Belda Maza Moráles
Expediente 950/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 950/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/11/2021
Partes del expediente
- Juez Tercero del Ramo Civil de este Distrito Judicial de Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas
- Belda Maza Moráles
Actuaciones
- Principal
NOTIFICACION POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA: Visto el oficio de cuenta signados por el Fiscal del Ministerio Público de la Fiscalía del Ministerio Público Investigador Diez de la Unidad Integral de Investigación y Justicia Restaurativa, en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, mediante el cual, informa el cumplimiento dedo a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio de amparo. En este sentido, de conformidad con el artículo 196, párrafos primero y segundo de la Ley de Amparo, dese vista a las partes, para que dentro del término de tres días, legalmente computados a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su interés convenga, apercibida que de no desahogar la misma, este juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la responsable. En lo que interesa, se transcribe el artículo 196 del ordenamiento legal en cita. "Artículo 196. Cuando el órgano judicial de amparo reciba informe de la autoridad responsable de que ya cumplió la ejecutoria, dará vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado, para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga. En los casos de amparo directo la vista será de diez días donde la parte afectada podrá alegar el defecto o exceso en el cumplimiento. Dentro del mismo plazo computado a partir del siguiente al en que haya tenido conocimiento de su afectación por el cumplimiento, podrá comparecer la persona extraña a juicio para defender su interés. Transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. (.)"
- Principal
NOTIFICCION POR LISTA AL QUEJOSO Visto el escrito de demanda promovido por ********, contra la orden de lanzamiento ordenada en auto de veinte de octubre del año en curso, en autos del juicio especial hipotecario 851/2015, así como su ejecución, del Juez Tercero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla, con sede en esta ciudad y otra autoridad; al efecto, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número 950/2021-II, por ser el ordinal progresivo que le corresponde. DESECHAMIENTO Ahora, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tomando en consideración que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la Tesis 2ª. LXXI/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página cuatrocientos cuarenta y ocho, Tomo XVI, julio dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". En esencia, la tesis anotada señala que se debe desechar una demanda de amparo, cuando se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Ciertamente, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, es menester precisar que del estudio íntegro de la demanda de amparo, se obtiene que la parte quejosa hace consistir el acto reclamado esencialmente en: Tiene aplicación a lo anterior el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 19, consultable en la página diecisiete, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, aplicado analógicamente y que a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo". Asimismo, resulta aplicable por identidad jurídica esencial, la tesis aislada número VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, Novena Época, que a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS, REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Para ilustrar este aserto, primeramente es menester transcribir el contenido de los artículos 113, 61, fracción XXIII, y 107, fracción IV, todos de la Ley de Amparo, cuya literalidad es la siguiente: "ARTÍCULO 113.- El órgano jurisdiccional que conozca que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "ARTÍCULO 107.- El amparo indirecto procede: (.) IV.- Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior.". Del precepto antes transcrito, se advierte que cuando se trata de actos de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto sólo podrá promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, es decir, aquella que en forma definitiva aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Este requisito persigue, de conformidad con la exposición de motivos de la ley citada, evitar abusos del juicio de amparo, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Así pues, el juicio de amparo, solo podrá promoverse, contra la última resolución dictada en la fase respectiva, pudiendo reclamarse en su oportunidad las violaciones cometidas durante ese proceso; lo cual es evidente, que en el presente caso no acontece, ya que según se advierte del contexto de la demanda de amparo, hasta el momento no se ha emitido una resolución definitiva, en el procedimiento de ejecución, la cual debe ser entendida, se insiste, como aquella que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. En consecuencia, no se está ante el dictado de la resolución que ponga fin a esa etapa de ejecución de sentencia, pues es evidente que el acto combatido, no tiene que ver con el pronunciamiento del cumplimiento total a lo determinado en definitiva en el juicio natural, ni da por terminado ese período de ejecución, mucho menos aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente; por lo tanto, no se actualiza la hipótesis de procedencia del juicio de amparo, prevista en el artículo 107 fracción IV, párrafo tercero, interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo. Será hasta que se emita la última resolución en ese procedimiento de ejecución, cuando podrá formularse demanda de amparo, en la que se hagan valer las violaciones que hubiesen dejado sin defensa al solicitante del amparo. En ese orden de ideas, resulta pertinente señalar que, en el caso, no sería factible considerar al impetrante del amparo, como un tercero extraño al juicio natural, pues tal como lo informó en su escrito de demanda, la quejosa fue parte en el juicio especial hipotecario. De ahí que, se insiste, no sería factible considerar a la parte quejosa como un tercero extraña a juicio, para efectos de la procedencia del presente juicio de amparo. En el caso concreto, la quejosa fue parte formal y material en el juicio especial hipotecario 851/2015 del índice del Juez Tercero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla, con sede en esta ciudad, incluso ya se dictó sentencia definitiva en el juicio natural que la propia parte inconforme refiere que recurrió en tiempo y forma mediante recurso de apelación. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 12/200-PL, señaló que la sola circunstancia de que el afectado conozca de la existencia del juicio en el que funge como parte y comparezca al mismo, a pesar de no haber sido legalmente emplazado, desvirtúa su carácter de persona extraña al procedimiento, por tanto, dicha es evidente que formó para formal y material del juicio de origen, al que acudió a defender sus derechos. En consecuencia, es manifiesta la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción IV, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Así como, la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, novena época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en el Tomo XXI, mayo de dos mil cinco, página 1331, con número de tesis VI.2o.J/253, y número de registro 178405, de rubro y texto siguientes: "ORDEN DE LANZAMIENTO EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO CONSTITUYE LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DICTADA EN ESE PROCEDIMIENTO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, PROMOVIDO POR QUIEN FUE PARTE E INTERVINO EN EL JUICIO DE ORIGEN. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que por la expresión "última resolución" en actos de ejecución de sentencia a que alude el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, para los efectos de la procedencia del juicio de garantías en la vía indirecta, debe entenderse que es aquella en que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, mediante la aplicación analógica del artículo 113 del mismo ordenamiento legal; ahora bien, la orden de lanzamiento dictada en ejecución de sentencia firme, emitida en un juicio en el que el quejoso fue parte y, por ende, escuchado en defensa de sus intereses, por su propia naturaleza no puede ser conceptuada como una determinación judicial en que se apruebe o reconozca de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia, o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, a fin de determinar la procedencia del amparo indirecto, pues si bien se dirige a preparar y lograr el mismo, lo cierto es que todavía se encuentra supeditada a la eficacia de la diligenciación material del mandamiento judicial, lo que conlleva la realización de diversos actos tendientes a la satisfacción de lo sentenciado, por lo que dicha orden no puede estimarse como la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución del fallo definitivo." En consecuencia, al ser manifiesta la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción IV, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, y con apoyo en el diverso numeral 113 de la misma Ley, POR SU NOTORIA IMPROCEDENCIA, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por Beldad Maza Morales, contra los actos reclamados al Juez Tercero del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla, con sede en esta ciudad y otra autoridad. Apoya la conclusión de mérito, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página ochocientos noventa, Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Con apoyo en los artículos 304 y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al numeral 2° de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que refiere en esta ciudad; y como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Luis David Hernández Hernández, por contar con su cédula registrada en el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgado de Distrito, que lo acredite como licenciado en derecho; y en términos del artículo 24 de la citada ley a Maribel F. Pérez y Pérez, Gerardo Díaz De Selis, Julio César Hernández Roblero y Cristian Iván Hernández Roblero, por no tener sus cédulas registradas en dicho sistema. Se hace del conocimiento a las partes que podrán hacer uso de scanner, cámara fotográfica, lectores láser; siempre y cuando, el medio que se utilice no amerite ser implantado en el equipo de cómputo de este órgano jurisdiccional, ya que de acuerdo a las políticas informáticas, este órgano de Control Constitucional no está facultado para introducir unidades de almacenamiento o cualquier otro que se asemeje al equipo de este Juzgado, en virtud que cualquier software malicioso puede dañar el sistema operativo de las máquinas, propiedad del Consejo de la Judicatura Federal. Lo anterior con fundamento en la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por las razones que expone, resulta aplicable en la especie, la Tesis, del rubro y tenor siguientes: "COPIAS CERTIFICADAS. SU EXPEDICIÓN SÓLO PUEDE HACERSE EN PAPEL Y NO EN DISCO MAGNÉTICO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). De la interpretación del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se colige que la expedición de copias certificadas sólo podrá realizarse en papel y no en discos magnéticos, por existir impedimento para que el secretario de Acuerdos certifique a través de los medios aceptables la copia en disco flexible, tales como el cotejo material del documento original con las copias y la imposición de sellos y firma o rúbrica del funcionario de que se trata, ya que el objeto de tal actuación es precisamente dar fe de que las copias son coincidentes plenamente con los documentos de donde se obtuvieron. Por otra parte, si bien del artículo 217 del ordenamiento en cita se advierte que el legislador dejó al prudente arbitrio del juzgador el valor de las pruebas fotográficas, taquigráficas y de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia y que, interpretado el citado artículo 278 a la luz del método evolutivo o histórico podría sostenerse que sí es factible la expedición en discos flexibles, lo cierto es que esa interpretación no es congruente con el contenido del numeral que se analiza, pues es contraria a los principios del sistema impuesto por el propio legislador en el Código Federal de Procedimientos Civiles, ello aunado a que la expedición será a costa de las partes, y no podría el Juez de Distrito realizar erogación alguna para la compra de discos flexibles, ya que carece de esa facultad de disposición de los bienes de la institución, ni podría permitir la introducción de disquetes en los equipos de cómputo por el riesgo que representan los virus informáticos." Información sobre el presente juicio; necesidad de agendar citas para presentarse al Juzgado de Distrito; y recepción de promociones. Se informa a las partes que en el Portal de Servicios en Línea https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ se encuentran disponibles las listas de acuerdos, además de información acerca de los expedientes a cargo de este Juzgado de Distrito. Solamente se permitirá el acceso a las partes a este Juzgado, previa cita. En la página https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/, encontrarán el micrositio "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en cada órgano jurisdiccional para la generación de citas para consultar expedientes y desahogar comparecencias o requerimientos. Asimismo, se ponen a disposición de las partes el teléfono (961) 6170207, extensión 1241 -en horario de lunes a viernes de 9:15 a 15:15 horas-, así como el correo electrónico jorge.escobar.hernandez@correo.cjf.gob.mx, que corresponden al secretario encargado del presente asunto, para solicitar información al respecto. Para la presentación de promociones relacionadas con el presente juicio, se encuentra habilitada la Oficialía de Partes Común (OPC), que se ubica en la entrada del edificio sede, con un horario de 9:00 a 14:00 horas. La Oficina de Correspondencia Común (OCC), recibirá promociones de término relacionadas con el presente asunto, fuera del horario de funciones de la OPC, hasta las 20:00 horas. Exhortación para continuar el trámite del presente juicio, "en línea"; y habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con el artículo 22, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente juicio, mediante el esquema de "juicio en línea", a través del Portal de Servicios en Línea, mediante el registro de su usuario, contraseña y firma electrónica. En la página https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ juicioenlinea/juicioenlinea, podrán encontrar información, tutoriales y soporte técnico vía telefónica o por correo electrónico, para solicitar su firma electrónica, presentación de promociones, consulta del expediente electrónico, consulta de notificaciones electrónicas, entre otras cuestiones. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios judiciales correspondientes, practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente acuerdo, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias--
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veinticinco de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que las partes legitimadas no interpusieron recurso de revisión contra la sentencia dictada en el expediente en el que se actúa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Sin que sea obstáculo para lo anterior, que no obre en autos la notificación de la autoridad responsable foránea Juzgado Segundo de Primera Instancia Especializado en Juicio Oral Mercantil, con sede en esta ciudad; en virtud que, como lo refiere el artículo 87 de la Ley de Amparo, la autoridad responsable sólo puede interponer recurso de revisión contra la sentencia que afecte directamente al acto que se haya reclamado; de ahí que, la responsable y las demás partes, sólo están legitimadas a recurrir los fallos de amparo que le son adversos; consecuentemente, si en el caso se decretó el sobreseimiento en el juicio, es evidente que el mismo no afecta a las citadas autoridades responsables, por ende, no están legitimadas para interponer recurso en contra del referido auto, por lo que se estima, como se dijo, que el mismo ha causado ejecutoria. Sin embargo, gírese oficio de estilo a las autoridades responsables en mención, para que estén enteradas del presenten asunto, adjuntándose la audiencia y resolución constitucional dictada en el presente juicio. Tiene apoyo lo anterior en la Tesis, cuyo rubro y texto son: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO. Tomando en cuenta que los recursos previstos por la Ley de Amparo, fueron consagrados por el legislador con el propósito de reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio, con motivo de las determinaciones ilegalmente adoptadas por el órgano encargado de su tramitación; y que cuando se decreta el sobreseimiento en un juicio de amparo, queda intocado el acto reclamado y se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; dicha resolución a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al quejoso, pero no al tercero perjudicado ni a la autoridad responsable. Al segundo, porque las cosas quedan en el estado que se encontraban antes de promover el juicio, y a la última, porque no vincula su actuación en algún sentido, ni juzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado, por lo que el primero es el único que está legitimado para interponer el recurso de revisión contra un fallo de sobreseimiento." Ahora, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, inciso b), del artículo 18, Capitulo Séptimo, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se negó el amparo solicitado; por lo que en su momento sólo quedarán para su conservación los documentos precisados en el penúltimo párrafo del citado numeral y, se destruirán el resto de las actuaciones por considerarse que no tienen relevancia documental para su conservación. Como lo disponen los artículos 21, 22, 23 y 24, todos del Capítulo Octavo y 35, del Capítulo Décimo Tercero, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de control físicos y electrónicos respectivos; y, una vez que transcurran tres años, destrúyase el expediente, debiéndose remitir el acta correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales". Por otra parte, se ordena a los actuarios adscritos que en caso de que existan autoridades que aún no reanuden sus actividades, deberán resguardar los oficios dirigidos a las mismas y entregarlos el día que éstas reanuden sus labores.
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