Belkis Mena García

Expediente 447/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 12 actuaciones registradas, la última del 13 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
447/2022
Año
2022
Actuaciones
12
Última actuación
13/05/2022

Partes del expediente

  • Belkis Mena García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, a trece de mayo de dos mil veintidós. Escrito. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el escrito signado por el licenciado ***************, autorizado de la parte quejosa, así como su anexo, mediante el cual solicita que este órgano jurisdiccional ordene a la autoridad responsable la devolución del billete de depósito exhibido como garantía para lograr la liberación del quejoso Belkis Mena García, por lo que se provee lo siguiente: Dado lo solicitado por el autorizado del quejoso de mérito; dígasele que no ha lugar a acordar lo solicitado, virtud que en proveído de tres de abril del año en curso, en el que se decretó la suspensión de plano de los actos reclamados, siendo en el "tercer supuesto" de concesión, en el que se estableció, que conforme a los artículos 101 a 104 de la Ley de Migración, cuando un extranjero es puesto a disposición de una autoridad migratoria con motivo de un procedimiento administrativo, tiene derecho a obtener la libertad bajo la figura de "custodia provisional", destacando además que tal derecho puede ser ejercido ante las autoridades migratorias correspondientes, en términos y bajo los requisitos establecidos por los artículos 101 y 102, de la Ley de Migración, y su Reglamento, así como los acuerdos relativos, siempre y cuando satisfagan los supuestos que para el caso exigen las normatividades aplicables, como lo es otorgar garantía suficiente y a satisfacción de la autoridad, para obtener la libertad en términos de la porción normativa en cuestión. Ahora, del escrito de cuenta se advierte que el propio autorizado de la parte quejosa expone que constituyó ante la autoridad responsable -y no este Juzgado de Distrito- el billete de depósito para que el quejoso Belkis Mena García, obtuviera su libertad, bajo el supuesto normativo que señala en su escrito de cuenta, lo que evidencia sin lugar a dudas, que se adhirió al tercer supuesto de la suspensión de plano concedida. Máxime, que la garantía en cuestión la parte quejosa la presentó ante la autoridad migratoria, y no en términos de la Ley de Amparo (según expuso el promovente en el escrito de cuenta), y no ante este órgano jurisdiccional, de ahí que en todo caso la devolución de que se trata, deberá solicitarla ante la autoridad ante quien se constituyó la garantía de referencia. Bajo esa premisa, dicha erogación monetaria garantiza actualmente la presencia del quejoso en los actos del procedimiento administrativo ante la autoridad responsable, lo cual es imprescindible para evitar que la medida cautelar impida su continuidad; conforme lo prevé el inciso a) del artículo 102 de la Ley de Migración, del tenor siguiente: "Artículo 102. El extranjero sometido a un procedimiento administrativo, a fin de lograr su estancia regular en el país, en lo que se dicta resolución definitiva, podrá: a) Otorgar garantía suficiente y a satisfacción de la autoridad; [.]" Incluso, en apoyo al tema se invoca como hecho notorio el precedente resuelto en la Queja 82/2022, del índice del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de México, que aparece publicado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del Consejo de la Judicatura Federal, de la que se advierte modificó el auto de primer grado, que concedió la suspensión de plano y de oficio, para establecer que, lo anterior es sin perjuicio que las autoridades impongan a las personas quejosas las medidas alternativas respectivas que permitan la continuidad del procedimiento, es decir, las que sean necesarias para garantizar su comparecencia periódica ante la autoridad migratoria. En cuanto la cita del precedente, encuentra apoyo en la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto, son: "Registro digital: 2017123 Instancia: Pleno Décima Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 16/2018 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 10 Tipo: Jurisprudencia HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente." Bajo ese orden de ideas, con independencia de la concesión de la suspensión de oficio y de plano decretada en el presente juicio de amparo, la cual, por cierto, en términos de lo dispuesto por el artículo 154 de la Ley de Amparo, dejó de surtir efecto legal alguno al quedar firme el acuerdo que sobreseyó el presente juicio fuera de audiencia -diecinueve de abril del año en curso-, no es posible que este Juzgado de Distrito se sustituya en la autoridad responsable para devolver la garantía de las medidas alternativas respectivas que permitan la continuidad del procedimiento, es decir, las que sean necesarias para garantizar su comparecencia periódica ante la autoridad migratoria; por lo que no ha lugar a ordenar la devolución de la cuantía impuesta por la autoridad administrativa con el fin de garantizar su comparecencia periódica ante dicha autoridad. Por último, agréguese a los autos sin mayor trámite el telegrama de cuenta, toda vez que el presente juicio de amparo se encuentra totalmente concluido. Notifíquese. Así lo acordó y firma Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de Rafael Antonio Quiñónez Olivares, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Mexicali, Baja California, a diez de mayo de dos mil veintidós. Firmeza. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha les transcurrió a las partes el plazo de diez días que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer el recurso de revisión contra el proveído de diecinueve de abril del año en curso, que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, sin que las partes hayan hecho uso de ese derecho; en consecuencia, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos a los que haya lugar. Incidente. No se ordenó su apertura. Constancias o actuaciones. No hay para devolver. Documento original. No hay para devolver. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; los relativos a delitos contra el derecho internacional; Delitos contra la humanidad; los que traten de delitos contra la administración de justicia; los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; asimismo, podrán ser considerados de relevancia documental aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Información reservada o confidencial. No existe un dato o elemento sobre el particular. Depuración. Este expediente es susceptible de depuración en un plazo de tres años, conforme al capítulo 7.4 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, así como el artículo 18, penúltimo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, toda vez que se decretó la suspensión de plano a favor de la parte quejosa. Carátula. Se ordena que la carátula del presente expediente contenga impresas las anotaciones de "no es de relevancia documental" y "depurable", acorde con lo que establece el artículo 35 del Acuerdo General invocado en el presente acuerdo. Certificación de coincidencia en su totalidad entre expediente electrónico como impreso. Ahora, vista la certificación de cuenta, se advierte de conformidad con los artículos 25 y 35 del multicitado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se han incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, mismos que coinciden en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Anotaciones y archivo. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno relativo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE"; y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 214, de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de Rafael Antonio Quiñónez Olivares, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.Juicio de Amparo 447/2022 En esta fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos. Conste.

  3. Principal

    Mexicali, Baja California, a veintinueve de abril de dos mil veintidós. Informe justificado. Atento a lo anterior, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el telegrama de referencia mediante el cual la autoridad responsable Secretaría de Gobernación, con sede en ciudad de México, rinde informe justificado, sin que proceda dar vista con el mismo, ya que por auto de diecinueve del mes y año en curso se sobreseyó fuera de audiencia en el presente sumario. Domicilio. De acuerdo con el precepto legal 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el designado para tal efecto en el informe justificado de trato. Delegados. Conforme con el artículo 9° de la Ley de Amparo, téngase como delegados a las personas indicadas para ello en el referido informe justificado. Notifíquese. Así lo acordó y firma Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de Rafael Antonio Quiñónez Olivares, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    TODA VEZ QUE LA PARTE QUEJOSA NO ATENDIO EL AVISO DE 27 DE ABRIL DE 2022 SE NOTIFICA POR ESTE MEDIO EL AUTO DE Mexicali, Baja California, a veinticinco de abril de dos mil veintidós. Escritos. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, los escritos de cuenta presentados por (1) **************, autorizados de la parte quejosa; y, en atención a su contenido, se acuerda lo siguiente: No ha lugar. Visa el ocurso de cuenta, dígasele a los promoventes que no ha lugar a acordar de conformidad la petición orientada a renunciar a su cargo otorgado por la parte quejosa, como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; en razón a que omitieron exhibir la constancia donde se advierta que fue propia quejosa quien les revocó dicho nombramiento; de igual forma, omiten señalar domicilio en el que se le pueda dar vista con tal circunstancia a la propia quejosa para que manifieste lo que a su interés legal convenga; sino, por el contrario, aduce su fiadora que no ha llegado al domicilio en donde se comprometió quedarse y tampoco tiene conocimiento del paradero desde el día que salió de las instalaciones de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración. En virtud de lo anterior, al encontrarse la quejosa dentro de un grupo en situación de vulnerabilidad -personas migrantes-, y con el fin de no dejarla en un estado de indefensión, por no tener a diverso abogado que la represente en el presente juicio de amparo, pues únicamente señaló a dichos postulantes como sus representantes legales; es que se les reitera sus deberes como autorizados. Asimismo, se previene a las profesionistas de referencia que podrán incurrir en la hipótesis que establece los artículos 231 y 232, fracción II, del Código Penal Federal, que dicen: "Artículo 231.- Se impondrá de dos a seis años de prisión, de cien a trescientos días multa y suspensión e inhabilitación hasta por un término igual al de la pena señalada anteriormente para ejercer la profesión, a los abogados, a los patronos, o a los litigantes que no sean ostensiblemente patrocinados por abogados, cuando 15/03/24 16:54:21 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.73.24 Rafael Antonio Quiñonez Olivares cometan algunos de los delitos siguientes: [.] Artículo 232.- Además de las penas mencionadas, se podrán imponer de tres meses a tres años de prisión. [.] II.- Por abandonar la defensa de un cliente o negocio sin motivo justificado y causando daño, y [.]" No ha lugar. Finalmente, en respecto a su solitud de informar a las autoridades responsables respecto a la renuncia a su cargo de autorizados legales de la quejosa, así como que la aquí quejosa no ha regresado al domicilio donde indicó permanecería mientras se llevaba su proceso migratorio; dígaseles que no ha lugar acordar de conformidad, en razón a que no manifiestan -ni este órgano jurisdiccional advierte- imposibilidad o impedimento legal alguno para que sea este órgano jurisdiccional quien haga del conocimiento sobre tales circunstancias a la autoridad administrativa correspondiente, y no dichos profesionistas.

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