Bella Nery Hernández Gómez
Expediente 549/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 7 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 549/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 24/05/2019
Partes del expediente
- Bella Nery Hernández Gómez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Visto el cómputo que antecede realizado por el Secretario, así como el estado que guardan los autos, de los que se desprende que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja en contra del auto de ocho de mayo de dos mil diecinueve, en el que se desechó la demanda de amparo. Atento a lo anterior, con apoyo en dicho precepto legal invocado en el párrafo que antecede, se declara firme el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. Hágase las anotaciones en el libro de gobierno. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de garantías; además no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por la quejosa ... mediante el cual da cumplimiento a la prevención realizada en proveído de veintiséis de abril del año en curso. A efecto de proveer respecto lo que en derecho proceda debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4 cuyo rubro y texto son los siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Esencialmente, la jurisprudencia en cuestión refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Al dar contestación al inciso C de la prevención realizada en proveído de veintiséis de abril de dos mil diecinueve, la quejosa transcribe entre sus antecedentes el auto de ocho de abril del año en curso, dictado por el Juez Cuarto de Distrito de Amparo y Juicios Federales, en el Juicio Ordinario Mercantil 329/2016, del cual emana el acto reclamado, y cuyo contenido es el siguiente: "agréguense a los autos el escrito signado por ...quien promueve con la personalidad que legalmente tiene reconocido en autos, mediante el cual, solicita se requiera la parte sentenciada el cumplimiento de la sentencia condenatoria y demás accesorios, al efecto y por cuanto el estado procesal de los autos lo permite, con fundamento en los artículos 1º, fracción V, 47 y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el artículo 1071 del Código de Comercio, gírese despacho al Juez del Ramo Civil, con residencia en Villaflores, Chiapas, para que ordene al actuario judicial de su adscripción, se constituya al domicilio de los sentenciados Ayuntamiento Constitucional de El Parral, Chiapas, Presidente Municipal, Síndico Municipal, Tesorero Municipal y Director de Obras Públicas Municipales, todos de El Parral, Chiapas, ubicado en 1ª Avenida Sur Poniente, Sin Número, del municipio del El Parral, Chiapas, y les requiera para que en el acto hagan el pago de las prestaciones a que fueron condenados en sentencia definitiva de veintitrés de julio de dos mil dieciocho (fojas 761 a la 786 del tomo II), interlocutoria de liquidación de gastos y costas de siete de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 917 a la 927 del tomo II) e interlocutoria de liquidación de intereses moratorios de veinte de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 847 a la 953 del tomo II), apercibiéndoles que en caso de omisión, se aplicara en su contra la medida de apremio contenida en la fracción IV del artículo 1067 Bis del Código de Comercio, que en su caso podrá ser arresto hasta por treinta y seis horas, con independencia de seguirse despachando otras medidas de apremio con la misma finalidad, hasta vencer la posible contumacia.". Por lo tanto, de lo que se duele la peticionaria de amparo es el auto por el que, en su carácter de parte demandada, la responsable le requiere el cumplimiento de la sentencia condenatoria de veintitrés de julio de dos mil dieciocho, apercibiéndola que en caso de ser omisa se aplicaría en su contra la medida de apremio; que en su caso podrá ser arresto hasta por treinta y seis horas; proveído emitido en etapa de ejecución de sentencia. Lo anterior permite advertir que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. La norma legal en cita refiere que el juicio de amparo es improcedente cuando la ley conceda algún recurso o medio de defensa, por virtud del cual las resoluciones judiciales, administrativas o del trabajo, puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, razón por la que obligatoriamente deben agotarse dichos recursos. En ese tenor, se destaca que el principio de definitividad del juicio de amparo supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige al acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo; por lo que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación sin que en su oportunidad sea interpuesto por el quejoso, el amparo es improcedente. El principio en comento se fundamenta en la naturaleza propia del amparo, ya que esta es una vía extraordinaria, sui generis, de invalidar los actos de las autoridades, en las diversas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan agotado todas las instancias procedentes para combatir el acto de autoridad que les causa algún agravio. En tal virtud, solo puede promoverse el juicio de amparo, cuando la legislación que norma el acto reclamado, no brinda al afectado ningún recurso o medio de defensa legal, o cuando explícitamente la ley disponga una excepción a dicho principio. Por lo que, de la interpretación literal de la referida causal, se advierte que el juicio de amparo es improcedente, tratándose de resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo, cuando: i) El acto reclamado sea efectivamente una resolución proveniente de un tribunal judicial; ii) La ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; iii) Ese recurso o medio de defensa esté previsto dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y, iv) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial o jurisdiccional pueda ser modificada, revocada o nulificada. De lo que se sigue, que al combatir la quejosa el acuerdo de ocho de abril dos mil diecinueve, dictado por el Juez Cuarto de Distrito de Amparo y Juicios Federales, en el Juicio Ordinario Mercantil 329/2016, era necesario que agotara el recurso que la ley prevé; en el caso, el de apelación previsto en los artículos 1341, 1345, fracción IX en relación con 1345 Bis 8, del Código de Comercio. Al respecto, dichos numerales señalan: "Artículo 1341.- Las sentencias interlocutorias son apelables, si lo fueren las definitivas conforme al artículo anterior. Con la misma condición, son apelables los autos si causan un gravamen que no pueda repararse en la definitiva, ó si la ley expresamente lo dispone." "Artículo 1345.- Además de los casos determinados expresamente en la ley, en la forma y términos que se establecen en este Capítulo, se tramitarán de inmediato las apelaciones que se interpongan: (.) IX. Contra las resoluciones o autos que siendo apelables se pronuncien en ejecución de sentencia." "Artículo 1345 bis 8.- De los autos y de las sentencias interlocutorias de tramitación inmediata, de los que se derive una ejecución que pueda causar un daño irreparable o de difícil reparación y la apelación proceda en el efecto devolutivo, se admitirán en ambos efectos si el apelante lo solicita al interponer el recurso, y señala los motivos por los que se considera el daño irreparable o de difícil reparación. (...)" Al respecto, de ser el caso que se hiciera efectivo el arresto hasta por treinta y seis horas, claramente se causaría a la quejosa un perjuicio irreparable, por lo cual, el acto reclamado se ubica en el supuesto normativo contemplado por los citados artículos 1341, 1345 fracción IX y 1345 bis 8. De ahí que, es claro que contra el auto reclamado en esta vía, procede un medio de impugnación que debe ser agotado para cumplir con el principio de definitividad, como lo es el recurso de apelación. Medio de impugnación contemplado en los precitados artículos de la legislación Mercantil invocada los cuales establecen, en esencia, que los autos dictados en etapa de ejecución de sentencia, son impugnables mediante el recurso de apelación. Sustenta lo expuesto, la jurisprudencia 17/2003, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 15 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XVIII, julio de 2003, Novena Época, cuyo rubro y texto es el siguiente: "DEFINITIVIDAD EN AMPARO DIRECTO. ESTE PRINCIPIO EXIGE PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO, QUE SE AGOTEN PREVIAMENTE LOS RECURSOS ORDINARIOS PROCEDENTES EN CONTRA DE LA SENTENCIA O DE LA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO. Los artículos 46 y 158 de la Ley de Amparo establecen, respectivamente, que se está ante una sentencia definitiva para los efectos de la procedencia del juicio de amparo directo, cuando decide el juicio en lo principal y respecto de ella las leyes comunes no conceden recurso ordinario alguno, por virtud del cual pueda ser modificada o revocada; asimismo, se considerará como tal, la dictada en primera instancia en asuntos judiciales del orden civil, cuando los interesados hubieren renunciado expresamente a la interposición de los recursos ordinarios que procedan, si la ley se los permite; al igual que la resolución que pone fin al juicio, es decir, la que sin decidirlo en lo principal, lo da por concluido y respecto de la cual las leyes no conceden recurso ordinario alguno; y que el órgano jurisdiccional competente para conocer del juicio de amparo contra ese tipo de sentencias es el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda. Ahora bien, si una resolución que pone fin al juicio o una sentencia son legalmente recurribles, pero el interesado no agota el recurso previsto en la ley y deja transcurrir el término para ello, aunque la sentencia o la resolución ya no puedan ser legalmente modificadas, no por ello deben tenerse como definitivas para los efectos del juicio de amparo directo, pues la situación de facto, consistente en haber dejado transcurrir el término de impugnación, no puede hacerlo procedente, toda vez que ello implicaría soslayar unilateralmente la carga legal de agotar los recursos que la ley prevé, lo que se traduciría en violación al principio de definitividad." También, la jurisprudencia 1a./J. 44/2012 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible la página 729 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro X, Julio de 2012, Tomo 1, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." Máxime que no se actualiza ninguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad que exima al impetrante de la interposición de los medios de impugnación, esto es, no se está en un caso de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; tampoco se advierte que se aleguen violaciones directas a la Constitución. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo, aun cuando se traten de actos de imposible reparación. En tales circunstancias, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, en relación con el diverso 113, de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar de plano la demanda de amparo.
- Principal
1. Promoción. Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta, signado por ... autorizado en términos amplios por la parte quejosa, mediante el cual solicita se requiera a la autoridad responsable Primera Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, provea de inmediato el escrito que adjunta, con sello de recibido en la oficialía de partes de dicha autoridad responsible de siete de los corrientes. 1.1. Requerimiento urgente. Con fundamento en los artículos 192, 193, 237, fracción I y 258 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Magistrado Presidente de la Primera Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado, residente en esta ciudad, para que dentro del término de ley, provea el escrito dirigido al expediente laboral 308/B/2011, recibido en su oficialía de partes el siete de los corrientes, y hecho lo anterior, en el plazo de tres días hábiles siguientes a la emisión del acuerdo respectivo, informe respecto al trámite solicitado por la parte quejosa con su escrito de siete del actual, y remita las constancias que lo acrediten. 1.2. Apercibimiento con multa. En caso de que la autoridad responsable, sea omisa al respecto, con fundamento en los artículos 192, párrafo segundo y 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de ...
- Principal
NOTIFICACION POR LISTA. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por la quejosa ... mediante el cual da cumplimiento a la prevención realizada en proveído de veintiséis de abril del año en curso. A efecto de proveer respecto lo que en derecho proceda debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4 cuyo rubro y texto son los siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Esencialmente, la jurisprudencia en cuestión refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Al dar contestación al inciso C de la prevención realizada en proveído de veintiséis de abril de dos mil diecinueve, la quejosa transcribe entre sus antecedentes el auto de ocho de abril del año en curso, dictado por el Juez Cuarto de Distrito de Amparo y Juicios Federales, en el Juicio Ordinario Mercantil 329/2016, del cual emana el acto reclamado, y cuyo contenido es el siguiente: "agréguense a los autos el escrito signado por ...quien promueve con la personalidad que legalmente tiene reconocido en autos, mediante el cual, solicita se requiera la parte sentenciada el cumplimiento de la sentencia condenatoria y demás accesorios, al efecto y por cuanto el estado procesal de los autos lo permite, con fundamento en los artículos 1º, fracción V, 47 y 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el artículo 1071 del Código de Comercio, gírese despacho al Juez del Ramo Civil, con residencia en Villaflores, Chiapas, para que ordene al actuario judicial de su adscripción, se constituya al domicilio de los sentenciados Ayuntamiento Constitucional de El Parral, Chiapas, Presidente Municipal, Síndico Municipal, Tesorero Municipal y Director de Obras Públicas Municipales, todos de El Parral, Chiapas, ubicado en 1ª Avenida Sur Poniente, Sin Número, del municipio del El Parral, Chiapas, y les requiera para que en el acto hagan el pago de las prestaciones a que fueron condenados en sentencia definitiva de veintitrés de julio de dos mil dieciocho (fojas 761 a la 786 del tomo II), interlocutoria de liquidación de gastos y costas de siete de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 917 a la 927 del tomo II) e interlocutoria de liquidación de intereses moratorios de veinte de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 847 a la 953 del tomo II), apercibiéndoles que en caso de omisión, se aplicara en su contra la medida de apremio contenida en la fracción IV del artículo 1067 Bis del Código de Comercio, que en su caso podrá ser arresto hasta por treinta y seis horas, con independencia de seguirse despachando otras medidas de apremio con la misma finalidad, hasta vencer la posible contumacia.". Por lo tanto, de lo que se duele la peticionaria de amparo es el auto por el que, en su carácter de parte demandada, la responsable le requiere el cumplimiento de la sentencia condenatoria de veintitrés de julio de dos mil dieciocho, apercibiéndola que en caso de ser omisa se aplicaría en su contra la medida de apremio; que en su caso podrá ser arresto hasta por treinta y seis horas; proveído emitido en etapa de ejecución de sentencia. Lo anterior permite advertir que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. La norma legal en cita refiere que el juicio de amparo es improcedente cuando la ley conceda algún recurso o medio de defensa, por virtud del cual las resoluciones judiciales, administrativas o del trabajo, puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, razón por la que obligatoriamente deben agotarse dichos recursos. En ese tenor, se destaca que el principio de definitividad del juicio de amparo supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige al acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo; por lo que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación sin que en su oportunidad sea interpuesto por el quejoso, el amparo es improcedente. El principio en comento se fundamenta en la naturaleza propia del amparo, ya que esta es una vía extraordinaria, sui generis, de invalidar los actos de las autoridades, en las diversas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan agotado todas las instancias procedentes para combatir el acto de autoridad que les causa algún agravio. En tal virtud, solo puede promoverse el juicio de amparo, cuando la legislación que norma el acto reclamado, no brinda al afectado ningún recurso o medio de defensa legal, o cuando explícitamente la ley disponga una excepción a dicho principio. Por lo que, de la interpretación literal de la referida causal, se advierte que el juicio de amparo es improcedente, tratándose de resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo, cuando: i) El acto reclamado sea efectivamente una resolución proveniente de un tribunal judicial; ii) La ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; iii) Ese recurso o medio de defensa esté previsto dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y, iv) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial o jurisdiccional pueda ser modificada, revocada o nulificada. De lo que se sigue, que al combatir la quejosa el acuerdo de ocho de abril dos mil diecinueve, dictado por el Juez Cuarto de Distrito de Amparo y Juicios Federales, en el Juicio Ordinario Mercantil 329/2016, era necesario que agotara el recurso que la ley prevé; en el caso, el de apelación previsto en los artículos 1341, 1345, fracción IX en relación con 1345 Bis 8, del Código de Comercio. Al respecto, dichos numerales señalan: "Artículo 1341.- Las sentencias interlocutorias son apelables, si lo fueren las definitivas conforme al artículo anterior. Con la misma condición, son apelables los autos si causan un gravamen que no pueda repararse en la definitiva, ó si la ley expresamente lo dispone." "Artículo 1345.- Además de los casos determinados expresamente en la ley, en la forma y términos que se establecen en este Capítulo, se tramitarán de inmediato las apelaciones que se interpongan: (.) IX. Contra las resoluciones o autos que siendo apelables se pronuncien en ejecución de sentencia." "Artículo 1345 bis 8.- De los autos y de las sentencias interlocutorias de tramitación inmediata, de los que se derive una ejecución que pueda causar un daño irreparable o de difícil reparación y la apelación proceda en el efecto devolutivo, se admitirán en ambos efectos si el apelante lo solicita al interponer el recurso, y señala los motivos por los que se considera el daño irreparable o de difícil reparación. (...)" Al respecto, de ser el caso que se hiciera efectivo el arresto hasta por treinta y seis horas, claramente se causaría a la quejosa un perjuicio irreparable, por lo cual, el acto reclamado se ubica en el supuesto normativo contemplado por los citados artículos 1341, 1345 fracción IX y 1345 bis 8. De ahí que, es claro que contra el auto reclamado en esta vía, procede un medio de impugnación que debe ser agotado para cumplir con el principio de definitividad, como lo es el recurso de apelación. Medio de impugnación contemplado en los precitados artículos de la legislación Mercantil invocada los cuales establecen, en esencia, que los autos dictados en etapa de ejecución de sentencia, son impugnables mediante el recurso de apelación. Sustenta lo expuesto, la jurisprudencia 17/2003, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 15 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XVIII, julio de 2003, Novena Época, cuyo rubro y texto es el siguiente: "DEFINITIVIDAD EN AMPARO DIRECTO. ESTE PRINCIPIO EXIGE PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO, QUE SE AGOTEN PREVIAMENTE LOS RECURSOS ORDINARIOS PROCEDENTES EN CONTRA DE LA SENTENCIA O DE LA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO. Los artículos 46 y 158 de la Ley de Amparo establecen, respectivamente, que se está ante una sentencia definitiva para los efectos de la procedencia del juicio de amparo directo, cuando decide el juicio en lo principal y respecto de ella las leyes comunes no conceden recurso ordinario alguno, por virtud del cual pueda ser modificada o revocada; asimismo, se considerará como tal, la dictada en primera instancia en asuntos judiciales del orden civil, cuando los interesados hubieren renunciado expresamente a la interposición de los recursos ordinarios que procedan, si la ley se los permite; al igual que la resolución que pone fin al juicio, es decir, la que sin decidirlo en lo principal, lo da por concluido y respecto de la cual las leyes no conceden recurso ordinario alguno; y que el órgano jurisdiccional competente para conocer del juicio de amparo contra ese tipo de sentencias es el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda. Ahora bien, si una resolución que pone fin al juicio o una sentencia son legalmente recurribles, pero el interesado no agota el recurso previsto en la ley y deja transcurrir el término para ello, aunque la sentencia o la resolución ya no puedan ser legalmente modificadas, no por ello deben tenerse como definitivas para los efectos del juicio de amparo directo, pues la situación de facto, consistente en haber dejado transcurrir el término de impugnación, no puede hacerlo procedente, toda vez que ello implicaría soslayar unilateralmente la carga legal de agotar los recursos que la ley prevé, lo que se traduciría en violación al principio de definitividad." También, la jurisprudencia 1a./J. 44/2012 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible la página 729 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro X, Julio de 2012, Tomo 1, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." Máxime que no se actualiza ninguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad que exima al impetrante de la interposición de los medios de impugnación, esto es, no se está en un caso de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; tampoco se advierte que se aleguen violaciones directas a la Constitución. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo, aun cuando se traten de actos de imposible reparación. En tales circunstancias, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, en relación con el diverso 113, de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar de plano la demanda de amparo.
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