.L. " Una vez precisado lo anterior, conviene traer a la vista los informes de ley rendidos por la potestad denominada Jefa de Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto de Migración en el Estado de Nuevo León (quien contestó los oficios 4456/2023, 4457/2023 y 4459, dirigidos al 1. Encargado del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Nuevo León; 2. Subdirector de Control y Verificación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en el Estado de N.L.; y 3. Director y/o Encargado de la Estación Migratoria Oficina de Registro de Nuevo León del Instituto Nacional de Migración, con sede en el Municipio de Guadalupe, Nuevo León, respectivamente), así como las documentales allegadas a éstos; de los cuales se dio cuenta mediante proveídos de quince y veintiocho de los actuales, y de los que se desprenden las siguientes manifestaciones: Que la responsable en cita negó la existencia de los actos reclamado; sin embargo, expuso razonamientos y circunstancias que evidencian la existencia de la privación de la libertad que reclama la parte quejosa. Ello en virtud que, puntualizó que el quejoso Beltrán Aguilar López, no se encontraba en detención, sino sujeto a un Procedimiento Administrativo Migratorio, en virtud de no acreditar su regular estancia en el territorio nacional, por lo que el dieciséis de febrero del año en curso, el agraviado fue puesto a disposición de esa autoridad migratoria, encontrándose alojado temporalmente en la Estación Migratoria de esa Oficina de Representación, al haberse iniciado el procedimiento en cita, mismo que se encontraba en trámite conforme a lo establecido en el artículo 111 de la Ley de Migración. Sin embargo, mediante acuerdo de veintidós de marzo consecutivo, se autorizó el egreso del impetrante Beltrán Aguilar López, por lo que fue puesto en libertad en esa fecha, imponiéndole diversas condiciones a fin de darle seguimiento a la integración del procedimiento migratorio. Por ende, debe tenerse por cierto el reproche atribuido a la referida autoridad. Para justificar las anteriores aseveraciones, la potestad adjuntó a sus comunicados, reproducción certificada de las constancias relativas a dichas circunstancias, las cuales adquieren valor probatorio pleno, conforme a los arábigos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al ser instrumentos autorizados por funcionario público en ejercicio de sus atribuciones. Ahora, de lo expuesto en párrafos anteriores, se advierte procedente decretar el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley Reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución Federal. El precepto y fracción en comento, establecen: "El juicio de amparo es improcedente: (.) .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)". Dicha hipótesis se refiere a la cesación de efectos del acto reclamado; sobre el tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos en revisión 3387/97, 393/98, 363/98, 2685/98 y 348/99, de donde derivó la tesis de jurisprudencia 59/99, estudió el contenido de la fracción XVI, del numeral 73 de la Ley de Amparo abrogada, de igual confección a la actual XXI, del mencionado ordinal 61. Arribó el Máximo Tribunal, a la plena convicción la causa de improcedencia del juicio, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia de lo impugnado, todos sus efectos desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado la protección federal, es decir, si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, tampoco dejó huella. Bajo ese panorama, como ya se dijo, el quejoso Beltrán Aguilar López, de nacionalidad hondureña, el dieciséis de febrero del año en curso, fue puesto a disposición de la autoridad migratoria responsable, a fin de iniciar el procedimiento administrativo correspondiente, empero, mediante acuerdo de veintidós de marzo sucesivo, se autorizó su egreso, por lo que fue puesto en libertad, sujeto a un control de firmas los días miércoles de cada semana, hasta en tanto concluyera el Procedimiento Administrativo Migratorio. Ahora, según se precisó en líneas previas, la referida porción normativa dispone que el juicio de amparo es improcedente contra aquellos actos cuyos efectos hayan cesado y, en el caso, tal como indicó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria citada, se constituyó una situación jurídica que definitivamente destruyó la motivante del amparo y repuso a la quejosa en el goce de los derechos fundamentales transgredidos. Por ende, han cesado los efectos de los actos reclamados, porque el motivo del sumario era determinar sí los reclamos eran constitucionales o no, y de las constancias remitidas por la potestad responsable, se advierte, tal situación fue subsanada al decretar la libertad de Beltrán Aguilar López, del lugar en el que se encontraba alojada. Entonces, esa actuación da pie a un estatus jurídico diverso, a partir de lo cual los efectos del acto reclamado cesaron en definitiva, por eso se surte la improcedencia aludida, pues existe imposibilidad de cristalizar el fin que justificaba la importancia del juicio, o sea, el de obtener la reparación constitucional prevista en el arábigo 77 de la Ley de la Materia, de modo que ya no existe materia para una eventual reparación constitucional en los derechos de la parte quejosa Beltrán Aguilar López. Finalmente, por las razones expuestas, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las once horas con catorce minutos del veinticuatro de abril de dos mil veintitrés.

Quedan 9 actuaciones en este expediente

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