Belén Rosales López

Expediente 878/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
878/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
24/11/2023

Partes del expediente

  • Belén Rosales López

Actuaciones

  1. Principal

    Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto, mediante el cual remite testimonio de la resolución dictada en el recurso de queja administrativo 358/2023, en sesión celebrada el ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Acúsese recibo. Ahora bien, toda vez que la superioridad resolvió: "PRIMERO. Es fundado el presente recurso de queja". "SEGUNDO. Se revoca el acuerdo de veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, emitido por la Juez Noveno de Distrito en el Estado, en el juicio de amparo 878/2023-VIII, mediante el cual desechó la demanda de protección constitucional. La revocación es para los efectos señalados en la parte final del último punto considerando." En ese sentido, con apoyo en los artículos 1º, fracción I, 2°, 6°, 33, fracción IV, 107, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo promovida por Ma. Belén Rosales López. Incidente de suspensión. Sin que haya lugar a tramitarse el incidente de suspensión pues no se solicitó. Informe justificado. Requiérase de la autoridad responsable su informe justificado, el cual deberá rendir dentro del término de quince días, contado a partir de la notificación del presente proveído, al que deberá acompañar copia certificada, completa y legible de las constancias relacionadas con el acto reclamado; apercibida de que de no hacerlo, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, y se le impondrá una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, la cual asciende a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, moneda nacional). Fecha de audiencia constitucional. Se señalan las once horas con cuarenta minutos del doce de diciembre de dos mil veintitrés para la celebración de la audiencia constitucional. Información para las autoridades responsables. Hágase saber a la autoridad responsable que en caso de que sea necesario señalar una nueva hora y fecha para el desahogo de la audiencia constitucional durante el trascurso del juicio, así como lo atinente a la notificación de otros acuerdos de mero trámite, podrá consultarlos en las listas que se publiquen en los estrados de este órgano jurisdiccional, o bien, en la página de internet http://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se localiza en la página 1253, libro XVI, tomo 2, enero de dos mil trece, correspondiente a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." En caso de que hayan cesado los efectos del acto reclamado u ocurrido causas notorias de sobreseimiento, las partes deberán informarlo de inmediato, apercibidas de que de no hacerlo, se les impondrá una multa de treinta unidades de medida y actualización, de conformidad con el artículo 251 de la Ley de Amparo. Vista a la representación social. Dese la intervención que legalmente corresponde en este juicio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. De igual manera, con fundamento en los artículos 35, 36, 37, 38, 55, 57 y 58 del Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, otórguense los permisos necesarios en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) para que el fiscal adscrito, bajo el usuario FRANCISCOGOCE, acceda al expediente electrónico de este asunto y reciba las notificaciones que le atañen por dicha vía. Tercero interesado. Se reserva acordar lo relativo al señalamiento de terceros interesados, hasta que obre en autos el informe justificado de la autoridad responsable y, en su caso, las constancias que se remita como soporte al mismo, de las cuales se podrá deducir quiénes tienen tal carácter. Domicilio. Toda vez que la quejosa no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la citada legislación, ésta y las subsecuentes notificaciones háganse por lista de acuerdos, hasta en tanto subsane dicha omisión. Pruebas. Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten como pruebas de su parte los archivos digitales contenidos en el dispositivo USB adjuntado a la demanda, los cuales se tienen ofrecidos con el carácter de pruebas documentales, de conformidad con la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por otro lado, se desecha la prueba testimonial ofertada, en virtud de que se omitió exhibir el interrogatorio al tenor de del cual serían examinados los testigos, lo cual constituye un requisito de eficacia para ser admitida, pues el interrogatorio delimita el objeto de la prueba y su contenido constituye la materia sobre la cual versará. Es aplicable, la jurisprudencia P./J.17/2018, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 15, del Tomo I, Junio de 2018, correspondiente a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: PRUEBA TESTIMONIAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA FALTA DE EXHIBICIÓN DEL INTERROGATORIO ORIGINAL AL OFRECERLA, DA LUGAR A SU DESECHAMIENTO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 119, PÁRRAFOS QUINTO Y SEXTO, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE). Conforme al artículo 119 de la Ley de Amparo, el plazo para ofrecer la prueba testimonial en el juicio de amparo indirecto corre desde la presentación de la demanda hasta cinco días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia. Asimismo, dispone que para su ofrecimiento, deberán exhibirse el original y copias del interrogatorio para cada una de las partes, al tenor de los cuales deberán ser examinados los testigos, proporcionando sus nombres y, en caso de que el oferente no pueda presentarlos, sus domicilios; y que a falta total o parcial de las copias, el Juez del conocimiento lo requerirá para que las presente dentro del plazo de tres días, apercibiéndolo que de no hacerlo la prueba se tendrá por no ofrecida. En ese tenor, no basta con que la prueba se ofrezca para ser admitida, pues las condiciones de eficacia del ofrecimiento de la prueba testimonial son su oportunidad, la exhibición del interrogatorio original y la presentación de las copias respectivas. De ahí que, si la prueba se ofrece desatendiendo cualquiera de los dos primeros requisitos, el Juez del conocimiento debe desecharla, pero si se omite exhibir las copias, la consecuencia es prevenir al oferente. Esto es así, porque si bien, tanto la exhibición del interrogatorio original como la de sus copias son elementos esenciales para el perfeccionamiento del ofrecimiento de la prueba, lo cierto es que, por un lado, existe disposición expresa del legislador para subsanar la falta de las segundas, lo que no ocurre con el interrogatorio original. Además, sus finalidades son diferentes, toda vez que el interrogatorio delimita el objeto de la prueba y su contenido constituye la materia sobre la cual versará, por tanto, es su elemento medular, sin el cual no puede considerarse formulado su ofrecimiento, mientras que sus copias sólo son un instrumento formal, necesario para permitir a las partes restantes formular su contradicción. Así, dadas sus diversas finalidades, la facultad de requerir las copias de traslado, ante su falta total o parcial, no puede extenderse al interrogatorio original, ya que de lo contrario, se haría nugatorio el plazo previsto en el artículo 119 citado, pues sólo bastaría con que la prueba se ofreciera dentro del plazo previsto para ello y que se perfeccionara fuera de él, en franca violación a los principios de expeditez y de igualdad procesal de las partes que rigen el juicio de amparo indirecto, además de que el mismo precepto no dispone que el juzgador deba actuar de manera excepcional, como sí lo precisó cuando se trata de la falta de copias, en términos del principio general del derecho previsto en el artículo 11 del Código Civil Federal, acorde con el cual, las leyes que establecen una excepción a las reglas generales, no son aplicables a algún caso que no esté expresamente especificado en aquéllas.

  2. Principal

    Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio signado por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, mediante el cual transcribe el proveído de dieciocho de septiembre del año en curso, dictado en los autos del recurso de queja administrativo 358/2023 de ese índice, por el que se admitió a trámite dicho medio de impugnación, interpuesto por la quejosa ***, en contra del proveído de veinticinco de agosto del año en curso. Este juzgado toma conocimiento de lo anterior para los efectos legales conducentes.

  3. Principal

    Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio suscrito por la Secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, a través del cual remite la constancia de la notificación practicada a la parte quejosa el treinta y uno de agosto pasado, del auto de veinticinco de ese mes y año. De igual forma, intégrese al expediente copia del escrito signado por la quejosa ***; atento a su contenido, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, se tiene interpuesto el recurso de queja que hacen valer contra el auto de veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo. Ríndase el informe justificado materia de la queja y fórmese cuaderno de antecedentes con copia del escrito de expresión de agravios y envíense los autos al Tribunal Colegiado en Materia del Administrativa del Decimosexto Circuito, en turno, así como el original de ese escrito y copia para el fiscal federal adscrito a ese tribunal, para la substanciación del medio de impugnación interpuesto. En la inteligencia que el cuaderno de antecedentes físico que se forme sólo contendrá copia de ese escrito y del presente acuerdo, dado que éste se constituye con la versión digital de la totalidad de las constancias que integran el cuaderno principal del juicio, de conformidad con el artículo 3, párrafo sexto, de la Ley de Amparo, las cuales podrán ser consultadas en el Sistema Integral de Seguimiento a Expedientes, con el fin de reducir el uso de los recursos materiales asignados a este juzgado.

  4. Principal

    agréguese a los autos el oficio suscrito por la Secretaria del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, en el cual transcribe el proveído de veintitrés de agosto del año en curso, emitido en el juicio de amparo 496/2023 de ese índice, por el cual remite como nueva demanda de amparo el escrito de ampliación signado por la quejosa Ma. Belén Rosales López, por el cual reclama la anuencia GDOTUMA/4292/2023 al Director General de Ordenamiento Territorial, Urbano y Medio Ambiente de Salamanca, Guanajuato. Acúsese recibo. Este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato se avoca al conocimiento de la demanda de amparo. Fórmese el cuaderno respectivo y regístrese con el número 878/2023-VIII. Desechamiento. En principio, es menester establecer que de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de distrito debe examinar el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es dable tramitar demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tal norma, impone la obligación al Juez de Distrito de examinar con todo detenimiento la demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improceder efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". Del análisis integral de la demanda se advierte que la quejosa se ostenta como tercera extraña a juicio por equiparación y reclama todo lo actuado dentro del juicio reivindicatorio 808/2018 del índice del Juzgado Primero Civil de Partido de Pénjamo, Guanajuato, incluida la orden de desposesión de la bodega y granja de la cual se ostenta como arrendataria." Acto reclamado. La quejosa reclama la anuencia DGOTUMA/4292/2023, por la cual la Dirección General de Ordenamiento Territorial, Urbano y Medio Ambiente de Salamanca, Guanajuato, otorgó permiso para la instalación de mecanismos de control de acceso a personas y vehículos al conjunto habitacional ubicado en calle Paseo de los Olivares, fraccionamiento Las Reynas, en esa ciudad. Desechamiento. Al respecto, este juzgado advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; [.]". El principio de definitividad del juicio de amparo que contiene la fracción transcrita, consiste en la obligación del quejoso de observar previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección constitucional. La previsión normativa contiene la causa de improcedencia del juicio de amparo indirecto contra aquellas resoluciones dictadas por autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban revisarse de oficio o contra las que proceda algún recurso, juicio o medio de defensa, con el cual puedan modificarse, revocarse o anularse. Dicho principio procesal del juicio de amparo, deriva del contenido de la fracción IV del artículo 107 constitucional, que dispone: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] IV. En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución; [.]" El principio de definitividad admite excepciones: La primera de ellas, exime al solicitante de amparo de agotarlo cuando, con la interposición del recurso, juicio o medio de defensa ordinario, no pueda obtenerse, con la misma facilidad que le brinda la Ley de Amparo, la suspensión de los actos reclamados. La segunda se actualiza cuando el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Se estima que el acto combatido puede impugnarse ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, de conformidad con lo previsto en el artículo 7, fracción I, inciso a), de su Ley Orgánica, a través del proceso administrativo, en términos de la fracción I, del artículo 1, en relación con los artículos 251, fracción I, inciso a) y 263, del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato. Los preceptos relativos prevén. LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE GUANAJUATO. Artículo 7. Las Salas del Tribunalde Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato serán competentes para conocer: I. En primera instancia: Los actos y resoluciones jurídico-administrativos que las autoridades estatales dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar en agravio de los particulares; [.] CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO. Artículo 1. Las disposiciones de este Código son de orden público e interés general y tienen por objeto regular: I. Los actos y procedimientos administrativos de las dependencias y entidades de la administración pública centralizada y paraestatal del Estado de Guanajuato y de sus municipios; y [.] "ARTÍCULO 251. Sólo podrán intervenir en el proceso administrativo, las personas que tengan un interés jurídico que funde su pretensión: I. Tendrán el carácter de actor: a) Los particulares que sean afectados en sus derechos y bienes por un acto o resolución administrativa; y [.]" "ARTÍCULO 263. La demanda deberá formularse por escrito y presentarse ante el Tribunal o Juzgado respectivo dentro de los treinta días siguientes a aquél en que haya surtido efectos la notificación del acto o resolución impugnado o a aquél en que se haya ostentado sabedor de su contenido o de su ejecución.". De lo transcrito, se advierte la existencia de un medio de defensa por el cual el acto reclamado puede ser modificado, revocado o nulificado, en términos de lo dispuesto en los dispositivos jurídicos en cita. Además, no se surte la excepción que explica la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, referente a que no es necesario observar el principio de definitividad, siempre que conforme a las leyes en que se basen los medios de defensa tendientes a modificar, revocar o nulificar el acto en cuestión, se exijan mayores requisitos de los establecidos por la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión del acto. Lo anterior es así, porque como se observa de contenido de los artículos 268, 269, 270, 271, 275, 273, 274, 275, 276, 277 y 278 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, no se exigen mayores requisitos que la Ley de Amparo: "ARTÍCULO 268. La suspensión del acto o resolución impugnado podrá solicitarla el actor en su demanda o en cualquier momento del proceso y tendrá por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentren, en tanto se pronuncia sentencia. Cuando la suspensión se pida en la demanda, si procede, deberá concederse por el Tribunal o Juzgado en el acuerdo que la admita, haciéndolo saber inmediatamente a la autoridad demandada, para su cumplimiento sin demora, pudiendo utilizarse para tal efecto el telegrama, telefax, medios electrónicos o cualquier otro proporcionado por la tecnología, siempre que pueda comprobarse fehacientemente su recepción. ARTÍCULO 269. No se otorgará la suspensión si se causa perjuicio evidente al interés social, si se contravienen disposiciones de orden público o se deje sin materia el proceso administrativo. ARTÍCULO 270. En los casos en que proceda la suspensión, pero pueda ocasionar daños y perjuicios a terceros, se concederá si el actor otorga garantía suficiente para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren, si no obtiene sentencia favorable en el proceso administrativo. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos no estimables en dinero, el juzgador que conozca del asunto fijará discrecionalmente el importe de la garantía. ARTÍCULO 271. El auto en que se decreta la suspensión surtirá sus efectos desde luego, pero dejará de surtirlos si el actor, dentro de los cinco días siguientes, no otorga la garantía establecida. ARTÍCULO 272. La suspensión otorgada conforme a los artículos anteriores, quedará sin efectos si el tercero da, a su vez, caución suficiente para restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación y pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al actor, en el caso de que éste obtenga sentencia favorable. Para que surta efecto la caución que ofrezca el tercero, conforme al párrafo anterior, deberá cubrir previamente los gastos legales que acredite el actor haber hecho para constituir la garantía. No se admitirá contragarantía cuando el levantamiento de la suspensión implique dejar sin materia el proceso administrativo. ARTÍCULO 273. Para el cumplimiento de la suspensión, el Tribunal o Juzgado, podrán hacer uso de los medios de apremio mencionados en el artículo 27 de este Código, siendo aplicable además, en lo conducente, lo dispuesto por este Libro para el cumplimiento y ejecución de sentencias. ARTÍCULO 274. Cuando se presuma la afectación al orden público o al interés social, el juzgador podrá solicitar a la autoridad emisora del acto o resolución impugnado un informe, y en tal caso, podrá conceder la suspensión provisional en tanto decide si se afecta el orden público o el interés social. El juzgador que haya concedido la suspensión provisional, podrá dejarla sin efectos, cuando se compruebe que con la misma se cause perjuicio al orden público o al interés social; así como en los casos de contragarantía otorgada por el tercero. ARTÍCULO 275. La suspensión podrá concederse con efectos restitutorios únicamente cuando a juicio del juzgador sea necesario otorgarle estos efectos, con el objeto de conservar la materia del litigio o impedir perjuicios irreparables al propio particular. La suspensión a que se refiere este artículo procede de oficio y se concederá de plano. ARTÍCULO 276. Tratándose de asuntos de carácter fiscal, se concederá la suspensión, si quien la solicita garantiza el interés fiscal dentro de los tres días siguientes contados a partir del día en que se solicitó la suspensión, ante las oficinas exactoras correspondientes, en cualquiera de las formas previstas por la legislación fiscal correspondiente. El juzgador podrá conceder la suspensión, sin necesidad de que se garantice el importe del crédito, cuando el asunto planteado no rebase la cantidad que resulte de multiplicar por ciento cincuenta el salario mínimo general diario vigente en el Estado de Guanajuato. El auto que dispense el otorgamiento de la garantía no será recurrible. ARTÍCULO 277. Cuando los actos o resoluciones materia de impugnación hubieren sido ejecutados a particulares de escasos recursos económicos, impidiendo el ejercicio de su única actividad personal de subsistencia, debiendo éstos acreditar tal circunstancia aportando medios de convicción, y entre tanto se pronuncia la resolución que corresponda, el juzgador podrá dictar las medidas que estime pertinentes para preservar el medio de subsistencia del actor. Dichas medidas podrán dictarse de plano. ARTÍCULO 278. La suspensión podrá ser revocada por el juzgador en cualquier momento del proceso administrativo, si existe un cambio de la situación jurídica bajo la cual se otorgó, oyéndose previamente a los interesados de oficio o a petición de parte". Disposiciones que son similares a los artículos 128, 130, 132, 133, 135 y 139 de la Ley de Amparo: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: Que la solicite el quejoso; y Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado. [.]" "Artículo 130. La suspensión se podrá pedir en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria. [.]" "Artículo 132. En los casos en que sea procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero interesado que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la garantía. [.]" "Artículo 133. La suspensión, en su caso, quedará sin efecto si el tercero otorga contragarantía para restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación reclamada y pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al quejoso, en el caso de que se le conceda el amparo. No se admitirá la contragarantía cuando de ejecutarse el acto reclamado quede sin materia el juicio de amparo o cuando resulte en extremo difícil restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Cuando puedan afectarse derechos que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la contragarantía. [.]" "Artículo 135. Cuando el amparo se solicite en contra de actos relativos a determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, la que surtirá efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. El órgano jurisdiccional está facultado para reducir el monto de la garantía o dispensar su otorgamiento, en los siguientes casos: I. Si realizado el embargo por las autoridades fiscales, éste haya quedado firme y los bienes del contribuyente embargados fueran suficientes para asegurar la garantía del interés fiscal; II. Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del quejoso; y III. Si se tratase de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito. En los casos en que se niegue el amparo, cuando exista sobreseimiento del mismo o bien cuando por alguna circunstancia se deje sin efectos la suspensión en el amparo, la autoridad responsable hará efectiva la garantía. [.]" Artículo 139. En los casos en que proceda la suspensión conforme a los artículos 128 y 131 de esta Ley, si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con perjuicios de difícil reparación para el quejoso, el órgano jurisdiccional, con la presentación de la demanda, deberá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, tomando las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de tercero y se eviten perjuicios a los interesados, hasta donde sea posible, ni quede sin materia el juicio de amparo. [.]" De ahí que no sean mayores los requisitos establecidos en el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato para la procedencia de la suspensión del acto impugnado, que los prescritos en la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia XVI.1o.A. J/19 (10ª.) del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, localizable en la página 1536, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, del tenor: "PROCESO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO, AL NO EXIGIR EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO MAYORES REQUISITOS PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN DEL ACTO O RESOLUCIÓN IMPUGANDA, QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013. Del análisis de los artículos 268 a 278 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, que regulan la suspensión del acto o resolución impugnada en el proceso administrativo, en comparación con los preceptos de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, que la prevén en el juicio constitucional, se advierte que existen coincidencias entre ambos ordenamientos, a saber: de conformidad con el artículo 268 del primero, el actor podrá solicitar la suspensión en su demanda o en cualquier momento del proceso y, en términos del numeral 130 del segundo, dicha solicitud procede mientras no se dicte sentencia ejecutoria; el artículo 269 de la legislación local condiciona la procedencia de la medida únicamente a que no cause perjuicio evidente al interés social, no se contravengan disposiciones de orden público, ni se deje sin materia el proceso, de forma similar al artículo 128 de la ley citada; por cuanto ve al plazo para proveerla, al disponer el código que debe ser lo antes posible (artículo 268, en relación con el 275), tal expresión se traduce en que debe ser de inmediato, por lo que no excede el establecido en la norma reglamentaria (artículo 144); los numerales 270 del código y 132 de la ley, exigen que se otorgue garantía suficiente para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con la suspensión se causen al tercero si no se obtiene sentencia favorable; el artículo 136 de la ley establece que la medida surte sus efectos desde que se pronuncie el acuerdo que la conceda, pero dejará de surtirlos si la garantía fijada para ello no se exhibe en el término de cinco días, precepto de similar redacción al 271 del código; finalmente, también concuerdan en que, tratándose de actos de naturaleza fiscal, los efectos de la medida están condicionados a la exhibición de la garantía del interés fiscal, la cual puede otorgarse por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables (artículos 276 del código y 135 de la ley). No obsta que a diferencia del ordenamiento local, en la Ley de Amparo (artículo 136) expresamente se señale la reanudación de los efectos, aun cuando la garantía se exhiba extemporáneamente, siempre y cuando el acto reclamado no se haya ejecutado, porque tal divergencia tiene que ver con la eficacia de la suspensión, no con las condiciones de procedencia de la medida y, por ello, no incide para concluir que el código no exige mayores requisitos para otorgar la suspensión que los establecidos para el juicio constitucional, pues ambos esquemas son similares; incluso, la legislación de la entidad federativa mencionada tiene un alcance mayor que la federal, ya que dispone, a diferencia de ésta, que podrá concederse la medida cautelar con efectos restitutorios, cuando a juicio del juzgador sea necesario otorgarle esos efectos (artículo 275). Por tanto, el proceso administrativo debe agotarse previo a promover el juicio de amparo." En cuanto a la segunda de las excepciones que se establece en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo para determinar la obligación de observar el principio de definitividad antes de acudir al juicio de amparo, existe cuando se reclaman actos carentes de toda fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Tal disposición opera en aquellos casos en que el juzgador tenga la convicción de que, realmente, la ausencia total de fundamento del acto combatido impidió al quejoso desplegar adecuadamente su defensa. Se expone tal aserto en atención a que la previsión de que se trata tiende a facilitar la procedencia del amparo, sin necesidad de agotar recursos ordinarios, ante una eventual violación a la garantía de seguridad jurídica del particular generada por la incertidumbre que le pudiera acarrear el desconocer el fundamento en que se apoya la actuación de la autoridad; por virtud de dicha prerrogativa legal, todo gobernado que se vea afectado por un acto gubernativo, debe conocer, puntualmente, el sustento jurídico en que aquél encuentra soporte, certidumbre que, en su caso, lo colocará en aptitud de desarrollar lo más adecuadamente posible su defensa. Sobre esa base, se justifica que ante un acto aislado de la autoridad administrativa que afecta de manera unilateral los intereses del gobernado, carente de total fundamentación, el quejoso no se encuentre obligado a agotar el recurso o medio de defensa ordinario procedente porque no sabe, a ciencia cierta, qué ley es aplicable y, en esa medida, qué medio de defensa intentar. La anterior hipótesis no se actualiza en este caso, pues del propio dicho de la quejosa al señalar el acto reclamado indica que el oficio DGOTUMA/4292/2023 adolece de la debida fundamentación y motivación, por lo que si bien esta puede ser insuficiente, esto no significa que el acto administrativo carezca totalmente de fundamento. De ese modo, la promovente no se encuentra relevada de la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los medios de defensa que estatuye la ley ordinaria. De lo contrario imperaría el arbitrio del promovente, quien por el sólo hecho de señalar violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, podría optar entre agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca o acudir directamente al juicio de amparo, lo que desde luego no es admisible en el juicio constitucional, por lo que está obligado a agotar los medios de defensa que estatuye la ley ordinaria antes de acudir al juicio de amparo. Por tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, la quejosa debió impugnar el acto reclamado, optativamente, ante el Tribunal de Justicia Administrativa de esta entidad federativa o ante el Juzgado Administrativo Municipal de Salamanca, Guanajuato y, de esta forma, cumplir con el principio de definitividad para estar en posibilidad de acudir al juicio de amparo. Aunado a que la quejosa tampoco se coloca en un supuesto de excepción para agotar los medios de defensa ordinarios a su alcance por alegar violaciones directas a la Constitución, pues si bien a primera vista no refiere que el acto de autoridad contraviene algún dispositivo legal específico, sus planteamientos denotan la conculcación al principio de legalidad que rige las funciones de la autoridad responsable, como parte de la administración pública. En virtud de lo expuesto, ante la actualización de forma manifiesta e indudable de la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61, de la Ley de Amparo; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de dicha legislación, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Ma. Belén Rosales López. Solicitud al Juzgado Décimo de Distrito con sede en esta ciudad. Toda vez que no se advierte un domicilio para oír y recibir notificaciones, solicítese atentamente al Juzgado declinante notifique a la quejosa el presente auto a través del medio procesal designado para practicarle notificaciones personales en el juicio de amparo 496/2023 de ese índice. Asimismo, tenga a bien remitir a la brevedad la constancia relativa. Información sobre el esquema de "juicio en línea". De conformidad con el artículo 263, fracción II, párrafo segundo, del Acuerdo General del Pleno Del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes que de ser posible transiten hacia la actuación del presente asunto desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo en los casos excepcionales previstos en el artículo 257, fracción I, del citado acuerdo general. Para lo cual requieren contar con firma electrónica vigente y podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario practique cualquier diligencia en el juicio de amparo en que se actúa, así como para que en el supuesto de no lograr la notificación personal de algún proveído, ante la presencia de causas que impidan dicha notificación, la practique mediante la publicación en la lista de acuerdos, con apoyo en la jurisprudencia 20/2008, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de veinte de febrero de dos mil ocho, de rubro: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. DEBEN REALIZARSE POR LISTA CUANDO NO PUEDAN PRACTICARSE PERSONALMENTE POR NO ENCONTRARSE ALGUIEN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES."

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