Begaman Tynchtykbek Uulu
Expediente 233/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 8 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 233/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 12/04/2023
Partes del expediente
- Begaman Tynchtykbek Uulu
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Tijuana, Baja California, doce de abril de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la ley de amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el proveído de veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, dictado en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en el segundo párrafo del numeral 2°, de la ley invocada, en relación con los numerales 355 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el auto en el que se desechó la demanda de amparo, ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo. En ese tenor, al advertirse que el asunto que nos ocupa se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el precepto 214, de la Ley de Amparo archívese el citado expediente. En otro orden, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo de referencia. Asimismo, se establece que el expediente principal por haberse concedido la suspensión de plano solicitada, no obstante de que se haya sobreseído el presente juicio, es susceptible de depuración, al haberse concedido la suspensión de plano a favor de la parte quejosa, por tanto encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General, en relación con el punto 7.4 "Tratamiento de los expedientes con suspensión de plano", del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el citado artículo. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "depurable", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo 35 del Acuerdo General mencionado. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito firmado por el promovente Luis Antonio González Blassi, mediante el cual en atención al requerimiento realizado en autos, informa que perdió toda comunicación con los familiares del quejoso ********************, desconociendo su ubicación actual, solicitando se sobresea el juicio toda vez que ya no hay interés por la parte quejosa. Desechamiento.- Ahora bien, conviene precisar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De esta manera, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. En ese sentido, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, es menester precisar que del estudio íntegro de la demanda de amparo y en atención a la causa de pedir del quejoso, se obtiene que la parte promovente hace consistir los actos reclamados esencialmente en la orden de deportación o expulsión, privación de la libertad o traslado a diversa autoridad federativa y su ejecución. Ahora, de las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa se obtiene que mediante razones actuariales de uno de marzo y trece de marzo ambos de la presente anualidad, se hizo constar la imposibilidad que tuvieron los actuarios judiciales para notificar al directo quejoso ********************, en la Estación Migratoria con residencia en esta ciudad, documentales públicas a las que se concede pleno valor probatorio, de conformidad con los numerales 93, fracción II, 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto a continuación se transcriben: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." De ahí que, resulta evidente que el citado quejoso no se encontraba alojado en la Estación Migratoria de esta ciudad, a la fecha de la presentación de la demanda de amparo promovida a su favor (uno de marzo de dos mil veintitrés), aunado a que el promovente manifiesta que existe desinterés por el directamente agraviado para continuar con el presente juicio de amparo. En esa tesitura, en el caso concreto, se advierte que se actualiza una manifiesta causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 6º, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." En efecto, tomando en consideración que no existe indicio alguno que el directo quejoso ********************, a la fecha de presentación de la demanda de amparo se encontraba alojado en la Estación Migratoria con residencia en esta ciudad, no se surte la posibilidad de proveer sobre la admisión de ésta y dar inicio al juicio de amparo; es decir, la ausencia de voluntad de proseguir en el juicio a través de la ratificación de la demanda por el directo quejoso; por lo que al carecer precisamente de ella, no puede considerarse ejercida la acción constitucional conforme a lo dispuesto por el citado artículo 6º de la Ley de Amparo, por ser precisamente la voluntad de quien aparece como promovente una formalidad esencial para intentar la acción constitucional. Pues basta imponerse del contenido de los presentes autos para advertir con claridad que las violaciones que reclamaba la parte promovente y refirió sufrió el directo quejoso no se advierte de manera indiciaria, pues como se anticipó, no existe constancia alguna de la que se advierta que éste -a la fecha de presentación de la demanda de amparo-, se encontraba alojado en la Estación Migratoria de referencia; de ahí que se deseche de plano la demanda promovida a favor del directo quejoso ********************. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Atento a lo anterior, se dejan sin efectos las providencias decretadas en autos; comuníquese lo anterior a las partes, hágase la anotación de rigor en el libro de juzgado respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese personalmente a la parte promovente.A.
- Principal
a las nueve horas del veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, se hace constar que en virtud de que la parte promovente no comparecio en el término señalado, se hace efectivo el apercibimiento hecho en el citatorio dejado en el domicilio señalado para recibir notificaciones y notifico por lista fijada en los estrados de este organo jurisdiccional, así como por lista en la página electrónica del portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte promovente, el acuerdo de veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, dictado en los autos del juicio de amparo 233/2023 del índice de este juzgado; quedando debidamente notificado del acuerdo de referencia, para los efectos legales conducentes, de conformidad con lo dispuesto con el artículo 27 fracción I, inciso b) en relación con el artículo 29 de la Ley de Amparo mismo que en su parte conducente dice: Tijuana, Baja California, veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito firmado por el promovente Luis Antonio González Blassi, mediante el cual en atención al requerimiento realizado en autos, informa que perdió toda comunicación con los familiares del quejoso ********************, desconociendo su ubicación actual, solicitando se sobresea el juicio toda vez que ya no hay interés por la parte quejosa. Desechamiento.- Ahora bien, conviene precisar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De esta manera, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. En ese sentido, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, es menester precisar que del estudio íntegro de la demanda de amparo y en atención a la causa de pedir del quejoso, se obtiene que la parte promovente hace consistir los actos reclamados esencialmente en la orden de deportación o expulsión, privación de la libertad o traslado a diversa autoridad federativa y su ejecución. Ahora, de las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa se obtiene que mediante razones actuariales de uno de marzo y trece de marzo ambos de la presente anualidad, se hizo constar la imposibilidad que tuvieron los actuarios judiciales para notificar al directo quejoso ********************, en la Estación Migratoria con residencia en esta ciudad, documentales públicas a las que se concede pleno valor probatorio, de conformidad con los numerales 93, fracción II, 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto a continuación se transcriben: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." De ahí que, resulta evidente que el citado quejoso no se encontraba alojado en la Estación Migratoria de esta ciudad, a la fecha de la presentación de la demanda de amparo promovida a su favor (uno de marzo de dos mil veintitrés), aunado a que el promovente manifiesta que existe desinterés por el directamente agraviado para continuar con el presente juicio de amparo. En esa tesitura, en el caso concreto, se advierte que se actualiza una manifiesta causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 6º, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." En efecto, tomando en consideración que no existe indicio alguno que el directo quejoso ********************, a la fecha de presentación de la demanda de amparo se encontraba alojado en la Estación Migratoria con residencia en esta ciudad, no se surte la posibilidad de proveer sobre la admisión de ésta y dar inicio al juicio de amparo; es decir, la ausencia de voluntad de proseguir en el juicio a través de la ratificación de la demanda por el directo quejoso; por lo que al carecer precisamente de ella, no puede considerarse ejercida la acción constitucional conforme a lo dispuesto por el citado artículo 6º de la Ley de Amparo, por ser precisamente la voluntad de quien aparece como promovente una formalidad esencial para intentar la acción constitucional. Pues basta imponerse del contenido de los presentes autos para advertir con claridad que las violaciones que reclamaba la parte promovente y refirió sufrió el directo quejoso no se advierte de manera indiciaria, pues como se anticipó, no existe constancia alguna de la que se advierta que éste -a la fecha de presentación de la demanda de amparo-, se encontraba alojado en la Estación Migratoria de referencia; de ahí que se deseche de plano la demanda promovida a favor del directo quejoso ********************. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Atento a lo anterior, se dejan sin efectos las providencias decretadas en autos; comuníquese lo anterior a las partes, hágase la anotación de rigor en el libro de juzgado respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese personalmente a la parte promovente.A.
- Principal
Tijuana, Baja California, dieciséis de marzo de dos mil veintitrés. Vista la constancia actuarial de cuenta, se advierte la imposibilidad del actuario judicial de la adscripción para notificar al quejoso Begaman Tynchtykbek Uulu, el auto de trece de marzo del año en curso, en virtud que no se encuentra alojado en la estación migratoria en esta ciudad. Ahora, toda vez que del escrito de demanda se advierte que el promovente señaló únicamente correo electrónico para notificaciones; sin embargo del mismo escrito se desprende el domicilio Torre Cosmopolitan, Blvd. General Rodolfo Sánchez Taboada #9551, interior 101, Zona Urbana Rio, Código postal 22010, en esta ciudad; en consecuencia, se comisiona al actuario de la adscripción a fin de que se constituya en el domicilio antes indicado y requiera al promovente Luis Antonio González Blassi, para que al momento de la notificación o dentro del término de tres días, manifieste a este órgano jurisdiccional, si tiene conocimiento en donde puede ser localizado el directamente agraviado Begaman Tynchtykbek Uulu, o bien los datos de contacto de alguno de los familiares del mencionado agraviado, ello a fin de estar en aptitud de realizar las notificaciones correspondientes; bajo apercibimiento que de no dar cumplimiento, o no informar el impedimento que se tenga para ello, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, se impondrá a quien corresponda multa de cincuenta días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que al día de hoy equivale a la cantidad $5,187.00 (cinco mil ciento ochenta y siete pesos moneda nacional). Asimismo, se apercibe que conducirse con falsedad ante la autoridad judicial, implica la comisión de un delito, de conformidad con el artículo 261 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,192 así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales." Notifíquese y cúmplase.
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