Belman Olimpia Lopez Dominguez

Expediente 1269/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1269/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
16/11/2023

Partes del expediente

  • Belman Olimpia Lopez Dominguez

Actuaciones

  1. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa en su numeral 2, agréguese a los autos el oficio suscrito por la Jefa del Departamento de Asuntos Jurídicos 10 de la Oficina de Representación de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con sede en esta ciudad, derivado de la compulsa ordenada en el cuaderno incidental relativo a este expediente y que se ordena agregar a estos autos para surta efectos legales; mediante el cual remite diversas constancias certificadas en las que aparecen las relativas a la constancia de trámite respecto de la solicitud del reconocimiento de la condición de refugiado y la constancia temporal de la Clave Única de Registro de Población para extranjeros, expedidas a favor de los aquí quejosos. En tales condiciones, se tiene por recibido el oficio de cuenta y sus anexos para los efectos legales procedentes. 25/04/24 15:35:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b José Alfonso García López 2 Ahora bien, del contenido del oficio de cuenta, se advierte que se actualiza una causal de improcedencia que obliga al sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Para ilustrar este aserto, en primer término es necesario transcribir el contenido del artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, cuya literalidad es la siguiente: Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: ... XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. La cesación a que se refiere el artículo y fracción transcritos, se da por revocación o por sustitución, la primera, implica la desaparición o destrucción del acto reclamado y, la segunda, se presenta al sobrevenir un acto nuevo que incide en la vigencia o ejecutividad del primero. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, pues la autoridad lo revoca o decreta su insubsistencia como si se hubiere concedido el amparo, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica. El segundo supuesto, en cambio, se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, el cual se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. Hasta aquí el marco legal. Así pues, la hipótesis que en el presente asunto se actualiza es la primera, pues en el caso, cesaron los 25/04/24 15:35:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b José Alfonso García López 3 Amparo indirecto 1269/2023 efectos del acto reclamado, ya que de las constancias que remitió el Titular de la Oficina de Representación en Tapachula, Chiapas, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con residencia en esta ciudad, en apoyo a su informe de cuenta, se advierte que en acuerdo de veinte de octubre de dos mil veintitrés, admitió a trámite la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado a la parte quejosa Belman Olimpia López Domínguez y José Rafael Rodríguez Galea, por su propio derecho y en representación de los menores de edad de identidad protegida de iniciales I.G.R.L., D.M.R.L., A.M.R.L. y A.D.M.L., y además, otorgó la constancia temporal de la Clave Única de Registro de Población para Extranjeros, anexando copia certificada de los mismos para acreditarlo. Asimismo, les requirió para que comparecieran ante el Centro de Registro de la Oficina de Representación en Tapachula Chiapas, de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, a realizar el llenado de formulario de registro, toma de fotografía de titular y dependientes para la emisión de la Constancia de Trámite, recepción de datos biométricos para la emisión de la CURP y llenado de formulario de detención de necesidades; lo anterior, para la continuación de su procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado. Entonces, si la parte quejosa acudió a solicitar la protección constitucional por la falta de expedición de la constancia de trámite respecto de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado y la Clave Única de Registro de Población para extranjeros que con motivo de la negativa de admitir a trámite la solicitud de refugio dejaron de otorgar las responsables a los quejosos, es claro que cesaron los efectos del acto reclamado, pues 25/04/24 15:35:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b José Alfonso García López 4 la potestad responsable citada, admitió a trámite formalmente la solicitud de refugiado de los quejosos Belman Olimpia López Domínguez y José Rafael Rodríguez Galea, por su propio derecho y en representación de los menores de edad de identidad protegida de iniciales I.G.R.L., D.M.R.L., A.M.R.L. y A.D.M.L., ordenando la emisión de la constancia de trámite, así como le hizo entrega de la constancia temporal de la Clave Única de Registro de Población para Extranjeros; de manera que se restituyó a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica. Sirve de apoyo la jurisprudencia 59, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1 que se lee: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. 1 Publicada en la página 38, del Tomo IX, correspondiente al mes de junio de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. 25/04/24 15:35:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b José Alfonso García López 5 Amparo indirecto 1269/2023 Así como la diversa jurisprudencia 2a./J. 205/20082 de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, de contenido: CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto. Se destaca que, si bien dichas jurisprudencias son anteriores a la Décima Época, aun así son aplicables a la Ley de Amparo vigente, atento que no se oponen a la misma, conforme lo establece su transitorio sexto; aunado a que la causal de improcedencia estudiada, esto es, la cesación de efectos del acto reclamado, continúa 2 Visible en la página 605, Tomo XXIX, Enero de 2009, Novena Época, con registro 168189, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 25/04/24 15:35:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b José Alfonso García López 6 establecida en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia. CONCLUSIÓN En consecuencia, es evidente que en la especie, ha ocurrido un motivo que torna improcedente el presente juicio de amparo, porque han cesado los efectos de los actos reclamados. Por lo que sobreviene la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo y en consecuencia, con apoyo en el dispositivo 63, fracción V, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, Constitucionales, es procedente sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Tiene aplicación la jurisprudencia 10, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, marzo de 2003, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor literal siguiente: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la Ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos del sobreseimiento; estos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Atento a lo expuesto, se deja sin efecto la fecha señalada para la audiencia constitucional programada para las nueve horas con treinta y siete minutos del ocho de diciembre de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente.

  2. Incidental

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa en su numeral 2, agréguense a los autos el oficio suscrito por la Jefa del Departamento de Asuntos Jurídicos 10 de la Oficina de Representación de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con sede en esta ciudad, y anexo que acompaña, a través del cual informa el cumplimiento de la suspensión definitiva decretada. Por lo tanto, se tienen por hechas sus manifestaciones para los efectos legales procedentes. Se tiene a la responsable de trato autorizando como delegados de su intención y señalando como domicilio para el efecto de oír y recibir notificaciones a los profesionistas y la dirección que cita en su ocurso de mérito, de conformidad con los artículos 9 y 28 de la Ley de la Materia. Por último, realícese el cotejo y compulsa de las citadas documentales para ser agregadas en el cuaderno principal, y surtan los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  3. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a catorce de noviembre de dos mil veintitrés. ESTADO DE AUTOS Vista la certificación que antecede, se advierte que el diecinueve de octubre de dos mil veintitrés, el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante Circular 28/2023, hizo del conocimiento que en sesión extraordinaria celebrada en la misma data, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, determinó que debido a las manifestaciones llevadas a cabo por los integrantes del Poder Judicial de la Federación y sus sindicatos, con la finalidad de salvaguardar la seguridad y generar certidumbre a los usuarios del Sistema de Justicia Federal, declaró inhábiles del diecinueve al veinticuatro 25/04/24 15:35:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b José Alfonso García López 3 Amparo indirecto 1269/2023 de octubre del año en curso, y que se suspenden los plazos y términos en los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas. De igual forma, se señaló que de manera retroactiva, se declararon inhábiles el pasado dieciséis, diecisiete y dieciocho de este mes, en el entendido que aquellas actuaciones y diligencias que ya se hubieran celebrado subsistirá su validez. De igual forma, en alcance a la referida circular, en oficio de veinticinco de octubre de dos mil veintitrés, signado por el Coordinador de Titulares de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, comunicó que, con apoyo en el oficio de veinticuatro de octubre del año en curso, suscrito por el licenciado Jesús Gilberto González Pimentel, Secretario General del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, así como derivado de las solicitudes formuladas por las y los trabajadores de los Juzgados de Distrito, por causas de fuerza mayor (paro de labores), se ampliaba dicha suspensión de labores en los referidos Juzgados, declarándose inhábiles los días del veinticinco al veintinueve de octubre de dos mil veintitrés. En tales condiciones, se levanta la suspensión de los plazos y términos procesales decretada en el presente asunto, con la precisión de que dicha determinación implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. Asimismo, del estado de autos también se advierte que se encuentra transcurriendo el término concedido a la autoridad responsable Titular de la Oficina Representativa en Chiapas de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con residencia en esta ciudad, para que rinda su respectivo informe justificado. DIFERIMIENTO. Por lo tanto, a fin de no dejar a las partes en estado de indefensión, se difiere la fecha para la celebración de la audiencia constitucional, y se señalan las nueve horas con treinta y siete minutos del ocho de diciembre del año en curso. Inscríbase esta determinación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para los efectos estadísticos correspondientes. Notifíquese.

  4. Incidental

    En la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordoñez, Estado de Chiapas, a las nueve horas con cuarenta minutos del trece de octubre de dos mil veintitrés, la licenciada Rosa Patricia Córdova Rangel, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistida por el licenciado José Alfonso García López, Secretario del Juzgado con quien actúa, declaró abierta la audiencia en el presente incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1269/2023, sin la asistencia personal de ninguna de las partes. A continuación, el Secretario da cuenta con la relación de constancias, en las que obran y destacan las siguientes: No. Constancias Fojas 1 Copia de la demanda de amparo 1 a 8. 2 Suspensión provisional 18 a 26. 3 Emplazamiento a la autoridad responsable. 29. De igual forma, se hace constar que la autoridad responsable Titular de la Oficina Representativa en Chiapas de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con sede en esta ciudad, omitió rendir su respectivo informe previo y en autos consta su legal emplazamiento. Asimismo, se hace constar que la siguiente relación coincide con la autoridad responsable y el sentido de su informe previo rendido: No. Autoridad Sentido Foja 25/04/24 15:35:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b José Alfonso García López 2 responsable 1 Titular de la Oficina Representativa en Chiapas de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con sede en esta ciudad. Omitió Al respecto, la Titular acuerda: tómese en cuenta al resolver el presente asunto, la omisión de la citada autoridad de rendir informe previo. Acto seguido se abre la etapa de pruebas: el secretario hace constar que las partes ofrecieron los siguientes medios de convicción: No. Parte Pruebas Fojas 1 Quejosa Documentales. 9-16. Al respecto, la titular acuerda: con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, ténganse por admitidas y desahogadas las documentales ofrecidas por la parte quejosa, en virtud de su propia y especial naturaleza, con lo cual se declara dicha fase. Acto continuo, se abre el periodo de alegatos: El secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló. Por lo tanto, la Jueza acuerda: con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se orden dictar la siguiente resolución. VISTOS para resolver los autos del incidente de suspensión, relativo al juicio de amparo número 1269/2023; y, R E S U L T A N D O: 25/04/24 15:35:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b José Alfonso García López 3 Amparo indirecto 1269/2023 ??????????????? ÚNICO. Belman Olimpia López Domínguez y José Rafael Rodríguez Galea, por su propio derecho y en representación de los menores de edad de identidad protegida de iniciales I.G.R.L., D.M.R.L., A.M.R.L. y A.D.M.L., reclamaron de las autoridades responsables los actos que hicieron consistir en: La dilación en la tramitación del procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado al señalar un plazo fuera de término establecido por la ley. La expedición del citatorio de once de septiembre de dos mil veintitrés, recaído a la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, con número de cita 230465. La omisión de expedir la Clave Única de Registro de Población (CURP) y no permitir el acceso a servicios de salud. Asimismo, se hace precisión que la parte quejosa solicitó la suspensión de los actos reclamados a fin de que se expida y entregue al quejoso la constancia de trámite de refugio y CURP. En ese sentido, cabe aclarar que se ajustarán los efectos de la medida suspensiva de trato, en aras de fijar la situación en que deberá de quedar el estado de las cosas para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio principal. Máxime porque, como se precisará a continuación, los alcances de la suspensión tratándose del acto reclamado, se encuentran expresamente previstos en la Ley de Amparo. Resulta aplicable al caso la tesis de jurisprudencia P./J. 4/2019 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS 25/04/24 15:35:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b José Alfonso García López 4 Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA. C O N S I D E R A N D O: ÚNICO. Análisis de los elementos jurídicos de la suspensión en el amparo. Este órgano jurisdiccional procede al análisis de los elementos jurídicos respecto de la suspensión definitiva solicitada. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS La autoridad responsable Titular de la Oficina Representativa en Chiapas de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con sede en esta ciudad, omitió rendir su respectivo informe previo, no obstante que a foja 29 de autos, aparece glosada la constancia de entrega del oficio 24552/2023 por el que se le solicitó, por lo que se encuentra legalmente notificada de la demanda de amparo. Por lo tanto, procede la actualización de la presunción de certeza que deriva del artículo 142 de la Ley de Amparo y tener por cierta la existencia de los actos reclamados, únicamente para el efecto de resolver el presente incidente de suspensión. Máxime que en la especie, el acto reclamado a la citada autoridad responsable es de naturaleza omisiva, de tal manera que si la potestad aduce su inexistencia, se encuentra obligada a acreditar la actuación que en concreto haya realizado. 25/04/24 15:35:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b José Alfonso García López 5 Amparo indirecto 1269/2023 ??????????????? NATURALEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 85/2018 de su índice, que dio origen a la jurisprudencia 70/2019, de registro digital 2021263 de rubro: SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA, al analizar e interpretar los artículos 107, fracción X, primer párrafo de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo vigente, denotó que la suspensión de los actos reclamados guarda un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea como medidas conservativas o de tutela anticipada. En ese sentido, la naturaleza de los actos mismos no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado" que refiere el referido precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado, condicionando los efectos de la suspensión a que no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo. En la especie, el acto reclamado se hace consistir en la negativa de expedición de la constancia de trámite respecto de la solicitud de reconocimiento a la 25/04/24 15:35:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b José Alfonso García López 6 condición de refugiado [CUR] y la Clave Única de Registro de Población [CURP], por lo que este órgano jurisdiccional considera que con la concesión de esta medida suspensiva no quedaría sin materia una eventual sentencia protectora en el juicio principal, por ese acto reclamado. Lo anterior, toda vez que la naturaleza de vigencia de la Clave Única de Registro de Población, es de carácter temporal, lo cual tiene justificación en el Instrumento Normativo para la Asignación de la Clave Única de Registro de Población, del que se desprende que los extranjeros tiene la posibilidad de ostentar ese documento, con la finalidad de acceder a diversos servicios públicos, entre ellos salud y educación, para evitar que su personalidad jurídica sea vulnerada. Corolario de lo anterior, debe destacarse que la temporalidad de los documentos de que se trata, depende de las condiciones previstas en el Instrumento Normativo para la Asignación de la Clave Única de Registro de Población, es decir, uno de los documentos de identificación cuya expedición se solicitó, tiene una vigencia que no puede exceder de ciento ochenta días naturales, pudiendo darse de baja la clave, en las hipótesis que en dicho instrumento se describen. Al efecto, se destaca la jurisprudencia de la Primera Sala de Justicia de la Nación, con datos de localización Registro digital: 2024808, Instancia: Primera Sala, Undécima Época, Materias(s): Constitucional, Administrativa, Tesis: 1a./J. 76/2022 (11a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 14, Junio de 2022, Tomo V, página 4170, Tipo: Jurisprudencia, de rubro y texto siguientes: PERSONAS SOLICITANTES DE LA CONDICIÓN DE REFUGIADO. DE LA INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE MIGRACIÓN 25/04/24 15:35:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b José Alfonso García López 7 Amparo indirecto 1269/2023 ??????????????? DERIVA QUE CUENTAN CON EL ACCESO EFECTIVO A LA CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN (CURP) MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO PREVISTO PARA ELLO. Hechos: Personas solicitantes de la condición de refugiado en México promovieron juicio de amparo indirecto en contra de la negativa de la autoridad de proporcionarles una Clave Única de Registro de Población (CURP). En el proceso alegaron la inconstitucionalidad del artículo 59 de la Ley de Migración, como la norma en la que se sustentó la negativa; el Juez de Distrito del conocimiento negó el amparo solicitado, ante lo cual los quejosos interpusieron recurso de revisión. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que para reconocer la validez constitucional del artículo 59 de la Ley de Migración no debe interpretarse como prohibitivo, limitante o excluyente del acceso de las personas solicitantes de la condición de refugiado a la Clave Única de Registro de Población (CURP). Al contrario, las personas solicitantes de la condición de refugiado tienen acceso efectivo a la CURP como manifestación de su derecho a la personalidad jurídica, pues este documento es un elemento que les permite acceder efectivamente a servicios de salud, educación, trabajo, etcétera. Justificación: La CURP se entiende como materialmente exigible para todas las personas solicitantes de la condición de refugiado, de manera que no se agrave su situación de vulnerabilidad. Esta decisión se afianza a partir de una interpretación conforme (desde un ámbito funcional, sistemático y armónico) del artículo 59 de la Ley de Migración con el sistema de protección de derechos humanos que rige en nuestro país, la práctica del Estado Mexicano y los compromisos adquiridos internacionalmente. De esta manera, se busca derribar los obstáculos administrativos que las personas solicitantes de asilo enfrentan en el goce y ejercicio de sus derechos fundamentales, tal y como es el derecho al trabajo o a la salud, entre otros. Al respecto, cabe destacar que el 18 de junio de 2018 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Instructivo Normativo para la asignación de la Clave Única de Registro de Población, en el cual se añadió como supuesto de asignación de la CURP temporal a los extranjeros solicitantes de la condición de refugiado y protección complementaria. Dicho acuerdo es consistente con la comprensión de la CURP como una herramienta registral, pero también como un documento llave de acceso a los servicios que otorga la Administración Pública Federal y, en consecuencia, como manifestación de la dimensión formal del derecho a la personalidad jurídica. De ahí que negar el acceso a la CURP o supeditarlo a una calidad migratoria de estancia no es consistente con las obligaciones estatales de protección, garantía y respeto de derechos humanos, sobre todo porque de esa manera 25/04/24 15:35:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b José Alfonso García López 8 se asignarían resultados desiguales sin justificación razonable a grupos con una importante situación de vulnerabilidad, como lo son las personas solicitantes de la condición de refugiado. Aunado a lo anterior, respecto a la Constancia de Trámite de la Solicitud de Reconocimiento a la Condición de Refugiado [CUR], si bien es cierto, que en el artículo 38 del Reglamento de la Ley Sobre Refugiados y Protección Complementaria, se prevé que la autoridad debe emitir dicha constancia de trámite respecto a solicitudes que han sido admitidas; también lo es que ello no conduce a considerar que la vigencia de la constancia en mención sea definitiva, sino provisional, pues en el mismo precepto legal se precisa que la referida constancia establecerá la entidad federativa en la que el solicitante debe permanecer, en tanto se resuelva su solicitud, misma que tendrá una vigencia de cuarenta y cinco días hábiles, que se contará a partir de la presentación de la solicitud, los cuales podrán ser prorrogados de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la propia ley. Máxime que en el mismo precepto legal se establece también, que en los casos que la Coordinación autorice al solicitante continuar su trámite en otra entidad federativa, se deberá expedir una nueva constancia, previo canje de la anterior, sin que ello implique la autorización de permanencia en territorio nacional bajo ninguna de las condiciones que señala la Ley de Migración. En ese contexto legal, se concluye que de concederse la suspensión definitiva, no tendría como consecuencia dejar sin materia el juicio de amparo, pues no tendría por efecto ordenar de manera definitiva la expedición de los documentos de que se trata, pues las normatividades que los rige establecen un lapso de 25/04/24 15:35:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b José Alfonso García López 9 Amparo indirecto 1269/2023 ??????????????? vigencia temporal, es decir, no se trata de un estatus definitivo. INTERÉS SUSPENSIONAL Y ANÁLISIS DE LA VULNERACIÓN AL ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL De lo previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 128, fracción I y 131 de la Ley de Amparo, se obtiene que para otorgar la suspensión de los actos reclamados, es indispensable que el promovente que solicite la medida cautelar demuestre indiciariamente que cuenta con interés suspensional. Éste se reconoce a partir de la demostración, por lo menos indiciaria, de la titularidad del derecho que se pretenda salvaguardar y que virtud de los actos reclamados generen una afectación por su transgresión directa, o bien, por la especial situación en que se encuentra el gobernado. En esas condiciones, el otorgamiento de la medida cautelar en ningún caso podrá tener por efecto modificar o restringir derechos, ni constituir aquellos que no tengan existencia jurídica antes de la presentación de la demanda. En el presente caso, la parte quejosa demuestra contar con interés suspensional suficiente para solicitarla con las documentales que anexa a la copia de su demanda de amparo. Al efecto, es aplicable la tesis I.4o.A.15 K (10a.), emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página dos mil ciento sesenta y seis, Libro XIX, Tomo 3, abril de dos 25/04/24 15:35:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b José Alfonso García López 10 mil trece, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: INTERÉS SUSPENSIONAL. SU NOCIÓN EN EL CONTEXTO DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN X, PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011. El citado precepto constitucional dispone que para resolver sobre la suspensión de los actos reclamados, cuando la naturaleza de éstos lo permita, el juzgador deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social, expresión que destaca diversos elementos que deben tomarse en consideración para decidir sobre la procedencia de esa medida cautelar. En ese contexto, se considera que la noción de interés suspensional, en relación con el diverso numeral 124, fracción III, de la Ley de Amparo, corresponde a la verosimilitud de la titularidad del derecho afectado por la emisión del acto de autoridad o su ejecución, para lo cual se necesita acreditar, al menos indiciariamente, el derecho para obtener la medida cautelar solicitada. En otras palabras, el denominado interés suspensional es el vínculo entre quien solicita la medida cautelar por la posibilidad de afectación a su esfera jurídica, con una determinada relación sustancial, en la inteligencia de que ese interés es distinto de la mera solicitud a que alude la fracción I del citado artículo 124, pues ésta únicamente debe entenderse como una condición para acceder a la medida cautelar, cuya existencia permite al Juez de amparo analizar si se cumplen los requisitos de los que depende su otorgamiento. De ahí que el interés suspensional pueda considerarse comprendido en la apariencia del buen derecho, que se traduce en la justificación preliminar de la titularidad del derecho en juego. Por otro lado, debe decirse que en esta estadía procesal no se advierte que con la concesión de la medida cautelar se contravenga el interés social o que se contravengan disposiciones de orden público, que son nociones íntimamente vinculadas en la medida que el primero tiende al arreglo o composición de la comunidad, con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población, mientras que el segundo, se traduce en la necesidad de 25/04/24 15:35:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b José Alfonso García López 11 Amparo indirecto 1269/2023 ??????????????? beneficiar a la sociedad, o bien, evitarle a aquella algún mal, desventaja o trastorno. En ese sentido, éste órgano jurisdiccional considera que en atención a la dimensión formal o instrumental del derecho a la personalidad jurídica y al principio de interdependencia de los derechos fundamentales, no es posible ser titular de derechos económicos, sociales y culturales si se carece de las condiciones propicias para adquirirlos, ejercerlos y exigirlos; por lo que, en esa relación subyace el deber del Estado, de adoptar medidas generales de manera progresiva y medidas de carácter inmediato para asegurar la garantía de los derechos reconocidos; lo que en el caso puede lograrse justamente a través de la suspensión del juicio de amparo, porque sin otorgar de forma definitiva la validez de la constancia de trámite respecto de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado y la Clave Única de Registro de Población (CURP) para extranjeros, puede concederse la suspensión definitiva para que esos documentos sean expedidos de forma provisional, logrando con ello alcanzar el objetivo de la suspensión del juicio de amparo y consecuentemente, la implementación de una medida cautelar que garantice el acceso a los migrantes de los derechos del juicio de amparo, al no constituir una medida definitiva. Es aplicable la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con datos de localización Registro digital: 2024786, Instancia: Primera Sala, Undécima Época, Materias(s): Constitucional, Tesis: 1a./J. 81/2022 (11a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 14, Junio de 2022, Tomo V, página 4165, Tipo: Jurisprudencia, de rubro y texto siguientes: 25/04/24 15:35:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b José Alfonso García López 12 DERECHOS DE PERSONAS MIGRANTES. LA GARANTÍA DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES REQUIERE DE LOS MEDIOS NECESARIOS PARA EJERCERLOS EFECTIVAMENTE. Hechos: Personas solicitantes de la condición de refugiado en México promovieron juicio de amparo indirecto en contra de la negativa de la autoridad de proporcionarles una Clave Única de Registro de Población (CURP), pues ello les impedía acceder efectivamente a servicios de salud, educación, trabajo, etcétera. En el proceso, los quejosos alegaron la inconstitucionalidad de los artículos 52 y 59 de la Ley de Migración en los que se sustentó la negativa; el Juez de Distrito del conocimiento negó el amparo solicitado, ante lo cual los quejosos interpusieron recurso de revisión. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que el reconocimiento de derechos económicos, sociales y culturales a personas migrantes se torna ilusorio si éstos no pueden acceder a los medios, instrumentos o herramientas necesarios para ejercerlos efectivamente. Por lo tanto, el Estado tiene el deber de eliminar todos los obstáculos existentes que, de iure o de facto, enfrentan las personas migrantes en el acceso efectivo a sus derechos fundamentales. Justificación: La garantía de un derecho implica la obligación del Estado de tomar todas las medidas necesarias para "remover" los obstáculos que puedan existir, para que los individuos disfruten y efectivamente ejerzan los derechos fundamentales reconocidos. En atención a la dimensión formal o instrumental del derecho a la personalidad jurídica y al principio de interdependencia de los derechos fundamentales, no es posible ser titular de derechos económicos, sociales y culturales si se carece de las condiciones propicias para adquirirlos, ejercerlos y exigirlos. En esta relación subyace el deber de los Estados de adoptar medidas generales de manera progresiva y medidas de carácter inmediato para asegurar la garantía de los derechos reconocidos. Por lo tanto, alcanzar la efectividad de los derechos no depende exclusivamente de la promulgación de disposiciones constitucionales o legislativas, sino que los Estados deben realizar actividades concretas para que las personas bajo su jurisdicción puedan disfrutar y ejercer sus derechos. Cabe agregar, que en el caso, se trata de una tutela provisional de derechos que son inherentes a las personas y la condición expresada sobre su vulnerabilidad por ser migrantes, mismos que se encuentran en condiciones de marginación públicamente sabida por el ámbito 25/04/24 15:35:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b José Alfonso García López 13 Amparo indirecto 1269/2023 ??????????????? internacional, además de haber solicitado se les reconozca la condición de refugiados, sobre todo porque dos quejosos son menores de edad, por lo que requieren la máxima tutela de la función de su interés superior, siendo ese el motivo esencial que se debe valorar para decretar la suspensión definitiva. DECISIONES Y CONDICIONANTES Con fundamento en los artículos 128, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva del acto reclamado, para el efecto de que la autoridad responsable expida a la parte quejosa de forma provisional la Constancia de Trámite de Reconocimiento de la Condición de Refugiados [CUR], así como la Clave Única de Registro de Población (CURP), hasta en tanto se comunique la determinación que declare firme la sentencia que se dicte en el juicio de amparo principal. En el entendido de que la presente determinación no vincula a la autoridad responsable para admitir de facto la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiados respectiva, quedando por tanto en libertad de jurisdicción para resolver, si así lo decidiere, sobre la admisión o no de la solicitud mencionada. Además, se comunica a la autoridad responsable que la emisión de la Constancia de Trámite de Reconocimiento de la Condición de Refugiados [CUR], así como de la Clave Única de Registro de Población [CURP], se encontrará sujeta a que la parte quejosa cumpla con los requisitos legales para su expedición. CUMPLIMIENTO 25/04/24 15:35:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.7e.9b José Alfonso García López 14 La medida cautelar que se concede deberá de ser acatada por la autoridad responsable y aquella que resulte vinculada, con el apercibimiento de que en caso de desobediencia, se actualizaría la hipótesis contenida en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 138, 140 y 144 de la Ley de Amparo aplicable al presente asunto; se, RESUELVE: ÚNICO. Se concede a Belman Olimpia López Domínguez y José Rafael Rodríguez Galea, por su propio derecho y en representación de los menores de edad de identidad protegida de iniciales I.G.R.L., D.M.R.L., A.M.R.L. y A.D.M.L., la suspensión definitiva solicitada contra los actos y autoridades que se indican en el considerando único del presente fallo, en los términos ahí especificados. Notifíquese.

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