Belinda Ordoñez Vazquez
Expediente 1212/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1212/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 18/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Belinda Ordoñez Vazquez
Actuaciones
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo, dieciocho de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales consiguientes el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, con residencia en esta ciudad de Pachuca, Hidalgo, mediante el cual informa admitió a trámite el recurso de queja, registrándose bajo el número ******************** circunstancia de lo cual queda enterado este Órgano Jurisdiccional. Notifíquese
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo, diez de agosto de dos mil veintitrés. Se tiene por recibido oficio mediante el cual el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, acusa de recibido los cuadernos originales y sus anexos remitidos el uno de agosto del año en curso. Este órgano jurisdiccional toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Notifíquese
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo, veintiocho de julio de dos mil veintitrés. Agréguese para que obre como legalmente corresponda, el escrito signado por ********************por propio derecho, por medio del cual da cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de dieciocho de julio del año en curso. Por lo anterior, se procede a proveer lo siguiente: DESECHAMIENTO Por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de derechos, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que, de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda en cuestión. Asimismo, de conformidad con el artículo 113 de la ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano. Lo anterior es así, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiere la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situación que en el caso a estudio acontece. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Dicho precepto autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de derechos, cuando al examinarla encontrare motivo manifieste e indudable de improcedencia. Apoya la anterior consideración la tesis de jurisprudencia I.1o.A. J/4, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta1, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." En efecto, el análisis integral de la demanda de amparo, la cual se trata como un todo, reveló que el acto reclamado en el presente asunto es: La sentencia de veintiuno de junio de dos mil veintitrés dictada dentro de la toca civil ********************/2017 por los integrantes de la Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, que resolvió lo siguiente: "(.) PRIMERO. Esta Primera Sala Civil y Familiar, resultó competente para resolver los 05 cinco recursos de apelación en contra de los autos de fecha 13 trece de mayo de 2022 dos mil veintidós y 21 veintiuno de marzo de 2023dos mil veintitrés interpuestos por ********************, 30 treinta de septiembre del año 2022 dos mil veintidós, interpuesto por ******************** y ********************, 09 nueve de marzo de 2023 dos mil veintitrés, interpuesto por ********************, todos dictados por el Juez Segundo Familiar del Distrito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo; dentro del procedimiento especial no contencioso de declaración de estado de interdicción y nombramiento de tutor de ******************** promovido por ********************testimonio de apelación que en copias certificada deriva del expediente 1278/2017. SEGUNDO. Los agravios expresados por ********************contra el punto I del auto de fecha 09 nueve de marzo de 2023 dos mil veintitrés, resultaron infundados e inoperantes, mientras que los agravios expresados en el punto II, resultaron uno infundado y otro fundado en la suplencia de la deficiencia de la queja. TERCERO. En consecuencia se modifica el auto de fecha 09 nueve de marzo de 2023 dos mil veintitrés, para quedar en los términos establecidos en la última parte del considerando V. CUARTO. Los agravios expresado en contra de los autos de fechas 13 trece de mayo y 30 treinta de septiembre ambos del 2022 dos mil veintidós, expresados por ******************** y ********************, resultaron fundados y operantes. QUINTO, En consecuencia, se revocan los autos de fechas 13 trece de mayo y 30 treinta de septiembre ambos del 2022 dos mil veintidós, para quedar en los términos establecidos en la última parte del considerando IV. SEXTO. Los agravios expresados en contra de los autos de fechas 21 veintiuno de marzo de 2013 dos mil veintitrés, con números de cadena 2170800500127820117 y 2170800500127820117, expresados por ******************** y ********************, resultaron fundados y operantes. SEPTIMO. En consecuencia, se revocan los autos de fechas 21 veintiuno de marzo de 2013 dos mil veintitrés, con números de cadena 2170800500127820117 y 2170800500127820117, para quedar en los términos establecidos en la última parte de los considerandos VI y VII. (.)". Precisado lo anterior, se estima que en el caso, se actualiza de modo manifiesto, la causa de improcedencia contenida en el la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la diversa V, del numeral 107, éste último interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, porque los actos reclamados de acuerdo a su naturaleza no son de aquéllos que produzcan al agraviado una ejecución de imposible reparación. El citado artículo 61, fracción XXIII, de la ley de la materia vigente, establece que: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Por su parte, el diverso precepto 107, fracción V, de la Ley de Amparo, prevé que: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;.". De la lectura de los preceptos legales transcritos se aprecia que tratándose de actos dictados en juicio, el amparo indirecto únicamente procede cuando sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afectan materialmente y de manera actual derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En cuanto a los actos de imposible reparación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, analizando lo dispuesto en las fracciones III, inciso b), y V del artículo 107 de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, consideró que el legislador, mediante una definición legal reiteró su propósito de que los actos dictados en juicio, para ser calificados como de imposible reparación, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, esto es, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio a un derecho y no únicamente que produzca una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo. Que además, debían recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Interpretación que dijo la Corte, se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y, La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En ese contexto, se considera que en el presente caso el acto reclamado por la parte quejosa, no constituye un acto de imposible reparación que afecte materialmente derechos sustantivos, para que como excepción pueda ser sometida a estudio constitucional, en términos de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. Se afirma lo anterior, en virtud de que la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en la resolución de veintiuno de junio de dos mil veintitrés, dictada dentro del toca civil ********************/2017-II del índice de la Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo-derivado de la solicitud de declaración de estado de interdicción a ******************** por parte de ********************-, que resolvió el recurso de apelación promovido, entre otros, por ********************, contra el punto I, de auto de nueve de marzo de dos mil veintitrés, trece de mayo y treinta de septiembre de dos mil veinte, por el que se requirió a ********************, la rendición de cuentas. Así como, el punto II del acuerdo de nueve de marzo de dos mil veintitrés, y los autos de veintiuno de marzo de la misma anualidad, con números de cadena 2170800500127820117 y 2170800600127820117, relativas a la valoración médica en materia de psiquiatría a ********************, prescindiendo de apoyarse en el Hospital de Villa Ocaranza. Ahora, de la lectura integra de la resolución reclamada que adjuntó al escrito que se provee, no se advierte que se haya resuelto la litis planteada, esto es, declarar o no el estado de interdicción de ********************¸ así como el dictado de diversas providencias cautelares, ni que se le haya otorgado legalmente la tutela del citado ********************, de ahí que no se actualiza el supuesto de procedencia previsto en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, pues no constituye un acto de imposible reparación, ya que no afecta actual y materialmente y por sí algún derecho sustantivo tutelado en la Constitución Federal o en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, a la aquí provomente del amparo, tales como la vida, la libertad, la propiedad, etcétera. Es así, pues más bien se trata de un acto relacionado con una cuestión ajena a la litis principal -declaración de estado de interdicción e incapacidad de Rosendo Jorge Ordóñez Balcells, así como el dictado de diversas providencias precautorias-, que únicamente se traducen en un perjuicio que pudiera resentir la parte quejosa pero en sus derechos adjetivos, como parte en la integración del expediente natural subyacente, cuyas consecuencias son susceptibles de repararse si la resolución definitiva que se pronuncie en dicha causa le es favorable a la parte quejosa, sin dejar huella en su esfera jurídica. Lo anterior adquiere relevancia, en razón del contenido del artículo 171 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ejidatarios, comuneros, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, o quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, ni en los de naturaleza penal promovidos por el inculpado. Tampoco será exigible el requisito cuando se alegue que, la ley aplicada o que se debió aplicar en el acto procesal, es contrario a la Constitución o a los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De lo anterior se desprende, en lo que interesa al caso a estudio, que al reclamarse en amparo directo la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deben hacerse valer las infracciones habidas durante la secuela del procedimiento correspondiente, siempre que éstas hayan afectado las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Lo cual se encuentra íntimamente relacionado con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, que establece la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendidos como los que afectan materialmente derechos sustantivos. Por su parte, los mismos principios se advierten tratándose de los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, pues en la fracción III del artículo 107 de la Ley de Amparo, se establece la procedencia del juicio siempre que se trate de: a) la resolución definitiva, en que se podrá reclamar la violaciones cometidas en la propia resolución o durante el procedimiento si en virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y, b) se traten de actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, esto es, aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos. La razón de ser de estas reglas de procedencia, fue impedir que el juicio de amparo sea utilizado como instrumento para retardar o entorpecer el dictado o la ejecución de un fallo definitivo. Con eso en mente, el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo contra actos dictados dentro de un juicio o un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio a la resolución definitiva que pusiera fin a ese juicio o procedimiento, pudiéndose reclamar ahí las demás violaciones cometidas durante el sumario que hubieran afectado las defensas de la parte quejosa; así, en virtud de un principio de economía, cualquier alegación referida al procedimiento podrá hacerse valer en este momento. En ese orden de ideas, en el artículo 172 de la Ley de Amparo, el legislador estableció un catálogo orientador en cuanto a los tipos de actos u omisiones por los que deben estimarse como violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, que deberán reclamarse en el juicio de amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, entre los que destaca, para el caso, el que una autoridad resuelva modificar un auto de un procedimiento de interdicto, y ordene realizar alguna acción tendente a realizar alguna valoración médica dentro del mismo procedimiento. Sin que pase desapercibido que, tanto de las manifestaciones como de las pruebas anexas a la demanda inicial y al escrito de cumplimiento de prevención, la aquí quejosa no forma parte del procedimiento de origen, lo que implica que no existe una afectación a sus derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por lo anteriormente expuesto, se advierte que se actualiza en el presente asunto la causa de improcedencia contenida en el la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la diversa V, del numeral 107, éste último interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, por lo que se desecha la demanda de amparo promovida por la parte quejosa. Notifíquese.Así lo proveyó y firma el Juez Fredy Francisco Aguilar Pérez, Titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, ante el Secretario Rubén Gutiérrez Lazcano, que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito signado por ********************, en su carácter de perito oficial designado por este Órgano Jurisdiccional, en atención a su contenido dígasele que el aquí quejoso se encuentra recluido en el Centro de Reinserción Social de Tula de Allende, Hidalgo, aunado a que previo al deshago de la prueba pericial la cual se llevara a cabo en el centro de reinserción social de mérito, tiene que acudir a este Juzgado a aceptar el cargo conferido con fundamento en el artículo 147 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en la fecha que señala esto es las trece horas del día martes once de julio el año en curso. Por tanto, se comisiona al actuario adscrito a este Juzgado para que notifique al perito de mérito en el correo electrónico teléfono 55110485 Particular: 55259168 y correo electrónico aarmenta@peritosinternacionales.com para que una vez notificado por correo electrónico, se apersone a protestar y aceptar dicho cargo en la fecha que señala en el domicilio de este Juzgado Federal es el ubicado en Boulevard Luís Donaldo Colosio, 1209, edificio "B", planta baja, fraccionamiento Colosio I, Reserva Villa Aquiles Serdán, Pachuca, Hidalgo, Código Postal 42084. Notifíquese y vía telefónica o de correo electrónico a al perito ********************.
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