Belisario Dominguez Méndez

Expediente 1163/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1163/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
08/03/2021

Partes del expediente

  • Director General de Responsabilidades de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior de la Federación
  • Belisario Dominguez Méndez

Actuaciones

  1. Principal

    De la certificación que antecede se deduce que transcurrió el plazo establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha se haya interpuesto recurso de queja en contra del auto de treinta de noviembre de dos mil veinte; por tanto, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, dicho proveído en el que SE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO, HA QUEDADO FIRME. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido. ...se establece que este expediente no es de relevancia documental y es susceptible de destrucción. En razón de lo expuesto, una vez transcurridos más de tres años a partir de la fecha, deberá destruirse y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, debido a que la parte quejosa exhibió documentos originales, requiérasele para que dentro del término de noventa días contados a partir del momento en que surta sus efectos la legal notificación de este proveído, acuda a este órgano jurisdiccional a recogerlos, previa identificación y toma de razón que de su recibo se deje en autos, o persona autorizada para tal efecto, apercibida que, de no hacerlo, serán destruidos. Notifíquese; y por lista a la parte quejosa.

  2. Principal

    Agréguese a los autos la razón de cuenta, y toda vez que el actuario adscrito a este órgano jurisdiccional manifiesta imposibilidad para notificar a la parte quejosa el proveído de treinta de noviembre de dos mil veinte, por los motivos que expone; en consecuencia, notifíquese por medio de lista el acuerdo señalado, así como los subsecuentes, que requieran ser practicadas de manera personal, hasta en tanto señale domicilio exacto para oír y recibir notificaciones, en términos del artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Notifíquese; y por lista a la parte quejosa este auto y el diverso de treinta de noviembre de dos mil veinte. EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE PROMOVENTE EL AUTO DE VEINTITRES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO QUE DICE: *** LINEAS PRECEDENTES *** Y DE TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE QUE DICE: "Ciudad de México, a treinta de noviembre de dos mil veinte. Con la demanda de amparo promovida por Belisario Domínguez Méndez, por propio derecho, contra actos del Director General de Responsabilidades de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior de la Federación fórmese cuaderno de amparo, regístrese en el libro de gobierno con el número 1163/2020 y dese de alta en el sistema correspondiente. El artículo 62 de la Ley de Amparo, establece que las causas de improcedencia, deben ser examinadas de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Asimismo, el numeral 113 de la Ley de Amparo dispone que el juez de Distrito debe examinar la demanda de amparo; y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Del estudio integral de la demanda de amparo y anexos se advierte que la parte quejosa impugna de manera 08/09/23 15:19:48 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.1f.e7 María del Rosario Jiménez Romero Página 2 de 11 destacada el acto siguiente: ? La omisión de acordar contestación en breve término y por escrito a las solicitudes formuladas mediante escrito presentado el treinta y uno de julio de dos mil veinte. Asimismo, de los antecedentes del acto reclamado se desprende lo siguiente: ... El derecho de petición consagrado en el artículo 8°, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyos titulares son los gobernados, se refiere a la facultad de ocurrir ante cualquier autoridad a formular una solicitud o instancia por escrito que adopta específicamente el carácter de petición administrativa, por virtud de la cual el Estado y las autoridades, a través de los funcionarios o empleados, están obligados a dictar un acuerdo escrito, congruente con la solicitud formulada y darse a conocer en breve término al interesado. Así, el derecho de pedir es la potestad de acudir a las autoridades del Estado, con el fin de que éstas intervengan para hacer cumplir la ley, con la correlativa obligación de las autoridades de dictar un acuerdo escrito respecto de la solicitud o petición que el gobernado presente. No obstante, nuestro máximo Tribunal también resolvió jurisprudencialmente que cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación al derecho de petición cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional o seguido en forma de juicio, el actuar de la autoridad se rige por lo dispuesto en los artículos 14 y 17 Constitucionales, por lo que son estos preceptos los aplicables para dar respuesta a dichas solicitudes, ya que fue el particular el que se sometió a este régimen para entrar en contacto con la autoridad. En razón de ello, por regla general, el amparo indirecto sería improcedente, pues si se trata exclusivamente de un reclamo dentro de un procedimiento respecto al derecho de petición, el cual no deja sin defensa a la parte quejosa ni puede verse de forma autónoma, debe considerarse que se trata de una violación de carácter adjetivo conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada. La nueva reflexión del máximo Tribunal, aclaró que el artículo 8° Constitucional impone a la autoridad la obligación de dar respuesta, en breve término, a la solicitud formulada por un particular; sin embargo, los artículos 14 y 17 Constitucionales regulan el debido proceso, así como el derecho de acción, a través de los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan de forma completa las pretensiones deducidas, mediante el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento. En razón de ello, los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo los derechos fundamentales previstos en los artículos 14 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo que concluyó que resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8°, constitucional, cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. Esto debido a que las reglas que rigen estos procedimientos son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 Constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. No obstante, la autoridad está obligada a analizar, conforme a los principios de indivisibilidad e interdependencia previstos en el artículo 1° Constitucional, los derechos como una unidad, no de forma aislada, sino como una totalidad indisociable y exenta de jerarquía. Así, al concebirse de forma armónica, se podrá resolver de mejor manera la omisión que reclama el particular dentro del procedimiento. ... Por lo expuesto, es claro advertir que en el presente juicio de amparo la parte quejosa reclama la omisión de dar contestación al escrito de petición presentado ante el Director General de Responsabilidades de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior de la Federación el treinta y uno de julio de dos mil veinte, en el que solicitó la realización de acciones o aclaraciones para solventar, lo que a su parecer, son violaciones al debido proceso cometidas en el procedimiento de responsabilidades resarcitorias DGR/B/03/2020/R/15/076 y/o DGR/B/04/2020/R/15/076 incoado en su contra, tales como, falta de notificación del inicio del procedimiento, desistimiento del mismo, suspensión de la audiencia de ley, archivo de actuaciones procesales, etcétera. Cabe mencionar que se precisa como número de procedimiento administrativo el DGR/B/03/2020/R/15/076 y/o DGR/B/04/2020/R/15/076, toda vez que el primero lo señala en el capítulo de antecedentes del acto reclamado y el segundo se aprecia de los conceptos de violación y del acuse de recibo de la petición reclamada, que anexó a la demanda de amparo. Entonces, el quejoso se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento administrativo, y tal acto reclamado no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo, la falta de respuesta a una petición expresa sobre el trámite de dicho expediente, es decir, el derecho de petición alegado por la parte quejosa corresponde a un procedimiento seguido en forma de juicio, como lo es el expediente relativo al procedimiento de responsabilidades resarcitorias DGR/B/03/2020/R/15/076 y/o DGR/B/04/2020/R/15/076. Es así que tratándose de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, el derecho de acción como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca del asunto resuelva sobre la pretensión que es sometida a su conocimiento, por lo que debe sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones; de ahí que, por regla general, no es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta. De ahí que, resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en términos de los artículos Constitucionales citados, pues cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, por ende, resulta improcedente el juicio de amparo indirecto. ... En consecuencia, en términos del artículo 113, así como de conformidad con el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo y 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, SE DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE AMPARO, determinación que se toma en cumplimiento al derecho fundamental de prontitud en la administración de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, pues los motivos de improcedencia advertidos no podrán desvirtuarse con el material probatorio que se aporte al juicio. En términos del numeral 305 del código adjetivo en cita, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Atento a lo previsto en el artículo 12 de la Ley de Amparo se tiene como autorizado en amplios términos a ... Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo...se impone desechar...hágase del conocimiento de la parte promovente que en términos del artículo 120 de la ley general de transparencia y acceso a la información, podrá oponerse a la publicación de sus datos personales. Notifíquese; personalmente

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