Belem Iliana Vasquez Galan

Expediente 566/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
566/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
17/11/2021

Partes del expediente

  • Belem Iliana Vasquez Galan

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno. Se recibe ejecutoria. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio proveniente del Decimoctavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con sede en Ciudad de México, al que acompaña copia certificada del testimonio de ejecutoria pronunciada en el conflicto competencial 26/2021. Por tanto, hágase del conocimiento de las partes el punto resolutivo del tenor siguiente: "ÚNICO. Es competente el Juzgado de Distrito en Materia de Administrativa, en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, en turno, para conocer del juicio de amparo promovido por Belem Iliana Vásquez Galán, contra los actos y autoridades que quedaron precisados en el resultando primero y por las razones expuestas en el considerando tercero de esta ejecutoria". Acuse, anotaciones y cuaderno de antecedentes. Consecuentemente, acúsese recibo de estilo a la superioridad y háganse las anotaciones conducentes tanto en el libro de gobierno correspondiente como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora bien, toda vez que el Decimoctavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con sede en Ciudad de México, resolvió que quien debe de conocer del presente juicio de amparo es el Juzgado de Distrito en Materia de Administrativa, en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, en turno; y quien remitirá los autos a ese órgano jurisdiccional será el Juez Decimoquinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por poseer los autos originales. Archivo. Por lo que, al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo aplicado en sentido contrario, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno de este Juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: Juicio de amparo. De conformidad con lo establecido en el artículo 21, inciso j), del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de destrucción con motivo de que este juzgado se declaró incompetente para conocer del presente juicio de amparo, por lo que, una vez transcurrido el plazo de tres años a que alude el referido numeral, procédase a su destrucción en los términos previstos en el penúltimo párrafo del citado precepto. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del punto vigésimo primero, último párrafo, del citado Acuerdo a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, ocho de septiembre de dos mil veintiuno. Admite conflicto competencial. Agréguese el oficio proveniente del Decimoctavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con sede en Ciudad de México, mediante el cual informa que admitió a trámite el conflicto competencial 26/2021, suscitado entre el Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México y este órgano jurisdiccional, de lo que se toma nota para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno. Informa lo remitió en consulta. Agréguese a los autos, el oficio de cuenta que remite el Secretario del Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante el cual, informa que no comparte el criterio sostenido por este juzgado insistiendo en declinar la competencia a favor de este órgano jurisdiccional por los motivos que expuso. No obstante lo anterior, ordenó remitir los autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en turno, con sede en la Ciudad de Mexico, a efecto de que determine a qué órgano corresponde conocer del presente asunto. De lo anterior, este Juzgado de Distrito toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. Notifíquese.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, nueve de agosto de dos mil veintiuno. Radicación. Visto el oficio de cuenta signado por el secretario del Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materia Administrativa, con sede en la Ciudad de México y anexos, a través del cual trascribe el acuerdo de doce de marzo de dos mil veintiuno, dictado en el juicio de amparo 558/2020 de su índice, promovido por Belém Iliana Vázquez Galán, del cual se observa que ese órgano jurisdiccional se declaró legalmente incompetente para conocer del juicio por los motivos ahí expuestos. En consecuencia, con dichas documentales, fórmese el expediente físico y electrónico respectivos, regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 566/2021-VI. Secretario en funciones de juez de Distrito declina competencia. Ahora, de la comunicación y anexos que se remiten, se advierte que el citado secretario en funciones de juez de distrito por determinación de doce de marzo de dos mil veintiuno, dictada en el juicio de amparo 558/2020 de su índice, misma que fue recibida en este juzgado hasta el cinco de agosto de dos mil veintiuno, se declaró legalmente incompetente para conocer del juicio promovido por Belém Iliana Vázquez Galán, en contra del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades; a quienes reclamó sustancialmente lo siguiente: "(.) La aplicación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en específico de los artículos 1, 2, fracciones I y IV, 3, fracciones VIII, XXIII y XXV, 4, 9, fracción I, 32, 33 fracción II, 34, 35 segundo párrafo, 46, 47, 48 y 49. (...) La aplicación del Acuerdo pronunciado por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de septiembre de 2019, en el cual se da conocer el formato para llevar a cabo la declaración de situación patrimonial y de intereses, conforme a lo previsto en los artículos 32 y 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. (...) La apliación del Acuerdo el segundo acuerdo publicado el 24 de diciembre de 2019, donde se da a conocer los formatos de declaración de situación patrimonial y de interéses son técnicamente operables con el Sistema de Evolución Patrimonial y de Declaración de Intereses de la Plataforma Digital Nacional, así como el inicio de la obligación de los servidores públicos de presentar sus respectivas declaraciones de situación patrimonial y de interéses conforme a los artículos 32 y 33 de la ley General de Responsabilidades Administrativas. (...) El Acuerdo de 22 de abril de 2020 en que se amplían los plazos previstos en el artículo 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas para presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses en el 2020, emitido por la Secretaría de Función Pública. (...) El oficio No. UEPPCO/317/DRPI/OT/137/2020, de 6 de julio de 2020, emitido por la Dirección de Registro Patrimonial y de Intereses de la Subsecretaría de la Función Pública, mediante el cual señala que no podrían vincularse derechos de índole laboral de los trabajadores de los Centros Públicos de Investigación, como un supuesto de excepción para la presentacion de las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, en virtud de que el régimen laboral es independientemente del ámbito administrativo. (...) Todas las consecuencias de hecho y de derecho se deriven de la indebida aplicación de los acuerdos pronunciados por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 23 de septiembre y 24 de diceimbre de 2019, y en el Acuerdo Publicado el 22 de abril de 2020 en el que amplian los plazos previstos en el artículo 33 de la Ley General de Responailidades Administrativas para presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses en el 2020 (.)". Lo anterior, al sustentar toralmente que la parte quejosa llevará a cabo la presentación de su declaración patrimonial y de intereses de dos mil veinte, en el Estado de Baja California, al ser el lugar donde geográficamente la quejosa percibe sus ingresos, al ser trabajadora de la moral denominada El Colegio de la Frontera Norte; por tanto, declinó la competencia a favor del Juez de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, en turno. Análisis de la competencia declinada. En relación con la competencia planteada, este órgano jurisdiccional respetuosamente no acepta la competencia declinada por el secretario en funciones de juez del Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materia Administrativa, con sede en la Ciudad de México, por las razones siguientes: El artículo 37 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la intelección del artículo antes trascrito se advierten tres reglas para fijar la competencia en el conocimiento del juicio de amparo ante los Jueces de Distrito, a saber: a) Será competente el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o si ha comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Lo que distingue las dos primeras reglas de competencia de la tercera, es que en esta última el acto o resolución reclamado no requiere ejecución material, mientras que la operancia de las otras exige esta ejecución; y lo que distingue a las reglas competenciales que requieren que el acto reclamado tenga ejecución material, no lo es el que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino el que ello ocurra en la jurisdicción de uno o varios jueces de distrito. En esa tesitura el juzgado declinante sustentó la competencia de juzgado medularmente porque aduce que la quejosa percibe sus ingresos con motivo de su empleo (ingresos que pretende con este juicio de amparo no sean materia de una declaración patrimonial) en el Estado de Baja California, específicamente en esta ciudad. Ello, derivado del recibo de pago acompañado al escrito inicial de demanda en el que se advierte la leyenda "Tijuana Baja California"; circunstancia que a su consideración genera que deba conocer un juzgado de esta ciudad, ya que los actos relativos a la presentación de la declaración patrimonial y de intereses de este periodo, se llevarán a cabo en el Estado de Baja California, por ser el lugar donde geográficamente percibe sus ingresos la parte quejosa. No se acepta la competencia declinada. En ese contexto, esta autoridad judicial difiere del criterio del juez declinante, en atención a que se estima, que de la revisión integral de autos no se advierte que el acto reclamado vaya a tener ejecución dentro del territorio en el que este Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, ejerce jurisdicción, como lo sostiene la autoridad declinante. En efecto, del estudio de las constancias remitidas por el juzgado declinante, se advierte que la quejosa Belém Iliana Vázquez Galán en su demanda de amparo refiere ser trabajadora de "El Colegio de la Frontera Norte". A efecto de acreditar tal carácter, la promovente adjuntó comprobante de nómina de quince de julio de dos mil veinte, en el que únicamente se advierte que su empleadora "El Colegio de la Frontera Norte" tiene su domicilio fiscal en Tijuana, Baja California. No obstante, tal circunstancia se estima insuficiente para concluir que los actos reclamados tendrán ejecución en esta ciudad, pues existen medios de convicción diversos que acreditan que el domicilio de la quejosa no se encuentra en esta ciudad. Como primer elemento, se cuenta con copia de la credencial para votar que la quejosa acompañó a su demanda de amparo, expedida por el Instituto Nacional Electoral, de la que se desprende que su domicilio registrado es el ubicado en Calle Aduana 2127, Privada Pinos, código postal 64550, en Monterrey, Nuevo León. Adminiculado a ello, tal y como lo refirió el juzgado declinante, la quejosa labora para El Colegio de la Frontera Norte, con sede Monterrey, Nuevo León, como se advierte de la página de internet siguiente: https://www.colef.mx/posgrado/profesores/belem-iliana-vasquez-galan/. Lo cual se invoca como hecho notorio de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Datos que, analizados en su conjunto, no otorgan certeza de que el acto reclamado tendrá ejecución en la ciudad de Tijuana, Baja California, como lo aduce el resolutor declinante y, por el contrario, que su ejecución pude darse en un diverso lugar. Ello, ya que el único dato que vincula a la quejosa a esta ciudad de Tijuana, Baja California, es el domicilio fiscal de su empleadora. Resulta ilustrativa la jurisprudencia 2a./J. 146/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA UNA LEY FISCAL FEDERAL CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, CONSISTENTE EN LA DECLARACIÓN Y PAGO DE LA CONTRIBUCIÓN POR MEDIOS ELECTRÓNICOS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DEL DOMICILIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE. Conforme al artículo 36 de la Ley de Amparo si el acto reclamado en un juicio de garantías requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde dicho acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado. Ahora bien, si se reclama en un juicio de amparo indirecto una ley fiscal federal con motivo de su primer acto de aplicación, consistente en la declaración y pago de la contribución en ella establecida, efectuados a través de medios electrónicos, debe considerarse competente para conocer del juicio el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar del domicilio fiscal del contribuyente, el cual coincide con la circunscripción territorial de la unidad administrativa del Servicio de Administración Tributaria a la que se entienden dirigidos la declaración y el pago relativos, por ser aquel en que tuvo ejecución el acto de aplicación y producirá sus consecuencias de control y fiscalización autoritarios, pues el criterio general establecido en la legislación fiscal para efectos de vinculación del contribuyente al cumplimiento de sus obligaciones fiscales es el de su domicilio fiscal, que se precisa en el artículo 10 del Código Fiscal de la Federación, y en relación con el cual se realiza su control por la unidad administrativa regional en cuya circunscripción se ubica. Lo anterior es así, pues si bien es cierto que formalmente la declaración presentada por medios electrónicos se dirige, en general, al Servicio de Administración Tributaria, el cual, conforme al artículo 4o. de la Ley que lo regula tiene su domicilio en la Ciudad de México, donde se ubican sus oficinas centrales, también lo es que la introducción de los medios electrónicos como vía para el cumplimiento de las obligaciones fiscales sólo tuvo por finalidad el simplificar a los contribuyentes tal cumplimiento, pero no modificar el criterio del domicilio fiscal como lugar de vinculación de los contribuyentes a dicho cumplimiento, ni el régimen de distribución de facultades entre los órganos que conforman tal dependencia bajo el criterio de desconcentración para el logro de una administración tributaria accesible, eficiente y cercana a los contribuyentes, por lo que la declaración y el pago relativos deben entenderse dirigidos a la unidad administrativa que ejerce el control sobre el contribuyente; además, considerar que la ejecución del acto tuvo lugar en la Ciudad de México por encontrarse en ella el domicilio del Servicio de Administración Tributaria sería sustentar un criterio contrario al principio de expedites en la administración de justicia que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que llevaría a concentrar en los Juzgados de Distrito que ejercen jurisdicción en tal entidad los juicios promovidos contra leyes fiscales cuando el avance tecnológico computacional tiende a que la mayoría de los contribuyentes cumpla sus obligaciones a través de medios electrónicos". Con ello se considera que no se tienen elementos suficientes para concluir que la ejecución material de los actos reclamados tendrá lugar en la ciudad de Tijuana, Baja California. En otro aspecto, se estima que no resultan aplicables las tesis de rubro: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE EJECUCION DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO EL DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SE ENCUENTRE EN LA JURISDICCION DE OTRO JUEZ.", "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. LA TIENE EL DEL LUGAR DE EJECUCION DEL ACTO RECLAMADO." y "COMPETENCIA EN AMPARO.", que invocó el secretario en funciones de juez del Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materia Administrativa, con sede en la Ciudad de México para robustecer su determinación, dado que en el asunto concreto de autos no se tiene la certeza de que los actos reclamados tendrán ejecución en esta ciudad de Tijuana, Baja California, sino por el contrario, se estima que su posible ejecución podría ser en Monterrey, Nuevo León, lugar en el que tiene su domicilio la quejosa y en el que labora. Aunado a que, si en el presente caso existe duda en cuanto a la certeza del domicilio de la quejosa, se estima que el asunto debe conocerlo el juzgado de distrito que previno en el conocimiento del asunto, ya que durante el trámite del juicio puede declararse legalmente incompetente para conocer de él, una vez que se tenga certeza del domicilio de la peticionaria del amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis XXI.2o.P.A.87 A sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, de rubro y texto: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA UNA LEY FEDERAL EN MATERIA FISCAL. CUANDO SE DESCONOCE EL DOMICILIO FISCAL DEL QUEJOSO SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO EN EL CONOCIMIENTO DEL ASUNTO. Cuando se promueve juicio de amparo en contra de una ley federal en materia fiscal, y no se tiene certeza del lugar en que la parte quejosa tiene su domicilio fiscal al que se refiere el artículo 10 del Código Fiscal de la Federación, ni existe en autos algún indicio del lugar en el que tuvo verificativo el primer acto de aplicación de la norma tildada de inconstitucional con el que pueda determinarse la competencia del Juzgado de Distrito con jurisdicción en el referido domicilio, resulta inconcuso que la autoridad legalmente competente para conocer de dicho juicio de garantías será el Juzgado de Distrito que previno en el conocimiento del asunto, en atención a que ningún asunto debe dejarse de resolver acorde con el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el segundo párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo; lo anterior, sin perjuicio de que durante el trámite del juicio, dicho juzgado pueda declararse legalmente incompetente para conocer de él, una vez que se tenga certeza del domicilio fiscal de la parte quejosa". En consecuencia, esta autoridad judicial no acepta la competencia declinada, y con fundamento en el artículo 48, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, devuélvase al juez declinante las constancias relativas al juicio de amparo 558/2020 de su índice, haciéndole del conocimiento la presente resolución, para que resuelva dentro de los plazos establecidos en ese precepto legal si insiste o no en declinar la competencia en el conocimiento del presente amparo, solicitándole de la manera más atenta se sirva acusar el recibo correspondiente. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Expediente electrónico. Fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no formarán parte de éste las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponden a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; asimismo, no formarán parte las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservarán en este juzgado sin digitalizarse, finalmente con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, a prudente arbitrio de esta juzgadora, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones, en caso de presentarse físicamente. Notifíquese.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana · 4,651 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano