Belinda Sanchez Gastelum
Expediente 591/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California. 14 actuaciones registradas, la última del 6 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 591/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 06/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Belinda Sanchez Gastelum
- Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
AUTO. Mexicali, Baja California, seis de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que el término de quince días a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de inconformidad en contra del proveído de veintinueve de junio de dos mil veintiuno, en el cual se tuvo por cumplido el fallo protector, transcurrió sin que se haya hecho uso del recurso a que refiere el precepto legal citado; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se tiene por consentido el cumplimiento dado al fallo protector en el presente juicio de amparo. En tales condiciones, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), comuníquese a las partes para los efectos legales procedentes y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. Con fundamento en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, hágase constar que el cuaderno del juicio de amparo es susceptible de depuración, al ubicarse en el supuesto previsto en el numeral 18, fracción b), del referido acuerdo; asimismo, no es de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos contemplados en el artículo 15 del citado acuerdo.
- Principal
AUTO. Mexicali, Baja California, once de junio de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio firmado por el Delegado de las responsables dependientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de Gobierno y Municipio del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, por medio del cual informa respecto del cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio; anexando para tal efecto oficio dirigido a la parte quejosa de ocho de junio de este año. Visto lo anterior, con fundamento en el numeral 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa, con copia certificada de las constancias remitidas por la autoridad responsable, y de este auto, para que en un término de tres días manifieste lo que a su interés convenga, en el entendido que de no hacer manifestación alguna, concluido dicho término, éste Juzgado de oficio, se pronunciará sobre el cumplimiento a la ejecutoria de amparo.
- Principal
Auto. Mexicali, Baja California, siete de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, agréguese el escrito signado por Alejandra León Percevault, autorizada de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante el cual desahoga la vista de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, realizando diversas manifestaciones de inconformidad respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por las responsables; lo cual será tomado en consideración al momento de calificar el cumplimiento de la ejecutoria. Ahora, visto el estado de autos, se advierte que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa a fin de que manifestara lo que a su interés legal conviniera sobre el cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo; en tal virtud, este juzgado procede a pronunciarse al respecto, con base a las constancias obrantes en autos y las manifestaciones realizadas por la autorizada de la quejosa en el ocurso citado en el párrafo antecede. Antecedentes En el caso, la quejosa Belinda Sánchez Gastelum solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y por el acto que se precisa a continuación: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE: a).- H. INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA (.). b).- H. DIRECTOR INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA (.). c).- H. JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA (.). d).- H. PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA (.). e).- H. OFICIALÍA MAYOR DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA (.). f).- H. DIRECTOR DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA.[.]" "IV. Acto Reclamado: Se reclamada de las autoridades responsables, LA OMISIÓN Y LA NEGATIVA DE OTORGAMIENTO DE LA PENSIÓN POR RETIRO POR EDAD Y TIEMPO DE SERVICIO, así como la dilación existente en no cumplir con todos y cada uno de los plazos y términos en la ley que rige el acto respecto al tratamiento que deben realizar a fin de resolver con relación al otorgamiento o negativa debidamente fundada y motivada de derecho a la petición por jubilación dejando de cumplir con el derecho de petición establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que exhibí ante la responsable H. INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, por medio de la oficina encargada de recibir e iniciar el trámite denominado DIRECTOR DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA anexando la documentación requerida por la LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, vigente en la fecha de su presentación, y el REGLAMENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE PENSIONES A LOS ASEGURADOS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA; sin que a día de hoy, medie respuesta completa y congruente con relación a la petición formulada es decir, no existe pronunciamiento respecto al otorgamiento o negativa de la pensión solicitada, motivo por el cual, se pide la protección de la Justicia de la Unión. [.]" Efectos de la sentencia En veintiséis de noviembre de dos mil veinte, se dictó sentencia constitucional en la que, por una parte se sobreseyó en el presente juicio y, por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para que las autoridades responsables, con libertad de jurisdicción, dieran respuesta por escrito en el ámbito de sus facultades, a la solicitud de pensión por jubilación formulada por la quejosa de manera congruente; asimismo, la determinación que se emita al respecto, deberá ser notificada de inmediato. Contra dicha resolución las autoridades responsables interpusieron recurso de revisión, el cual por razón de turno conoció el Segundo Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en esta ciudad, correspondiéndole el amparo en revisión 48/2021, en el cual se confirmó la sentencia dictada en el presente juicio, por lo que se requirió a las responsables para que en el término de tres días dieran cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Actos relativos al cumplimiento del fallo Por auto de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, se tuvo a la delegada de las autoridades responsables, informando el cumplimiento dado al fallo protector, para lo cual anexó copia del oficio de dieciocho de mayo del año en curso, dirigido a la parte quejosa, con firma autógrafa en fresco de su autorizada de diecinueve del mismo mes y año. Manifestaciones de la parte quejosa Por escrito recibido en esta data, la autorizada de la parte quejosa, arguye en esencia que la respuesta otorgada por la responsable carece de absoluta congruencia en relación con la situación particular y la petición que se les realizó, haciendo valer su inconformidad. Manifestando que la respuesta otorgada por la responsable no es congruente a la respuesta emitida con la petición materia juicio de derechos fundamentales en el que actúa. Por lo anterior, solicita se le requiera a la responsable para efecto de que exhiba las constancias que acrediten que está actuando de conformidad a lo dispuesto en el Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones a los Asegurados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, atendiendo de manera completa la solicitud de pensión por jubilación, de conformidad a la ejecutoria dictada en el presente juicio, la cual debe ser de forma congruente y completa en base a lo solicitado y definitiva, ya en el caso que nos ocupa se encuentra inconclusa. Calificación de los actos relativos al cumplimiento Ahora, del oficio dirigido a la quejosa, emitido por la Jefa del Departamento de Gestión de Pensiones y Jubilaciones del Instituto en comento, se desprende en la parte conducente la manifestación de la responsable en el sentido que al momento de analizar los documentos anexos por la quejosa a su petición, se observa que al momento de la emisión de la presente respuesta, no se cuenta con el comunicado por parte de la patronal en el que se indique la propuesta para que se incorpore a la quejosa a la nómina pensionados de dicho Instituto; es decir, no se encontraron tramites de pensión por Jubilación promovidos por el patrón de la impetrante, indicando que dicho documento es indispensable para dar entrada al trámite solicitado, por lo que existe una imposibilidad jurídica y material para la verificación e integración, al no cumplir con los requisitos formales de la tramitologia respectiva y por tanto no puede ser debidamente integrado el expediente en los términos relatados, por lo cual no procede continuar con el trámite de la solicitud hasta en tanto se satisfaga dicho requisito. Bajo ese contexto, en primer término, es dable recapitular que los efectos de la concesión de amparo en este asunto, fueron para que la responsable, con libertad de jurisdicción, diera respuesta por escrito en el ámbito de sus facultades, a la solicitud de pensión formulada por la parte quejosa de manera congruente. En el caso, se tiene que en efecto se dio respuesta a la parte quejosa respecto del trámite de la pensión que solicitó. En segundo, que de los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo, se desprende que la respuesta debe ser congruente con lo peticionado. En ese sentido, respecto a la respuesta otorgada por la responsable carece de congruencia en relación con su situación particular y la petición que se realizó, habida cuenta que en la respuesta otorgada se basa en que no puede integrarse el expediente respectivo ante la falta de un requisito, consistente en que no se cuenta con el comunicado por parte de la patronal en el que se indique la propuesta para que se incorpore a la quejosa a la nómina pensionados del Instituto responsable. Sin embargo, de acuerdo al Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones a los Asegurados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California en lo particular los numerales 7°, 8°, 22° y 23° del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones del aludido instituto, disponen lo siguiente: "Artículo 7°. El dictamen de referencia, acompañado de su respectivo expediente será turnado a la H. Junta Directiva a efecto de que conceda, niegue, suspenda, modifique o revoque las Jubilaciones o Pensiones acorde con lo señalado por el Artículo 116, fracción IV de la Ley. Artículo 8°. El dictamen de la H. Junta Directiva a que se refiere el Artículo anterior, será remitido dentro de los 15 días siguientes al Oficial Mayor de Gobierno del Estado o quien tenga esa facultad en los Municipios u Organismos incorporados, quien revisará y resolverá en definitiva, respecto de la Pensión Solicitada, para que pueda ser ejecutada. Artículo 22. Tienen derecho a Jubilación los trabajadores con treinta o más años de servicios al Gobierno del Estado, de los Municipios u Organismos afiliados, e igual tiempo de contribución al Fondo de Pensiones del Instituto, cualquiera que sea su edad. La Jubilación dará derecho al pago de una cantidad equivalente al último sueldo devengado por el trabajador. Artículo 23. El Asegurado que solicitase Jubilación al Instituto, deberá presentar la siguiente documentación: 1) Solicitud por escrito de la prestación, dirigida al Director General del Instituto. 2) Hoja de Servicios expedida por la Dependencia facultada para dar fe del tiempo laborado por los trabajadores del Gobierno del Estado o de los Municipios u Organismos afiliados. En este caso, el mencionado documento constatará que el solicitante ha trabajado por espacio de treinta años, según lo establece el Artículo 67 de la Ley. Para complementar la información, el Departamento de Pensiones solicitará al Departamento correspondiente del Instituto, lo siguiente: Certificación de los años de aportaciones al Fondo de Pensiones del Instituto, por parte del solicitante de Jubilación. En caso de reconocimiento de antigüedad, el trabajador justificará el pago de las cuotas y aportaciones omitidas por este concepto, o bien la forma como se convino con el Instituto, su liquidación. c) Certificación del último sueldo devengado por el trabajador. Obtenida esta información e integrado el expediente, se procederá a elaborar el Dictamen correspondiente, notificándose al interesado y se continuará el procedimiento en los términos de los Artículos 7 y 8 del capítulo anterior. De los preceptos transcritos, se obtiene el procedimiento al que habrá de sujetarse el otorgamiento de jubilaciones, el cual consiste en que, una vez presentada la solicitud correspondiente, el Departamento de Pensiones, recabara certificación de los años de aportaciones al Fondo de Pensiones del Instituto, por parte del solicitante de Jubilación, en caso de reconocimiento de antigüedad, el trabajador justificará el pago de las cuotas y aportaciones omitidas por este concepto, o bien la forma como se convino con el Instituto, su liquidación, último sueldo devengado por el trabajado y obtenida esta información e integrado el expediente, se procederá a elaborar el Dictamen correspondiente, mismo que será turnado a la Junta Directiva a efecto de que conceda, niegue, suspenda, modifique o revoque las jubilaciones o pensiones. Hecho lo anterior el dictamen será remitido dentro de los quince días siguientes al Oficial Mayor de Gobierno del Estado o a quien tenga esa facultad en los Municipios u organismos incorporados, quien revisara y resolverá en definitiva, respecto de la pensión solicitada, el Director General del Instituto comunicará por escrito a los interesados el Acuerdo del Ejecutivo, en un tiempo que no exceda de cinco días hábiles; asimismo, remitirá copia del dictamen sancionado por el Ejecutivo del Estado, a la Dependencia donde labore el solicitante de pensión, para efecto de su correspondiente baja como trabajador. En ese sentido, en es de concluirse que la autoridad responsable está obligada a recabar la información a que se refiere en numeral 23 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones a los Asegurados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, el cual no contempla que el asegurado deba informar a ese órgano asegurador si tiene calidad de trabajador en activo y le es aplicable el estímulo de permanencia o si fue separada del encargo por una de la causas señaladas en la ley aplicable en su relación laboral. En consecuencia, resulta procedente requerir de nueva cuenta a las autoridades responsables del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días contadas a partir de que reciban el oficio relativo, cumplan cabalmente con la ejecutoria de amparo, esto es, con plenitud de jurisdicción, otorguen respuesta por escrito en el ámbito de sus facultades, a la solicitud de pensión formulada por la quejosa de manera congruente, tomando en consideración la situación actual respecto del quejoso. Con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del término señalado, se les impondrá una multa por el equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización vigente, de conformidad con el artículo 237 fracción I, de la Ley de Amparo, además de que serán remitidos los autos originales del presente juicio de amparo, al Tribunal Colegiado en turno con residencia en esta ciudad, para seguir el trámite de inejecución, tal y como lo establece el artículo 192 de la Ley de Amparo. Asimismo, se les apercibe que no cumplir en los términos indicados y desatender el procedimiento para el otorgamiento de pensiones conforme al reglamento antes invocado, se podrá considerar que incurren en evasivas injustificadas o tramite ilegal lo cual también constituye causa para la inejecución de la sentencia. Sirve de sustento a lo anterior, la Jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.), Décima Época, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 12, noviembre de 2014, Tomo I, registro 2007914, que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En términos del citado precepto legal, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En atención a lo anterior, en los casos en que las autoridades pretendan acreditar el cumplimiento de la sentencia de amparo -pero no cuando han sido omisas al respecto-, el Juez de Distrito o el Tribunal Colegiado de Circuito, según sea el caso, deberá considerar si la actuación de la autoridad responsable o vinculada al cumplimiento implica un actuar evasivo respecto del incumplimiento de la sentencia de amparo o si se han efectuado procedimientos ilegales que retarden su cumplimiento, cuyo objetivo consista en no cumplir con el mandato federal, pues sólo en esos supuestos deberá imponerse la multa correspondiente y continuar con el procedimiento de inejecución, mediante el envío de los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para que en el momento procesal oportuno, en caso de que proceda, se determine la destitución del cargo y, posteriormente, la consignación de las autoridades contumaces. Así, el incumplimiento por medio de evasivas se actualizará cuando las autoridades responsables o vinculadas lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo, lo que, en todo momento, deberá analizarse en función tanto de los efectos plasmados en la sentencia de amparo, como, y especialmente, del requerimiento de su cumplimiento, pues en la medida en que éstos se encuentren claramente determinados, podrán imponerse las sanciones aplicables por el incumplimiento del fallo protector. Debe entenderse que se retrasa el cumplimiento de la sentencia de amparo por medio de procedimientos ilegales, cuando se lleven a cabo, so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. En términos de lo anterior, debe considerarse que si una autoridad responsable o vinculada, según sea el caso, propone el cumplimiento de la sentencia de amparo y ello no satisface al órgano jurisdiccional -pero éste no advierte una actitud evasiva o la práctica de procedimientos ilegales que generen retraso en el cumplimiento de la sentencia-, se deberá requerir de nueva cuenta el cumplimiento de la sentencia de amparo especificando qué debe realizar la autoridad responsable y/o vinculada al cumplimiento y las razones por las que el acto con el que la autoridad pretendía cumplir no satisfacen esta condición, sin que ello dé lugar a la imposición de una multa o al envío de los autos al órgano jurisdiccional competente (Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda) para continuar el trámite respectivo, pues esto último sólo ocurrirá cuando se advierta que se actualiza alguna o ambas de las condiciones apuntadas -actos evasivos o la práctica de procedimientos ilegales que retardan el cumplimiento de la sentencia de amparo, tal y como se establece en el artículo 196 de la ley de la materia. De igual manera, cuando las autoridades judiciales de amparo adviertan que existe exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia de amparo y que por ello no puede tenerse como cumplida tal y como lo ordena el artículo 196 de la Ley de Amparo, ello tampoco da lugar a que se continúe con el trámite de inejecución que eventualmente puede concluir con la aplicación de las sanciones (pecuniaria, separación del cargo y consignación ante un Juez penal), sino que se deberá requerir a la autoridad para que subsane dicha deficiencia (exceso y defecto) y exprese con claridad la razón por la que se considera que existe un cumplimiento excesivo o defectuoso. Por último, se les indica a las responsables, que tanto el informe de cumplimiento y, en su caso, las constancias certificadas que hayan servido como base para ello, podrán ser remitidos con firma electrónica al correo institucional de este órgano jurisdiccional 1jdo15cto@correo.cjf.gob.mx, o bien, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, sin perjuicio de hacer la remisión que corresponda por los demás medios que señala la ley de la materia.
- Principal
AUTO. Mexicali, Baja California, veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio firmado por la Delegada de las responsables dependientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de Gobierno y Municipio del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, por medio del cual informa respecto del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el presente juicio. Visto lo anterior, con fundamento en el numeral 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa, con copia certificada de las constancias remitidas por la autoridad responsable, y de este auto, para que en un término de tres días manifieste lo que a su interés convenga, en el entendido que de no hacer manifestación alguna, concluido dicho término, éste Juzgado de oficio, se pronunciará sobre el cumplimiento a la ejecutoria de amparo.
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