Begoña Calvo Solana
Expediente 380/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 12 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 380/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 21/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Begoña Calvo Solana
- BEGOÑA CALVO SOLANA y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se sobreseyó en el juicio, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 20 fracción I del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de 26/09/23 14:29:33 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.78.1d JAVIER MORALES GUZMAN relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Con fundamento en el artículo 20, fracción III del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de destruirse, ya que se negó la medida cautelar solicitada. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 20 fracción I, del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio, así como el original del incidente de suspensión. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 380/2023, promovido por ********************; y, R E S U L T A N D O: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en línea el veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, ********************, por su propio derecho, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Director de Gestión del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, del Poder Judicial del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad y de otras autoridades. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 1, 14, 16, 22 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Admisión y trámite de la demanda. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda a este Juzgado de Distrito, se registró con el número 380/2023, se admitió mediante proveído de veinticinco de abril de dos mil veintitrés (foja 28), se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado y se dio vista a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención legal que le compete. Posteriormente, en auto de veintidós de junio del año en curso, se requirió a la parte quejosa para que dentro del término de quince días precisara si era su deseo señalar como acto reclamado el Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Michoacán de Ocampo, publicado en el Periódico Oficial del Estado el catorce de abril de dos mil veintitrés, y que entró en vigor el diecisiete posterior, el cual contiene en su punto tercero los nuevos "Lineamientos para el Ingreso y Permanencia en las Salas de Oralidad del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral", sin que lo haya realizado. Seguido el juicio por sus cauces legales, en proveído de veintidós de junio de este año (foja 56) se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se verificó al tenor del acta que antecede; así pues, se procede a resolver el presente juicio de amparo; y, C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107, fracción I, de la Ley de Amparo, 49 y 57, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, pues la parte quejosa reclama actos de autoridad que reside en el ámbito territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación del acto reclamado. Conforme a lo establecido por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es fijar el acto reclamado. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente contenido y rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal, con el criterio mencionado y atendiendo además el contenido de las constancias que obran en autos, los actos reclamados por la parte quejosa son: Actos reclamados: Acuerdo del Consejo del Poder Judicial del Estado, que regula la prohibición del ingreso de celulares a las Salas de Oralidad; y, Aviso fijado en el ingreso a las Salas de Oralidad que establece la prohibición de ingreso de celulares a las Salas a partir del veintisiete de marzo de dos mil veintitrés. Los cuales atribuyó a las siguientes autoridades responsables: Director de Gestión del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral del Poder Judicial del Estado de Michoacán; Jefe de Causa de la Región Morelia del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral del Poder Judicial del Estado de Michoacán; Elementos de seguridad adscritos el veintiocho de marzo de dos mil veintitrés a las Salas de Oralidad ubicadas a un costado del Centro de Reinserción Social David Franco Rodríguez; y, Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán; todos con sede en esta ciudad. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del siguiente rubro y contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercero. Certeza de los actos reclamados consistente en el Acuerdo del Consejo del Poder Judicial del Estado, que regula la prohibición del ingreso de celulares a las Salas de Oralidad; y, el aviso fijado en el ingreso a las Salas de Oralidad que establece la prohibición de ingreso de celulares a las Salas a partir del veintisiete de marzo de dos mil veintitrés. Es cierto el acto atribuido al Director de Gestión del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral del Poder Judicial del Estado de Michoacán; al Jefe de Causa de la Región Morelia del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral del Poder Judicial del Estado de Michoacán; y a los elementos de seguridad adscritos el veintiocho de marzo de dos mil veintitrés a las Salas de Oralidad ubicadas a un costado del Centro de Reinserción Social David Franco Rodríguez; consistente en el Acuerdo del Consejo del Poder Judicial del Estado, que regula la prohibición del ingreso de celulares a las Salas de Oralidad; y, el aviso fijado en el ingreso a las Salas de Oralidad que establece la prohibición de ingreso de celulares a las Salas a partir del veintisiete de marzo de dos mil veintitrés; así se deben considerar, porque al rendir su informe justificado, las autoridades precisadas en este apartado (fojas 36, 38 y 40), refirieron que eran ciertos los mismos. Certeza que se hace extensiva al Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, quien aun y cuando manifestó que no era cierto el acto que se le atribuye, dado que no existe acuerdo plenario alguno mediante el cual se prohíba el ingreso de celulares a las Salas de Oralidad a partir del veintisiete de marzo de dos mil veintitrés; lo cierto es que sí existía el Reglamento para ingresar a las Salas de Oralidad, aprobado por el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán, en sesión de diecisiete de junio de dos mil quince; es decir, el acto reclamado existe pero con una denominación diversa (reglamento). Lo que se corrobora con las documentales que remitieron dichas autoridades responsables, consistente fotografías del aviso reclamado, así como del reglamento en el que se apoyaron para su publicación. Probanzas que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Por tanto, se tiene por demostrada fehacientemente la existencia del acto que se combate, como indica la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, con número de registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Cuarto. Estudio de las causales de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo constituye un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador, aun de oficio, antes de examinar las cuestiones de fondo de la litis constitucional lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, así como lo sustentado por la jurisprudencia 158, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, tomo VI, página 262, que dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esta cuestión de orden público en el juicio de garantías". También la jurisprudencia número 814, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, Tomo VI, página 553, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En vinculación con lo anterior, es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual, el juzgador federal se encuentra impedido para establecer si el acto reclamado es constitucional o no, es decir, la improcedencia va a motivar que el órgano de control constitucional no dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causas que conforman a la misma institución, ya que ésta se encuentra integrada por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, la Constitución y por la jurisprudencia emitida por nuestro más Alto Tribunal, la que se analiza conjuntamente con el texto del artículo 62 de la Ley en cita. En la especie, el suscrito considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que instituye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;(.)" La fracción invocada establece que el juicio de amparo es improcedente contra los actos que al momento de promover la demanda existían; sin embargo, durante la substanciación del mismo, cesaron de manera total e incondicional. La cesación de efectos se actualiza por revocación y por sustitución, la primera cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial; en tanto que, la relativa a la sustitución, se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. Tiene aplicación a lo expuesto la jurisprudencia III.2o.C. J/22 consultable en la página 1579, Tomo XXIII, Febrero de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, instancia Tribunales Colegiados de Circuito, de texto: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." Así como la Jurisprudencia número 2a./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210 del Tomo VII, Febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En el caso concreto de estudio, se aprecia que el acto reclamado consiste en el Acuerdo del Consejo del Poder Judicial del Estado, que regula la prohibición del ingreso de celulares a las Salas de Oralidad; y, el aviso fijado en la puerta de acceso a las Salas de Oralidad que establece la prohibición de acceder con teléfonos celulares, aprobado el diecisiete de junio de dos mil quince por el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado. Atento lo anterior, se estudiaran conjuntamente tanto el Acuerdo como el aviso referidos, vigentes hasta el dieciséis de abril pasado, ya que ambos estaban pegados en la puerta de acceso de las Salas de Oralidad, es decir, eran visibles plenamente dichos documentos en los que se establecían las reglas para tener acceso a dichas salas, entre ellos la restricción con teléfonos celulares; sin embargo, tanto el acuerdo como el aviso referidos cesaron en sus efectos al haber sido sustituidos por el Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Michoacán de Ocampo, publicado en el Periódico Oficial del Estado el catorce de abril de dos mil veintitrés, y que entró en vigor el diecisiete posterior, el cual contiene en su punto tercero los nuevos "Lineamientos para el Ingreso y Permanencia en las Salas de Oralidad del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral", y este a su vez en su punto 7, establece la prohibición de introducir celulares, cámaras de video, cámaras fotográficas o cualquier dispositivo móvil. Así, el acuerdo y aviso reclamados tuvieron una vigencia hasta el dieciséis de abril pasado, ya que el nuevo acuerdo que contiene los lineamientos entró en vigor a partir del diecisiete siguiente. Lo anterior, pone de manifiesto que, en el caso se actualizó una derogación implícita de los actos reclamados; y por ende, dicho acto equivale a haber abolido expresamente lo determinado tanto en el Acuerdo como en el aviso reclamados. En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo se sobresee en el presente juicio de amparo por haber cesado en sus efectos jurídicos los actos reclamados. Apoya lo expuesto la jurisprudencia 2a./J. 59/99 consultable en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En la inteligencia de que el sobreseimiento referido, impide que se realice el estudio de las cuestiones de fondo en este juicio de amparo, según criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia 509, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 335, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio Por otra parte, este tribunal advierte del informe del Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y del Consejo del Poder Judicial del Estado, que el acuerdo mediante el cual se prohibía el ingreso de celulares a las salas de oralidad y aviso reclamado, fueron publicados en atención al reglamento para ingresar a la Sala de Oralidad, emitido por el Pleno del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán de Ocampo, publicado el diecisiete de junio de dos mil quince, para reiterar a las partes el contenido del mismo en su punto 6, el cual establecía la prohibición de introducir celulares, cámaras de video, cámaras fotográficas o cualquier dispositivo móvil; reglamento que se dejó sin efectos a través del diverso Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Michoacán de Ocampo, publicado en el Periódico Oficial del Estado el catorce de abril de dos mil veintitrés, y que entró en vigor el diecisiete posterior, el cual contiene en su punto tercero los nuevos "Lineamientos para el Ingreso y Permanencia en las Salas de Oralidad del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral", y este a su vez en su punto 7, establece la prohibición de introducir celulares, cámaras de video, cámaras fotográficas o cualquier dispositivo móvil. Acuerdo respecto del cual, por auto de veintidós de junio pasado, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara si deseaba incorporarlos a la litis de amparo como acto reclamado, el cual e fue notificado vía electrónica el veintitrés de junio siguiente; y pese a ello no realizó la ampliación correspondiente precluyendole su derecho, y por ello, en auto de dieciocho de julio de dos mil veintitrés, este Juzgado ordenó resolver este juicio en los términos del escrito inicial de demanda; por lo que el citado acuerdo y sus lineamientos resultan ajenos a la Litis planteada en su escrito inicial de demanda, sin que se pueda considerar que el acuerdo y aviso reclamados tengan relación con el nuevo acuerdo y lineamientos, porque para el memento de la presentación de demanda no existían. Quinto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes se opusieron a la publicación de sus datos personales; en consecuencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley referida, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, omítase incluir datos generales y personales de los quejosos, en las listas de este juzgado, así como en el sistema electrónico de publicación; tómese las medidas pertinente para tal efecto. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 33, 35, 37, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo; y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, se resuelve: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, respecto de los actos reclamados y autoridades responsables precisadas en el considerado segundo, en términos del diverso cuarto de la presente sentencia. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las once horas del veinticinco de julio de dos mil veintitrés, la licenciada Isela Estefanía Bueno Gallegos, secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargada del despacho en términos de los artículos 44, 141 y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con motivo del primer periodo vacacional correspondiente al año dos mil veintitrés, autorizado al titular, en sesión celebrada el tres de julio de dos mil veintitrés, por la Comisión de Carrera Judicial y comunicado en oficio CCJ/ST/3982/2023, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente, y con apoyo en la jurisprudencia de rubro "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA", ante el licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 380/2023. Enseguida, el secretario da cuenta a la encargada del despacho con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. La encargada del despacho provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. 06/10/23 13:30:49 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.35.21 Leonardo Rojas Barragán Abierto el periodo probatorio, el secretario da cuenta con la documental allegada por el quejoso y por las autoridades responsables. Al respecto, la encargada del despacho acuerda: Con apoyo en los artículos 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas descritas. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, el secretario hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos. La encargada del despacho acuerda: Vista la cuenta precedente, se tiene por precluído el derecho de las partes para formularlos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista de la Secretaria Encargada del Despacho para dictar sentencia. La Secretaria Encargada del Despacho del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. Licenciada Isela Estefanía Bueno Gallegos Firmado Electrónicamente Secretario de Juzgado Licenciado Leonardo Rojas Barragán Firmado electrónicamente
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciocho de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos de los que se advierte que feneció el plazo de quince días otorgado a la parte quejosa en auto de veintidós de junio del año en curso, para el efecto de que manifestara si era su deseo ampliar su demanda respecto del acto reclamado consistente en los lineamientos para el ingreso y permanencia en las Salas de Oralidad del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, aprobado en sesión ordinaria de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós y publicado en el Periódico Oficial del Estado el catorce de abril del presente año, por lo que, en términos del transitorio segundo del mismo acuerdo, entró en vigor el diecisiete de abril del dos mil veintitrés, sin que haya hecho manifestación alguna. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en ese proveído, y con fundamento en el artículo 111 15/05/26 18:00:00 70.6a.66.20.63.6a.66.32.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.13.6a MARIA VICTORIA SANCHEZ MENDEZ de la Ley de Amparo, se sigue el presente juicio únicamente por las autoridades y actos señalados en el líbelo constitucional inicial. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma la licenciada Isela Estefanía Bueno Gallegos, secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargada del despacho en términos de los artículos 44, 141 y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con motivo del primer periodo vacacional correspondiente al año dos mil veintitrés, autorizado al titular, en sesión celebrada el tres de julio de dos mil veintitrés, por la Comisión de Carrera Judicial y comunicado en oficio CCJ/ST/3982/2023, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente, y con apoyo en la jurisprudencia de rubro "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA", y quien actúa con la licenciada María Victoria Sánchez Méndez, secretaria que autoriza y da fe.
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