Belén Larisa Moreno Huerta
Expediente 1042/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1042/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 22/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Belén Larisa Moreno Huerta
Actuaciones
- Principal
En atención al contenido del Acuerdo General 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Causa estado. En virtud de que no fue impugnado el auto de tres de noviembre de dos mil veintiuno, en el que se desechó de plano la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. De conformidad con el artículo 21, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación.
- Principal
En atención al contenido del Acuerdo General 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. DETERMINACIONES ESPECÍFICAS EN RELACIÓN CON LA ACCIÓN DE AMPARO. Estas son las que se toman enseguida: 1.1. Recepción y registro. Vista la demanda de amparo promovida por Belén Larisa Moreno Huerta, por propio derecho, contra actos de la Fiscalía General del Estado, con residencia en esta ciudad y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1042/2021. 1.2. Examen de la demanda de amparo y precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, del análisis íntegro de la demanda se obtiene que la quejosa señala como autoridades responsables: Fiscal General de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. Agente del Ministerio Público Luis Ángel Jacobo Ruiz, Agente de la Unidad de Investigación Temprana de la Fiscalía General de Justicia del Estado, con residencia en Pátzcuaro, Michoacán. Agente de la Policía Ministerial Adscrito y bajo el mando del Agente del Ministerio Público Luis Ángel Jacobo Ruiz, Agente de la Unidad de Investigación Temprana de la Fiscalía General de Justicia del Estado, con residencia en Pátzcuaro, Michoacán. De quienes reclama lo siguiente: La omisión de dar seguimiento a la carpeta de Investigación NUC 1003201932031, expediente 20332/UATP/M0R/2019, y la de obtención de datos de investigación para acreditar los hechos denunciados por la quejosa. 1.3. Causa de improcedencia. En ese contexto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior.". En efecto, la fracción transcrita consagra uno de los principios rectores del juicio de amparo, el de definitividad, que impone como obligación al quejoso, antes de acudir al juicio de amparo, agotar los recursos ordinarios o medios de defensa legales que procedan contra el acto que tilda de inconstitucional, y que tengan por efecto revocar, modificar o nulificar la resolución combatida. Principio que encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse el juicio de amparo de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación. Así, conforme a la fracción invocada, el gobernado podrá ejercer la acción constitucional de amparo hasta después de haber agotado todas las instancias procesales que regule la ley que rija el acto reclamado. Ahora, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales señala: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." De la lectura de dicho artículo evidencia que, contra de las determinaciones sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, podrán impugnarse por la víctima u ofendido, ante el Juez de control. En cuyo caso, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. De lo anterior, se colige que, ciertamente, en general se trata de las actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación; las cuales podrán impugnarse por la víctima u ofendido ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de la resolución; en cuyo caso, dicho juzgador citará a las partes a una audiencia en la que los escuchará y resolverá en definitiva. Lo anterior constituye un medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales para que la víctima u ofendido puedan impugnar, en sede judicial ordinaria, todas aquellas omisiones de la autoridad ministerial en el desempeño de su función investigadora, así como las determinaciones sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal; con la finalidad de que sea el Juez de Control quien de manera ágil, una vez que dé intervención a las partes, determine incluso en una sola audiencia, si la actuación del órgano investigador está legalmente justificada o no. En resumen, para que opere el principio de definitividad, es necesario que exista un recurso ordinario señalado en la ley mediante el cual se pueda modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad. Así, en el caso a estudio, la quejosa Belén Larisa Moreno Huerta acude a esta instancia constitucional en su calidad de ofendido o víctima, pues, bajo protesta de decir verdad, manifestó haber presentado una denuncia, misma que originó el inicio de la carpeta de investigación NUC 1003201932031, expediente 20332/UATP/M0R/2019, de la estadística de la Agencia de la Unidad de Investigación Temprana de la Fiscalía General de Justicia del Estado, con residencia en Pátzcuaro, Michoacán; de ahí que, con base en lo establecido en el último párrafo del artículo 105, así como por el Libro Primero, Título V, Capítulo II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, tiene el carácter de parte dentro del procedimiento penal; y, por ende, es titular de los derechos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la ley nacional establecen con base en el principio de igualdad ante la ley y entre las partes que postulan respectivamente los artículos 10 y 11 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por virtud de estos principios, el artículo 20, apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el numeral 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales, reconocen los derechos de las víctimas u ofendidos del delito, entre los que se encuentran intervenir en el juicio e interponer los recursos respectivos. Las razones por las cuales el Poder Reformador al introducir en el nuevo sistema de Justicia Penal el carácter de parte que tiene tanto la víctima de un delito como quien resulte ofendido por la conducta, fue la protección de sus derechos fundamentales, que se pueden aglomerar en lo siguiente: El derecho fundamental al defensor público; El fortalecimiento del derecho fundamental a la reparación del daño; y El derecho fundamental a impugnar el no ejercicio de la acción penal y su desistimiento y sus actos equivalentes, por medio del control de legalidad, así como perfeccionar su control constitucional frente a sus problemas actuales. A través de tales derechos fundamentales se logra el propósito establecido en el Código Nacional de Procedimiento Penales, el cual, en su artículo 2°, dispone que el objeto de ese código es establecer las normas que han de observarse en la investigación, el procesamiento y la sanción de los delitos, para: Esclarecer los hechos, Proteger al inocente, Procurar que el culpable no quede impune, Reparar el daño, Principios con los cuales se asegura el acceso a la justicia en la aplicación del derecho, se resuelven los conflictos que surjan con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. En ese orden de ideas, el equilibrio procesal que existe en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio y oral, propicia que las víctimas del delito o los ofendidos con la conducta delictuosa, puedan acudir ante el juez de control para que éste, en ejercicio de las atribuciones que le otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ejerza un control de regularidad de legalidad respecto de los actos tanto positivos como negativos del Ministerio Público, para que éste no sea obstáculo en relación con las pretensiones del resto de las partes. Así, el papel del Juez de Control, en el nuevo sistema procesal, implica que la autoridad judicial puede revisar la manera en cómo el Ministerio Público atiende y protege a las víctimas, para conducir las acciones concretas que se realicen en todas las etapas del procedimiento a una justicia restaurativa. Esa circunstancia conduce a estimar que tales determinaciones no se limitan a las taxativamente previstas en dicho numeral (abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal), sino que, en general, se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En ese sentido, puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en tal supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Además, la finalidad de que el juez de control revise las decisiones del Ministerio Público que definen el curso de una investigación, es que, al estimar ilegal su actuación, aquél debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. De esa manera, tratándose de la omisión ministerial, la autoridad judicial rectora puede ordenar que cese ese estado de cosas y, en consecuencia, la continuación de la investigación a cargo del Ministerio Público. Así pues, la interpretación sistemática y funcional de los artículos mencionados en párrafos precedentes permite demostrar que la víctima u ofendido pueden impugnar las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional referido. Medio de impugnación que resulta idóneo, pues, como se dijo, al revisar las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una investigación, el juez de control puede determinar que la conducta asumida por quien conduce aquélla es ilegal y, con base en ello, conminarlo a que reanude la misma y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos, ello, para cumplir con el objetivo establecido en el artículo 2° del citado Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin que, en el caso, se actualice alguna de las hipótesis de excepción que establece la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues, en el nuevo sistema procesal penal acusatorio y oral, el Juez de Control tiene amplias facultades para imponer las medidas cautelares que estime pertinentes para proteger los derechos de los intervinientes en el proceso, ya que la intención del Poder Reformador, al diseñar la figura del Juez de control -en la reforma constitucional de diecisiete de junio de dos mil ocho-, fue que dicha autoridad resolviera las impugnaciones de las resoluciones de reserva, no ejercicio de la acción penal, el desistimiento y la suspensión de la acción penal y, en general, las determinaciones del Ministerio Público, para controlar su legalidad y así resguardar los derechos tanto de los imputados, como de las víctimas u ofendidos, además, realizarlo de forma expedita y en breve término. Incluso, no existe ningún precepto legal del cual pueda advertirse que el Código Nacional de Procedimientos Penales exige mayores requisitos para para el otorgamiento de la suspensión definitiva, precisados por la ley de amparo, pues debe recordarse que, con base en el artículo 17, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales, esto es, el juez de control tiene amplias facultades para precisar la situación jurídica en la que deba prevalecer la investigación, entre otras determinaciones, como se indicó, puede conminarse al Ministerio Público a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. En virtud de lo expuesto, la víctima u ofendido por alguna conducta delictuosa, antes de acudir al juicio de amparo a reclamar las omisiones en que incurra el Ministerio Público en la conducción de la investigación, debe comparecer ante el Juez de Control a través del medio de defensa previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por consiguiente, como se indicó, se actualiza la causa de improcedencia analizada respecto de la abstención de prosecución de la denuncia presentada por la quejosa Belén Larisa Moreno Huerta, identificada con el número NUC 1003201932031, expediente 20332/UATP/M0R/2019, de la estadística de la Agencia de la Unidad de Investigación Temprana de la Fiscalía General de Justicia del Estado, con residencia en Pátzcuaro, Michoacán. Por tales motivos, este juzgado estima que al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo; se desecha de plano la demanda de amparo que se acuerda, al encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. 1.4. Domicilio procesal y autorizados. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica en su demanda, autorizando únicamente para ese efecto a las personas que nombra, sin las amplias facultades a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que no cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos del Poder Judicial de la Federación. 1.5. Uso de medios electrónicos. Con fundamento en la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, se autoriza el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos, previa solicitud verbal de la parte interesada a la Secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, dejando constancia en el expediente de ello. En el entendido, que deberán proporcionar los medios para su reproducción (cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos), así como si se trata de documentos cuya difusión esté reservada por disposición legal, le será negada la reproducción solicitada. Asimismo, dígasele al solicitante que el uso que le dé a las copias obtenidas con cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos, serán bajo su más estricta responsabilidad. 1.6. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio tecnológico). 1.7. Integración del expediente físico y publicidad. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Hágase saber a las partes, que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de manifestación expresa, implica la oposición a la publicación de tales datos. Lo anterior, en términos de los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL CONTENIDO DEL SIGUIENTE PROVEÍDO...En atención al contenido del Acuerdo General 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. DETERMINACIONES ESPECÍFICAS EN RELACIÓN CON LA ACCIÓN DE AMPARO. Estas son las que se toman enseguida: 1.1. Recepción y registro. Vista la demanda de amparo promovida por Belén Larisa Moreno Huerta, por propio derecho, contra actos de la Fiscalía General del Estado, con residencia en esta ciudad y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1042/2021. 1.2. Examen de la demanda de amparo y precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, del análisis íntegro de la demanda se obtiene que la quejosa señala como autoridades responsables: Fiscal General de Justicia del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. Agente del Ministerio Público Luis Ángel Jacobo Ruiz, Agente de la Unidad de Investigación Temprana de la Fiscalía General de Justicia del Estado, con residencia en Pátzcuaro, Michoacán. Agente de la Policía Ministerial Adscrito y bajo el mando del Agente del Ministerio Público Luis Ángel Jacobo Ruiz, Agente de la Unidad de Investigación Temprana de la Fiscalía General de Justicia del Estado, con residencia en Pátzcuaro, Michoacán. De quienes reclama lo siguiente: La omisión de dar seguimiento a la carpeta de Investigación NUC 1003201932031, expediente 20332/UATP/M0R/2019, y la de obtención de datos de investigación para acreditar los hechos denunciados por la quejosa. 1.3. Causa de improcedencia. En ese contexto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior.". En efecto, la fracción transcrita consagra uno de los principios rectores del juicio de amparo, el de definitividad, que impone como obligación al quejoso, antes de acudir al juicio de amparo, agotar los recursos ordinarios o medios de defensa legales que procedan contra el acto que tilda de inconstitucional, y que tengan por efecto revocar, modificar o nulificar la resolución combatida. Principio que encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse el juicio de amparo de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación. Así, conforme a la fracción invocada, el gobernado podrá ejercer la acción constitucional de amparo hasta después de haber agotado todas las instancias procesales que regule la ley que rija el acto reclamado. Ahora, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales señala: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." De la lectura de dicho artículo evidencia que, contra de las determinaciones sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, podrán impugnarse por la víctima u ofendido, ante el Juez de control. En cuyo caso, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. De lo anterior, se colige que, ciertamente, en general se trata de las actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación; las cuales podrán impugnarse por la víctima u ofendido ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de la resolución; en cuyo caso, dicho juzgador citará a las partes a una audiencia en la que los escuchará y resolverá en definitiva. Lo anterior constituye un medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales para que la víctima u ofendido puedan impugnar, en sede judicial ordinaria, todas aquellas omisiones de la autoridad ministerial en el desempeño de su función investigadora, así como las determinaciones sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal; con la finalidad de que sea el Juez de Control quien de manera ágil, una vez que dé intervención a las partes, determine incluso en una sola audiencia, si la actuación del órgano investigador está legalmente justificada o no. En resumen, para que opere el principio de definitividad, es necesario que exista un recurso ordinario señalado en la ley mediante el cual se pueda modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad. Así, en el caso a estudio, la quejosa Belén Larisa Moreno Huerta acude a esta instancia constitucional en su calidad de ofendido o víctima, pues, bajo protesta de decir verdad, manifestó haber presentado una denuncia, misma que originó el inicio de la carpeta de investigación NUC 1003201932031, expediente 20332/UATP/M0R/2019, de la estadística de la Agencia de la Unidad de Investigación Temprana de la Fiscalía General de Justicia del Estado, con residencia en Pátzcuaro, Michoacán; de ahí que, con base en lo establecido en el último párrafo del artículo 105, así como por el Libro Primero, Título V, Capítulo II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, tiene el carácter de parte dentro del procedimiento penal; y, por ende, es titular de los derechos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la ley nacional establecen con base en el principio de igualdad ante la ley y entre las partes que postulan respectivamente los artículos 10 y 11 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por virtud de estos principios, el artículo 20, apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el numeral 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales, reconocen los derechos de las víctimas u ofendidos del delito, entre los que se encuentran intervenir en el juicio e interponer los recursos respectivos. Las razones por las cuales el Poder Reformador al introducir en el nuevo sistema de Justicia Penal el carácter de parte que tiene tanto la víctima de un delito como quien resulte ofendido por la conducta, fue la protección de sus derechos fundamentales, que se pueden aglomerar en lo siguiente: El derecho fundamental al defensor público; El fortalecimiento del derecho fundamental a la reparación del daño; y El derecho fundamental a impugnar el no ejercicio de la acción penal y su desistimiento y sus actos equivalentes, por medio del control de legalidad, así como perfeccionar su control constitucional frente a sus problemas actuales. A través de tales derechos fundamentales se logra el propósito establecido en el Código Nacional de Procedimiento Penales, el cual, en su artículo 2°, dispone que el objeto de ese código es establecer las normas que han de observarse en la investigación, el procesamiento y la sanción de los delitos, para: Esclarecer los hechos, Proteger al inocente, Procurar que el culpable no quede impune, Reparar el daño, Principios con los cuales se asegura el acceso a la justicia en la aplicación del derecho, se resuelven los conflictos que surjan con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. En ese orden de ideas, el equilibrio procesal que existe en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio y oral, propicia que las víctimas del delito o los ofendidos con la conducta delictuosa, puedan acudir ante el juez de control para que éste, en ejercicio de las atribuciones que le otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ejerza un control de regularidad de legalidad respecto de los actos tanto positivos como negativos del Ministerio Público, para que éste no sea obstáculo en relación con las pretensiones del resto de las partes. Así, el papel del Juez de Control, en el nuevo sistema procesal, implica que la autoridad judicial puede revisar la manera en cómo el Ministerio Público atiende y protege a las víctimas, para conducir las acciones concretas que se realicen en todas las etapas del procedimiento a una justicia restaurativa. Esa circunstancia conduce a estimar que tales determinaciones no se limitan a las taxativamente previstas en dicho numeral (abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal), sino que, en general, se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En ese sentido, puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en tal supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Además, la finalidad de que el juez de control revise las decisiones del Ministerio Público que definen el curso de una investigación, es que, al estimar ilegal su actuación, aquél debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. De esa manera, tratándose de la omisión ministerial, la autoridad judicial rectora puede ordenar que cese ese estado de cosas y, en consecuencia, la continuación de la investigación a cargo del Ministerio Público. Así pues, la interpretación sistemática y funcional de los artículos mencionados en párrafos precedentes permite demostrar que la víctima u ofendido pueden impugnar las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional referido. Medio de impugnación que resulta idóneo, pues, como se dijo, al revisar las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una investigación, el juez de control puede determinar que la conducta asumida por quien conduce aquélla es ilegal y, con base en ello, conminarlo a que reanude la misma y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos, ello, para cumplir con el objetivo establecido en el artículo 2° del citado Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin que, en el caso, se actualice alguna de las hipótesis de excepción que establece la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues, en el nuevo sistema procesal penal acusatorio y oral, el Juez de Control tiene amplias facultades para imponer las medidas cautelares que estime pertinentes para proteger los derechos de los intervinientes en el proceso, ya que la intención del Poder Reformador, al diseñar la figura del Juez de control -en la reforma constitucional de diecisiete de junio de dos mil ocho-, fue que dicha autoridad resolviera las impugnaciones de las resoluciones de reserva, no ejercicio de la acción penal, el desistimiento y la suspensión de la acción penal y, en general, las determinaciones del Ministerio Público, para controlar su legalidad y así resguardar los derechos tanto de los imputados, como de las víctimas u ofendidos, además, realizarlo de forma expedita y en breve término. Incluso, no existe ningún precepto legal del cual pueda advertirse que el Código Nacional de Procedimientos Penales exige mayores requisitos para para el otorgamiento de la suspensión definitiva, precisados por la ley de amparo, pues debe recordarse que, con base en el artículo 17, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales, esto es, el juez de control tiene amplias facultades para precisar la situación jurídica en la que deba prevalecer la investigación, entre otras determinaciones, como se indicó, puede conminarse al Ministerio Público a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. En virtud de lo expuesto, la víctima u ofendido por alguna conducta delictuosa, antes de acudir al juicio de amparo a reclamar las omisiones en que incurra el Ministerio Público en la conducción de la investigación, debe comparecer ante el Juez de Control a través del medio de defensa previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por consiguiente, como se indicó, se actualiza la causa de improcedencia analizada respecto de la abstención de prosecución de la denuncia presentada por la quejosa Belén Larisa Moreno Huerta, identificada con el número NUC 1003201932031, expediente 20332/UATP/M0R/2019, de la estadística de la Agencia de la Unidad de Investigación Temprana de la Fiscalía General de Justicia del Estado, con residencia en Pátzcuaro, Michoacán. Por tales motivos, este juzgado estima que al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo; se desecha de plano la demanda de amparo que se acuerda, al encontrarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. 1.4. Domicilio procesal y autorizados. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica en su demanda, autorizando únicamente para ese efecto a las personas que nombra, sin las amplias facultades a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que no cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos del Poder Judicial de la Federación. 1.5. Uso de medios electrónicos. Con fundamento en la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, se autoriza el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos, previa solicitud verbal de la parte interesada a la Secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, dejando constancia en el expediente de ello. En el entendido, que deberán proporcionar los medios para su reproducción (cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos), así como si se trata de documentos cuya difusión esté reservada por disposición legal, le será negada la reproducción solicitada. Asimismo, dígasele al solicitante que el uso que le dé a las copias obtenidas con cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos, serán bajo su más estricta responsabilidad. 1.6. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio tecnológico). 1.7. Integración del expediente físico y publicidad. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Hágase saber a las partes, que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de manifestación expresa, implica la oposición a la publicación de tales datos. Lo anterior, en términos de los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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