Belen Morales Olmedo

Expediente 445/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 16 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
445/2022
Año
2022
Actuaciones
16
Última actuación
20/06/2022

Partes del expediente

  • Belen Morales Olmedo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Incidental

    San Andrés Cholula, Puebla, veinte de junio de dos mil veintidós. Intégrese a los presentes autos, únicamente para que obre como legalmente corresponda, el sobre devuelto por el Servicio Postal Mexicano, a través del cual manifiesta la imposibilidad de notificar el oficio: INC.531-5Director de la Agencia de Investigación de Chiautla de Tapia, Puebla.Por la razón asentada "No hay director en dicha agencia"; no obstante, sin que haya lugar a realizar mayor proveído al respecto, en razón a que en audiencia incidental de veinte de mayo pasado se acordó lo conducente y se resolvió lo que en Derecho corresponde.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciséis de junio de dos mil veintidós. I. QUEDA FIRME. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra del auto de veinticinco de mayo de dos mil veintidós, en el cual se decretó el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías, sin que las partes lo hayan hecho valer. En consecuencia, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme el auto de mérito, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. No es obstáculo, que no obre el acuse de recibo de las autoridades responsables con el numeral 212.4 y 212.5 (4. Director de la Agencia de Investigación Criminal y Unidad de Atención Temprana, Izúcar de Matamoros, Puebla, y 5. Director de la Agencia de Investigación de Chiautla de Tapia, Puebla), en virtud que carecen de legitimación para impugnar el auto recurrido ya que al haberse sobreseído en el juicio de amparo no les irroga agravio alguno a éstas. Lo anterior tiene sustento en lo conducente en la tesis del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo II, página 1111, Décima Época, de rubro y texto siguiente: "MINISTERIO PÚBLICO MILITAR ADSCRITO AL JUZGADO MILITAR DE EJECUCIÓN. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN EN EL AMPARO INDIRECTO, SI LA FORMA EN QUE EL JUEZ DE DISTRITO RESOLVIÓ NO LE IRROGA AGRAVIO ALGUNO, NI DICHA DETERMINACIÓN ESTÁ SUJETA AL ESCRUTINIO DE AQUÉL EN FUNCIÓN DE SU FACULTAD DE VIGILAR QUE LOS JUICIOS SE SIGAN CON TODA REGULARIDAD, AJUSTADOS A LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES Y DE LEGALIDAD, PARA QUE LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA SEA PRONTA Y EXPEDITA. En la jurisprudencia 1a./J. 17/2017 (10a.), de título y subtítulo: "MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. TIENE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN CONTRA LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN O UN AUTO DE FORMAL PRISIÓN POR FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.", la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en términos del artículo 5o., fracción IV, de la Ley de Amparo, estableció que la facultad del Ministerio Público Federal para interponer los recursos establecidos en la propia ley y los existentes en amparos penales cuando se reclamen resoluciones de tribunales locales no es ilimitada, porque su actuación en el recurso debe relacionarse con la defensa del interés general encomendado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, si en el juicio de amparo indirecto se reclama la determinación del Juez Militar de Ejecución de requerir al quejoso para que, voluntariamente se interne en la prisión militar, a fin de dar cumplimiento a la pena de prisión impuesta en la sentencia definitiva, con el apercibimiento que, de no hacerlo, se ordenará su reaprehensión, y se concede la protección federal porque el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, esa circunstancia no irroga agravio alguno al agente del Ministerio Público Militar adscrito al Juzgado Militar de Ejecución (tercero interesado), ya que para ello se requiere que la sentencia de amparo recurrida le afecte y genere un agravio, lo que no sucede en la especie, en virtud de que los efectos de la sentencia protectora recaen exclusivamente sobre la autoridad responsable, quien es la única obligada a respetar la Constitución Federal, en los términos expresados por el Juez de Distrito; además, la forma en que el Juez de amparo resolvió, no está sujeta a escrutinio de la Representación Social militar, en función de su facultad de vigilar que los juicios se sigan con toda regularidad, ajustados a los principios constitucionales y de legalidad, para que la administración de justicia sea pronta y expedita pues, de impugnar por simple norma una sentencia o resolución que no le depare perjuicio alguno, riñe con el cumplimiento de dichos principios. Por tanto, su potestad para interponer los recursos previstos en la ley, no debe entenderse tan amplia, con la finalidad de impugnar la legalidad de los procedimientos bajo su facultad constitucional, en virtud de que ésta debe atender, se itera, entre otros aspectos, a vigilar que los juicios se tramiten con toda regularidad, bajo el principio de que la impartición de justicia sea pronta y expedita, aspectos en los que no cabe debatir las decisiones de los órganos de amparo, en las que está ínsito, que las resoluciones de los actos reclamados a las autoridades responsables se ajusten a las exigencias constitucionales y de legalidad." Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio fuera de audiencia constitucional, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea el caso requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. II. INCIDENTE DE SUSPENSION. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se concedió y negó la medida cautelar solicitada, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese por lista a las partes, debiéndose enviar por correo electrónico a la Administración del Edificio la lista a publicar, para que se coloque en un espacio de fácil acceso para quien acuda sin contar con una cita, en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020; y, por oficio a las autoridades responsables y al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diez de junio de dos mil veintidós. RAZÒN Visto, con conocimiento de las partes, agréguese a los autos la razón actuarial de cuenta, por medio de la cual, el funcionario judicial de la adscripción manifiesta la imposibilidad que tuvo para entregar los oficios siguientes: No. OficioAutoridades responsables.520.4 y 212.4Director de la Agencia de Investigación Criminal y Unidad de Atención Temprana, Izúcar de Matamoros, Puebla.520.5 y 212.5Director de la Agencia de Investigación de Chiautla de Tapia, Puebla. Lo anterior, pues refiere que no localizó correo electrónico donde pudieran ser notificadas y al constituirse en las instalaciones que ocupa la Fiscalía General del Estado de Puebla, fue atendido por una persona del sexo femenino, quien le manifestó que no podía proporcionarle algún correo electrónico o número de las referidas autoridades, toda vez que las mismas no existen en el organigrama, ni en la Ley Orgánica de dicha dependencia gubernamental. En tales condiciones, no ha lugar hacer mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que mediante auto de veinticinco de mayo de dos mil veintidós, se sobreseyó en el juicio y se acordó lo conducente respecto a las diversas autoridades ejecutoras. Cúmplase.

  4. Incidental

    San Andrés Cholula, Puebla, diez de junio de dos mil veintidós. Visto, con conocimiento de las partes, agréguese a los autos la razón actuarial de cuenta, por medio de la cual, el funcionario judicial de la adscripción manifiesta la imposibilidad que tuvo para entregar los oficios siguientes: No. OficioAutoridades responsables.INC.531-4Director de la Agencia de Investigación Criminal y Unidad de Atención Temprana, Izúcar de Matamoros, Puebla.INC.531-5Director de la Agencia de Investigación de Chiautla de Tapia, Puebla. Lo anterior, pues refiere que no localizó correo electrónico donde pudieran ser notificadas y al constituirse en las instalaciones que ocupa la Fiscalía General del Estado de Puebla, fue atendido por una persona del sexo femenino, quien le manifestó que no podía proporcionarle algún correo electrónico o número de las referidas autoridades, toda vez que las mismas no existen en el organigrama, ni en la Ley Orgánica de dicha dependencia gubernamental. En tales condiciones, no ha lugar hacer mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que mediante interlocutoria de veinte de mayo de dos mil veintidós, se proveyó respecto de su omisión de rendir sus informes previos solicitados, por lo que la falta de su notificación no trasgrede su derecho a conocer de la presente incidencia.

Quedan 12 actuaciones en este expediente

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