Beatriz Trinidad Ramírez
Expediente 675/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 21 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 675/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 03/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Beatriz Trinidad Ramírez
- Flavio Rodríguez Sanginés
- M. F. R. T.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta se advierte que en el expediente principal del que emana este incidente, con esta fecha se decretó que causó estado el auto que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio de amparo; asimismo, que mediante interlocutoria pronunciada el trece de julio del año en curso, se negó y concedió la suspensión definitiva solicitada. I. En consecuencia, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese este asunto como total y definitivamente concluido. II. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, y que en este asunto se negó y concedió la suspensión definitiva, de conformidad con los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido acuerdo, se estima que este incidente de suspensión es conservable hasta por el plazo de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este auto, ya que encuadra en la hipótesis prevista en el artículo 17, fracción III inciso b) del citado Acuerdo General. III. Asimismo, se estima que este incidente carece de relevancia documental, en virtud que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado. IV. En términos de los artículos 34 y 44 multicitado acuerdo, realícense las anotaciones correspondientes. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, tres de octubre de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo estatuido por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el acuerdo de treinta y uno de agosto del año en curso, ha causado estado. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. II. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado. III. Debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3, fracción XX, del Acuerdo General de mérito y que este sumario constitucional en sentencia se sobreseyó, quien provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el precepto 20, fracción I, del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. IV. Una vez transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a la destrucción de este asunto. V. En términos de los artículos 34 y 44 del multicitado acuerdo, realícense las anotaciones correspondientes. Notifíquese.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés. ... Notifíquese personalmente.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA DEBIDO A QUE NO ACUDIO AL LOCAL DE ESTE JUZGADO A NOTIFICARSE DE MANERA PERSONAL, NO OBSTANTE, EL AVISO QUE SE LE DEJÓ PARA TAL EFECTO. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés. Del estado de autos se advierte que el pasado treinta de agosto se agregó un oficio de la Juez Quinto Familiar del Distrito Judicial del Centro, por el cual remitió copia certificada del acuerdo que dictó el veinticinco de agosto del año en curso. Ahora, del análisis del oficio y acuerdo de cuenta, conduce al suscrito a señalar que ha sobrevenido una causa de improcedencia que impide continuar con la tramitación del presente asunto. De lo anterior, es claro advertir que en el caso en concreto, cobra vigencia la causal de sobreseimiento contemplada en la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción XVII del numeral 61, de la misma ley, en cuanto dispone el primero, que procede el sobreseimiento cuando durante el juicio, apareciere o sobreviniese alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el ordinal citado en segundo término, y éste a su vez, establece la improcedencia del juicio de amparo contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Así, el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, dispone: "61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica;...". En consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica por regla general, se produce cuando ocurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y, d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto, materia del amparo resulte o no constitucional. En este contexto, se satisfacen los requisitos anteriormente citados, toda vez que indudablemente se trata de un procedimiento seguido en forma de juicio, pues en el caso se reclamó: "Reclamo de la autoridad ordenadora la parte relativa del auto de fecha diecisiete de abril del año dos mil veintitrés, del índice del Juzgado Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, en el que la responsable fija a mi cargo una pensión alimenticia provisional para mi menor hija ********. Así como la orden en donde se me prohíbe el acceso al domicilio, permanente o temporal de la señora ****** y de mi hija de iniciales *.*.*.*, así como se me prohíbe acercarme al lugar de trabajo o cualquier lugar frecuente, como se me prohíbe en intimidar, violentar, amenazar o molestar en forma personal, vía telefónica o cualquier otro medio electrónico de comunicación a la señora Isaura Herminia Reyes Ramírez y de mi menor hija". Sin embargo, dicha situación jurídica ha cambiado ya que en audiencia pública de dieciocho de agosto de dos mil veintitrés, en presencia de la secretaria encargada del Juzgado Quinto Familiar del Distrito Judicial del Centro, encargada por ministerio de ley, la quejosa ***** y la tercera interesada *****, celebraron un convenio en el que entre otras cosas pactaron: Que la guarda y custodia definitiva de la niña de iniciales *.*.*.*., la ejercerá la señora Isaura Herminia Reyes Hernández (sic). La señora ****, tendrá convivencia con su hija de iniciales *.*.*.*., todos los sábados con un horario de cinco de la tarde a ocho de la noche; también podrá participar en los eventos sociales y escolares de su hija, previo acuerdo entre las partes. ****, proporcionará por concepto de pensión alimenticia definitiva para su hija de iniciales *.*.*.*., la cantidad de un mil pesos, cero centavos, moneda nacional, de forma mensual. Las partes se comprometen a cubrir el 50% de gastos escolares de la niña de iniciales *.*.*.*., al inicio del año escolar. El veinticinco de agosto siguiente, el Juez responsable aprobó en todas sus partes el convenio celebrado entre la actora ***** y la demandada ****, por lo que ordenó que una vez notificado y cumplido ese acuerdo se archivara el expediente **/****, como concluido. De manera que no es posible resolver sobre la constitucionalidad del acto reclamado, relativo a la parte relativa del auto de fecha diecisiete de abril del año dos mil veintitrés, del índice del Juzgado Quinto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca (acto reclamado), toda vez que al hacerlo así se afectaría la nueva situación jurídica que se generó con la determinación de veinticinco de agosto de dos mil veintitrés; derivado del convenio celebrado entre la hoy quejosa ***** y la actora en el juicio civil del orden familiar ***/*** del que deriva el acto reclamado en relación a la guarda y custodia y el pago de alimentos a la menor de iniciales *.*.*.*.; siendo así posible considerar consumada irreparablemente cualquier violación que se hubiere cometido con la resolución que constituye el acto base de la acción en este juicio de amparo. Sirve de apoyo a la anterior consideración, en lo conducente, conforme a lo dispuesto por el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, la tesis 2a. CXI/96, Novena Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, diciembre 1996, Novena Época, materia común, página 219, que dispone: "CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. En consecuencia, al haber cambiado la situación jurídica del quejoso y al actualizarse la causal de improcedencia invocada, prevista por la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que sobrevino durante la tramitación de este expediente, lo que procede en términos del numeral 63, fracción V, de la misma legislación, es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en esta instancia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, por similitud jurídica, la jurisprudencia sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en la página 1600, Tomo XX, Septiembre de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. CONSTITUYE CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, QUE DA LUGAR A SOBRESEER FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. No se priva de defensa a la quejosa cuando se sobresee fuera de la audiencia constitucional, si tal determinación se sustenta en una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica, cuando se reclama la orden de aprehensión y durante la sustanciación del juicio se dicta auto de formal prisión en contra de la impetrante de garantías, pues de la copia certificada de la última resolución se advierte en forma clara que su libertad se constriñe ahora por un acto diverso al reclamado, lo que imposibilita el examen constitucional del mandamiento de captura sin afectar la nueva situación derivada del auto de formal enjuiciamiento; de modo que las violaciones cometidas en el primero deben considerarse consumadas de modo irreparable. Consecuentemente, constituye un caso específico de causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, que hace posible sobreseer sin necesidad de esperar a que sea celebrada la audiencia constitucional, pues ningún objeto tiene continuar la tramitación del juicio y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo, el cual siempre será en el mismo sentido, por lo que únicamente se trastocaría el principio de celeridad procesal establecido en el artículo 17 constitucional.". Como consecuencia de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en autos, sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, pues, en el caso en estudio surgió una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia en este juicio constitucional, de suerte que ni celebrándose la audiencia de ley podría ser desvirtuada dicha causal con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, por lo que, resultaría ocioso e innecesario celebrar dicha audiencia y resolver mediante una sentencia lo que aquí se ha determinado; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República. Al caso concreto, cobra vigencia la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". Notifíquese personalmente.
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