BELEN SANTIBAÑEZ PÉREZ y Otros.

Expediente 418/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
418/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
04/05/2021

Partes del expediente

  • BELEN SANTIBAÑEZ PÉREZ y Otros.
  • Belen Santibañez Pérez

Actuaciones

  1. Principal

    MESA V A San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de mayo de dos mil veintiuno. Visto el cómputo secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera recurso de queja contra el acuerdo por el que se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído. Con fundamento en artículos 8, fracción I y 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. ".............."" Por otra parte, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en comento. Toda vez que se desechó la demanda de amparo, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, será destruido dentro de los treinta días siguientes, conforme a lo establecido en el artículo 21, inciso d), penúltimo párrafo, del Acuerdo invocado. Realícense las anotaciones relativas en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de abril de dos mil veintiuno. Con el escrito de demanda de amparo, promovida por BELÉN SANTIBAÑEZ PÉREZ, por su propio derecho, y en representación de su menor hijo U.Z.Z.S., cuya personalidad se tiene por acreditada con fundamento en los numerales 6° y 10 de la Ley de Amparo; por lo que en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 418/2021. Precisión del acto reclamado En la especie, de la lectura integral de la demanda se advierte que la quejosa reclama de las autoridades responsables Directora del Hospital Básico Comunitario de Tamazulapam del Espíritu Santo, Miexe, Oaxaca de la Secretaría de Salud del Estado; Jefa de enfermeras del citado hospital y Secretario de Salud del Estado, la negativa del resguardo domiciliario correspondiente a lactancia materna basado en la publicación del Diario Oficial de la Federación e treinta y uno de julio de dos mil veinte. Desechamiento. En ese orden, el suscrito juzgador advierte que contra el precitado acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 1°, fracción I, 5°, fracción II y 61, fracción XXIII, todos de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite:--- I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;". "5o. Son partes en el juicio de amparo:--- II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.--- Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.". "61. El juicio de amparo es improcedente:--- XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". El artículo 1, fracción I, citado prevé que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Mientras que el numeral 5, fracción II, transcrito en último lugar, dispone que son partes en el juicio de amparo, entre otras, la autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Asimismo, para los efectos del juicio de amparo los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esa fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Por su parte, el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece la improcedencia de la acción constitucional cuando ésta derive de alguna disposición de la Constitución Federal de la propia Ley de la Materia. En ese sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 394/2016 explicó las connotaciones de autoridad para efectos del juicio de amparo, para lo cual esbozó los motivos que condujeron al legislador ordinario para modificar el concepto de autoridad en la Ley de Amparo. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación explicó que el concepto de acto de autoridad para efecto del juicio de amparo se modificó esencialmente ya que la vulneración de los derechos humanos no sólo proviene del Estado, sino también proviene de la actuación de los particulares en determinadas circunstancias, esto es, cuando sus actos u omisiones sean equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos del acto de autoridad que define el artículo 5, fracción II de la Ley de Amparo, cuya potestad o función deriva de una norma general y abstracta. Agregó que el criterio actual del Máximo Tribunal para determinar si se tiene o no el carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo, se basa no sólo en el atributo de la fuerza pública o del imperio, pues con fundamento en una norma legal se puedan emitir actos unilaterales a través de los cuales se creen, modifiquen o extingan por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consentimiento del afectado, así como el tipo de relación jurídica que existe entre los sujetos en conflicto. Indicó que para que pueda otorgársele a alguien el carácter de autoridad responsable tiene que darse necesariamente la relación de supra a subordinación, pues tratándose de los otros tipos de relaciones (de coordinación o de supraordinación) los sujetos se ubican en un plano de igualdad, por lo que no se da la característica de un sujeto que tenga superioridad respecto del otro, que es la nota distintiva para determinar que, en esos casos, se está en presencia de un acto de autoridad. Las consideraciones reseñadas dieron origen a la jurisprudencia 1a./J. 41/2019 con rubro: "NOTARIOS PÚBLICOS. NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDADES RESPONSABLES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE LES RECLAMEN ACTOS DERIVADOS DE LA TRAMITACIÓN DE SUCESIONES EXTRAJUDICIALES.", publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, libro 69, Agosto de 2019, tomo II, página 1144. Ahora, de las constancias de autos a las que se les confiere pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se advierte, que la quejosa manifiesta que es persona eventual adscrita al Hospital Básico Comunitario de Tamazulapam del Espíritu Santo Mixe, Oaxaca, dependiente de la Secretaría de Salud del Estado de Oaxaca, como Enfermera General "A", con fecha de ingreso de dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, y manifiesta que los días quince de marzo y trece de abril del año en curso, presentó escritos de petición ante la Jefa de Enfermeras del Hospital Básico Comunitario de Tamazulapam del Espíritu Santo, Mixe, Oaxaca, dependiente de la Secretaría de Salud, mediante los cuales solicitó el resguardo domiciliario correspondiente a lactancia materna, basado en la publicación del Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de julio de dos mil veinte, y dicha autorización le ha sido negada, por lo que estima que se vulneran sus derechos y los de su menor hijo. Bajo ese contexto, es dable sostener que el acto reclamado consistente en la negativa del resguardo domiciliario correspondiente a lactancia materna basado en la Publicación del Diario Oficial de la Federación de treinta y uno de julio de dos mil veinte, no tiene naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo. En efecto, las autoridades responsables Directora del Hospital Básico Comunitario de Tamazulapam del Espíritu Santo, Mixe, Oaxaca de la Secretaría de Salud del Estado; Jefa de enfermeras del citado hospital y Secretario de Salud del Estado, a quienes se atribuye el referido acto; se localiza en un plano de igualdad con los derechos de la quejosa, derivado del punto de coordinación existente como patrón (autoridad señalada como responsable) y de empleada (parte quejosa). Ello debido a que la negativa emitida a la quejosa por las autoridades responsables, proviene como consecuencia de la relación laboral existente con la Secretaría de Salud, para quien presta sus servicios de manera personal y subordinada. Efectivamente, el arábigo 8 de la Ley Federal del Trabajo indica que es trabajador la persona física que presta a otra, física o moral, un trabajo personal subordinado. Por su parte, el precepto 3 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, señala que trabajador es toda persona que preste un servicio físico, intelectual o de ambos géneros, en virtud de nombramiento expedido o por figurar en las listas de raya de los trabajadores temporales. Por tanto, los actos que reclama la quejosa no constituyen -de acuerdo con su naturaleza- actos de persona de derecho público o de autoridad, sino actos entre particulares, pues la Directora del Hospital Básico Comunitario de Tamazulapam del Espíritu Santo, Miexe, Oaxaca de la Secretaría de Salud del Estado; Jefa de enfermeras del citado hospital y Secretario de Salud del Estado, no obraron con el imperio de su soberanía, característica de los actos de autoridad, sino con base en una relación laboral, por lo cual los actos imputados como responsable pertenecen a la esfera del derecho privado y no al ejercicio de la función pública. De esta manera se colige que las instituciones públicas, por el solo hecho de la naturaleza formal no adquieren por esa sola razón el carácter de autoridades cuando realizan actos positivos, negativos u omisivos que tienen su origen en una relación jurídica con el trabajador y, por tanto, el acto reclamado, con independencia de que estén o no acreditados, no constituye actos de autoridad para efectos del amparo. Por ende, como en el caso ocurre, cuando los funcionarios pertenecientes a una institución del Estado realizan actos positivos, negativos u omisivos que tengan su origen en una relación jurídica con el trabajador, están desprovistos de su carácter de autoridades, ya que se conducen bajo una relación de coordinación entablada entre particulares, en la que actúan en un mismo plano y cuyas controversias deben dilucidarse ante una autoridad laboral. Además, se le da el carácter de particulares a los mencionados funcionarios, ya que pueden ser demandados como tal ante la autoridad del trabajo competente y, por ello, no podría sujetársele al juicio de amparo, al reclamarles actos que podrían ser enjuiciados ante otra instancia. En ese sentido, si lo que se pretende reclamar en esta instancia constitucional se trata de circunstancias inherentes a la relación de trabajo que existe entre la Directora del Hospital Básico Comunitario de Tamazulapam del Espíritu Santo, Miexe, Oaxaca de la Secretaría de Salud del Estado, en el que se encuentra adscrita en su calidad de trabajadora, regulada por el artículo 123 Constitucional, cuyo propósito es que no preste su trabajo personal de enfermera; ello conlleva a determinar que lo reclamado no es susceptible de analizarse en esta instancia constitucional. En ese tenor, es pertinente reiterar que lo reclamado por la parte quejosa frente a la autoridad señalada como responsable deriva de la relación laboral que existe, con motivo de tener el cargo de enfermera, es decir, a través de la vía constitucional impugna acciones que atribuye a su empleador y que desde su perspectiva ponen en riesgo su salud. De ahí que, la relación con la unidad médica en que está adscrita es de naturaleza exclusivamente laboral, ya que la actividad que realiza queda comprendida dentro de aquellas que cualquier patrón ejecuta, pues en esas relaciones el Estado queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular. Bajo esa tesitura, es cierto que la quejosa alega en sus conceptos de violación que los actos reclamados conculcan el derecho humano de la impetrante por tratarse de una persona en periodo de lactancia, y que por ello también se vulnera el derecho del menor. Sin embargo, la negativa emitida a la quejosa por la autoridad responsable, proviene como consecuencia de la relación laboral existente con la Secretaría de Salud y aquella, es decir, la autoridad responsable no actuó como un ente del Estado con el imperio de su soberanía, característica de los actos de autoridad, sino con base en una relación laboral que mantiene en un plano de coordinación. En ese tenor, debe destacarse que la Organización Internacional del Trabajo precisó en su publicación relativa a las "Disposiciones fundamentales de las normas internacionales del trabajo pertinentes en el contexto del brote de COVID-19", principalmente en el capítulo denominado "Seguridad y salud en el trabajo", los derechos y responsabilidades que tienen los trabajadores, así como las obligaciones de los empleadores, ante el brote del virus denominado Sars-Cov2 (Covid-19). Incluso, la posibilidad de una orientación normativa sobre la protección de los trabajadores contra riesgos biológicos en el centro laboral. En las disposiciones citadas, la Organización Internacional del Trabajo señala aspectos a considerar por parte del empleador en favor de sus trabajadores, por ejemplo, el derecho a una licencia con goce de sueldo, las consecuencias laborales de estar en cuarentena, cambio o exigencia de optar por vacaciones con motivo del virus, entre otras; mismas que pueden ser consultadas, en el capítulo denominado "Derecho a la licencia y modalidades de trabajo especial". Lo anterior revela que la políticas o indicaciones para mantener la salud de las personas ante el brote del virus COVID-19, no tiene únicamente un enfoque de salud de los Estados frente a sus gobernados, sino que también se observa que se encuentra obligado como empleador a cumplir las disposiciones en materia de seguridad e higiene, entre las que se encuentran el otorgar permisos, licencias implementar modalidades de trabajo especial a sus trabajadores, lo cual se observa a través del nivel de coordinación que deriva de la relación laboral. Al actualizarse la causal de improcedencia prevista en los artículos 1°, fracción I, 5°, fracción II y 61, fracción XXIII, todos de la Ley de Amparo, respecto al acto reclamado y autoridad señalados, conforme lo previsto en el diverso numeral 63, fracción V, de la invocada Ley. En esas condiciones, se desecha de plano la demanda de que se trata. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia VII.2o.T. J/71 L (10a.), Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, Materias Común, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, registro digital 2022822, de rubro y texto: AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. NO TIENEN ESE CARÁCTER LOS PATRONES A LOS QUE SE LES RECLAMA LA NEGATIVA A OTORGAR MEDIDAS PREVENTIVAS (RESGUARDO DOMICILIARIO) ANTE LA CONTINGENCIA SANITARIA POR EL VIRUS SARS-CoV2, POR LO QUE PROCEDE DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA RELATIVA POR CAUSA NOTORIA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Hechos: Diversos trabajadores de Petróleos Mexicanos (Pemex) y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que prestan sus servicios en unidades médicas de dichos organismos, reclamaron mediante juicio de amparo indirecto la negativa a otorgarles medidas preventivas (resguardo domiciliario) ante la contingencia sanitaria por el virus SARS-CoV2, que causa la enfermedad COVID-19, siendo admitidas las demandas por los Jueces de Distrito; proceder que fue controvertido a través del recurso de queja por el patrón a quien se le atribuyó el carácter de autoridad responsable. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que los patrones no son autoridad para efectos del juicio de amparo indirecto, cuando se les reclama la negativa a otorgar medidas preventivas (resguardo domiciliario) ante la contingencia sanitaria existente por el virus SARS-CoV2, que causa la enfermedad COVID-19, por lo que procede desechar la demanda por causa notoria e indudable de improcedencia. Justificación: Lo anterior es así, porque la relación establecida entre la parte quejosa y las autoridades señaladas como responsables no es de supra a subordinación, sino que se trata de una relación de coordinación regulada por el derecho laboral, pues el acto reclamado, en esencia, es la negativa a otorgar medidas preventivas (resguardo domiciliario) ante la contingencia sanitaria existente por el virus referido, en virtud de que su pretensión final es el otorgamiento de una licencia para ausentarse de sus labores, lo que, evidentemente, no es un acto de autoridad, sino en todo caso, una actuación propia de la relación privada que une al patrón con los quejosos como particulares. Luego, no se está en el caso de tener a los patrones como responsables para los efectos del juicio de amparo en este tipo de asuntos, al ser una cuestión de carácter laboral que debe exigirse ante la autoridad ordinaria de trabajo correspondiente, por lo que en dichos supuestos se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos artículos 1o., fracción I y 5o., fracción II, estos últimos aplicados en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, que provoca el desechamiento de plano de la demanda de amparo, sin que sea obstáculo el hecho de que, si bien en algún momento de la contingencia, en aras de privilegiar el acceso a la justicia en términos del artículo 17 de la Constitución General, y por estar cerradas las autoridades ordinarias de trabajo, se pudo entender, excepcionalmente, la tutela del derecho en el amparo; empero, hoy día ya no prevalece tal imposibilidad, pues reactivaron sus funciones, por lo que debe acudirse a la vía ordinaria laboral para hacer dicho reclamo, en tanto esa jurisdicción está restablecida. Domicilio para recibir notificaciones y autorizaciones Por otro lado, se tiene como domicilio para recibir notificaciones personales el que indica la parte quejosa en el escrito de demanda y por autorizada con las amplias facultades que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Francisca Cardoso Pérez, por así solicitarlo y encontrarse registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; en cambio, a las restantes personas que indica, se les tiene únicamente por autorizadas para recibir notificaciones, toda vez que su cédula profesional no se encuentra registrada en el aludido Sistema. Así también, se tiene por hecha la manifestación de la quejosa en el sentido de que se opone a la publicación de su datos personales. Correo electrónico Respecto al correo electrónico que proporciona, con fundamento en los artículos 22, fracción II, y 23 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, "relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid19", que establece que las partes pueden proponer formas especiales y expeditas de contacto (como correo electrónico, servicio de mensajería instantánea, número telefónico); dígasele al Actuario que de resultar necesario establezca contacto con dicha parte quejosa a través de tal medio, para lograr el éxito de actuaciones procesales. Habilitación de días y horas inhábiles En caso de que se ordene alguna notificación personal, se habilita al Actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. Lineamientos en notificaciones que impliquen contacto personal En términos del artículo 23, fracción I, del invocado Acuerdo General 21/2020, se ordena al Actuario que las actuaciones que practique y que impliquen contacto personal, las desahogue en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, a fin de resguardar tanto su integridad y salud, como el de las personas justiciables. Firma electrónica de las determinaciones judiciales En términos de los artículos 3° de la Ley de Amparo y 3º del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, se precisa que este proveído y las subsecuentes determinaciones judiciales se firmarán mediante el uso de la FIREL del titular del Juzgado y secretario; ello, con motivo de que se labora de manera presencial con personal limitado y horario restringido, por lo que se está privilegiando en mayor medida el uso de las herramientas tecnológicas para el trabajo a distancia por parte del personal adscrito. Notifíquese.

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