Belsy Noemí Mena Aranda

Expediente 931/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 16 actuaciones registradas, la última del 27 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
931/2019
Año
2019
Actuaciones
16
Última actuación
27/08/2021

Partes del expediente

  • Belsy Noemí Mena Aranda

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    I.- Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa no realizó manifestación alguna en relación a la vista que se ordenó en proveído de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno; por consiguiente, se hace efectivo el apercibimiento, y este órgano jurisdiccional procede a resolver sobre el cumplimiento de la sentencia dictada en autos. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia sustentada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia registrada con el número 2a./J. 26/2000, publicada en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del tenor literal siguiente: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). Precisado lo anterior, es necesario puntualizar los términos de los efectos para los cuales fue concedido el amparo de la Justicia Federal a la quejosa Belsy Noemi Mena Aranda, en contra de los actos que reclamó de la autoridad responsable Delegado Estatal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en Quintana Roo, con sede en esta ciudad, hoy Delegado de la Oficina de Representación del Estado de Quintana Roo de dicha Secretaría, que fue el siguiente: Culmine los trabajos de investigación de los antecedentes registrales del predio "RINCONCITO", ubicado en el municipio de Bacalar, Quintana Roo, con el número de expediente 540/18. Una vez realizado lo anterior, ante la autoridad competente, continúe con el procedimiento de enajenación del expediente 540/18. Por auto de veintidós de enero de dos mil veinte, causó ejecutoria la sentencia de mérito, motivo por el cual, se requirió a la autoridad responsable, para que informara sobre el cumplimiento dado al fallo protector. Mediante proveídos de veintinueve de enero y diez de marzo ambos del dos mil veinte, se tuvo a la Jefa de Departamento de Organización, adscrita a la Oficina de Representación en Quintana Roo, en ausencia del Titular de la Oficina de Representación en Quintana Roo, con sede en esta ciudad, informando las gestiones realizadas a fin de dar cumplimiento a la sentencia dictada en autos. Consecutivamente, mediante acuerdos de diecisiete de marzo y catorce de agosto del año dos mil veinte, se tuvo al Instituto Geográfico y Catastral de Othón P. Blanco, Quintana Roo, con sede en esta ciudad, autoridad coadyuvante en el cumplimiento del fallo protector dictado en autos, remitiendo en cumplimiento al diverso acuerdo de diez de marzo del año dos mil veinte, copia certificada las constancias solicitadas por el Subdelegado de Desarrollo Urbano, Ordenación del Territorio y Vivienda adscrito a la Oficina de Representación en Quintana Roo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, mediante oficio I/143/SJ/0878/2020 de cuatro de marzo de dos mil veinte, consistentes en el nombre de la fracción o propiedad actual del predio denominado "ENSENADA PULTICÚ", y toda documentación relacionada con el predio en comento, así como el número de folio electrónico o registro en el cual se encuentra registrado en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, ello debido a que se encontró que este se traslapaba con el predio "RINCONCITO", ubicado en el municipio de Bacalar, Quintana Roo, por lo que dicha información era trascendental para que la responsable pudiera culminar los trabajos de investigación de los antecedentes registrales del predio en cuestión y continuar con el procedimiento de enajenación del expediente 540/18, tal y como se estableció en el fallo protector dictado en autos. En proveído de nueve de octubre de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional determinó que no era dable tener por cumplida la sentencia dictada en autos, toda vez que no se encontraban las constancias que acreditarán el total cumplimiento a la ejecutoria de amparo, esto es, la culminación de los trabajos de investigación de los antecedentes registrales del predio "RINCONCITO", ubicado en el municipio de Bacalar, Quintana Roo, ni la continuación del procedimiento de enajenación del expediente 540/18. Por tanto, en esa misma data, se ordenó requerir a la autoridad responsable Delegado de la Oficina de Representación del Estado de Quintana Roo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de TRES DÍAS siguientes a aquél en que surta sus efectos la legal notificación de dicho proveído, acreditará ante este Juzgado con constancias fehacientes, haber dado total cumplimiento al fallo protector de mérito. En ese sentido mediante diversos acuerdos de diecinueve y treinta de octubre de dos mil veinte, se tuvo a la Subdelegada Jurídica adscrita a la Oficina de Representación en Quintana Roo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con sede en esta ciudad, se tuvo informando las gestiones realizadas para dar cumplimiento a la sentencia dictada en autos. Asimismo, mediante diverso acuerdo de cinco de noviembre del año pasado, la Apoderada Legal del aquí quejoso, solicitó que la diversa autoridad Delegación del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, con sede en esta ciudad, coadyuve con la ejecución de la sentencia constitucional dictada en el presente asunto, ello dadas las manifestaciones vertidas por Subdelegada Jurídica adscrita a la Oficina de Representación en el Estado de Quintana Roo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con sede en esta ciudad, en las cuales señaló que mediante oficio I.143.SJ.003499.2020, solicitó a dicha autoridad oficiante, remitiera el soporte documental del predio denominado "ENSENADA PULTICÚ", la cual era indispensable para continuar con el trámite de enajenación, por lo que se procedió a requerir a la misma, para tales efectos. Mediante diverso acuerdo de doce de noviembre del año dos mil veinte, se tuvo al Delegado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Othón P. Blanco, con sede en esta ciudad, autoridad coadyuvante dando cumplimiento a solicitado en autos, remitiendo copia certificada de las mismas, a fin de acreditar tal circunstancia. Asimismo, mediante diverso acuerdo de veinticinco de noviembre de dos mil veinte, se tuvo a la responsable remitiendo diversas constancias a fin de dar cumplimiento al fallo protector, consistentes en el oficio número 1.143.SJ.004138.2020 de veinte de noviembre de dos mil veinte, dirigido a la Directora General de Ordenamiento de la Propiedad Rural, con sede en la Ciudad de México, solicitando la autorización para los trabajos de medición y deslinde del predio "RINCONCITO", ubicado en el municipio de Bacalar, Quintana Roo. Y, por acuerdo de once de marzo de dos mil veintiuno, esta Juzgadora determinó que no se encontraba cumplida la sentencia, toda vez que no obraba en autos, el acuse mediante el cual acredite el envío del oficio 1.143.SJ.004138.2020 de veinte de noviembre de dos mil veinte, dirigido a la Directora General de Ordenamiento de la Propiedad Rural, con sede en la Ciudad de México, solicitando la autorización para los trabajos de medición y deslinde del predio "RINCONCITO", ubicado en el municipio de Bacalar, Quintana Roo, dado a la culminación de dichos trabajos. En tal virtud, mediante proveído de veintiséis de marzo del año en curso, se tuvo a la autoridad responsable Subdelegada Jurídica adscrita a la Oficina de Representación en Quintana Roo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con sede en esta ciudad, remitiendo a esta autoridad, el acuse de recibo por parte de la Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural, con sede en la Ciudad de México del oficio señalado líneas anteriores. Documentales a las que se les otorga valor probatorio, al tratarse de documentos en copia certificada, expedidos por un funcionario con facultades para ello, por lo que constituyen documentos oficiales, que tienen eficacia probatoria plena en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, parte SCJN, de la Quinta Época, del Apéndice de 1995, en Materia Común, que establece: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Mediante proveído de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, se dio vista a la parte quejosa con el contenido del aludido oficio y anexo remitido por la autoridad oficiante en el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, sin que hayan realizado manifestación alguna. En este contexto, de las constancias remitidas por la autoridad responsable Subdelegada Jurídica adscrita a la Oficina de Representación en Quintana Roo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con sede en esta ciudad, se advierte de la lectura de autos antes citados que efectivamente culmino los trabajos de investigación de los antecedentes registrales del predio "RINCONCITO", ubicado en el municipio de Bacalar, Quintana Roo, con el número de expediente 540/18 y remitió a la Directora General de Ordenamiento de la Propiedad Rural, con sede en la Ciudad de México, dicho expediente a fin que le autorizarán los trabajos de medición y deslinde del predio en cuestión, dando continuación al procedimiento de enajenación del expediente 540/18, tal y como se advierte de las constancias que obran en el presente juicio constitucional en copia certificada. Por ende, es inconcuso que al no existir exceso o defecto en el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, pueda concluirse que la parte quejosa fue restituida en el goce de sus derechos fundamentales, por lo que se declara para todos los efectos legales a que haya lugar, QUE LA SENTENCIA DE AMPARO HA QUEDADO CUMPLIDA, con fundamento en los artículos 192 y 196 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el invocado numeral 196, párrafos tercero y cuarto, de la Ley de Amparo, procede el archivo de este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al artículo 18, fracción I, inciso b) del capítulo Séptimo, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se indica que en el presente expediente se ubica dentro del archivo judicial reciente por lo que una vez transcurrido el término de tres años a partir de esta fecha como dispone el penúltimo párrafo del citado artículo 18, este órgano jurisdiccional, dentro de los noventa días siguientes, deberá depurar el presente expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al juicio, la resolución que otorga a autoridad de cosa juzgada, el proveído de que se acuerde su archivo como asunto concluido y los demás documentos que considere el titular del órgano, la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. En tal virtud, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo en vigor, archívese este juicio como asunto totalmente concluido, por lo que, de conformidad con lo establecido en el artículo 15, del Capítulo Quinto y en el diverso numeral 35, del Capítulo Decimotercero, del precitado acuerdo general, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual a criterio de quien esto determina no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Tómese en consideración que la fecha en que la autoridad responsable dio cumplimiento total a la ejecutoria de amparo fue el quince de enero de dos mil veintiuno. Por otro lado, PREVÉNGASE a la parte quejosa para que dentro del término de NOVENTA DÍAS, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos legales la notificación de este proveído, proceda a recoger los documentos que exhibió en el presente juicio, previa identificación a satisfacción de este Juzgado y constancia de su recibo que se deje en autos para tal efecto, así como, copia certificada que del documento a devolver se deje en este expediente, con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo así, dicha documentación en su oportunidad, será destruida junto con el expediente, conforme a lo establecido en párrafos precedentes; en la inteligencia que dicha devolución se realizara con previa cita que se realice con anterioridad, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY.

  2. Principal

    I.- Notificación personal.

  3. Principal

    I. Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que mediante Circular CAP/3/2020 emitida por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y del Secretario de las Comisiones en Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, se determinó, a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinte, regresar al esquema de contingencia previsto en las fracciones I, II, III y IV del Acuerdo General 13/2020 emitido por el propio Pleno; ello como medidas a tomar en relación con contagios por la emergencia COVID-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal; plazo que feneció el once de enero de dos mil veintiuno, según se advierte de la propia circular. En ese sentido, conforme así lo permiten las cargas de trabajo debido a las condiciones de limitación de recursos humanos disponibles y la restricción de horario, se ordena la reanudación del procedimiento en el presente juicio de amparo, de acuerdo al esquema establecido en el Acuerdo General 37/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID19, con relación al periodo de vigencia; con la precisión que, dado que los plazos y términos se suspendieron y no se interrumpieron, el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron y no su reinicio. Por lo tanto, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa no realizó manifestación alguna en relación a la vista que se ordenó en proveído de veinticinco de noviembre de dos mil veinte; por consiguiente, se hace efectivo el apercibimiento, y este órgano jurisdiccional procede a resolver sobre el cumplimiento de la sentencia dictada en autos. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia sustentada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia registrada con el número 2a./J. 26/2000, publicada en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del tenor literal siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Precisado lo anterior, es necesario puntualizar los términos de los efectos para los cuales fue concedido el amparo de la Justicia Federal a la quejosa Belsy Noemi Mena Aranda, en contra de los actos que reclamó de la autoridad responsable Delegado Estatal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en Quintana Roo, con sede en esta ciudad, hoy Delegado de la Oficina de Representación del Estado de Quintana Roo de dicha Secretaría, que fue el siguiente: Culmine los trabajos de investigación de los antecedentes registrales del predio "RINCONCITO", ubicado en el municipio de Bacalar, Quintana Roo, con el número de expediente 540/18. Una vez realizado lo anterior, ante la autoridad competente, continúe con el procedimiento de enajenación del expediente 540/18. Por auto de veintidós de enero de dos mil veinte, causó ejecutoria la sentencia de mérito, motivo por el cual, se requirió a la autoridad responsable, para que informara sobre el cumplimiento dado al fallo protector. Mediante proveídos de veintinueve de enero y diez de marzo ambos del dos mil veinte, se tuvo a la Jefa de Departamento de Organización, adscrita a la Oficina de Representación en Quintana Roo, en ausencia del Titular de la Oficina de Representación en Quintana Roo, con sede en esta ciudad, informando las gestiones realizadas a fin de dar cumplimiento a la sentencia dictada en autos. Consecutivamente, mediante acuerdos de diecisiete de marzo y catorce de agosto del año dos mil veinte, se tuvo al Instituto Geográfico y Catastral de Othón P. Blanco, Quintana Roo, con sede en esta ciudad, autoridad coadyuvante en el cumplimiento del fallo protector dictado en autos, remitiendo en cumplimiento al diverso acuerdo de diez de marzo del año dos mil veinte, copia certificada las constancias solicitadas por el Subdelegado de Desarrollo Urbano, Ordenación del Territorio y Vivienda adscrito a la Oficina de Representación en Quintana Roo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, mediante oficio I/143/SJ/0878/2020 de cuatro de marzo de dos mil veinte, consistentes en el nombre de la fracción o propiedad actual del predio denominado "ENSENADA PULTICÚ", y toda documentación relacionada con el predio en comento, así como el número de folio electrónico o registro en el cual se encuentra registrado en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, ello debido a que se encontró que este se traslapaba con el predio "RINCONCITO", ubicado en el municipio de Bacalar, Quintana Roo, por lo que dicha información era trascendental para que la responsable pudiera culminar los trabajos de investigación de los antecedentes registrales del predio en cuestión y continuar con el procedimiento de enajenación del expediente 540/18, tal y como se estableció en el fallo protector dictado en autos. En proveído de nueve de octubre de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional determinó que no era dable tener por cumplida la sentencia dictada en autos, toda vez que no se encontraban las constancias que acreditarán el total cumplimiento a la ejecutoria de amparo, esto es, la culminación de los trabajos de investigación de los antecedentes registrales del predio "RINCONCITO", ubicado en el municipio de Bacalar, Quintana Roo, ni la continuación del procedimiento de enajenación del expediente 540/18. Por tanto, en esa misma data, se ordenó requerir a la autoridad responsable Delegado de la Oficina de Representación del Estado de Quintana Roo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de TRES DÍAS siguientes a aquél en que surta sus efectos la legal notificación de dicho proveído, acreditará ante este Juzgado con constancias fehacientes, haber dado total cumplimiento al fallo protector de mérito. En ese sentido mediante diversos acuerdos de diecinueve y treinta de octubre de dos mil veinte, se tuvo a la Subdelegada Jurídica adscrita a la Oficina de Representación en Quintana Roo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con sede en esta ciudad, se tuvo informando las gestiones realizadas para dar cumplimiento a la sentencia dictada en autos. Asimismo, mediante diverso acuerdo de cinco de noviembre del año pasado, la Apoderada Legal del aquí quejoso, solicitó que la diversa autoridad Delegación del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Othón P. Blanco, Quintana Roo, con sede en esta ciudad, coadyuve con la ejecución de la sentencia constitucional dictada en el presente asunto, ello dadas las manifestaciones vertidas por Subdelegada Jurídica adscrita a la Oficina de Representación en el Estado de Quintana Roo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con sede en esta ciudad, en las cuales señaló que mediante oficio I.143.SJ.003499.2020, solicitó a dicha autoridad oficiante, remitiera el soporte documental del predio denominado "ENSENADA PULTICÚ", la cual era indispensable para continuar con el trámite de enajenación, por lo que se procedió a requerir a la misma, para tales efectos. Mediante diverso acuerdo de doce de noviembre del año dos mil veinte, se tuvo al Delegado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en Othón P. Blanco, con sede en esta ciudad, autoridad coadyuvante dando cumplimiento a solicitado en autos, remitiendo copia certificada de las mismas, a fin de acreditar tal circunstancia. Asimismo, mediante diverso acuerdo de veinticinco de noviembre de dos mil veinte, se tuvo a la responsable remitiendo diversas constancias a fin de dar cumplimiento al fallo protector, consistentes en el oficio número 1.143.SJ.004138.2020 de veinte de noviembre de dos mil veinte, dirigido a la Directora General de Ordenamiento de la Propiedad Rural, con sede en la Ciudad de México, solicitando la autorización para los trabajos de medición y deslinde del predio "RINCONCITO", ubicado en el municipio de Bacalar, Quintana Roo. Documentales a las que se les otorga valor probatorio, al tratarse de documentos en copia certificada, expedidos por un funcionario con facultades para ello, por lo que constituyen documentos oficiales, que tienen eficacia probatoria plena en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, parte SCJN, de la Quinta Época, del Apéndice de 1995, en Materia Común, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. "Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Mediante proveído de veinticinco de noviembre de dos mil veinte, se dio vista a las partes con el contenido del aludido oficio y anexo remitido por la autoridad oficiante en el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, sin que hayan realizado manifestación alguna. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a consideración de la suscrita juzgadora se advierte que si bien acreditó con diversas constancias las gestiones realizadas a fin de dar cumplimiento a la sentencia constitucional dictada en el presente juicio de amparo, también lo es que hasta la presente data no obra en autos, el acuse mediante el cual acredite el envío del oficio 1.143.SJ.004138.2020 de veinte de noviembre de dos mil veinte, dirigido a la Directora General de Ordenamiento de la Propiedad Rural, con sede en la Ciudad de México, solicitando la autorización para los trabajos de medición y deslinde del predio "RINCONCITO", ubicado en el municipio de Bacalar, Quintana Roo, dado a la culminación de dichos trabajos, por lo cual, no es dable tener por cumplida la sentencia dictada en autos. En consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 194, de la Ley de Amparo, se declara para todos los efectos legales a que haya lugar, QUE LA SENTENCIA DE AMPARO NO HA QUEDADO CUMPLIDA, por lo tanto, requiérase a la autoridad responsable Delegado de la Oficina de Representación del Estado de Quintana Roo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de TRES DÍAS siguientes a aquél en que surta sus efectos la legal notificación del presente proveído, acredite ante este Juzgado con constancias fehacientes, haber dado total cumplimiento al fallo protector de mérito, es decir, remita el acuse que acredite el envío del oficio 1.143.SJ.004138.2020 de veinte de noviembre de dos mil veinte, dirigido a la Directora General de Ordenamiento de la Propiedad Rural, con sede en la Ciudad de México, para efectos de dar total cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Apercíbase a dicha autoridad responsable que de ser omisa a lo solicitado, se le impondrá una multa por la cantidad de $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional), que equivale a cien unidades de medida y actualización, a razón de $89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional), valor que corresponde a la Unidad de Medida y Actualización (UMA) correspondiente al año dos mil veintiuno, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que es la referencia económica en pesos aplicable de conformidad con lo que establece el artículo 2° transitorio del Decreto por el que se Declara Reformadas y Adicionadas Diversas Disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, vigente a partir del veintiocho de enero de dos mil dieciséis, de conformidad con los artículos 258, en armonía con el diverso ordinal 238, ambos de la Ley de Amparo; así como se remitirá este expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente para seguir el trámite de inejecución. NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY.

  4. Principal

    I.- Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta remitido por la Subdelegada Jurídica adscrita a la Oficina de Representación en Quintana Roo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con sede en esta ciudad, mediante en cumplimiento a lo solicitado en acuerdos de doce y trece de noviembre del año en curso, informa las gestiones realizadas en las que dio total cumplimiento a la sentencia dictada en autos, remitiendo diversas constancias en copia certificada para acreditar tal circunstancia. En consecuencia, con apoyo en lo que establece el artículo 196 de la Ley de Amparo, con la documental remitida por la autoridad oficiante, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del término de TRES DÍAS computados a partir de que surta sus efectos la notificación de este proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento de que, en caso de no realizar manifestación alguna sobre el particular, conforme a lo establecido en el párrafo segundo del precepto legal antes invocado, este Juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Sirve de apoyo a lo anterior, por el principio que contiene, la tesis 2ª.XXXVIII/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, correspondiente al mes de marzo de mil novecientos noventa y nueve, página 315, que a la letra dice: INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CON EL APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).

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