Belém Beatriz Cardini Álvarez
Expediente 1088/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 9 actuaciones registradas, la última del 24 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1088/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 24/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Belém Beatriz Cardini Álvarez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa y la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes haya recurrido la sentencia de tres de diciembre de dos mil diecinueve; atento a lo narrado, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución, en la que determinó en el único punto resolutivo conceder el amparo y protección de la justicia federal, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales; háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable JUEZ CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO DE MORELOS, para que dentro del término de cinco días, contados a partir del día siguiente a la notificación del presente auto, informe a este Juzgado sobre el cumplimiento que haya dado a la ejecutoria de amparo, remitiendo copia certificada de las constancias para acreditar lo anterior. En el entendido de que la sentencia se concedió para los efectos siguientes: "Deje sin efecto todo lo actuado a partir del auto por el que se da cuenta con la presentación del escrito de demanda en el expediente S/N/2019 incoado por BELÉM BEATRIZ CARDINI ÁLVAREZ y en su lugar emita otra determinación en la que, siguiendo los lineamientos de esta sentencia realice lo siguiente: Prescinda de prevenir a la actora para que exhiba la fotocopia certificada del acta de matrimonio base de la acción y de oficio requiera a la oficina correspondiente dicha documental a fin de incorporarlo a los autos; Se abstenga de prevenirla para que designe abogado patrono y en lugar de ello solicite a la defensoría pública del Estado un asesor jurídico a su favor; En caso de estimar que procede prevenir la demanda por otros motivos, fije un plazo amplio, acorde con la condición de persona privada de la libertad de la quejosa. Verifique que la impetrante tenga conocimiento pleno y certero de las determinaciones dictadas, ya sea notificándole de manera personal o una vez designado el asesor, por conducto de éste, constatando a su vez que realice su trabajo de manera que permita un acceso a la justicia en condiciones de igualdad con una persona no privada de la libertad." En la inteligencia que de no hacerlo dentro del término señalado, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la ley de la materia. Finalmente, en caso de que la autoridad a la que se gira oficio en vía de notificación, se encuentre gozando del segundo periodo vacacional correspondiente a este año, instrúyase al Actuario de la adscripción para que una vez que reanude labores, proceda a notificar el contenido del presente auto, así como las demás notificaciones que se ordenen durante ese periodo vacacional. Notifíquese y personalmente a la quejosa en el lugar donde se encuentra interna Así lo proveyó y firma Manuel Alexander Vázquez Falcón, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, de conformidad con el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del oficio CCJ/ST/7543/2019 de doce de diciembre de dos mil diecinueve, asistido del Secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe.
- Principal
Vistos para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 1088/2019-V, promovido por BELÉM BEATRIZ CARDINI ÁLVAREZ, y RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el trece de agosto de dos mil diecinueve en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, recibido en la misma fecha ante este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, BELÉM BEATRIZ CARDINI ÁLVAREZ, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Juez Civil de Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial del Estado de Morelos. SEGUNDO. Prevención. El catorce de agosto de dos mil diecinueve se registró la demanda con número de expediente 1088/2019-V y se previno a la quejosa para que aclara los antecedentes del acto reclamado y ampliara la designación de las autoridades responsables. El diecinueve del mismo mes y año, la quejosa desahogó la prevención, aclarando los antecedentes, sin ampliar la demanda por diversa autoridad. TERCERO. Admisión de la demanda. En proveído de veintiuno de agosto de dos mil diecinueve se admitió a trámite la demanda de garantías; por lo que se solicitó a la responsable el informe justificado; además, se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. CUARTO. Ampliación de la demanda. Por auto de diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve se requirió a la quejosa a efecto de que manifestara si ampliaba la demanda respecto nuevos actos reclamados, lo cual hizo el diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve; por lo tanto, por auto de veintitrés de septiembre del mismo año se tuvo por ampliada. Finalmente se señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional que inició en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o. 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo en vigor; 1o, fracción V y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que en el punto cuarto, fracción XVIII, establece que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito conformado por el territorio de la propia entidad federativa: lo anterior en virtud de que los actos reclamados, que carecen de ejecución material, fueron dictados por autoridad residente en el lugar del juicio. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa los actos reclamados, que en el presente asunto consisten en: La denegación de acceso a la justicia con motivo de todo lo actuado en el juicio S/N/2019, relativo a la tramitación de la demanda de divorcio promovida por BELÉM BEATRIZ CARDINI ÁLVAREZ, en particular el auto de prevención de diecinueve de marzo, el desechamiento de la demanda de veintiuno de mayo, así como la notificación de éste, realizada por medio de boletín judicial el veintitrés de mayo, todos de dos mil diecinueve; actos que atribuye al Juez Civil de Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial en el Estado de Morelos. Lo anterior, se obtiene al realizar una interpretación del escrito de demanda y las manifestaciones de la quejosa al subsanar la prevención, de forma íntegra con un sentido de liberalidad y no restrictivo y se estima que la precisión de los actos en la forma que se plasmó, determina con exactitud la intención de la promovente en armonía con los datos y elementos con que se cuentan, sin cambiar el alcance y contenido de la demanda. Esto para impartir una recta administración de justicia y dictar sentencia con claridad y precisión del acto reclamado. Además, se atiende de manera preferente al pensamiento o intencionalidad de su autor, es decir a lo que quiso decir la quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo, para lograr congruencia ente lo pretendido y lo resuelto. Es aplicable la jurisprudencia de la Novena época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XI, Abril de 2000, Tesis: P./J. 40/2000, Página: 32, con el rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD"; así como la tesis aislada de la Novena época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XIX, Abril de 2004, Página: 255Tesis: P. VI/2004, Tesis Aislada, Materia(s): Común, con el rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO.". TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados, en virtud de que así lo manifestó el Juez responsable al rendir su informe justificado y se corrobora mediante la fotocopia certificada del expediente de mérito, al que se concede eficacia probatoria plena, en términos de lo dispuesto por los numerales 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia por disposición de su artículo 2, en virtud de haber sido expedida por autoridad en ejercicio de sus funciones. Al no advertirse causales de improcedencia hechas valer por las partes ni de oficio por este Juzgador, se procede al análisis de la constitucionalidad de la resolución combatida. CUARTO. Análisis de constitucionalidad del acto reclamado. Suplidos en su deficiencia, con fundamento en el artículo 79 fracción VII de la Ley de Amparo, los conceptos de violación son fundados y suficientes para otorgar el amparo y protección de la justicia federal por los motivos que enseguida se explicarán. Conforme a dicha disposición la autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, entre otros casos, en cualquier materia, en favor de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para su defensa en el juicio; en dicho supuesto tal figura opera aún ante la ausencia de conceptos de violación o agravios. En el caso, se advierte que la aquí quejosa se ubica en la hipótesis de pobreza, marginación y en condiciones de clara desventaja social para el ejercicio de sus derechos en el presente juicio, al advertirse de las manifestaciones que hizo en la demanda bajo protesta de decir verdad, que se encuentra privada de la libertad interna en el Centro Federal de Reinserción Social Número 16 "CPS FEMENIL MORELOS", y que desde hace más de un año ha intentado formular demanda de divorcio, cuyo trámite no ha prosperado por habérsele requerido la exhibición del acta de matrimonio con la cual no cuenta, y sin contar con apoyo para su obtención, al advertirse que carece de abogado particular y de oficio; circunstancias que justifican la suplencia de la queja en términos de la citada disposición. Es aplicable la tesis aislada de la Época: Décima Época, Registro: 2016969, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 54, Mayo de 2018, Tomo III, Materia(s): Común, Tesis: I.18o.A.15 K (10a.), Página: 2788, que se cita enseguida: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE AMPARO NO DEBE INTERPRETARSE LITERALMENTE, SINO EN ATENCIÓN A LA SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD QUE PUEDA PRESENTAR QUIEN ACUDE AL JUICIO, A FIN DE REMOVER OBSTÁCULOS PARA DARLE UN ACCESO A LA JUSTICIA Y UNA TUTELA JUDICIAL EFECTIVOS. Para que cobre aplicación el deber judicial de suplir la queja deficiente, en términos de la fracción VII del artículo 79 de la Ley de Amparo, no es indispensable que, literalmente, se trate de juicios promovidos por personas en condiciones de pobreza (económica) o pobreza extrema, ni de una marginación social en términos absolutos; menos aún, que quien acuda al juicio pruebe su situación de "desventaja social". Antes bien, las expresiones "pobreza" y "marginación social" son elementos por los cuales se visibiliza la desventaja social en la que pudiera estar quien acude al Juez de amparo para hacer valer sus derechos, mas ello no implica que sean sólo esos elementos los que revelan una desventaja social que es la que, en el fondo, se mandata que deba ser contrarrestada por el juzgador con base en esta figura procesal, a fin de que el proceso se adapte a la situación de vulnerabilidad que pueda presentar quien acude al juicio y se remuevan los obstáculos para darle un acceso a la justicia y una tutela judicial efectivos, fin último que persigue dicha norma y debe orientar su interpretación.". En tal virtud, en el caso se estima que los actos combatidos, trasgredieron en perjuicio de BELÉM BEATRIZ CARDINI ÁLVAREZ las garantías de legalidad, seguridad jurídica y de acceso a la justicia, previstas en los artículos 14, 16 y 17, respectivamente de la Carta Magna. Para explicarlo deben citarse los antecedentes que se desprenden de las constancias certificadas del juicio de divorcio S/N/2019, que fueron remitidas por la responsable como anexo a su informe justificado: 1. El trece de marzo de dos mil nueve se presentó ante la responsable, escrito por el que la aquí quejosa BELÉM BEATRIZ CARDINI ÁLVAREZ, demandó el divorcio a ELISA ASUNCIÓN SARMIENTO. 2. Por auto de diecinueve de marzo del mismo año el Juez responsable, radicó la demanda y ordenó que se realizara prevención a la actora, para que dentro del plazo de tres días precisara la clase de juicio, exhibiera los documentos base de la acción y designara abogado patrono que la representara, con el apercibimiento que de no hacerlo se tendría por no interpuesta. 3. Dado que BELÉM BEATRIZ CARDINI ÁLVAREZ narró encontrarse interna en el Centro Federal de Reinserción Social Número 16 "CPS FEMENIL MORELOS", el Juez responsable tuvo dicho centro de reclusión como domicilio de ésta para oír y recibir notificaciones y ordenó que en dicho sitio se le notificara personalmente el auto de prevención, lo cual ocurrió el veintiséis de marzo de dos mil diecinueve. 4. El dieciséis de mayo de dos mil diecinueve BELÉM BEATRIZ CARDINI ÁLVAREZ presentó escrito donde explicó que desahogaba la prevención de manera extemporánea por estar recluída y porque la correspondencia era recogida cada ocho días y además tardaba en ser enviada; asimismo, respecto a los puntos de prevención, aclaró el tipo de juicio promovido, explicando que era divorcio incausado; relató igualmente la imposibilidad de exhibir el acta de matrimonio por no contar con ella y nombraba como abogado a uno de oficio. 5. Por auto de veintiuno de mayo de dos mil diecinueve el juez responsable determinó que, no obstante las manifestaciones vertidas, al presentarse el escrito por el que subsanaba la prevención fuera del plazo de tres días concedido, desechaba de plano la demanda. Ordenó que se notificara dicha determinación sin precisar que se hiciera de forma personal, apareciendo que se hizo mediante boletín judicial el veintitrés del mismo mes y año. A las fotocopias certificadas del expediente de mérito, se otorga eficacia probatoria plena, en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2º, al ser un documento público por ser expedidas por autoridad en ejercicio de sus funciones. Una vez analizado lo acontecido con motivo de la tramitación del juicio natural, se puede establecer que el actuar del Juez responsable fue incorrecto, generando con ello una denegación de acceso a la justicia en perjuicio de BELÉM BEATRIZ CARDINI ÁLVAREZ. Esto es así, porque el juez responsable no obstante haber constatado que la promovente de la demanda del juicio de origen, se encontraba interna en el Centro Federal de Reinserción Social Número 16 "CPS FEMENIL MORELOS", soslayó atender como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Federal que ésta se encontraba en condiciones de franca desigualdad, vulnerabilidad y bajo una categoría sospechosa que le impedía de facto ejercer sus derechos en la controversia de origen; lo que obligaba a la responsable a tomar todas aquellas medidas necesarias para respetar y garantizar los derechos fundamentales de acceso a la justicia y debido proceso de BELÉM BEATRIZ CARDINI ÁLVAREZ incluso desde una perspectiva con equidad de género; lo que se aprecia no sucedió así. En efecto, el juez responsable refirió en el auto de diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, que la aquí quejosa pretendió demandar el divorcio en términos del artículo 174 del Código Familiar del Estado de Morelos, pero que el escrito inicial no estaba ajustado a los requisitos establecidos en los artículos 265 fracciones II y VI, y 266 fracciones II y III, ambas del Código Procesal Familiar del Estado de Morelos; por lo tanto, previno a BELÉM BEATRIZ CARDINI ÁLVAREZ para que en plazo de tres días precisara la clase de juicio que demandó, exhibiera los documentos base de la acción para acreditar su personalidad o interés jurídico y designara abogado patrono que la representara. Sin embargo, sin prejuzgar en torno a la procedencia o no del aludido requerimiento, pues en el caso debe atenderse al derecho humano que se estima violado (acceso a la justicia) y no así al debido cumplimiento de exigencias formales para incoar un juicio, no puede soslayarse que para comprender el significado y alcance del requerimiento formulado a través del auto de mérito el juez responsable debió procurar que BELÉM BEATRIZ CARDINI ÁLVAREZ contara con asistencia legal para estar en posibilidad real de satisfacer en tiempo y forma lo exigido, garantizando así el acceso a la justicia para así estar en aptitud de verificar la procedencia o no de dar curso a la demanda de divorcio incausado promovida. En el particular, el artículo 47 del Código Procesal Familiar del Estado de Morelos que rige la tramitación del proceso de origen, señala que las partes deben comparecer a juicio asistidas o representadas por uno o más abogados y en caso de que omitieran designar abogado, el tribunal procederá en los términos de los artículos 13 fracción I y 15 del párrafo segundo de la Ley Orgánica de la Defensoría Pública del Estado, a suplir la carencia de defensa letrada, abogado o licenciado en derecho, que se encargará de la asistencia técnica, quien deberá acudir al juzgado a enterarse del asunto en un plazo de tres días para iniciar el ejercicio de su encargo. La norma citada en primer término es del tenor literal siguiente: "ARTÍCULO 47.- ASISTENCIA TÉCNICA DE ABOGADOS. Las partes deben comparecer a juicio asistidas o representadas por uno ó más abogados. (REFORMADO, P.O. 15 DE AGOSTO DE 2007) En caso de que las partes omitieran designar abogado, el tribunal procederá en los términos de los artículos 13 fracción I y 15 del párrafo segundo de la Ley Orgánica de la Defensoría Pública del Estado, a suplir la carencia de defensa letrada, abogado o licenciado en derecho que se encargará de la asistencia técnica, quien deberá acudir al juzgado a enterarse del asunto en un plazo de tres días para iniciar el ejercicio de su encargo. (REFORMADO, P.O. 15 DE AGOSTO DE 2007) La intervención de los abogados para la asistencia técnica de las partes deberá llevarse a cabo mediante la designación de patronos de los interesados, como mandatarios en los términos del mandato judicial respectivo. Las partes podrán revocar en cualquier tiempo la designación de abogados patronos y los poderes que tuvieren otorgados a éstos, y a su vez, los abogados tendrán siempre el derecho de renunciar al patrocinio o mandato, debiendo continuar la defensa hasta la designación de sustitutos, o, notificación a las partes.". Tal deber del órgano jurisdiccional de velar porque las partes comparezcan a juicio asistidas o representadas por abogado, es especialmente relevante en casos como el que aquí se estudia, al advertir que la actora se encuentra privada de la libertad personal, dadas las condiciones de precariedad en las que de facto está que le impiden la sustanciación del juicio de manera que se califique oportuna y efectiva, así como ante la dificultad si no imposibilidad para acudir al órgano jurisdiccional personalmente e incluso por escrito. Esto último cobra relevancia ante la prevención de la demanda, por la gravedad de la sanción procesal que genera su insatisfacción, es decir, su desechamiento, pues ello imposibilita acceder al reclamo de justicia que formula, en el caso, la permanencia del vínculo matrimonial cuya disolución se demanda. Así, el Juez del proceso debe garantizar el derecho de la promovente del juicio familiar que se encuentra privada de la libertad personal, a contar con la asistencia de un abogado para subsanar la prevención que se le formula, cuando no lo ha designado en la demanda o bien haya indicado expresamente que no puede nombrarlo por su cuenta. Ello porque cuando una persona privada de la libertad personal a virtud de un proceso penal, promueve juicio de índole familiar por propio derecho y sin representación jurídica, por regla general, padecerá de condiciones de precariedad que evidencian la necesidad de que el juez lleve a cabo acciones para garantizar el derecho a la asistencia letrada; porque quien está recluido como consecuencia de un procedimiento penal, ya provisional, ya definitivamente, se encuentra en una situación de especial sujeción frente al Estado, lo que implica una total vulnerabilidad respecto del ejercicio de sus derechos y en particular acceder a los tribunales en materias diversas a aquéllos con los que sostiene el proceso que los mantiene privados de la libertad; lo que a la vez, conlleva un deber extraordinariamente fuerte del Estado frente a éste para garantizar que sus derechos fundamentales no sean limitados o suspendidos durante su reclusión, en el particular al encontrarse ante un justiciable que de facto se sitúa en una categoría sospechosa de vulnerabilidad, por ser mujer y privada de la libertad, que de suyo hace que el Estado a través de sus jueces vigilen que éstas puedan acudir ante los tribunales competentes a ejercer sus pretensiones desembarazadas de formalidades y exigencias de imposible cumplimiento a virtud de su condición de reclusas. Pues no puede soslayarse que la reclusión, en sí misma, entraña un serio obstáculo para representarse a sí mismo durante el juicio ya que implica una barrera física para acudir al órgano jurisdiccional a consultar actuaciones o realizar promociones, etcétera. Además, es un hecho notorio que la mayor parte de los presos enfrentan carencias culturales y económicas que les impiden representarse a sí mismos eficazmente máxime en asuntos respecto de los cuales de manera cotidiana no se encuentran asesoradas como en el caso, en un juicio de divorcio incausado. Carencias culturales porque todo procedimiento jurisdiccional requiere de conocimientos y entrenamiento jurídico que por regla general sólo poseen los juristas y exigirles a éstas internas acciones que cumplan con los requerimientos respectivos, de suyo general una desigualdad que limita el ejercicio de su derecho de defensa técnica adecuada. Por ello la exigencia de ser nombrado un profesionista en derecho que las asesore. Y Carencias económicas, porque la mayoría de las personas que son sujetas a un proceso penal, carecen de esos recursos. Esta especial vulnerabilidad, por las graves consecuencias que pueden seguirse para los derechos fundamentales de quien no cuenta con asistencia letrada durante el proceso en que interviene, y en especial durante el plazo para subsanar la prevención formulada a la demanda del juicio de divorcio incausado, obligaba al Juez responsable a actuar oficiosamente para garantizar que contara con ella, dado que se aprecia que en el escrito inicial de demanda BELÉM BEATRIZ CARDINI ÁLVAREZ expresamente refirió que no contaba con solvencia económica para pagar el trámite del juicio. Aunado a ello, su condición de reclusión más los obstáculos físicos, culturales y sociales que ello representa, dificultaban de sobremanera el cumplir en tiempo y forma la prevención que se formuló, justificando así la provisión de un abogado para que la asistiera para ejercer adecuadamente el derecho a acceso a la justicia en términos del numeral 47 del Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos. En efecto, al convergir en la persona de la quejosa, las condiciones destacadas de reclusión y el consecuente estado de vulnerabilidad, el juez natural obró incorrectamente al abstenerse de dar cumplimiento a los términos del artículo 47 del Código Procesal Familiar del Estado de Morelos, al no procurar que la promovente de la demanda contara con asistencia legal que le permitiera cumplir debida y oportunamente con la prevención. Sin embargo, contrario a ese deber, en el auto de prevención el juez natural inquirió a la actora para que designara abogado, siendo que dicha responsable debió procurar que BELÉM BEATRIZ CARDINI ÁLVAREZ contara con asistencia legal durante el plazo para subsanar la prevención; sin que ello ocurriera, dado que no hay constancia en autos que acredite que se le hubiera proporcionado. Por lo tanto, deben considerarse violadas las formalidades esenciales del procedimiento de origen, que amerita su reposición, porque no se proporcionó asistencia letrada a la actora, lo cual a la postre trascendió en el desechamiento de la demanda de divorcio, al considerarse presentado el escrito con el que la actora pretendió subsanar la prevención, de manera extemporánea, sin apreciar que por la reclusión de la aquí quejosa, carecía materialmente de la posibilidad de cumplir en condiciones de igualdad en relación a una accionante no interna con cualquier exigencia fijada en una prevención. Por tanto, la carga procesal impuesta en el auto de prevención para que la quejosa designara abogado que la representara y el establecimiento de un plazo perentorio para subsanarla, fueron condiciones que en conjunto fueron desproporcionadas y resultaron insuperables, impidiendo el ejercicio del derecho de acceso a la justicia a BELÉM BEATRIZ CARDINI ÁLVAREZ, al encontrarse impedida para hacer llegar por sus propios medios en tiempo y forma, el escrito de aclaración de demanda cumpliendo además con exhibir el acta de matrimonio base de la acción en el plazo de tres días fijado; especialmente porque implicaba obtener el acta lo cual, de suyo no se observa sea un trámite expedito para una persona privada de la libertad personal en un centro de reclusión. Se concluye por tanto, que al no observarse el deber que impone el artículo 47 del Código Procesal Familiar para el Estado de Morelos que faculta al juez a solicitar a la Defensoría Pública la designación de un asesor o abogado para que representara a la actora, ello generó una condición de indefensión que se tradujo a la postre en una denegación de justicia, al imponer a BELÉM BEATRIZ CARDINI ÁLVAREZ una carga procesal que en los hechos resultó materialmente insuperable ante su condición de reclusión y precariedad económica, pero principalmente por carecer de asistencia legal para solventar en tiempo y forma la prevención a la demanda de divorcio que presentó, exhibiendo los documentos requeridos o bien solicitando prórroga suficiente para ello. Entonces, al soslayar el juez responsable la condición de desventaja y vulnerabilidad de la actora procesal, al imponerle satisfacer la prevención en los términos que lo hizo, generó una denegación al derecho de acceso a la justicia; pues en todo caso, soslayó que de ser necesario, a fin de garantizar tal prerrogativa, podía incluso introducir alguna variación en el procedimiento como medida idónea que permitiera eliminar o aminorar la desventaja procesal de la actor, ante su condición de reclusión; como en el plazo para subsanar la prevención por estar entre las facultades del órgano jurisdiccional, lo cual no causa lesión alguna a derechos de terceros, porque la demanda no ha sido admitida y lógicamente no se encuentra emplazada la parte demandada, quedando expeditos todos sus derechos de defensa en el juicio. Cabe señalar que la implementación de ciertos ajustes al procedimiento deviene obligatoria en tanto sean necesarios, razonables y justificados cuando participa en él alguna persona con desventajas sociales, culturales y principalmente económicas, por ejemplo, en el caso de mujeres privadas de la libertad personal, siempre y cuando se evite la afectación desproporcionada a los derechos de terceros; ésto aun y cuando no se advierta la existencia de normas que hagan referencia expresa a los ajustes razonables necesarios, pues ello no es razón suficiente para omitir conceder el derecho procesal de que se trata si pudieran hacerlo mediante el ejercicio de una facultad que forma parte de su competencia, como en el caso del otorgamiento de prórroga en los plazos y la obtención oficiosa del documento base de la acción, tal y como lo permiten los artículos 5, 60, 148, 149, 167, 168 y 266 del Código Procesal Familiar del Estado de Morelos. Es aplicable en lo conducente, por identidad de razón jurídica, la tesis aislada 1a. CCXVII/2018 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2018630, Primera Sala, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, Página 310, con el rubro: "DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. OBLIGACIONES QUE TIENEN LAS AUTORIDADES JURISDICCIONALES CUANDO UNA PERSONA ALEGA TENER UNA DISCAPACIDAD Y SOLICITA ALGÚN AJUSTE AL PROCEDIMIENTO. El artículo 13 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece la obligación para los Estados Partes de asegurar que las personas con discapacidad puedan participar de manera efectiva en los procedimientos en igualdad de condiciones que el resto de las personas. En este sentido, la implementación de ajustes al procedimiento es obligatoria cuando la discapacidad implique una desventaja procesal, siempre y cuando sean necesarios y razonables, tomando en cuenta la funcionalidad específica de la persona con discapacidad y evitando la afectación desproporcionada a los derechos de terceros. Ahora bien, la diversidad tanto de las barreras sociales relevantes, como de las funcionalidades de las personas con discapacidad, hacen que las autoridades jurisdiccionales tengan que resolver casos en los que no se advierta la existencia de normas que hagan referencia expresa a ajustes razonables necesarios. Lo anterior, no justificaría la omisión de dichas autoridades de garantizar el derecho si pudieran hacerlo mediante el ejercicio de una facultad que forma parte de su competencia, como podría ser la recabación y desahogo oficioso de pruebas. El ejercicio de la facultad para realizar un ajuste al procedimiento puede derivarse de dos supuestos distintos. En el primero, una de las partes del procedimiento argumenta tener una discapacidad que se traduce en una desventaja procesal y solicita al juzgador que ejercite una de sus facultades para garantizar su acceso a la justicia, en cuyo caso la autoridad deberá contestar de forma puntual, fundando y motivando su conclusión de ejercer la facultad o de no hacerlo. En el segundo, la autoridad advierte por sí misma que alguna de las partes podría tener una condición o diversidad funcional que genera una desventaja o vulnerabilidad procesal y analiza de oficio si el ejercicio de una de sus facultades podría ser necesario. En ambos supuestos, la facultad deberá ejercerse siempre que: i) existan elementos en el acervo probatorio que permitan establecer que la persona tiene una condición o diversidad funcional que pueda calificarse como una discapacidad y que ésta se traduce en una desventaja procesal que impida su acceso a la justicia en condiciones de igualdad; ii) la desventaja procesal no ha sido corregida a través de algún ajuste razonable previsto en la ley; iii) la facultad cuyo ejercicio es solicitado forma parte de su ámbito competencial; y, iv) su ejercicio es idóneo para eliminar o aminorar la desventaja procesal y no lesiona desproporcionadamente derechos de terceros.". Debe señalarse además, que como se apuntó, el actuar del juez responsable tuvo como consecuencia directa que la quejosa estuviera imposibilitada para cumplir con la prevención realizada y que se tuviera por desechada la demanda por auto de veintiuno de mayo de dos mil diecinueve; mismo que fue notificado por lista publicada en los estrados del juzgado, soslayando de nueva cuenta el juez la situación particular de reclusión de BELÉM BEATRIZ CARDINI ÁLVAREZ que lógicamente impedía a ésta tener conocimiento de dicha resolución, lo que conjuntamente con las demás trasgresiones legales explicadas, provocó la trasgresión a la dignidad de dicha persona en estado de vulnerabilidad, ante su condición de reclusión y pobreza, que perjudicaron el respeto al derecho a un efectivo acceso a la justicia, que conforme al artículo 17 de la Carta Magna, tal derecho público subjetivo es el que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute tal decisión. Es aplicable la jurisprudencia de la Décima Época, Registro: 2015591, Instancia: Primera Sala, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo I, Materia(s): Constitucional, Tesis: 1a./J. 103/2017 (10a.), Página: 151, del rubro y texto siguientes: "DERECHO DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA. ETAPAS Y DERECHOS QUE LE CORRESPONDEN. De los artículos 14, 17 y 20, apartados B y C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, deriva el derecho de acceso efectivo a la justicia, el cual comprende, en adición a determinados factores socioeconómicos y políticos, el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva y los mecanismos de tutela no jurisdiccional que también deben ser efectivos y estar fundamentados constitucional y legalmente. Ahora bien, en la jurisprudencia 1a./J. 42/2007, de rubro: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.", la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió el acceso a la tutela jurisdiccional como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute tal decisión; de ahí que este derecho comprenda tres etapas, a las que corresponden tres derechos: (i) una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción, que parte del derecho de acción como una especie del de petición dirigido a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por su parte; (ii) una judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la última actuación y a la que concierne el derecho al debido proceso; y, (iii) una posterior al juicio, identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas. Ahora, los derechos mencionados alcanzan no solamente a los procedimientos ventilados ante Jueces y tribunales del Poder Judicial, sino también a todos aquellos seguidos ante autoridades que, al pronunciarse sobre la determinación de derechos y obligaciones, realicen funciones materialmente jurisdiccionales. Así, se concluye que BELÉM BEATRIZ CARDINI ÁLVAREZ por la condición de mujer privada de la libertad personal, se encuentra en una condición de vulnerabilidad y pobreza que generan especiales dificultades para ejercer con plenitud sus derechos ante el sistema de justicia; y que con el actuar de la responsable no se le otorgó un trato que respetara su dignidad de persona en las condiciones apuntadas; al no otorgársele un trato específico adecuado a las circunstancias propias por encontrarse en una categoría sospechosa En las condiciones apuntadas, al resultar fundados los conceptos de violación suplidos en su deficiencia, se impone conceder el amparo y protección de la justicia federal, para que una vez que la sentencia cause ejecutoria, el Juez Civil de Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial en el Estado de Morelos realice lo siguiente: Deje sin efecto todo lo actuado a partir del auto por el que se da cuenta con la presentación del escrito de demanda en el expediente S/N/2019 incoado por BELÉM BEATRIZ CARDINI ÁLVAREZ y en su lugar emita otra determinación en la que, siguiendo los lineamientos de esta sentencia realice lo siguiente: Prescinda de prevenir a la actora para que exhiba la fotocopia certificada del acta de matrimonio base de la acción y de oficio requiera a la oficina correspondiente dicha documental a fin de incorporarlo a los autos; Se abstenga de prevenirla para que designe abogado patrono y en lugar de ello solicite a la defensoría pública del Estado un asesor jurídico a su favor; En caso de estimar que procede prevenir la demanda por otros motivos, fije un plazo amplio, acorde con la condición de persona privada de la libertad de la quejosa. Verifique que la impetrante tenga conocimiento pleno y certero de las determinaciones dictadas, ya sea notificándole de manera personal o una vez designado el asesor, por conducto de éste, constatando a su vez que realice su trabajo de manera que permita un acceso a la justicia en condiciones de igualdad con una persona no privada de la libertad. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA y PROTEGE a BELÉM BEATRIZ CARDIN ÁLVAREZ contra el acto y la autoridad precisados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en la último considerando de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hoy tres de diciembre de dos mil diecinueve, que lo permitieron las labores de este juzgado, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, que da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a dos de octubre de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta; atento a su contenido, téngase a la autoridad responsable rindiendo su informe justificado, con el mismo, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. Por otra parte, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda el escrito signado por la parte quejosa, mediante el cual solicita a este Juzgado que requiera al Consejo Técnico Interdisciplinario Centro Federal de Readaptación Social Número 16 "CPS Femenil Morelos" : Fotocopia certificada de la autorización del acta original de matrimonio de la quejosa; La constancia relativa a las llamadas realizadas por el área de trabajo social, mediante las cuales, se coordinó con su defensor de oficio para efectos de recoger el acta de la suscrita. En mérito de lo anterior, indíquesele a la quejosa que no ha lugar a acordar de conformidad su solicitud. Ello, en virtud de que las únicas pruebas que pueden admitirse en el juicio de amparo, son las que tuvo en cuenta el Juez Civil de Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial en el Estado de Morelos, al emitir el desechamiento de la demanda de divorcio y la notificación de esta resolución, que son precisamente los actos que constituyen el reclamo en el presente juicio. Lo anterior, en términos del artículo 75 de la Ley de Amparo, pues conforme a este numeral, el juzgador debe apreciar el acto reclamado tal y como aparece probado ante la autoridad responsable; por ello, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, debe examinarse a la luz de las pruebas que se hubieren rendido ante la autoridad responsable para comprobar los hechos que motivaron o fueron objeto del acto reclamado, pues el principio de limitación de pruebas que rige en el juicio de garantías, implica que los tribunales de amparo sólo deben analizar la constitucionalidad de éste tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable, sin que les sea dable admitir ni tomar en cuenta las pruebas que no se hubieren rendido ante dicha autoridad para comprobar los hechos y las consideraciones que lo motivaron, requiriéndose como requisito ineludible para su operancia, que las partes en ejercicio de la garantía de audiencia hayan tenido la oportunidad legal de aportar pruebas ante la propia autoridad responsable. Es aplicable la tesis I.7º.A.20k de la Décima Época, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro 33, agosto de 2016, tomo IV, pagina 2673, número de registro 2012212, de la literalidad siguiente: "PRINCIPIO DE LIMITACIÓN DE PRUEBAS EN EL AMPARO. EL ARTÍCULO 75 DE LA LEY DE LA MATERIA QUE LO PREVÉ, ES ACORDE CON EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. El precepto citado establece el principio de limitación de pruebas, al prever que en las sentencias dictadas en los juicios de amparo el acto reclamado debe apreciarse tal y como aparezca probado ante la responsable, sin admitir ni tomar en consideración pruebas que no se hayan rendido ante ella; disposición que resulta acorde con el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, reconocido en el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que no restringe la posibilidad de que el quejoso formule argumentos defensivos, en relación con lo acontecido ante esa autoridad. Además, el juicio de amparo no constituye una segunda o ulterior instancia de impugnación del acto reclamado, sino un medio extraordinario de defensa a través del cual se analiza si la actuación de la autoridad se ajusta o no al orden constitucional, para lo que no se requiere el estudio de cuestiones diversas a aquellas de las cuales conoció la autoridad responsable. Esto es, al tribunal de amparo sólo le corresponde dilucidar si los actos objeto de control constitucional se ajustan o no a la Ley Fundamental, con base en los elementos de juicio de que disponía la responsable al emitirlos pues, de otro modo, se desnaturalizaría su objeto o finalidad, consistente en garantizar que no transgredan derechos fundamentales, convirtiéndole en una nueva instancia de impugnación, dejando de lado su función de órgano de control constitucional. Así, el referido precepto legal es compatible con la lógica del sistema de amparo como medio extraordinario de defensa, al no impedir en forma alguna que ante la autoridad ordinaria se rindan las pruebas que el quejoso estime pertinentes para su adecuada defensa, por lo cual, esa regulación no constituye una restricción que obstaculice el acceso a la impartición de justicia. Lo anterior, salvo excepciones previstas en la propia Ley de Amparo, referidas al juicio tramitado en la vía indirecta, o bien, las establecidas jurisprudencialmente por los órganos que conforman el Poder Judicial de la Federación, relativas a cuestiones de procedencia del juicio constitucional." También cobra aplicación la tesis aislada I.7º.A.21K de la Décima Época, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro 33, agosto de 2016, tomo IV, pagina 2675, número de registro 2012214, de la literalidad siguiente: "PRINCIPIO DE LIMITACIÓN DE PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO. SU JUSTIFICACIÓN. El artículo 75 de la Ley de Amparo establece el principio de limitación de pruebas, al prever que en las sentencias dictadas en los juicios de la materia el acto reclamado debe apreciarse tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable, sin admitir ni tomar en consideración pruebas que no se hayan rendido ante ella (salvo las excepciones previstas en la propia ley referidas a la vía indirecta o las establecidas jurisprudencialmente por los órganos del Poder Judicial de la Federación, relativas a cuestiones de procedencia del juicio constitucional). Ese impedimento técnico del impartidor de justicia encuentra su justificación racional y constitucional en la propia naturaleza del amparo, el cual no constituye una instancia más en el procedimiento de origen, sino un medio extraordinario de defensa que tiene por objeto ejercer un control constitucional sobre la resolución reclamada, a fin de determinar si viola o no derechos fundamentales y, por ende, no podría examinarse si la responsable, al emitir el fallo reclamado, transgredió éstos por el hecho de omitir el examen de pruebas y planteamientos que no fueron objeto de la controversia de origen. Además, el amparo no es equiparable a la acción procesal ordinaria en las materias civil, laboral, penal o administrativa, sino que es puramente constitucional, ya que se dirige a controlar el acto de autoridad para ajustarlo al orden establecido en la Ley Suprema, pero sin que los tribunales de amparo puedan sustituirse en el ejercicio de las atribuciones que corresponden a las autoridades responsables, admitiendo pruebas o tomando en consideración elementos de convicción que no se rindieron ante ellas, dado que ello equivaldría a convertirles en una ulterior instancia revisora." Notifíquese y personalmente a la quejosa en el lugar donde se encuentre recluida. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Jadilson Alonso Navarro, quien autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que aún no obra el informe justificado solicitado a la autoridad responsable; ni la pieza postal con la que se acredite que fue debidamente notificada del auto de veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve por el que se le requirió su respectivo informe justificado; por lo tanto, para dar tiempo a la llegada del mismo, resulta procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijando en su lugar las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, quien autoriza y da fe.
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