Béla Kálloi Fajta

Expediente 863/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 32 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
863/2017
Año
2017
Actuaciones
32
Última actuación
21/06/2018

Partes del expediente

  • Béla Kálloi Fajta
  • Béla Kálloi Fajta y Otros.
  • Christian Kálloi Romero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 32.

  1. Principal

    CITATORIO:: SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA QUEJOSA... EL CONTENIDO DEL AUTO DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2018, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "Ciudad de México, veintiuno de junio de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede de la que se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedidos a las partes por auto de dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, en relación con el cumplimiento dado por el Juez Sexagésimo Sexto Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho proveído, por lo que este juzgado procede a determinar si la autoridad responsable ha acatado la sentencia de amparo, de acuerdo con las constancias de autos y con los datos aportados por ésta. Mediante sentencia autorizada el treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, en su primer punto resolutivo se sobreseyó en el juicio respecto de los actos de la Asamblea Legislativa, Jefe de Gobierno, Secretario de Gobierno, Director de la Gaceta Oficial, todos de la Ciudad de México; Cámara de Senadores y Diputados del Congreso de la Unión, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto de la Secretaría de Gobernación, Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación (hoy Secretario de Gobernación) y Director del Diario Oficial de la Federación; en tanto, que en el segundo negó el amparo y protección de la justicia federal a los quejosos respecto de los actos del Juez Sexagésimo Sexto de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Dicha sentencia fue revocada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en su resolución de once de abril del año en curso, dictada en el R.C. 70/2018, misma que en su primer punto resolutivo modifico la sentencia recurrida, en el segundo sobreseyó en el juicio y en el tercero concedió el amparo y protección de la justicia federal, para el efecto de que la juez responsable restablezca las cosas al estado que guardaban antes de la violación y de inmediato deje insubsistente la resolución reclamada, para que dentro del plazo de veinte días que dispone el numeral 707, inciso a), del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, dicte otro fallo, en el que atendiendo a lo resuelto en la ejecutoria de amparo, provea lo conducente a las medidas cautelares solicitadas por los quejosos; e informara y demostrara ante este juzgado de distrito el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. En la ejecutoria de amparo referida se consideró que las normas relativas a las medidas precuatorias previstas por el Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México no pueden entenderse como preceptos aislados o discordantes del sistema jurídico mexicano al que pertenecen, sino deben entenderse como disposiciones establecidas con un determinado propósito, el cual consiste en contribuir a asegurar la ejecución material de las sentencias y con ello que los gobernados gocen del acceso efectivo a la impartición de justicia que desarrollan los tribunales. Por tanto, se estableció que el otorgamiento de las medidas precautorias puede descansar en los artículos 18 y 19 del Código Civil para el Distrito Federal (hoy Ciudad de México), pues de tales disposiciones se obtiene que el silencio, obscuridad o insuficiencia de la ley, no autorizan a los jueces o tribunales para dejar de resolver una controversia, y que a falta de ley se resolverán conforme a los principios generales del derecho; por lo que se consideró que es jurídicamente aceptable, atendiendo a que las medidas precautorias contenidas en el artículo 235 del Código de Procedimientos Civiles para esta Ciudad son limitativas y no responden a las particularidades de todos los casos, que puedan diseñarse medidas precautorias que se ajustaran a las necesidades del caso. Por tanto, se estimó que las medidas precautorias, solicitadas por los aquí quejosos eran acordes con el derecho que se va a dilucidar en la sentencia definitiva y, por ende, la jueza de origen estaba obligada a decidir sobre ellas con independencia de que no existiera precepto legal alguno en el Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México que dispusiera la procedencia de la medida cautelar solicitada. Por lo que se estableció que era factible obsequiar las medidas solicitadas por los recurrentes, pues las mismas se encontraban encaminadas a mantener una situación de hecho en un procedimiento civil sustanciado conforme a la legislación adjetiva indicada, precisamente porque su texto debía ser acorde con los principios que derivan del derecho de acceso efectivo a la jurisdicción garantizado en el artículo 17, párrafo segundo, de la propia Ley Fundamental; principios constitucionales que, aplicados al juicio ordinario civil, se traducen en que deben facilitar la ejecución material de la sentencia que decida la controversia judicial y evitar con ello una sentencia ilusoria que jamás podría tener lugar en el mundo fáctico. Atento a la ejecutoria de amparo, por oficio 1396/18 signado por la Juez Interina Sexagésimo Sexto de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (foja 393), remitió copia certificada de la resolución interlocutoria de diez de mayo del año en curso, por el cual resolvió el recurso de revocación interpuesto por los aquí quejosos en el juicio ordinario civil 446/2017, en contra del auto de veintiséis de junio de dos mil diecisiete; sentencia en la que en su primer punto resolutivo dejó insubsistente la resolución de nueve de agosto de dos mil diecisiete, y modificó el auto recurrido en el que determinó, como medida precautoria, la inmovilización del folio real electrónico 162172, a efecto de que no se efectúen diversas inscripciones hasta en tanto se resuelva la controversia principal del juicio de génesis, en lo relativo al bien inmueble lote 30, de la manzana 11, del fraccionamiento "Residencial Chiluca", municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, ordenando girar oficio al Juez Competente en Tlalnepantla, Estado de México, a fin de que envié atento oficio con los insertos necesarios al Instituto de la Función Registral del Estado de México. De los antecedentes descritos se pone en evidencia que la Juez Interina Sexagésimo Sexto de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, dio cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo ya que no incurrió en exceso o defecto al momento de cumplir con el fallo protector, pues como se relató en párrafos que anteceden, la juez responsable se limitó a dejar insubsistente la resolución de nueve de agosto de dos mil diecisiete, dictada en el expediente 446/2017, y modificó el auto de veintiséis de junio de dos mil diecisiete, en el que, otorgó la medida precautoria solicitada por los quejosos y ordenó la inmovilización del folio real electrónico 162172, a efecto de que no se efectúen inscripciones hasta en tanto se resuelva la controversia principal del juicio de génesis, en lo relativo al bien inmueble lote 30, de la manzana 11, del fraccionamiento "Residencial Chiluca", municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, ordenando girar oficio al Juez Competente en Tlalnepantla, Estado de México, a fin de que envié atento oficio con los insertos necesarios al Instituto de la Función Registral del Estado de México. En consecuencia, esta juzgadora procede a declarar debidamente cumplida la ejecutoria de amparo. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los cuales se advierte que en proveído de treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, se reservó proveer lo conducente respecto de las manifestaciones formuladas por Rodrigo Lagos Scherer, autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo de los quejosos Béla Kálloi Fajta y Christian Kálloi Romero, hasta en tanto transcurriera el término para todas las partes, y de la certificación que antecede se advierte que el mismo ya feneció, por lo tanto el escrito de referencia se acuerda en los siguientes términos: Visto el escrito signado por Rodrigo Lagos Scherer, autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo de los quejosos Béla Kálloi Fajta y Christian Kálloi Romero, personalidad que tiene debidamente reconocida en autos, téngase al promovente haciendo diversas manifestaciones en el sentido de que sus mandantes se encuentran conformes con el cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, dígase al promoverte que deberá estarse a lo ordenado en el párrafo que anteceden en el que se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, lo anterior para los efectos legales conducentes. Por lo que en términos de los artículos 196, párrafo cuarto, y 214, de la Ley de Amparo, por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido, se ordena archivar el presente expediente previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. Atento a lo anterior, y en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido el quince de octubre de dos mil nueve, por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, regulado por el Manual para la Organización de los Archivos Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitido en diciembre de dos mil doce, se establece que el presente expediente es susceptible de depuración, dado que por sentencia autorizada el treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, en su primer punto resolutivo se sobreseyó en el juicio y en el segundo negó el amparo y protección de la justicia federal a los quejosos, la cual fue modificada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, mediante resolución de once de abril del año en curso, dictada en el R.C. 70/2018, en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal, debiéndose conservar únicamente la demanda de amparo y la resolución autorizada el treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, dictada por este juzgado y la de once de abril del año en curso, dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito; por tanto, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, y la relativa a la fecha en que se ordenó el archivo, para que el Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, proceda a su depuración; siendo que además para este órgano jurisdiccional el presente asunto carece de relevancia documental, al no encuadrar en ninguno de los supuestos del punto décimo sexto del citado Acuerdo General Conjunto 1/2009. Por otra parte, hágase del conocimiento de las partes, que el presente expediente sólo permanecerá en el archivo primario de este juzgado, por el lapso de tres años, contado a partir de su fecha de archivo, y una vez transcurrido este plazo será objeto de transferencia y se remitirá al área de depósito dependiente del Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su resguardo, donde estará los dos años siguientes y luego se procederá a su depuración, de conformidad con lo previsto por el artículo vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto antes citado. Notifíquese y personalmente a la quejosa y a los terceros interesados HSBC México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, División Fiduciaria como Fiduciario del Fideicomiso 69523, y Víctor Humberto Benítez González, Notario Público 136 del Estado de México y por lista al diverso tercero interesado titular del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Tlalnepantla, Estado de México. "... NOTIFIQUESE.

  2. Principal

    Ciudad de México, veintiuno de junio de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede de la que se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedidos a las partes por auto de dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, en relación con el cumplimiento dado por el Juez Sexagésimo Sexto Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho proveído, por lo que este juzgado procede a determinar si la autoridad responsable ha acatado la sentencia de amparo, de acuerdo con las constancias de autos y con los datos aportados por ésta. Mediante sentencia autorizada el treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, en su primer punto resolutivo se sobreseyó en el juicio respecto de los actos de la Asamblea Legislativa, Jefe de Gobierno, Secretario de Gobierno, Director de la Gaceta Oficial, todos de la Ciudad de México; Cámara de Senadores y Diputados del Congreso de la Unión, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto de la Secretaría de Gobernación, Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación (hoy Secretario de Gobernación) y Director del Diario Oficial de la Federación; en tanto, que en el segundo negó el amparo y protección de la justicia federal a los quejosos respecto de los actos del Juez Sexagésimo Sexto de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Dicha sentencia fue revocada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en su resolución de once de abril del año en curso, dictada en el R.C. 70/2018, misma que en su primer punto resolutivo modifico la sentencia recurrida, en el segundo sobreseyó en el juicio y en el tercero concedió el amparo y protección de la justicia federal, para el efecto de que la juez responsable restablezca las cosas al estado que guardaban antes de la violación y de inmediato deje insubsistente la resolución reclamada, para que dentro del plazo de veinte días que dispone el numeral 707, inciso a), del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, dicte otro fallo, en el que atendiendo a lo resuelto en la ejecutoria de amparo, provea lo conducente a las medidas cautelares solicitadas por los quejosos; e informara y demostrara ante este juzgado de distrito el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. En la ejecutoria de amparo referida se consideró que las normas relativas a las medidas precuatorias previstas por el Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México no pueden entenderse como preceptos aislados o discordantes del sistema jurídico mexicano al que pertenecen, sino deben entenderse como disposiciones establecidas con un determinado propósito, el cual consiste en contribuir a asegurar la ejecución material de las sentencias y con ello que los gobernados gocen del acceso efectivo a la impartición de justicia que desarrollan los tribunales. Por tanto, se estableció que el otorgamiento de las medidas precautorias puede descansar en los artículos 18 y 19 del Código Civil para el Distrito Federal (hoy Ciudad de México), pues de tales disposiciones se obtiene que el silencio, obscuridad o insuficiencia de la ley, no autorizan a los jueces o tribunales para dejar de resolver una controversia, y que a falta de ley se resolverán conforme a los principios generales del derecho; por lo que se consideró que es jurídicamente aceptable, atendiendo a que las medidas precautorias contenidas en el artículo 235 del Código de Procedimientos Civiles para esta Ciudad son limitativas y no responden a las particularidades de todos los casos, que puedan diseñarse medidas precautorias que se ajustaran a las necesidades del caso. Por tanto, se estimó que las medidas precautorias, solicitadas por los aquí quejosos eran acordes con el derecho que se va a dilucidar en la sentencia definitiva y, por ende, la jueza de origen estaba obligada a decidir sobre ellas con independencia de que no existiera precepto legal alguno en el Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México que dispusiera la procedencia de la medida cautelar solicitada. Por lo que se estableció que era factible obsequiar las medidas solicitadas por los recurrentes, pues las mismas se encontraban encaminadas a mantener una situación de hecho en un procedimiento civil sustanciado conforme a la legislación adjetiva indicada, precisamente porque su texto debía ser acorde con los principios que derivan del derecho de acceso efectivo a la jurisdicción garantizado en el artículo 17, párrafo segundo, de la propia Ley Fundamental; principios constitucionales que, aplicados al juicio ordinario civil, se traducen en que deben facilitar la ejecución material de la sentencia que decida la controversia judicial y evitar con ello una sentencia ilusoria que jamás podría tener lugar en el mundo fáctico. Atento a la ejecutoria de amparo, por oficio 1396/18 signado por la Juez Interina Sexagésimo Sexto de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (foja 393), remitió copia certificada de la resolución interlocutoria de diez de mayo del año en curso, por el cual resolvió el recurso de revocación interpuesto por los aquí quejosos en el juicio ordinario civil 446/2017, en contra del auto de veintiséis de junio de dos mil diecisiete; sentencia en la que en su primer punto resolutivo dejó insubsistente la resolución de nueve de agosto de dos mil diecisiete, y modificó el auto recurrido en el que determinó, como medida precautoria, la inmovilización del folio real electrónico 162172, a efecto de que no se efectúen diversas inscripciones hasta en tanto se resuelva la controversia principal del juicio de génesis, en lo relativo al bien inmueble lote 30, de la manzana 11, del fraccionamiento "Residencial Chiluca", municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, ordenando girar oficio al Juez Competente en Tlalnepantla, Estado de México, a fin de que envié atento oficio con los insertos necesarios al Instituto de la Función Registral del Estado de México. De los antecedentes descritos se pone en evidencia que la Juez Interina Sexagésimo Sexto de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, dio cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo ya que no incurrió en exceso o defecto al momento de cumplir con el fallo protector, pues como se relató en párrafos que anteceden, la juez responsable se limitó a dejar insubsistente la resolución de nueve de agosto de dos mil diecisiete, dictada en el expediente 446/2017, y modificó el auto de veintiséis de junio de dos mil diecisiete, en el que, otorgó la medida precautoria solicitada por los quejosos y ordenó la inmovilización del folio real electrónico 162172, a efecto de que no se efectúen inscripciones hasta en tanto se resuelva la controversia principal del juicio de génesis, en lo relativo al bien inmueble lote 30, de la manzana 11, del fraccionamiento "Residencial Chiluca", municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, ordenando girar oficio al Juez Competente en Tlalnepantla, Estado de México, a fin de que envié atento oficio con los insertos necesarios al Instituto de la Función Registral del Estado de México. En consecuencia, esta juzgadora procede a declarar debidamente cumplida la ejecutoria de amparo. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los cuales se advierte que en proveído de treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, se reservó proveer lo conducente respecto de las manifestaciones formuladas por Rodrigo Lagos Scherer, autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo de los quejosos Béla Kálloi Fajta y Christian Kálloi Romero, hasta en tanto transcurriera el término para todas las partes, y de la certificación que antecede se advierte que el mismo ya feneció, por lo tanto el escrito de referencia se acuerda en los siguientes términos: Visto el escrito signado por Rodrigo Lagos Scherer, autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo de los quejosos Béla Kálloi Fajta y Christian Kálloi Romero, personalidad que tiene debidamente reconocida en autos, téngase al promovente haciendo diversas manifestaciones en el sentido de que sus mandantes se encuentran conformes con el cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, dígase al promoverte que deberá estarse a lo ordenado en el párrafo que anteceden en el que se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, lo anterior para los efectos legales conducentes. Por lo que en términos de los artículos 196, párrafo cuarto, y 214, de la Ley de Amparo, por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido, se ordena archivar el presente expediente previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. Atento a lo anterior, y en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido el quince de octubre de dos mil nueve, por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, regulado por el Manual para la Organización de los Archivos Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitido en diciembre de dos mil doce, se establece que el presente expediente es susceptible de depuración, dado que por sentencia autorizada el treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, en su primer punto resolutivo se sobreseyó en el juicio y en el segundo negó el amparo y protección de la justicia federal a los quejosos, la cual fue modificada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, mediante resolución de once de abril del año en curso, dictada en el R.C. 70/2018, en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal, debiéndose conservar únicamente la demanda de amparo y la resolución autorizada el treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, dictada por este juzgado y la de once de abril del año en curso, dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito; por tanto, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, y la relativa a la fecha en que se ordenó el archivo, para que el Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, proceda a su depuración; siendo que además para este órgano jurisdiccional el presente asunto carece de relevancia documental, al no encuadrar en ninguno de los supuestos del punto décimo sexto del citado Acuerdo General Conjunto 1/2009. Por otra parte, hágase del conocimiento de las partes, que el presente expediente sólo permanecerá en el archivo primario de este juzgado, por el lapso de tres años, contado a partir de su fecha de archivo, y una vez transcurrido este plazo será objeto de transferencia y se remitirá al área de depósito dependiente del Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su resguardo, donde estará los dos años siguientes y luego se procederá a su depuración, de conformidad con lo previsto por el artículo vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto antes citado. Notifíquese y personalmente a la quejosa y a los terceros interesados HSBC México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, División Fiduciaria como Fiduciario del Fideicomiso 69523, y Víctor Humberto Benítez González, Notario Público 136 del Estado de México y por lista al diverso tercero interesado titular del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Tlalnepantla, Estado de México.

  3. Principal

    AVISO: SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL TERCERO INTERESADO... EL CONTENIDO DEL AUTO DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2018, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "Ciudad de México, veintiuno de junio de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede de la que se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedidos a las partes por auto de dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, en relación con el cumplimiento dado por el Juez Sexagésimo Sexto Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho proveído, por lo que este juzgado procede a determinar si la autoridad responsable ha acatado la sentencia de amparo, de acuerdo con las constancias de autos y con los datos aportados por ésta. Mediante sentencia autorizada el treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, en su primer punto resolutivo se sobreseyó en el juicio respecto de los actos de la Asamblea Legislativa, Jefe de Gobierno, Secretario de Gobierno, Director de la Gaceta Oficial, todos de la Ciudad de México; Cámara de Senadores y Diputados del Congreso de la Unión, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, por conducto de la Secretaría de Gobernación, Secretario de Estado y del Despacho de Gobernación (hoy Secretario de Gobernación) y Director del Diario Oficial de la Federación; en tanto, que en el segundo negó el amparo y protección de la justicia federal a los quejosos respecto de los actos del Juez Sexagésimo Sexto de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Dicha sentencia fue revocada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en su resolución de once de abril del año en curso, dictada en el R.C. 70/2018, misma que en su primer punto resolutivo modifico la sentencia recurrida, en el segundo sobreseyó en el juicio y en el tercero concedió el amparo y protección de la justicia federal, para el efecto de que la juez responsable restablezca las cosas al estado que guardaban antes de la violación y de inmediato deje insubsistente la resolución reclamada, para que dentro del plazo de veinte días que dispone el numeral 707, inciso a), del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, dicte otro fallo, en el que atendiendo a lo resuelto en la ejecutoria de amparo, provea lo conducente a las medidas cautelares solicitadas por los quejosos; e informara y demostrara ante este juzgado de distrito el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. En la ejecutoria de amparo referida se consideró que las normas relativas a las medidas precuatorias previstas por el Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México no pueden entenderse como preceptos aislados o discordantes del sistema jurídico mexicano al que pertenecen, sino deben entenderse como disposiciones establecidas con un determinado propósito, el cual consiste en contribuir a asegurar la ejecución material de las sentencias y con ello que los gobernados gocen del acceso efectivo a la impartición de justicia que desarrollan los tribunales. Por tanto, se estableció que el otorgamiento de las medidas precautorias puede descansar en los artículos 18 y 19 del Código Civil para el Distrito Federal (hoy Ciudad de México), pues de tales disposiciones se obtiene que el silencio, obscuridad o insuficiencia de la ley, no autorizan a los jueces o tribunales para dejar de resolver una controversia, y que a falta de ley se resolverán conforme a los principios generales del derecho; por lo que se consideró que es jurídicamente aceptable, atendiendo a que las medidas precautorias contenidas en el artículo 235 del Código de Procedimientos Civiles para esta Ciudad son limitativas y no responden a las particularidades de todos los casos, que puedan diseñarse medidas precautorias que se ajustaran a las necesidades del caso. Por tanto, se estimó que las medidas precautorias, solicitadas por los aquí quejosos eran acordes con el derecho que se va a dilucidar en la sentencia definitiva y, por ende, la jueza de origen estaba obligada a decidir sobre ellas con independencia de que no existiera precepto legal alguno en el Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México que dispusiera la procedencia de la medida cautelar solicitada. Por lo que se estableció que era factible obsequiar las medidas solicitadas por los recurrentes, pues las mismas se encontraban encaminadas a mantener una situación de hecho en un procedimiento civil sustanciado conforme a la legislación adjetiva indicada, precisamente porque su texto debía ser acorde con los principios que derivan del derecho de acceso efectivo a la jurisdicción garantizado en el artículo 17, párrafo segundo, de la propia Ley Fundamental; principios constitucionales que, aplicados al juicio ordinario civil, se traducen en que deben facilitar la ejecución material de la sentencia que decida la controversia judicial y evitar con ello una sentencia ilusoria que jamás podría tener lugar en el mundo fáctico. Atento a la ejecutoria de amparo, por oficio 1396/18 signado por la Juez Interina Sexagésimo Sexto de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (foja 393), remitió copia certificada de la resolución interlocutoria de diez de mayo del año en curso, por el cual resolvió el recurso de revocación interpuesto por los aquí quejosos en el juicio ordinario civil 446/2017, en contra del auto de veintiséis de junio de dos mil diecisiete; sentencia en la que en su primer punto resolutivo dejó insubsistente la resolución de nueve de agosto de dos mil diecisiete, y modificó el auto recurrido en el que determinó, como medida precautoria, la inmovilización del folio real electrónico 162172, a efecto de que no se efectúen diversas inscripciones hasta en tanto se resuelva la controversia principal del juicio de génesis, en lo relativo al bien inmueble lote 30, de la manzana 11, del fraccionamiento "Residencial Chiluca", municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, ordenando girar oficio al Juez Competente en Tlalnepantla, Estado de México, a fin de que envié atento oficio con los insertos necesarios al Instituto de la Función Registral del Estado de México. De los antecedentes descritos se pone en evidencia que la Juez Interina Sexagésimo Sexto de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, dio cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo ya que no incurrió en exceso o defecto al momento de cumplir con el fallo protector, pues como se relató en párrafos que anteceden, la juez responsable se limitó a dejar insubsistente la resolución de nueve de agosto de dos mil diecisiete, dictada en el expediente 446/2017, y modificó el auto de veintiséis de junio de dos mil diecisiete, en el que, otorgó la medida precautoria solicitada por los quejosos y ordenó la inmovilización del folio real electrónico 162172, a efecto de que no se efectúen inscripciones hasta en tanto se resuelva la controversia principal del juicio de génesis, en lo relativo al bien inmueble lote 30, de la manzana 11, del fraccionamiento "Residencial Chiluca", municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, ordenando girar oficio al Juez Competente en Tlalnepantla, Estado de México, a fin de que envié atento oficio con los insertos necesarios al Instituto de la Función Registral del Estado de México. En consecuencia, esta juzgadora procede a declarar debidamente cumplida la ejecutoria de amparo. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los cuales se advierte que en proveído de treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, se reservó proveer lo conducente respecto de las manifestaciones formuladas por Rodrigo Lagos Scherer, autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo de los quejosos Béla Kálloi Fajta y Christian Kálloi Romero, hasta en tanto transcurriera el término para todas las partes, y de la certificación que antecede se advierte que el mismo ya feneció, por lo tanto el escrito de referencia se acuerda en los siguientes términos: Visto el escrito signado por Rodrigo Lagos Scherer, autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo de los quejosos Béla Kálloi Fajta y Christian Kálloi Romero, personalidad que tiene debidamente reconocida en autos, téngase al promovente haciendo diversas manifestaciones en el sentido de que sus mandantes se encuentran conformes con el cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo; en consecuencia, dígase al promoverte que deberá estarse a lo ordenado en el párrafo que anteceden en el que se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, lo anterior para los efectos legales conducentes. Por lo que en términos de los artículos 196, párrafo cuarto, y 214, de la Ley de Amparo, por tratarse de un asunto total y definitivamente concluido, se ordena archivar el presente expediente previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. Atento a lo anterior, y en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido el quince de octubre de dos mil nueve, por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, regulado por el Manual para la Organización de los Archivos Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitido en diciembre de dos mil doce, se establece que el presente expediente es susceptible de depuración, dado que por sentencia autorizada el treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, en su primer punto resolutivo se sobreseyó en el juicio y en el segundo negó el amparo y protección de la justicia federal a los quejosos, la cual fue modificada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, mediante resolución de once de abril del año en curso, dictada en el R.C. 70/2018, en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal, debiéndose conservar únicamente la demanda de amparo y la resolución autorizada el treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, dictada por este juzgado y la de once de abril del año en curso, dictada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito; por tanto, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, y la relativa a la fecha en que se ordenó el archivo, para que el Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, proceda a su depuración; siendo que además para este órgano jurisdiccional el presente asunto carece de relevancia documental, al no encuadrar en ninguno de los supuestos del punto décimo sexto del citado Acuerdo General Conjunto 1/2009. Por otra parte, hágase del conocimiento de las partes, que el presente expediente sólo permanecerá en el archivo primario de este juzgado, por el lapso de tres años, contado a partir de su fecha de archivo, y una vez transcurrido este plazo será objeto de transferencia y se remitirá al área de depósito dependiente del Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su resguardo, donde estará los dos años siguientes y luego se procederá a su depuración, de conformidad con lo previsto por el artículo vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto antes citado. Notifíquese y personalmente a la quejosa y a los terceros interesados HSBC México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, División Fiduciaria como Fiduciario del Fideicomiso 69523, y Víctor Humberto Benítez González, Notario Público 136 del Estado de México y por lista al diverso tercero interesado titular del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Tlalnepantla, Estado de México. "... NOTIFIQUESE.

  4. Principal

    Visto el escrito de cuenta del autorizado de los quejosos...; por el que en desahogo a la vista de dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, con el cumplimiento dado por el Juez Sexagésimo Sexto de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, realiza diversas manifestaciones en el sentido de que sus mandantes se encuentran conformes con el cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo; al respecto resérvese proveer lo conducente hasta en tanto transcurra el término concedido en el proveído antes citado para todas las partes. Notifíquese.

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