Belen Ernestina Palacios Solís

Expediente 1244/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1244/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
17/11/2017

Partes del expediente

  • Belen Ernestina Palacios Solís

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese el oficio del Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Administrativo del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, por medio del cual, comunica que acepta la competencia planteada por este órgano jurisdiccional y se avoca al conocimiento del asunto. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese este cuaderno de antecedentes como asunto concluido. Ahora, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capitulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un cuaderno de antecedentes; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Finalmente, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran seis meses, a esta fecha, procédase a la destrucción del expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; catorce de noviembre de dos mil diecisiete. CUMPLIMIENTO A LA PREVENCIÓN Agréguese a los autos el escrito signado por ********** por medio del cual da cumplimiento a la prevención de siete de noviembre del año en curso, contra actos de la siguiente autoridad responsable: 1. Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Tercer Distrito, con residencia en esta ciudad. En efecto, la quejosa señala como actos reclamados, los siguientes: " ACTO RECLAMADO AL QUE ME ESTOY REFIRIENDO EN MI DEMANDA .DE GARANTIAS ES A.LA SENTENCIA DEFINITIVA DE FECHA QUINCE DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIESISIETE"(SIC ) Por tanto, si la parte quejosa reclama la sentencia definitiva de quince de agosto de dos mil diecisiete, emitida por el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Tercer Distrito, con residencia en esta ciudad, dentro del expediente agrario ************* en la que no fueron debidamente valoradas diversas pruebas tales como documentales y testimoniales, ello refleja que tal resolución dio por concluido el juicio en lo principal. De ahí que se estime que es al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, residente en esta ciudad a quien le corresponde conocer y resolver la demanda de amparo. Para corroborar el aserto anterior, en principio resulta necesario acudir a lo establecido por el artículo 170 de la legislación de la materia, el cual establece: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: - - - - - I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. - - - - - Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. - - - - - Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. - - - - - Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. - - - - - Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; - - - - - II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. - - - - - En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo". Del normativo en cita, se advierte que compete a los tribunales colegiados de circuito conocer del juicio de amparo directo, que es aquel que procede contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que ponen fin al juicio dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo. Conforme a lo preceptuado en el numeral transcrito, podemos arribar a las siguientes conclusiones: 1. Las sentencias definitivas son aquellas que dictan los tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo que deciden el juicio en lo principal, es decir, las que contienen un pronunciamiento sobre la materia que constituyó la litis del asunto sometido a su potestad, declarando el derecho que corresponda a cada una de las partes como resultado del análisis de sus planteamientos y de las pruebas que aportaron. Cabe precisar que el concepto tribunal se debe entender en un sentido amplio, esto es, como ente jurídico dotado de atribuciones legales para decir el derecho en los asuntos que la ley le otorgue competencia. En este orden de ideas, quedan incluidos los juzgados y tribunales, con independencia de que la conformación de estos últimos sea unitaria o colegiada; y, 2. Las resoluciones que ponen fin al juicio son las que lo dan por concluido en forma anticipada; se distinguen de las sentencias definitivas, porque no contienen pronunciamiento sobre las pretensiones de las partes, sino que terminan el juicio por actualizarse causales desechamiento, de sobreseimiento (desistimiento de la acción, muerte alguna de las partes, convenio judicial o extrajudicial, etcétera) o la incompetencia del tribunal que conoce, en algunos casos, así como la inactividad procesal de las partes interesadas en que se dirima la controversia legal de que se trate. De lo expuesto, podemos destacar dos notas distintivas del juicio de amparo directo: La primera es que sólo procede contra sentencias definitivas y resoluciones que sin decidir el litigio en lo principal tienen como efecto culminar con el mismo y, la segunda, es que las resoluciones contra las que se promueve deben dictarse en juicio, sean civiles, penales, laborales, agrarios o administrativos. Esta última característica le ha valido el sobrenombre al juicio de amparo directo de "amparo judicial" o "amparo jurisdiccional", dado que como se ha establecido, no procede contra actos administrativos o emanados de procedimientos de esa naturaleza, aun cuando se hayan seguido en forma de juicio, pues, para estos supuestos, el artículo 107 de la Ley de Amparo vigente establece la procedencia del juicio de amparo ante los jueces de Distrito. Ahora, en cuanto a la procedencia de la tramitación, se actualiza contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido. En otras palabras bajo el nuevo marco normativo constitucional y legal, son los Tribunales Colegiados de Circuito los competentes para conocer de las demandas de amparo que decidan el juicio en lo principal o que sin hacerlo le pongan fin, competencia que le otorga la facultad legal al órgano colegiado Federal de emitir el pronunciamiento respectivo en cuanto a la procedencia, trámite y, en todo caso, el fondo del asunto. Las anteriores consideraciones encuentran sustento en la Jurisprudencia P./J.6/2015 (10a.), emitida por contradicción de tesis por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Tiene aplicación a lo anterior, la contradicción de tesis (Jurisprudencia Común), de la Décima Época, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación el viernes diez de abril de dos mil quince a la nueve horas con treinta minutos que establece: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor". Por tanto, si la sentencia o resolución contra la que se promueve el juicio de amparo reúne las características apuntadas, no será posible atribuirle competencia legal a un Juez de Distrito para que conozca de él. Como se precisó, el acto reclamado se hace consistir en la sentencia definitiva de quince de agosto de dos mil diecisiete, emitida por el Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Tercer Distrito, con residencia en esta ciudad, dentro del expediente agrario ********** en la que no fueron debidamente valoradas diversas pruebas tales como documentales y testimoniales. En ese sentido, el análisis objetivo del auto reclamado, en sí mismo considerado, permite concluir que dada su naturaleza se trata de una resolución que dio por concluido el juicio en lo principal, pues contiene un pronunciamiento sobre la materia que constituyó la litis del asunto, en términos del artículo 170 de la Ley de Amparo. De ahí que se estime que el presente juicio de control constitucional deba ser del conocimiento del Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de este Vigésimo Circuito, de conformidad con lo previsto en los artículos 107, fracción III, inciso a) y V, de la Constitución Federal y 170 de la Ley de Amparo, no a través del amparo indirecto, precisamente porque el acto que se combate es una sentencia resolución que, dada su naturaleza, puso fin al juicio subyacente. Aplicar en lo conducente la jurisprudencia 104/2016 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, decima época, libro 33, agosto de 2016, tomo II, página 1211, registro 2012320, cuyo rubro y texto son los siguientes: "REVISIÓN EN MATERIA AGRARIA. EL RECURSO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 198 DE LA LEY DE LA MATERIA ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS SENTENCIAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES UNITARIOS AGRARIOS QUE DECIDEN SOBRE LA NULIDAD DE LAS CONVOCATORIAS EMITIDAS POR LA PROCURADURÍA AGRARIA Y, POR ENDE, EN SU CONTRA PROCEDE EL AMPARO DIRECTO. La Procuraduría Agraria está facultada, entre otras cosas, para convocar a asambleas de los núcleos ejidales, previa solicitud de éstos, para la remoción de los integrantes del comisariado y del comité de vigilancia, esto es, hace un anuncio para constituir la asamblea, supuesto en el cual actúa como coadyuvante, pues es precisamente el núcleo ejidal quien le solicita emitir la convocatoria y quien realmente tiene un interés en su celebración y en la separación de los miembros de dichos órganos internos, pero de ninguna manera a través de aquélla, la Procuraduría genera una obligación que les sujete a actuar de una u otra forma, o bien, resuelve un conflicto que repercuta en los intereses de los miembros del ejido. En consecuencia, lo fallado por el Tribunal Unitario Agrario respecto al reclamo de nulidad de ese tipo de convocatorias no es impugnable a través del recurso de revisión previsto en el artículo 198, fracción III, de la Ley Agraria, pues éste se refiere al término "resoluciones", mientras que las convocatorias no tienen ese carácter y, por tanto, no es obligatorio agotar ese medio de impugnación ordinario antes de acudir al juicio de amparo directo". Con fundamento en lo dispuesto por los numerales 47 y 170 de la ley de la materia, este juzgado SE DECLARA LEGALMENTE INCOMPETENTE para conocer del presente asunto, por lo tanto, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, remítase el original de la demanda de amparo y las copias de la misma al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, con sede en esta ciudad, para su conocimiento, a efecto de que provea lo que en derecho corresponda. Con una copia del escrito de demanda, fórmese cuaderno de antecedentes y háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Solicítese el acuse de recibo de estilo y una vez aceptada la competencia lo comunique a este juzgado. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado Pedro Francisco Luna González, secretario del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, encargado del despacho en términos del artículo 43, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con motivo de la licencia académica otorgada al titular de este juzgado, que actúa con el secretario que autoriza Sergio Alejandro Sánchez de la O, a quien faculta a firmar los oficios que se expiden, quien además certifica que las promociones que generaron este acuerdo y el proveído mismo se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siete de noviembre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio suscrito por el Fiscal del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación y Justicia Restaurativa, con residencia en Jiquipilas, Chiapas, mediante el cual informa que dicha autoridad se encuentra en espera de la resolución que emita el Fiscal de Distrito Istmo Costa, en relación a la autorización de propuesta del no ejercicio de la acción penal. De lo anterior, este juzgador toma conocimiento para los efectos legales a los que haya lugar. Notifíquese.

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