Bellanira Palmer Montejo

Expediente 625/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. 12 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
625/2022
Año
2022
Actuaciones
12
Última actuación
26/09/2022

Partes del expediente

  • Bellanira Palmer Montejo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Ciudad del Carmen, Campeche, veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la quejosa interpusiera recurso de revisión en contra del auto de dos de septiembre de dos mil veintidós, que decretó el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, transcurrió del siete al veintitrés de septiembre del año en curso, con exclusión de los días diez, once, catorce, dieciséis, diecisiete y dieciocho de septiembre de dos mil veintidós, por haber sido inhábiles, en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo, así como el quince de septiembre de dos mil veintidós, de conformidad con la Circular 5/2022 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, sin que dentro de dicho plazo interpusiera el aludido medio de impugnación. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que el auto de dos de septiembre de dos mil veintidós, que decretó el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Por otro lado, toda vez que de la certificación secretarial de cuenta, se desprende que en este juicio de amparo no obran documentos originales exhibidos por las partes, por tanto, remítase al archivo definitivo como asunto concluido. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que este juicio de amparo no es considerado de relevancia documental. Asimismo, transcurrido el plazo de tres años contados a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme a los artículos 21, inciso a), y 24 del referido Acuerdo General. DESTINO DEL DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN (SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN) En relación con el duplicado del cuaderno incidental, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General, debe destruirse; por lo que una vez transcurrido el plazo de seis meses de archivo como asunto concluido, procédase a su destrucción. DESTINO DEL ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN (SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN) En atención a que en el incidente de suspensión se concedió la suspensión provisional y se dejó sin materia en la suspensión definitiva, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cuaderno original del incidente de suspensión es depurable y por tanto es conservable durante tres años en este órgano jurisdiccional y transferible a los depósitos documentales de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que se cumplan los tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. En consecuencia, hágase constar su valoración en las carátulas del expediente principal y de los cuadernos original y duplicado del incidente de suspensión, mediante las leyendas "destruible" y "depurable", según corresponda, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del citado Acuerdo General. Realícense las anotaciones en el Libro Uno del Juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese por lista a las partes y por oficio a la autoridad responsable

  2. Principal

    Ciudad del Carmen, Campeche, nueve de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos, sin mayor pronunciamiento, el oficio DSPVYTM/UJ/2477/2022, de la Directora de Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito del Municipio de Carmen, Campeche, mediante el cual, rinde su informe justificado, lo anterior, en razón de que el dos de septiembre de dos mil veintidós, se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo en que se actúa. Notifíquese por lista.

  3. Incidental

    Ciudad del Carmen, Campeche, siete de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos, sin mayor pronunciamiento, el oficio número DSPVYTM/UJ/2476/2022, de la Directora de Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito del Municipio de Carmen, Campeche, mediante el cual, rinde su informe previo; lo anterior, en razón de que, mediante resolución de dos de septiembre de dos mil veintidós, se declaró sin materia la presente incidencia. Cúmplase.

  4. Principal

    Ciudad del Carmen, Campeche, dos de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio S.A./3798/2022 de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, mediante el cual, rinde su informe justificado en el sentido de que no es cierto el acto reclamado. Como justificación a su informe, la Presidenta de la Junta responsable, remite diversas copias certificadas del expediente laboral 344/2019 Bis. En consecuencia, con fundamento en el artículo 119, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la autoridad responsable las constancias que adjunta a su informe justificado, las cuales, se desahogan dada su propia y especial naturaleza. Ahora bien, el artículo 62 de la Ley de Amparo, establece que las causas de improcedencia deben analizarse de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Mientras que, el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede, entre otros supuestos, cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de ese mismo ordenamiento. Ahora bien, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, a saber: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento;" De conformidad con el precepto legal transcrito, el juicio de amparo resulta improcedente cuando el quejoso ha consentido expresamente el acto reclamado, o bien, ha hecho manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. En ese sentido, el consentimiento a que se refiere dicho numeral debe ser el de un acto emitido por una autoridad respecto del cual el quejoso exprese de manera clara e indiscutible estar de acuerdo con él, que lo aprueba o que da su anuencia, o bien, que ejecute actos voluntarios que supongan ese consentimiento. Así que para tener por consentido un acto de autoridad, es necesario que dicho acto exista, que le produzca un agravio al gobernado en su esfera jurídica y que éste se haya conformado expresamente con él o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. La expresión del consentimiento del acto reclamado por parte del quejoso a que alude el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, constituye una regla de derecho conforme a la cual no resulta procedente examinar la constitucionalidad de un acto o ley cuando ha mediado el consentimiento expreso de la parte quejosa, entendiendo por esto la conformidad que se manifiesta a través de signos externos inequívocos, responde evidentemente a un principio de certidumbre jurídica orientado a evitar que la parte quejosa haga uso del juicio de amparo para desconocer y sustraerse ilegítimamente de los efectos de la conducta que ella misma haya exteriorizado de manera libre y espontánea con arreglo al acto o ley de que se trate, pero para ello se requiere que exista el acto (en tratándose de leyes que la hipótesis que ella establece se actualice) y que cause perjuicio al quejoso; de lo contrario, se restringiría el acceso a la jurisdicción constitucional a la que todo gobernado tiene derecho en términos de los artículos 17, 103 y 107 de la Carta Magna. El consentimiento expreso debe significar, en todo caso, una consecuencia para aquel que teniendo la posibilidad de acudir al juicio de amparo en reclamo de sus derechos, opta por someterse a los efectos perjudiciales del acto o ley reclamada, pues sólo en ese supuesto puede afirmarse que la promoción del juicio se tornaría ilegítima en cuanto a que con ella se pretendería sustraer de su conducta precedente. Ello es así, porque de conformidad con lo dispuesto por los numerales 5 y 61, fracción XII, de la ley de la materia, el juicio de garantías únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame, lo que significa que el ejercicio de la acción constitucional se encuentra reservada para quien resiente un perjuicio actual, de ahí la importancia de uno de los principios fundamentales del juicio de amparo en cuanto a que éste únicamente pueda promoverse por la parte a quien perjudique la ley o el acto; en tal virtud, es presupuesto indispensable para el examen de la controversia constitucional, la causación de un perjuicio en contra del particular. En segundo término, lo dispuesto por la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, también lleva a considerar que para la procedencia del juicio constitucional se requiere previamente que el gobernado tenga interés jurídico para reclamar su derecho y que éste resulte afectado por la ley o el acto, los cuales deben darse al momento en que la ley entre en vigor o en que se dé el acto concreto de aplicación; por ello, para la procedencia del juicio de garantías se requiere, entre otras cuestiones, la afectación a los intereses jurídicos del quejoso. Así pues, tomando en cuenta lo expuesto, se puede considerar que se consiente expresamente un acto o una ley cuando el particular realiza una conducta de manera espontánea que se apoye en dicho acto o ley, es decir, cuando se produce una conducta concreta con la que se está cumpliendo una orden de autoridad o se está sometiendo a los supuestos normativos de un ordenamiento; en tanto que el acto se consiente de manera tácita o implícita cuando se realizan manifestaciones de voluntad. Bajo ese contexto, en el caso, mediante escrito presentado a las once horas con veinticuatro minutos del veintitrés de agosto de dos mil veintidós, en la Oficialía de Partes de este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, Bellanira Palmer Montejo, promovió demanda de amparo contra los actos de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen y otra autoridad, consistente en el acuerdo de cinco de agosto de dos mil veintidós, dictado en el juicio laboral 334/20219 BIS, mediante el cual, se ordenó girar oficio al Director de Seguridad Pública y Transportes, para que por su conducto se presentaran a las once horas del veintitrés de agosto de dos mil veintidós. Ahora bien, la autoridad responsable Presidenta de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, en su informe justificado negó la existencia del acto reclamado con el argumento de que si bien es cierto que en auto de cinco de agosto de dos mil veintidós, acordó que para efectos de no obstaculizar el cumplimiento del laudo emitido en el juicio laboral 334/2019 BIS, se hicieron efectivos los apercibimientos decretados en autos y se ordenó la presentación por conducto de la fuerza pública de Bellanira Palmer Montejo, a las once horas del veintitrés de agosto de dos mil veintidós, para el efecto de que proporcionara información que en múltiples se le solicitaron. Lo cierto es que, la audiencia señalada para las once horas del veintitrés de agosto de dos mil veintidós, si se celebró en razón de que la quejosa Bellanira Palmer Montejo, se presentó voluntariamente ante la junta responsable, con el fin de proporcionarle la información requerida. Para corroborar su dicho la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de la Local de conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, remite diversas copias certificadas del expediente laboral 344/2019 Bis, de los que se advierte que la quejosa compareció voluntariamente a las once horas del veintitrés de agosto de dos mil veintidós. Copias certificadas a las que se les confiere con valor probatorio pleno, en su calidad de instrumental de actuaciones judiciales acorde a lo establecido por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por tanto, se estima que la manifestación de la quejosa Bellanira Palmer Montejo, de someterse a lo ordenado por la junta responsable en el sentido de presentarse voluntariamente a las once horas del veintitrés de agosto de dos mil veintidós, para el efecto de que proporcionara la información requerida entraña el consentimiento del acto reclamado, lo que actualiza la causa de improcedencia invocada, ya que es voluntad de la quejosa dar cumplimiento a lo ordenado por la Junta Especial Número Dos de la Local de conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. Por consiguiente, al estar claramente demostrado que el acto fue consentido, en razón de que la quejosa Bellanira Palmer Montejo, asistió de forma voluntaria a las las once horas del veintitrés de agosto de dos mil veintidós, ante la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, para el efecto de que proporcionara la información que en múltiples le fue solicitada, en el del juicio laboral 334/2019 BIS, con fundamento en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, se decreta el SOBRESEIMIENTO fuera de audiencia en este juicio de amparo. No se soslaya, que en auto de veintiséis de agosto de dos mil veintidós, se reconoció el carácter de terceros interesados a: a: 1. Francisco Amado Cumi Montejo. 2. Catermar de México, sociedad anónima de capital variable, con domicilio ubicado en calle 68, entre 35 A y 35 B número 16, colonia San Agustín del Palmer. Por la tanto, con fundamento en el artículo 116, párrafo primero, de la Ley de Amparo, con copia simple de la demanda,se ordenó emplazar a juicio por conducto de quien legalmente la represente a la mencionada persona moral tercera interesada precisada en el inciso 2). Por otra parte, toda vez que, la quejosa no refirió domicilio para emplazar al tercero interesado Francisco Amado Cumi Montejo; por tanto, se determinó que una vez que se recibiera el informe justificado de la autoridad responsable; se acordaría lo conducente a su emplazamiento. No obstante, la falta de emplazamiento a juicio de los terceros interesados, no impide resolver en definitiva este juicio de amparo, pues ningún agravio les irroga el sentido de este proveído. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia 531 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada Apéndice de 1995. Tomo VI, Parte SCJN, página 349, Séptima Época, intitulada: "TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARA. Si bien es cierto que de conformidad con lo establecido por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, la regla general es que cuando el tercer perjudicado no ha concurrido legalmente al juicio debe ordenarse la reposición para que se subsane esa irregularidad, pues cabe suponer que podría dictarse un fallo sin haberle dado oportunidad de defenderse debidamente, ello no procede cuando se advierte de manera notoria que la sentencia lo favorecerá, no produciéndole beneficio alguno la reposición del procedimiento, sino, por el contrario, causándole perjuicio, cuando menos en cuanto al tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiéndose en ese caso pronunciar la resolución que corresponda; fundándose esta interpretación en que el propósito del precepto citado, así como de las tesis formuladas en relación con él, es que no queden en pie irregularidades procesales que pudieran lesionar a alguna de las partes, lo que no sucede en la hipótesis especificada." Hágase las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno de este Juzgado de Distrito y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente al quejoso, a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y por oficio a las autoridades responsables.

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