Beatriz Verduzco Gonzalez

Expediente 231/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
231/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
20/04/2021

Partes del expediente

  • Beatriz Verduzco Gonzalez

Actuaciones

  1. Principal

    CON ESTA FECHA SE NOTIFICA POR MEDIO DE ESTRADOS A LA PARTE QUEJOSA BEATRIZ VERDUZCO GONZALEZ EL CONTENIDO DEL AUTO DE 20 DE ABRIL DE 2021, EN EL CUAL SE DECRETO: Auto. Hermosillo, Sonora, veinte de abril de dos mil veintiuno. Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 98, fracción II, de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente interpusiera recurso de queja en contra del auto que desechó la demanda en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso d), del Acuerdo 1 Sin contar los días diez y once de abril del año en curso, por ser inhábiles. General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal2, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Se requiere a la parte promovente para que, en caso de que hubiere exhibido documentos originales, acudan al órgano jurisdiccional dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperarlos, apercibidos que de no hacerlo, en términos del numeral 21, segundo párrafo, del referido Acuerdo General, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese personalmente a la promovente. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veinte de abril de dos mil veintiuno. Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 98, fracción II, de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente interpusiera recurso de queja en contra del auto que desechó la demanda en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Se requiere a la parte promovente para que, en caso de que hubiere exhibido documentos originales, acudan al órgano jurisdiccional dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperarlos, apercibidos que de no hacerlo, en términos del numeral 21, segundo párrafo, del referido Acuerdo General, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese personalmente a la promovente. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, diecisiete de marzo de dos mil veintiuno. 1. Recepción. Fórmese expediente con el escrito y anexo de cuenta. Regístrese bajo el número que le corresponda en el libro uno de Juzgado relativo a registro de juicios de amparo. 2. Desechamiento de la demanda. Vista la demanda de amparo promovida por ********************, contra el acto que reclama del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y otra autoridad, se advierte que la acción constitucional es notoriamente improcedente y, por tanto, procede desecharla. Ello es así, en virtud de que se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. De la porción normativa de referencia se desprende que el presente juicio es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquéllos contra los que no se promueve el juicio de amparo dentro de los plazos señalados en los artículos 17 y 18 de la ley de la materia. Por una parte, el numeral 17 de la ley referida prevé que el plazo para presentar la demanda de derechos es de quince días, salvo que se surta alguna de las hipótesis establecidas en sus fracciones I, II, III y IV. Por otro lado, el artículo 18 del ordenamiento legal en mención establece que los plazos se computarán, conforme a los supuestos siguientes: a) A partir del día siguiente a aquél en que surta sus efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame. b) A aquél en que haya tenido conocimiento; o, c) Se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. En el caso, del estudio integral de la demanda de amparo, se desprende, en esencia, que el acto reclamado consiste en la omisión de actualizar la pensión otorgada a la quejosa en unidades de medida y actualización, así como la falta del pago retroactivo completo del mes de enero, por la cantidad actualizada, pues refiere la agraviada que no se efectuó de forma correcta. Además, se destaca que la parte quejosa manifestó expresamente lo siguiente: "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, manifiesto que el acto reclamado ME HICE CONOCEDOR, del acto reclamado (sic) el día 1 de febrero del año dos mil diecinueve." En ese contexto, resulta evidente que desde el uno de febrero de dos mil diecinueve, la solicitante del amparo tuvo conocimiento del acto reclamado y, por su naturaleza, el plazo para promover la acción constitucional es de quince días, de tal manera que dicho plazo transcurrió en exceso, toda vez que la demanda de amparo se presentó hasta el ocho de marzo de dos mil veintiuno. Es así, en razón de que dicho plazo transcurrió del siete al veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, excluyendo los días cuatro, cinco, nueve, diez, dieciséis, diecisiete, veintitrés y veinticuatro de los citados mes y año, por ser considerados inhábiles en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo, así como punto primero del Acuerdo General 18/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el diverso Acuerdo General 10/2006, relativo a la determinación de los días inhábiles y los de descanso; así como el que reglamenta la carrera judicial y las condiciones de los funcionarios judiciales. Por tanto, si la demanda de amparo se presentó hasta el ocho de marzo del presente año, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, es inconcuso que resulta extemporánea, dado que fue propuesta fuera del plazo de quince días, referido en el artículo 17 de la ley de la materia. Apoya lo sustentado, por analogía, la jurisprudencia P./J. 115/2010, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época, página 5, que a la letra menciona: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." Aunado a lo anterior, cabe precisar que en la especie no se actualiza alguna de las excepciones previstas en el numeral 17 de la Ley de Amparo para la presentación de la demanda, ya que el acto reclamado no es una norma general autoaplicativa, o procedimiento de extradición, ni es una sentencia definitiva condenatoria, ni tiene como efecto privar total o parcialmente de la propiedad o posesión de derechos agrarios; así como tampoco, implica peligro de privación de la vida o de la libertad fuera del procedimiento. No pasa inadvertido para quien resuelve, que a fin de justificar la presentación en tiempo de la demanda, la parte promovente, invoca en el apartado que intitula "CONSIDERACIONES ESPECIALES", la jurisprudencia de rubro "PENSIONES Y JUBILACIONES DEL ISSSTE. EL DERECHO PARA RECLAMAR SUS INCREMENTOS Y LAS DIFERENCIAS QUE DE ELLOS RESULTEN, ES IMPRESCRIPTIBLE". Sin embargo, lo anterior no trasciende a lo determinado, cuenta habida que en la ejecutoria que cita la agraviada, se analizó cual era la ley que rige el plazo de prescripción para reclamar diferencias pensionarias a cargo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en relación con los términos que establece el artículo 248, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, derechos reclamables como imprescriptibles ante el propio instituto, de modo que tal facultad no impide que en momento oportuno, la parte quejosa pueda acudir al juicio de amparo, el cual, en tratándose de la presentación de la demanda, la propia ley observa los casos específicos de extensión del plazo genérico y casos de excepción para efectos de su presentación. Se cita al respecto, el criterio I.7o.A.780 A, del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1553, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIII, Junio de 2011, con registro 161798, que dice: "PENSIÓN OTORGADA POR EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. CUANDO EN EL AMPARO SE RECLAMA SU DISMINUCIÓN, DEBE ATENDERSE A LAS REGLAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE LA MATERIA RESPECTO DE LA OPORTUNIDAD DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA RELATIVA. Si bien es cierto que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 114/2009, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXX, septiembre de 2009, página 644, de rubro: "PENSIONES Y JUBILACIONES DEL ISSSTE. EL DERECHO PARA RECLAMAR SUS INCREMENTOS Y LAS DIFERENCIAS QUE DE ELLOS RESULTEN, ES IMPRESCRIPTIBLE.", estableció que el derecho para reclamar los incrementos y diferencias de una pensión otorgada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado es imprescriptible, también lo es que respecto de la oportunidad de la presentación de la demanda de garantías, cuando se reclama la disminución de una pensión, debe atenderse a las reglas previstas en el artículo 21 de la Ley de Amparo." Además, en el caso no existe controversia respecto de lo determinado, dado que la agraviada es concreta en expresar la fecha en que dice se hizo sabedora del acto reclamado, lo cual efectuó fuera del plazo que para la presentación de la demanda establece la ley de la materia. Se cita como apoyo, la tesis XXIV.2o. J/3 (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, visible en la página 2132, en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo III, Décima Época, con registro 2017976, de rubro y texto siguiente "AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA DIVERSOS PRECEPTOS DE LA LEY DE PENSIONES PARA LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE NAYARIT. NO SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA POR EXTEMPORANEIDAD DE LA DEMANDA, SI EXISTE CONTROVERSIA EN CUANTO A LA FECHA EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO DE LA APLICACIÓN DE AQUÉLLOS. Cuando en la demanda de amparo indirecto se reclaman diversos preceptos de la Ley de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit y el quejoso acompaña el dictamen de la pensión y los recibos de pago, pero señala como fecha del conocimiento de su aplicación una posterior a la establecida en dichos documentos, sin que su literalidad refleje con claridad ni precisión el acto de aplicación de las normas cuestionadas, ni aparece la fecha en que aquél tuvo conocimiento cierto y pleno de esa aplicación, al existir controversia en este aspecto, la extemporaneidad de la demanda no resulta manifiesta e indudable para desecharla de plano, como lo exige el artículo 113 de la Ley de Amparo, pues la fecha en que el particular se enteró de la aplicación de las normas que tilda de inconstitucionales es un tema que, en su caso, se dilucidará a partir de las pruebas que las partes aporten al juicio de amparo, por lo cual no se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia que se vincule con la oportunidad en la presentación del escrito inicial." Y, la tesis 2a./J. 115/2007 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 343, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVI, Julio de 2007, Novena época, con registro digital 171969, que dice: "PENSIÓN Y JUBILACIÓN. LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA DICTADA POR EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, EN LA CUAL SE FIJA INCORRECTAMENTE AQUÉLLA O EL SALARIO BASE PARA CALCULARLA, PODRÁ IMPUGNARSE EN CUALQUIER TIEMPO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Conforme al artículo 186 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente hasta el 31 de marzo de 2007, el derecho a la jubilación y a la pensión es imprescriptible, por lo que en atención al principio elemental de la ciencia jurídica, consistente en que las acciones duran el mismo tiempo que los derechos de donde dimanan, se considera que es también imprescriptible la acción por medio de la cual se tutela el estricto cumplimiento de ese derecho, motivo por el que podrá promoverse en cualquier tiempo la demanda en la cual se impugne la resolución definitiva en la que se afirme que se fijó incorrectamente la pensión jubilatoria o la cuota diaria para calcularla, y no en el plazo de 45 días previsto en el artículo 207 del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 31 de diciembre de 2005, porque la norma contenida en el indicado numeral 186 es especial y por ello debe prevalecer sobre la regla general instituida en el precepto citado." Finalmente, debe decirse que el desechamiento de la demanda de amparo presentada por la aquí quejosa, de manera alguna implica vulnerar derechos humanos consagrados, en su caso, tratados internacionales, ya que no debe perderse de vista que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa, por lo que la parte quejosa debe cumplir con los requisitos para su procedencia, lo cual, de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la presentación de interminables juicios de amparo; por ello, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia. En las relatadas condiciones, en el presente asunto se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo. 3. Herramientas de comunicación. Se pone a disposición de los justiciables para entablar comunicación sobre cuestiones no procesales -sólo se atenderán consultas relativas a organización, horarios, lineamientos de trabajo y temas análogos, esto es, no se brindará información sobre el estado procesal de los asuntos- con el órgano en el teléfono institucional (662) 108 2100, extensión 1018. 4. Información de contacto. En apego al artículo 23, fracciones I y III, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazo y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se requiere a las autoridades responsables para que proporcionen una dirección de correo electrónico y número telefónico. 5. Domicilio. Téngase a la quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de cuenta. 6. Comunicación oficial enviada. Atento a que el domicilio que señaló la promovente para oír y recibir notificación se encuentra fuera de la localidad de este juzgado, esto es, ubicado en la calle ********************; en consecuencia, con fundamento en los artículos 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 298 del Código del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo; y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, gírese vía electrónica atento exhorto al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en turno, a efecto de que comisione a quien corresponda y proceda notificar el presente acuerdo a la parte quejosa. Asimismo, la requiera para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, señale domicilio en esta ciudad de Hermosillo, Sonora, para oír y recibir notificaciones, apercibida que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones se le harán por lista, aún las de carácter personal, conforme a lo dispuesto en los artículos 26, fracción III y 27, fracción II, de la ley de Amparo. En la inteligencia de que, se otorga plenitud de jurisdicción al juez exhortado para llevar a cabo la diligencia ordenada, facultándolo para que se practiquen las diligencias necesarias para ello, incluyendo habilitar días y horas inhábiles. 7. Autorizados. En cuanto a las personas que menciona en su demanda, se autorizan en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; en caso contrario, se autorizan sólo para el efecto de recibir notificaciones e imponerse de los autos, atento a lo que se prevé en el segundo párrafo del precepto legal citado. 8. Autorización a los actuarios adscritos. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluyendo emplazamientos a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. 9. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con apoyo en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes al respecto. 10. Expediente electrónico. Con fundamento en el artículo 3, último párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye al secretario encargado del expediente, para efectos de que, en términos de la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal, se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente físico. 11. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el punto segundo del Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se ordena a la secretaría que, en su oportunidad, capture la sentencia que se dicte en el presente juicio y, a fin de corroborar que se llevó a cabo lo anterior, agregue la constancia que así lo acredite al expediente en que se actúa. 12. Exhortación a las partes. Se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, lo anterior, en cumplimiento al artículo 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARSCoV2. Notifíquese personalmente a la promovente. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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