Belem del Carmen Esquivel Chi
Expediente 1719/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 1 actuación registrada, la última del 12 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1719/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 12/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Belem del Carmen Esquivel Chi
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, doce de diciembre de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan estos autos y la cuenta que antecede, se acuerda: agréguese para los efectos legales correspondientes, el escrito aclaratorio signado por Álvaro Germán Escalante Castillo, autorizado de la quejosa BELÉN DEL CARMEN ESQUIVEL CHI, con el que, en cumplimiento a la prevención efectuada mediante proveído de nueve del mes y año que transcurre, exhibe las actas de nacimiento de los menores de identidad reservada, S.R.G.E y R.A.G.E., a fin de acreditar la representación legal que ostenta la promovente. Vistos los anexos, téngase por cumplida la prevención de mérito y por reconocida la personalidad que ostenta la quejosa respecto de sus hijos menores de edad, en términos de los referidos documentos adjuntos al escrito que se provee. Ahora bien, vista la demanda de amparo promovida por BELÉN DEL CARMEN ESQUIVEL CHI, por su propio derecho y en representación de sus hijos menores, de iniciales, S.R.G.E y R.A.G.E. contra el acto que reclaman del Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, vespertino, con residencia en esta ciudad, que hacen consistir en: El auto de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, dictado en el procedimiento especial de divorcio incausado 151/2019, mediante el cual se negó la admisión de los recursos de apelación y/o revocación interpuestos contra el acuerdo de dieciocho de octubre del año en curso. En consecuencia, con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 5, 35, 37, 107, 108, 115, 116, 117 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda como en derecho procede. No se tramita el incidente de suspensión, por no haberlo solicitado la parte quejosa, ni la naturaleza de los actos reclamados, amerita su tramitación oficiosa, conforme al artículo 127 de la Ley de Amparo. Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las diez horas con cincuenta minutos del veintiocho de enero de dos mil veinte. Con fundamento en los artículos 116 y 117 de la citada Ley de Amparo, pídase informe justificado a la autoridad responsable el que deberá rendir dentro del término de quince días siguientes a aquél en que reciba el oficio en que se le solicita, en el que expresará las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, al que acompañará, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para apoyarlo, como se establece en el invocado artículo 117 de la referida ley. Apercibida que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa de cien veces la Unidad de Medida y Actualización, a que se refiere el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, en relación con lo que disponen los numerales 238 y 260, fracción II, de la ley de la Materia. Por otra parte, por lo que se refiere al tercero interesado René Jacobo Gasca Caballero, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso b), de la citada Ley de Amparo, por conducto de uno de los actuarios de este Tribunal, notifíquese al mismo, entregándole copia autorizada del presente proveído, del auto de prevención, copia simple de la demanda de amparo y del escrito aclaratorio. Dese la intervención que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, a quien se hará entrega de copia autorizada del presente proveído y del auto de prevención, así como copia simple de la demanda y escrito aclaratorio. Hágase saber a las partes, que cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comuniquen de inmediato a este órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten, lo anterior, con fundamento en el numeral 64 de la citada Ley de Amparo. Apercibidas que en caso de incumplimiento, se les impondrá una multa de treinta veces la Unidad de Medida y Actualización, a que se refiere el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, en relación con lo que disponen los numerales 238 y 251 de la citada ley. Por otra parte, de conformidad con la legislación civil, los padres, tutores o quienes ejercen la patria potestad sobre los menores de edad son sus representantes legítimos, sin embargo, de la lectura íntegra de la demanda, se advierte que entre Belén del Carmen Esquivel Chi y René Jacobo Gasca Caballero, progenitores de los menores aquí quejosos, existe un conflicto de intereses respecto de los alimentos que deben suministrárseles. En consecuencia, a efecto de que los derechos de los menores se encuentren legalmente representados, con apoyo en el artículo 8° de la Ley de Amparo, gírese atento oficio a la Titular de la Delegación Regional del Instituto Federal de Defensoría Pública en el Estado de Yucatán, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la citada ley, de conformidad con el artículo 2º de la misma, para que en el término de tres días hábiles siguientes a la notificación que se le haga de este proveído, proponga a un asesor jurídico federal a su cargo, que pueda fungir como representante especial en este juicio de los menores de edad de identidad reservada, S.R.G.E y R.A.G.E., a efecto de que se le designe, haciéndole saber su nombramiento y de esa forma intervenga en el presente juicio de amparo; debiendo adjuntarle copia del escrito de demanda. Asimismo, dígase a la citada titular, que podrá dar cumplimiento a lo solicitado mediante oficio que al efecto remita, o bien, a través del correo institucional de este Juzgado Federal, siendo este: 2jdo14cto@correo.cjf.gob.mx. Lo antes determinado es acorde a lo señalado en el protocolo de actuaciones para quienes imparten justicia en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes, emitido por la Coordinación de Derechos Humanos y Asesoría de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en marzo de dos mil doce, que establece las principales características de la infancia y sus implicaciones en un proceso jurídico, que precisa que, el interés superior del niño, niña o adolescente es uno de los principios rectores de la Convención sobre los Derechos del Niño. De hecho, ha sido interpretado como el principio "rector-guía" de dicha Convención, lo que significa que con base en él deben entenderse el resto de los derechos reconocidos en aquélla. De esta forma, de acuerdo con la Convención sobre los Derechos del Niño, en todas las medidas concernientes a los niños, niñas y adolescentes que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, deberán considerar primordialmente atender el interés superior de los menores de edad (Artículo 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño). Lo anterior, buscando en todo momento que el niño, niña o adolescente comprenda los acontecimientos que se desarrollen antes, durante y al término de un procedimiento administrativo o judicial, sin ser afectados en su integridad y derechos. Ello, aunado a que de acuerdo con los órganos de las Naciones Unidas este principio incluye, por una parte, el derecho a la protección, lo que supone que todo niño, niña o adolescente sea protegido contra toda forma de sufrimiento, injusticia o descuido, incluidos el abuso físico, psicológico, mental y emocional; y por otra, la posibilidad de desarrollarse en forma armoniosa, es decir, que tenga derecho a crecer en un ambiente grato y con un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada II.3o.P.5 K (10a.) del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, que se localiza en la página 2450, del Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo III, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materias Constitucional y Común, con número de registro 2007385, bajo el rubro siguiente: "INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO Y CONFLICTO DE INTERESES. PRINCIPIO-NORMA QUE DEBE OBSERVARSE AL DESIGNAR AL REPRESENTANTE DE MENORES QUE PARTICIPAN DENTRO DE CUALQUIER PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL QUE PUEDA AFECTAR SU ESFERA JURÍDICA. La Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el "interés superior del niño" implica que su desarrollo y el ejercicio pleno de sus derechos deben considerarse como criterios rectores para la elaboración y aplicación de normas en todos los órdenes relativos a la vida del niño. Luego, la participación de los niños en procedimientos jurisdiccionales reviste una doble finalidad, pues, al reconocerlos como sujetos de derecho, se logra el efectivo ejercicio de sus derechos y, a la vez, se permite que el juzgador se allegue de los elementos necesarios para forjar su convicción respecto de un determinado asunto, lo que es fundamental para una debida tutela del interés superior de la infancia, evitando un conflicto de intereses. Circunstancia que ocurre cuando, por ejemplo, uno de los progenitores de un menor que es parte en un procedimiento penal denuncia el hecho que lo origina, mientras que el otro, solicita la representación del infante siendo este último, familiar del inculpado, evidenciándose que quien pretende ostentar la representación del menor, reviste un doble carácter -progenitor del representado y familiar del acusado-, suponiendo un actuar tendencioso. Así, cuando un menor sea parte dentro de un juicio, es necesario que sea debidamente representado; en ese sentido, de acuerdo con la legislación civil, los progenitores, tutores o quienes ejerzan la patria potestad sobre los menores de edad son sus legítimos representantes; empero, si la persona que lo representa con cualquiera de las calidades mencionadas tiene intereses contrarios al menor representado, se evidencia un conflicto de intereses, entendido como aquellas situaciones en las que el juicio de un sujeto, en lo relacionado a un interés primario para él y la integridad de sus acciones, tiendan a estar indebidamente influenciadas por un interés secundario, el cual puede ser económico o personal; es decir, cuando en vez de cumplir con lo debido, guíen sus decisiones o actuar en beneficio propio o de un tercero. Por lo que, el principio de "interés superior del niño", concatenado con el "conflicto de intereses", al tener reconocimiento internacional universal, adquiere la condición de principio-norma a nivel del ordenamiento jurídico interno del país; considerado eje rector en materia de niños y adolescentes ostentando la categoría de un principio general de derecho, lo que le otorga una importancia legal y fáctica, justificando su aplicabilidad y validez en la resolución de controversias. Por tanto, uno de los lineamientos que debe observarse para la participación de niñas y niños dentro de cualquier procedimiento jurisdiccional que pueda afectar su esfera jurídica, atento a la protección de su interés superior, es designar a una persona que los represente, siempre que ello no genere un conflicto de intereses, con la finalidad de garantizar una representación imparcial, dirigida absolutamente a la defensa eficaz de los derechos del menor en la litis planteada." Así como la tesis aislada III.1o.P.50 P del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, que se localiza en la página 1324, del Tomo XVI, Agosto de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Penal, con número de registro 186220, bajo el rubro siguiente: "MENORES. REPRESENTANTE ESPECIAL EN EL JUICIO DE AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOMBRARLES UNO CUANDO SUS PADRES O LEGÍTIMOS REPRESENTANTES TENGAN INTERESES OPUESTOS A LOS SUYOS. Aunque de acuerdo con la legislación civil los padres, tutores o quienes ejercen la patria potestad sobre los menores de edad son sus representantes legítimos, si en el juicio de amparo promovido por un menor o en favor de él, la persona que lo representa con cualquiera de las calidades mencionadas tiene intereses contrarios al menor representado, es evidente que tal representante se encuentra impedido para ejercer esa representación en el juicio, como ocurre en el caso en el que los padres del menor (representantes en el juicio de garantías), tienen el carácter de inculpados en la averiguación previa de la que deriva el acto reclamado por un delito cometido en agravio del propio menor representado, y pretenden obtener la protección constitucional para que se deje insubsistente dicho acto y recuperar así la custodia del menor; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6o. de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe nombrar al menor un representante especial, a fin de que sea éste el que intervenga en el juicio y lo represente debidamente, pues ante la posibilidad de la existencia de un conflicto de intereses entre el menor y quien ejerce sobre él la patria potestad, se hace necesario garantizar que contará con una representación imparcial, dirigida de manera absoluta a la defensa eficaz de sus derechos en el juicio de garantías." Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas como pruebas de la parte quejosa, la presuncional en su doble aspecto y la instrumental de actuaciones en todo cuanto favorezca a sus intereses, las cuales se reservan para ser relacionadas y valoradas al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Sin que haya necesidad de emitir oficio a la autoridad responsable para notificarle el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia, porque tal determinación no tendrá la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio. Por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia constitucional, la fecha y horas acordadas nuevamente para ese efecto, las podrá consultar en la página de internet https://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/exped ientes/circuitos.asp?Cir=38&Exp=1, con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J 176/2012 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." Notifíquese, haciéndolo personalmente al tercero interesado, y cúmplase.
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