Beatriz Velazco Martínez
Expediente 1810/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1810/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 30/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Beatriz Velazco Martínez
Actuaciones
- Incidental
Cuernavaca, Morelos, treinta de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la razón de cuenta; de conformidad con los ordinales 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º, agréguense a los autos los informes previos rendidos respectivamente por las autoridades responsables; al respecto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 140 de la Ley de la Materia, se tienen por rendidos los citados INFORMES PREVIOS. Se tienen por designados como delegados de las autoridades responsables, en términos del numeral 9 de la ley antes invocada, a las personas que propone y con fundamento en el ordinal 28 de la ley de la materia, se tiene por señalado el domicilio que indican. Por otra parte, se autoriza el uso de medios electrónicos para la toma y copiado de acuerdos que integran el expediente en que se actúa, y se le hace saber a las responsables que el uso indebido o la divulgación de la información obtenida será bajo su más estricta responsabilidad. Finalmente respecto de la aclaración que hace la Encargada de la Coordinación de la Fiscalía de Delitos Diversos en cuanto a su denominación correcta, téngase por hecha la aclaración que refiere para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con el Secretario Jaime César Pereyra Román, que autoriza. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a treinta de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos para que surtan sus efectos legales a que haya lugar, los informes justificados rendidos por las autoridades responsables; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con dichos informes dese vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga. Se tienen por designados como delegados de las autoridades responsables, en términos del numeral 9 de la ley antes invocada, a las personas que proponen y con fundamento en el ordinal 28 de la ley de la materia, se tiene por señalado el domicilio que indican. Por otra parte, se autoriza el uso de medios electrónicos para la toma y copiado de acuerdos que integran el expediente en que se actúa, y se le hace saber a las responsables que el uso indebido o la divulgación de la información obtenida será bajo su más estricta responsabilidad. Finalmente respecto de la aclaración que hace la Encargada de la Coordinación de la Fiscalía de Delitos Diversos en cuanto a su denominación correcta, téngase por hecha la aclaración que refiere para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve. Se agrega a los presentes autos el escrito de demanda signada por Beatriz Velazco Martínez, mediante el cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Fiscal General del Estado de Morelos, y otras autoridades. REGISTRO DE LA DEMANDA Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1810/2019, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por el punto segundo del Acuerdo General 28/2001, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. ADMISIÓN DE LA DEMANDA En atención al contenido de escrito de cuenta, con apoyo en lo establecido por los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I y XVII de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 35, 107, 108, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo de referencia. DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, se ordena formar por cuerda separada y duplicado el incidente de suspensión, por haber sido solicitado por la parte quejosa. REQUERIMIENTO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Con fundamento en los artículos 115, 116 y 117 de la ley de la materia invocada, pídase el informe justificado a las autoridades señaladas como responsables, el que deberán rendir dentro del término de quince días, debiendo acompañar, en su caso, copia debidamente certificada, rubricada y entresellada de las constancias en que se apoye el acto que se les reclama, ya que de no hacerlo así les serán devueltas para que realice dicho requisito en un plazo no mayor a veinticuatro horas. Apercibidas que de no rendirlo, se les impondrá en la sentencia respectiva, una multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor diario de la unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 238, y 260, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traduciría en una falta grave, esto es, en su desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en este juicio de amparo En ese mismo sentido, con apoyo en el dispositivo 262 del cuerpo normativo en cita, comuníquese a las autoridades responsables que de rendir su informe con justificación expresando un hecho falso o negando la verdad, podrán ser sancionadas en los términos que señale dicho precepto. Asimismo, se les hace saber que de conformidad con el artículo 28 de la ley reglamentaria, en caso de negativa a recibir oficios, debido a la imprecisión de la denominación que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente y si a pesar de ello subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá por hecha la misma. En el entendido que podrán hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación exacta al rendir su respectivo informe. DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Se señalan las DIEZ HORAS CON TRES MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE ENERO DE DOS MIL VEINTE, para la celebración de la audiencia constitucional. INTERVENCIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN. En términos del numeral 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dése la intervención legal que compete al Ministerio Público Federal de la adscripción, y, con fundamento en el diverso numeral 26, fracción III del ordenamiento legal invocado, notifíquese el presente acuerdo, así como los subsecuentes por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado. OBLIGACIÓN DE LAS PARTES DE INFORMAR CAUSAL DE SOBRESEIMIENTO. Hágase del conocimiento de las partes que en términos del ordinal 64 de la citada ley, tienen la obligación de comunicar de inmediato a este órgano de control constitucional si tienen conocimiento de alguna causal de sobreseimiento y, de ser posible, acompañarán las constancias que lo acrediten, en el entendido que de no hacerlo se les impondrá una multa por la cantidad equivalente a cincuenta veces el valor diario de la unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 238, y 260, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traduciría en una falta grave, esto es, en su desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en este juicio de amparo. Se previene a la parte quejosa que si las autoridades que señaló como responsables no existen con la denominación que indica en la demanda, se tendrán por inexistentes, salvo prueba en contrario o que durante la tramitación de este juicio se rectifique el señalamiento en su correcta denominación, lo anterior como consecuencia del incumplimiento a la fracción III, del artículo 108 de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa la de señalar el nombre de las autoridades responsables. DOMICILIO PROCESAL Y AUTORIZADOS. Se tiene por señalado para oír y recibir notificaciones el domicilio que indica, y por autorizados para los mismos efectos a las personas que menciona. Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, con fundamento en el artículo 21 de la ley de la materia, en términos del numeral 2º, se faculta a los actuarios de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen en el presente juicio de amparo, a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles; ello en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige el juicio de amparo, elevado a rango de garantías constitucional. De conformidad con el artículo 28 de la Ley de Amparo, se autoriza al Secretario para que firme los oficios relativos al presente juicio. DE LAS NOTIFICACIONES A LAS PARTES. Se instruye al Actuario Judicial para que los posibles diferimientos que se den en el presente asunto de la audiencia constitucional, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluidas a las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en su fracción I, prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles por esa vía, las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción, de ahí que resulta suficiente que este acuerdo se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado, al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 26, fracción III, de la ley de la materia. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se le informan en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores; de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el invocado numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia número 2ª./J.176/2012 (10ª.) de la Segunda Sala del Alto Tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI enero 2013, Tomo 2, página 1253, Materia común, cuyo rubro es el siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA (PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES). Toda vez que la quejosa se oponen a la publicación de sus datos personales, en cumplimiento al artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se ordena que cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en este expediente, se deberá generar la versión pública de las resoluciones requeridas suprimiendo el nombre de la impetrante de amparo, así como cualquier otra información de carácter personal que contengan, procurando que la referida supresión no impida conocer el criterio sostenido en dichas resoluciones. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones que hayan causado estado o ejecutoria, en relación con los numerales 5°, 6°, 7°, 8° y 9° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se señala a las partes que podrán oponerse a la publicación de sus datos personales, así como en el caso de ofrecer documentales, deberán precisar sí contienen información de carácter reservada o confidencial, para los efectos legales a que haya lugar. CONSULTA MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza a las partes para que hagan uso de cualquier aparato electrónico, como son cámaras, grabadoras y lectores ópticos, ello con fundamento en la circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo de dos mil nueve. CONSULTA DEL EXPEDIENTE VÍA INTERNET. Se hace saber a las partes que pueden consultar el presente juicio de amparo en la página de internet www.cjf.gob.mx. NOTIFÍQUESE. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Incidental
Cuernavaca, Morelos, a veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve. Como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal de donde deriva la presente pieza incidental y con dos copias simples de la demanda de amparo, tramítese por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1810/2019, promovido por Beatriz Velazco Martínez, contra actos del Fiscal General del Estado de Morelos y otras autoridades. Requerimiento de informes previos Por otra parte, con base en el artículo 138, fracción III, de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades señaladas como responsables, el informe previo, el cual deberán rendir por duplicado dentro del término de cuarenta y ocho horas, contadas a partir del momento de la notificación de este auto. Apercibidas que de no rendirlo, se les impondrá en la sentencia respectiva, una multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 238, y 260, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en su desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo. Denominación de las Autoridades Responsables Se previene a la parte quejosa de que si las autoridades que señaló como responsables no existen con la denominación que indica en la demanda que se acuerda, se tendrán por inexistentes, salvo prueba en contrario o que durante la tramitación de este juicio se rectifique el señalamiento en su correcta denominación de las responsables, lo anterior es así, toda vez que en términos del artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, es obligación de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables, sin que este órgano jurisdiccional esté obligado a subsanar tal deficiencia, al no operar la suplencia de la queja prevista en el artículo 79 de la ley de la materia, ya que la misma no tiene el alcance de autorizar al juzgador a cambiar los sujetos de la relación procesal, en concreto, las autoridades responsables. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis III.2º.P.36/K, sustentada por los Tribunales Colegiados, visible en la página 2329, Tomo XXIII, Enero de 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES. SU SEÑALAMIENTO ERRÓNEO EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS NO PUEDE SUBSANARSE A TRAVÉS DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA." Además, de que no es obligación de este juzgado de Distrito en términos de la Ley de Amparo, cerciorarse de la existencia de las autoridades señaladas con el carácter de responsables, pues tal señalización compete única y exclusivamente a la parte quejosa. Es aplicable al caso, en lo conducente, la tesis visible en la página 464, del Semanario Judicial de la Federación, tomo XII, del mes de agosto de 1993, Octava Época, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que a la letra dice: "JUEZ DE AMPARO, NO TIENE OBLIGACIÓN DE CERCIORARSE DE LA EXISTENCIA DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. No existe ningún precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación para los jueces del orden federal en cuanto a que tengan que cerciorarse de la existencia de las autoridades señaladas como responsables, y esto es así, precisamente porque le corresponde a quien promueve la acción de amparo el indicar la autoridad o autoridades a quienes se les atribuyen los actos reclamados, en los términos del artículo 116, fracciones III y IV, de la ley de la materia, numeral que en su parte relativa expresa que en la demanda de amparo se debe precisar ".La autoridad o autoridades responsables." y ".la ley o acto que de cada autoridad se reclame.". De la audiencia incidental Cítese a las partes para la celebración de la audiencia incidental, la cual tendrá verificativo a las NUEVE HORAS CON SEIS MINUTOS DEL DOS DE ENERO DE DOS MIL VEINTE. Para dilucidar si se concede o no la medida suspensional solicitada, es conveniente destacar lo dispuesto en la fracción X, del artículo 107, Constitucional en relación con el numeral 162 de la Ley de Amparo, que consigna que para determinar sobre la procedencia de la medida cautelar, debe atenderse la naturaleza de la violación alegada, lo cual, es posible mediante la fijación del acto que en esta vía constitucional se combate. Asentado lo anterior, procede verificar si se otorga o no la suspensión provisional solicitada, a partir de los actos que se precisan a continuación: ". La orden de aprehensión y/o presentación y/o detención y/o arresto girada en contra de la suscrita." En consecuencia, respecto de los actos reclamados antes señalados, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 163 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 16 Constitucional, se concede la suspensión provisional, respecto de la orden de aprehensión y/o presentación y/o detención y/o arresto girada en contra de la quejosa, para el efecto de que la quejosa quede a disposición de este órgano jurisdiccional que conoce del amparo, sólo en lo que se refiere a dicha libertad pero a disposición de la autoridad que ha de Juzgarla para la continuación del procedimiento; lo anterior, hasta en tanto, las responsables reciban notificación sobre la suspensión definitiva, únicamente por lo que refiere a su libertad, sin perjuicio de la práctica de diligencias necesarias para la prosecución del procedimiento judicial respectivo o la integración de la carpeta de investigación correspondiente, los cuales son de orden público y por tanto insuspendibles. Asimismo, de conformidad con el artículo 166 de la Ley de Amparo, si se trata de delitos de prisión preventiva oficiosa a que se refiere el artículo 19, Constitucional, la suspensión sólo producirá el efecto de que la quejosa quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que ésta quedare recluida, únicamente en lo que refiere a su libertad, quedando a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer el procedimiento penal para los efectos de su continuación. Ahora, si se trata de delitos que no impliquen prisión preventiva oficiosa, la suspensión producirá el efecto de que la amparista no sea detenida, bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional de amparo estime necesarias a fin de que no evada la acción de la justicia y se presente al proceso penal para los efectos de su continuación y pueda ser devuelta a la autoridad responsable en caso de que no obtenga la protección de la justicia federal. Esta medida cautelar que se concede surte efectos de inmediato, tal y como lo dispone por la jurisprudencia número P./J. 43/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 268, Tomo XIII, Abril de 2001, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. SURTE SUS EFECTOS DESDE LUEGO, SIN QUE PARA ELLO SE REQUIERA DE LA EXHIBICIÓN DE LA GARANTÍA RESPECTIVA." Las anteriores medidas cautelares que se conceden, es en uso de las más amplias facultades para fijar medidas de aseguramiento que estime convenientes el suscrito y que el otorgamiento de dichas medidas no constituyan un impedimento para la continuación del procedimiento judicial o administrativo instaurado en su contra que haya motivado el acto reclamado, además de que con dicha concesión no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público. La suspensión surte efectos desde luego en términos del artículo 136 de la Ley de Amparo; sin embargo, con fundamento en el diverso 168, de la misma Ley, la quejosa deberá otorgar una garantía a disposición de este Juzgado de Distrito, dentro del término de cinco días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, por la cantidad de $5,000.00 (Cinco mil pesos 00/100 moneda nacional), en cualquiera de las formas establecidas por la ley, cuyo concepto deberá ser el siguiente para garantizar la suspensión provisional a Beatriz Velazco Martínez, en el incidente de suspensión 1810/2019; ello en virtud de que de la demanda de amparo no se advierten satisfechos los elementos a que se refieren los artículos 162 y 168 del citado cuerpo normativo, por ende, la cantidad podrá ser modificada al resolver sobre la suspensión definitiva. Dicha garantía se fija de manera discrecional, en virtud que de autos no se aprecia la naturaleza, modalidades y características del delito que se le impute, así como la posibilidad de que la agraviada se sustraiga de la acción de la justicia. Se apercibe a la parte quejosa que de no exhibir la garantía mencionada en líneas que anteceden, dentro del plazo concedido, la suspensión provisional concedida dejará de surtir efectos, y una vez notificadas de dicha determinación las autoridades responsables, podrán ejecutar el acto reclamado, en términos del artículo 136 de la Ley de Amparo. No obstante lo anterior, mientras no se ejecute el acto reclamado, la quejosa podrá exhibir la garantía antes fijada, con lo cual, de inmediato, vuelve a surtir efectos la medida suspensional. Debe precisarse de forma categórica, que la concesión de esta medida suspensional únicamente se limita a paralizar los efectos del acto reclamado consistente en la orden de aprehensión y/o presentación y/o detención y/o arresto girada en contra de la quejosa, que se hubiese librado exclusivamente por las autoridades responsables designadas en el escrito inicial de demanda y el aclaratorio de la misma; además, atendiendo a la técnica jurídica que rige el juicio de amparo indirecto, la existencia de los actos debe analizarse a la luz de la fecha de presentación de la demanda de amparo, incluso aun cuando se reclamen órdenes de aprehensión. Por tal motivo, el otorgamiento de la suspensión de los actos reclamados por la parte quejosa, sólo comprenderá aquéllos que se hayan emitido hasta la fecha de presentación de la demanda de amparo, esto es, hasta el día veinticuatro de diciembre del año en curso. Se fija lo anterior, a fin de dar certeza y seguridad jurídica a las partes que intervienen en el presente juicio de amparo, al tomar en consideración que el efecto de la suspensión es mantener las cosas en el estado que guardan al presentarse la demanda, para el efecto de preservar la materia del amparo y facilitar, o de evitar que se dificulte, el retorno de las cosas al estado que tenían antes de la violación, en caso de que se otorgue el amparo (artículo 77 de la ley citada); ya que de extender los efectos a actos futuros de realización incierta, se provocaría un estado de incertidumbre jurídica, y respecto de los cuales no procede esta medida suspensiva; máxime que los gobernados tienen la facultad de promover posteriormente una nueva demanda de amparo, en el caso, de que el mandato de captura reclamado se hubiese librado con posterioridad a la presentación de la demanda. Sin que por el momento se obligue a la promovente a presentarse ante la autoridad responsable a fin de que si es procedente sea formulada imputación en su contra, en términos de lo previsto en los artículos 309, 310 y 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales; hasta en tanto este Juzgado de Distrito tenga la certeza de la autoridad que acepte la existencia del acto reclamado y el estado procesal en que se encuentre. La suspensión concedida dejará de surtir efectos, si no se cumple con las disposiciones antes señaladas; no surtirá efectos si se pretende privar de la libertad a la peticionaria del juicio constitucional en cumplimiento de una orden de presentación y aprehensión librada en su contra por una autoridad administrativa o judicial distinta a las autoridades señaladas como responsables, o si se le sorprende en la comisión de flagrante delito; con motivo de la urgencia cuando se trate de delito grave y ante el riesgo fundado de que pueda sustraerse a la acción de la justicia o si es sorprendido infringiendo el reglamento del Bando de Policía y Buen Gobierno o si se trata de un acto privativo de la libertad personal distinto al aquí reclamado. Medida suspensional que no surtirá efecto legal ni material alguno si la ejecución deriva del cumplimiento dado a una ejecutoria de amparo, si los actos que se reclaman ya fueron ejecutados, o si derivan de algún procedimiento en el que la quejosa haya sido oída y vencida. Finalmente, como lo solicita la promovente, expídase por duplicado copia certificada del presente auto para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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