Bella Mareni Mateo Hernández
Expediente 341/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de octubre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 341/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 14/10/2020
Partes del expediente
- Bella Mareni Mateo Hernández
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de cuenta, destaca que revisada la lista electrónica de acuerdos publicada con fecha tres de agosto de dos mil veinte, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en la ventana de "Actuaría", sub rubro "Lista de acuerdos", "Generación de Lista de Síntesis de Acuerdos", se advierte que el fedatario adscrito no realizó la publicación del auto de diecisiete de abril del año en curso, dictado en el presente juicio de amparo, de igual forma, en la publicación consultable en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, en la dirección electrónica http: www.dgepi.cjf.gob.mx. En consecuencia, en obvio de mayores dilaciones, se instruye al actuario, realice la publicación electrónica relativa al acuerdo de diecisiete de abril de dos mil veinte; para los efectos legales conducentes. Ahora, visto el estado de autos, y el cómputo que antecede, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se provee: En razón de que la parte quejosa no recurrió dentro del término legal el proveído de dieciséis de abril del año en curso, en el que se desechó de plano la demanda de amparo presentada, se declara que HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales procedentes; en consecuencia, efectúese las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, y archívese el expediente como asunto concluido. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE En cumplimiento al primer párrafo del artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, y con apoyo en lo establecido por el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte, por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de DEPURACIÓN, pues se concedió suspensión de plano, por tanto, encuadra en la hipótesis del punto 7.4 del citado manual. En atención a lo anterior, al no encuadrar en los supuestos del artículo 15 del mencionado Acuerdo General y a consideración de este juzgador, el presente juicio carece de relevancia documental; por lo cual, en términos de lo establecido en el mencionado artículo 18, tercer y cuarto párrafos, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, dentro de los siguientes noventa días, se deberá depurar el expediente, conservando las constancias que ahí se instituyen, hecho lo anterior, deberá solicitarse la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, siguiendo los lineamientos que expone el Capítulo Décimo del Acuerdo General en comento, previa anotaciones correspondientes en los sistemas o libros de control correspondientes y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De igual forma, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 35 del acuerdo en comento. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables, para los efectos legales correspondientes. En el entendido que en caso de que no se encuentren laborando las autoridades locales por continuar con alguna medida de contingencia por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, quedará pendiente la entrega de oficios, la que deberá llevarse a cabo tan pronto reanuden labores, sin necesidad de posterior acuerdo. AUTORIZACIÓN DE FIRMA DE OFICIOS. Se autoriza a la Secretaria y/o Actuario para que, de manera indistinta, firmen los oficios relativos al presente juicio. Finalmente, se conmina al oficial administrativo para que remita físicamente al archivo el presente juicio de amparo, más tardar en el término de cinco días hábiles.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, destaca que en auto de quince de abril del presente año, se decretó de plano la suspensión de los actos reclamados a favor de .., consistente en la privación de la libertad y demás actos de los que sea objeto, previstos por el artículo 22 constitucional. Además, que en proveído de dieciséis de abril del año actual, se desechó de plano la demanda de amparo en relación a los actos consistentes en tormento de cualquier especie, golpes, azotes y torturas; así como respecto de la privación de la libertad; y se ordenó notificar dicho acuerdo personalmente a la parte quejosa. Además, que en cumplimiento a dicho auto, el dieciséis de abril del año en curso, el actuario judicial se constituyó al domicilio correcto y ultimo designado por la parte quejosa para oír y recibir notificaciones y al encontrar cerrado dejó aviso; sin embargo, no se realizó la publicación de la notificación por lista a la parte quejosa del acuerdo de dieciséis de abril del año en curso, en el que se desechó de plano la demanda. Derivado de lo anterior, por auto de dieciocho de septiembre del año en curso, se ordenó al actuario adscrito a este Juzgado, realizara la publicación de la notificación por lista a la parte quejosa del acuerdo de dieciséis de abril del año en curso, dictado en el presente juicio de amparo. Sin embargo, revisada la lista electrónica de acuerdos publicada el veintiuno de septiembre de dos mil veinte, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en la ventana de "Actuaría", sub rubro "Lista de acuerdos", "Generación de Lista de Síntesis de Acuerdos", destaca que el actuario adscrito no realizó la publicación de la notificación por lista ordenada, de igual forma, en la publicación consultable en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, en la dirección electrónica http: www.dgepi.cjf.gob.mx; tal como se indicó en auto de dieciocho del mes y año en curso, pues únicamente se advierte la publicación de la síntesis del contenido del auto de dieciocho del mes y año en curso. En consecuencia, en obvio de mayores dilaciones, se instruye al actuario nuevamente, realice la publicación relativa a la referida notificación por lista a la parte quejosa del acuerdo de dieciséis de abril del año actual, dictado en el presente juicio de amparo, para los efectos legales conducentes. En otro orden, con copia certificada del presente auto, de ser el caso, provéase por separado, respecto a la omisión destacada.
- Principal
POR RECIBIDO EL OFICIO RECIBIDO POR CORREO ELECRONICO REMITIDO POR LA AUTORIDAD DE CUENTA, ATENTO A SU CONTENIDO AGREGUESE UNICAMENTE PARA QUE OBRE COMO CORRESPONDA, YA QUE LA DEMANDA FUE DESECHADA.
- Principal
NOTIFICACION POR LISTA QUEJOSO.- Al actualizarse la hipótesis de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el numeral 63 fracción IV de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo en relación al tormento de cualquier especie, golpes, azotes y torturas. Misma consideración debe decirse en relación al acto reclamado consistente en la privación de la libertad, pues de conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo, en virtud de que de su contenido se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, como enseguida se expondrá. Esto es así, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXIII en relación con el numeral 113 ambos de la Ley de Amparo, atendiendo a las siguientes consideraciones: En efecto, en el escrito que se provee, se aprecia claramente que la parte quejosa se duele de la privación de la libertad de la que fue objeto por la Policía Municipal de Tecpatán, Chiapas; sin embargo, de las constancias que obran en autos, específicamente de la hoja de detención y liberación por falta administrativa, se advierte que fue puesto en libertad a las veintitrés horas con cincuenta y cinco minutos del día catorce de abril de dos mil veinte (foja 15). De lo anterior, es claro advertir que en la especie cobra vigencia la causa de improcedencia invocada, en virtud de que en la fecha en que se presentó la demanda de amparo (una horas con cincuenta y seis minutos del día quince de abril de dos mil veinte) no existía el acto de molestia, ya que ya había sido puesto en libertad por la falta administrativa consistente en "consumir bebidas hembriagantes en la vía pública" (sic). En tal sentido se pronunció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su anterior integración, en la jurisprudencia número 10, visible en la página 12, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro y texto son: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." Esto es así, toda vez que el artículo 1°, fracción I de la Ley de Amparo, establece claramente que el juicio de amparo procede contra normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es decir, se refiere a actos existentes, no probables o eventuales, conclusión que se corrobora con lo dispuesto por el diverso 78 de la propia ley, al establecer que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable. Luego, si se analiza el artículo 63, fracción IV de la ley reglamentaria del juicio de garantías en armonía con los numerales citados con antelación, la conclusión a que se arriba es en el sentido de que los actos reclamados deben analizarse atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, ya que es importante destacar que ésta tiene como finalidad obtener la protección de la Justicia Federal a efecto de que se restituya al quejoso en el goce de la garantía individual violada, y no prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, como sucede en la hipótesis que se analiza, ya no existía al momento de ejercitar la acción. En tales condiciones, al actualizarse de manera clara e indubitable la causal de improcedencia contemplada en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar de plano por notoria e indudablemente improcedente la demanda de amparo de que se trata en relación a la privación de la libertad, en términos de los arábigos 112 y 113 de la Ley de la Materia. No pasa inadvertido que la inexistencia del acto reclamado es una causa de sobreseimiento cuyo análisis corresponde realizarlo, por regla general, en la audiencia constitucional, con base en el cúmulo de pruebas; sin embargo, en el caso se considera actualizada atendiendo a que obra prueba fehaciente que no existían los actos al momento en que fue presentada la demanda, porque así lo refirió el propio quejoso sin ningún tipo de presión, pues incluso ya no se encontraba frente a elementos de seguridad que pudieran intimidarlo. Así, en el caso, los actos reclamados por la parte promovente eran inexistentes desde antes de la presentación de la demanda, lo que conlleva que en el particular no tenga razón de ser el medio de control constitucional, ya que pretender analizar un acto que de manera evidente e incontrovertible era inexistente al momento de instar el juicio de amparo, resulta por demás ocioso y contrario al principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tiene aplicación al caso la tesis XIII.1o.P.T.4 K, visible en la página 4648, Libro 69, Agosto de 2019, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época con número de registro 2020347, con el rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, SI EL QUEJOSO, AUN CON LAS PRUEBAS QUE PUDIERA OFRECER, NO PODRÍA DESVIRTUAR QUE, A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE SU DEMANDA, ERA INEXISTENTE EL ACTO RECLAMADO. Conforme a la fracción IV del precepto mencionado, en el juicio de amparo el sobreseimiento procede cuando: 1) de las constancias de autos aparezca claramente demostrado que no existe el acto reclamado; o, 2) cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Ahora, si bien, por regla general, el quejoso debe esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que pueda probar la existencia del acto reclamado, lo cierto es que si éste promovió un incidente no especificado para que se dejara sin efecto la orden de aprehensión librada en su contra, y el Juez de la causa, por auto dictado en la misma fecha en que se le realizó la petición, determinó que no había lugar a tramitar el incidente solicitado, y se lo notificó inmediatamente a aquél por estrados; no obstante, el quejoso promovió el juicio de amparo reclamando la falta de acuerdo a su escrito de referencia, es factible concluir que se actualiza una excepción a la regla general indicada. Ello es así, porque en el particular se estima actualizada la hipótesis del inciso 1) (de autos se advierte claramente que no existe el acto reclamado), pues como puede apreciarse, la falta de acuerdo a la petición planteada por el quejoso era inexistente desde antes de la presentación de la demanda, lo que conlleva que en el particular no tenga razón de ser el medio de control constitucional, ya que pretender analizar un acto que de manera evidente e incontrovertible era inexistente al momento de instar el juicio de amparo, resulta por demás ocioso y contrario al principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En estas condiciones, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo antes de la celebración de la audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la ley de la materia, porque para determinarlo resulta imperante que la inutilidad de la acción de amparo se actualice fehacientemente, que no pueda desvirtuarse aun cuando las partes ofrezcan pruebas, es decir, su materialización debe ser tal, que ningún medio de convicción pueda hacer patente su inconstitucionalidad; circunstancia que, en el caso, se surte a plenitud, pues independientemente de la naturaleza y cantidad de pruebas que el quejoso pudiera ofrecer, no podría desvirtuar que, a la fecha de la presentación de su demanda, era inexistente el acto reclamado." Así como la diversa número I.16o.T.7 K, visible en la página 2646, Libro 62, Enero de 2019, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2019142, con el rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO CUANDO EL MOTIVO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, ES NOTORIO, MANIFIESTO E INDUDABLE. Del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se advierte que procede el sobreseimiento en el juicio cuando: 1) de las constancias de autos se advierta que no existe el acto reclamado; o, 2) cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; por lo que, si bien, por regla general, debe esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que la quejosa pueda probar la existencia del acto reclamado, o la omisión de la autoridad que dio origen al juicio de amparo indirecto, lo cierto es que al actualizarse, excepcionalmente, la primera de las hipótesis, podrá decretarse el sobreseimiento en el juicio antes de celebrarse la audiencia, si resulta patente que la falta de materia de la acción de amparo por inexistencia del acto reclamado se actualizó fehacientemente y que, aun cuando las partes ofrecieran pruebas, no podría ser desvirtuada; es decir, cuando su materialización sea tal que ninguna prueba pueda servir para concluir lo contrario. Conforme a lo anterior, cuando ese motivo de sobreseimiento sea notorio, manifiesto e indudable, de manera que con ninguna prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio sin necesidad de esperar a la celebración de la audiencia constitucional." Finalmente, en relación a la segunda de las constancias del actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional (foja 18), de la que se advierte que no le fue posible entregar el oficio dirigido al mando único de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chiapas, adscrito al Ayuntamiento Municipal de Tecpatán, Chiapas; no se hace mayor pronunciamiento, en virtud de lo acordado en párrafos precedentes.
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