Belizario Valdez Anaya

Expediente 74/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 47 actuaciones registradas, la última del 6 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
74/2018
Año
2018
Actuaciones
47
Última actuación
06/08/2019

Partes del expediente

  • Belizario Valdez Anaya
  • BELIZARIO VALDEZ ANAYA y Otros.
  • Delegado En Sinaloa, del Instituto de Seguridad Y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 47.

  1. Principal

    Visto el estado procesal de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el dieciocho de julio del año en curso, se ordenó el archivo de este asunto al encontrarse definitivamente concluido; por tanto, resulta innecesario conservar las constancias originales remitidas por la Subdelegada de Prestaciones de la Delegación Estatal, por ausencia temporal del Delegado Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Sinaloa, con sede en Culiacán, al rendir el informe justificado; de ahí que, acorde al artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, devuélvanse mediante oficio dichas documentales a la autoridad responsable aludida, previa copia certificada que de las mismas se deje en autos, y solicítese el acuse de recibo correspondiente.

  2. Principal

    Visto el estado procesal de los autos, se advierte que la parte quejosa no realizó alguna manifestación respecto al acuerdo de dieciocho de junio de dos mil diecinueve, en el cual se estableció que el fallo protector se encuentra cumplido, no obstante que dicha determinación se le notificó el diecinueve siguiente; por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. En ese contexto, conforme a la certificación secretarial de cuenta, se obtiene que este asunto está definitivamente concluido y es susceptible de depuración, acorde a la fracción IV, del Acuerdo Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, dado que por resolución de veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, por una parte, se sobreseyó en el juicio de amparo y, por otra, se concedió la protección constitucional al quejoso. De acuerdo a lo anterior, deberán conservarse la demanda y resolución inherentes al juicio de amparo y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; lo cual deberá realizarse por el Centro de Documentación y Análisis, lugar a donde se transferirá una vez transcurridos más de tres años de ordenado su archivo, el que deberá resguardarlos y al cumplirse la temporalidad de más de cinco años, procederá a ejecutar lo especificado en líneas precedentes. De igual modo, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I, del artículo noveno, capítulo tercero, de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto 1/2009. Por otro lado, glósese al expediente principal el cuaderno original del incidente suspensional, el cual es susceptible de depuración, conforme a la fracción I, del apartado Vigésimo Primero del Capítulo Quinto del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes judiciales, motivo por el cual, deberán conservarse el auto y la resolución interlocutoria en los que se concedió la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción; lo cual deberá realizarse por el Centro de Documentación y Análisis, lugar a donde se transferirán tanto el juicio de amparo como el original del incidente de suspensión en forma separada, una vez transcurridos más de tres años de ordenado su archivo, el que deberá resguardarlos y al cumplirse la temporalidad de más de cinco años, procederá a ejecutar lo especificado en líneas precedentes. En la inteligencia de que el duplicado del incidente de suspensión respectivo, es susceptible de destrucción una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la interlocutoria respectiva, acorde con la fracción III, del apartado vigésimo, del Acuerdo General reseñado. En diverso orden de ideas, del análisis de este asunto se advierte que no obra documento original por no haberlo exhibido las partes, que no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental, puesto que ingresó en este juzgado federal el siete de febrero de dos mil dieciocho, por ello, no encuadra en aquéllos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, así como tampoco se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. Por último, una vez transcurrido el plazo de tres años, contado a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, acompañando copia digitalizada, debidamente certificada de la demanda y de la sentencia constitucional, así como del auto y la resolución interlocutoria en los cuales se concedió la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados, respectivamente, estos últimos dictados en el cuaderno original del incidente relativo; transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este juzgado.

  3. Principal

    Vistos los escritos signados por el quejoso Belizario Valdez Anaya y su autorizado legal, mediante los cuales hacen diversas manifestaciones respecto a estar de acuerdo con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, y solicita la devolución de la credencial para votar con fotografía; agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes. En atención a lo anterior, se le tienen por hechas las manifestaciones a los promoventes; y, conforme a lo dispuesto por el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2°, como lo solicita el promovente, hágase devolución del documento que refiere, previa copia certificada de los mismos y toma de razón que por su recibo y entrega se deje en autos. Ahora bien, visto el estado procesal de los presentes autos y con el oficio número UJ//2019 de seis de junio de dos mil diecinueve, suscrito por la Delegada Autorizada del Instituto del de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, del que se desprende que se cumple con la ejecutoria que se dictara en el juicio de garantías de que se trata. Por tanto, este órgano de control constitucional, con fundamento en los documentos que obran en autos y las manifestaciones vertidas por las partes, procede a pronunciarse sobre el cumplimiento del fallo protector. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia de veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Los Mochis, resolvió sobreseer el juicio de amparo y conceder el amparo solicitado. Como ninguna de las partes recurrió el citado fallo, por auto del veintinueve de abril de dos mil diecinueve, causó estado la sentencia de amparo y, se requirió su cumplimiento. Ahora, en la misma forma en cómo se indicó en la sentencia de amparo, las autoridades responsables debieron realizar, los siguientes actos: 1. Emitan de inmediato aviso de suspensión de descuentos realizados al salario de Belizario Valdez Anaya, con registro federal de contribuyentes VAAB720203QA8 y el número de seguridad social 80007240882, quien a la fecha de presentación de la demanda laboraba para la Secretaria de Educación Pública y Cultura de la Secretaria de Educación Pública Descentralizada del Estado de Sinaloa; ello en relación con el crédito 03 "Préstamo a Corto Plazo". 2. Que la autoridad responsable ordene que se le devuelva al accionante del amparo todas y cada una de las cantidades que se le hayan retenido con motivo del aludido crédito, con sus correspondientes actualizaciones. Conforme lo anterior, la autoridad debió realizar dos actos en concreto: Suspender los descuentos realizados al salario del quejoso y, Ordenar la devolución las cantidades retenidas. En cumplimiento a lo anterior, la autoridad responsable Delegada Autorizada del Instituto del de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán allegó al sumario de amparo, el oficio UJ//2019, al que adjuntó copia certificada del cheque número 0194525, el cual ampara la cantidad de $6,619.99 (seis mil seiscientos diecinueve pesos 99/100 Moneda Nacional), por concepto de devolución de los descuentos indebidos correspondientes a las quincenas de la primera a la sexta de dos mil dieciocho. Del examen de las citadas documentales, las que de conformidad con el artículo 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2º, tienen pleno valor probatorio, se desprende que el Delegada Autorizada del Instituto del de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, efectuó actos con los que tiene por cumplida la sentencia, pues, en el caso particular, se concluye que se ha restituido al peticionario del amparo, en el pleno goce de los derechos fundamentales violados, toda vez que la autoridad responsable hizo el debido pago. No es óbice a lo anterior que la autoridad no demostrara que dejó sin efectos los descuentos realizados al salario del quejoso, pues el mismo agraviado señaló en su promoción de once de junio de dos mil diecinueve, que se dejó de realizar ese acto, argumento que tiene pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 96, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Por tanto, es evidente que con ello se colma la garantía seguridad jurídica por cuya infracción se concedió el amparo solicitado, motivo por el cual se debe declarar que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de amparo. Hágase del conocimiento de la quejosa este proveído, para los efectos de la fracción II del artículo 201 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a. CLV/2017 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1225, Libro 47, Octubre de 2017, Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Materia Común, que dice: RECURSO DE INCONFORMIDAD. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA SIN MATERIA EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO DIRECTO. El artículo 201, fracción II, de la Ley de Amparo establece que el recurso de inconformidad procede contra la resolución que declare que existe imposibilidad material o jurídica para cumplirla u ordene el archivo definitivo del asunto, sin prever de manera expresa que también sea admisible cuando se interpone contra la resolución que declare sin materia dicho cumplimiento. Ahora bien, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 250/2015, de la que derivó la jurisprudencia P./J. 18/2016 (10a.), estableció que el artículo 201 de la Ley de Amparo no debe interpretarse de manera literal y estricta para determinar la procedencia del recurso de inconformidad, en virtud de que algunos casos no se encuentran previstos en forma expresa, pero debe tomarse en cuenta que si sus efectos jurídicos son similares a los contenidos en sus enunciados, esos asuntos deben admitirse a trámite, privilegiando el derecho humano de acceso a la justicia. En consecuencia, esto acontece cuando en el juicio de amparo directo se declara que el cumplimiento del fallo protector ha quedado sin materia, supuesto que si bien no se encuentra descrito en la fracción II del artículo 201 mencionado, lo cierto es que es asimilable a las hipótesis que sí prevé, consistentes en la imposibilidad material o jurídica para cumplir la ejecutoria, pues la carencia de materia implica lógicamente que se tornen irrealizables las consecuencias de la protección constitucional otorgada.

  4. Principal

    Visto el oficio firmado por la Delegada Autorizada del ISSSTE en Sinaloa, con sede en Culiacán, mediante el cual informa el cumplimiento dado a la sentencia dictada en el presente juicio de amparo y anexa documentales que así lo acreditan; agréguese para que obre como legalmente corresponda. De conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con el oficio de cuenta, para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta los efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo manifieste lo que a su derecho convenga, apercibida que de no hacerlo, este Juzgado resolverá sobre el cumplimiento a la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable.

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