Beatriz Téllez Montes
Expediente 1064/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 29 actuaciones registradas, la última del 8 de diciembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1064/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 29
- Última actuación
- 08/12/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Beatriz Téllez Montes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 29.
- Principal
Tribunal Colegiado comunica auto Agréguese a los autos el oficio proveniente del Vigésimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por el cual informa el contenido del proveído dictado en el toca R.A. 223/2022 de su índice, de lo que se toma conocimiento. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Lista Autoridad responsable Lista Tercero interesado No existe Ministerio Público Federal Lista
- Principal
Criterio del Vigésimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, R.A. ********************. Los antecedentes más relevantes son los siguientes. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado emitió una concesión de pensión por jubilación a favor de una persona, a partir del dieciséis de septiembre de dos mil tres, la cual se calculó con base en el monto máximo de diez veces el salario mínimo, de conformidad con lo previsto en los artículos 15 y 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado, vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete. La pensionada presentó un escrito en el que solicitó los incrementos a su cuota pensionaria y el pago de diferencias, porque a partir del año dos mil diecisiete no se había calculado tomando en cuenta el límite de diez veces el salario mínimo general. El citado instituto emitió un oficio en el que determinó que resultaba improcedente la solicitud del quejoso en cuanto a que el tope máximo de su pensión se realizara conforme a salarios mínimos, en términos de lo resuelto por el Alto Tribunal en la jurisprudencia 2a./J. 37/2022 (11a.). Inconforme, el pensionado promovió demanda de amparo en la que señaló como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: Autoridades responsables Actos reclamados Cámara de Diputados del Congreso de la Unión La aprobación del artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicada en el Diario Oficial de la Federación el uno de junio de dos mil uno. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión La aprobación del artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicada en el Diario Oficial de la Federación el uno de junio de dos mil uno. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos La promulgación del artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicada en el Diario Oficial de la Federación el uno de junio de dos mil uno. Jefe de Servicios de Asignación de Derechos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado La emisión del oficio SP/01/DP/12622/2021 de doce de julio de dos mil veintiuno. De la demanda conoció el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, quien la registro con el número de expediente 1064/2021 y la admitió a trámite. Seguida la secuela procesal correspondiente, se celebró la audiencia de juicio, la cual culminó con el dictado de la sentencia, en la que se concedió el amparo solicitado, en virtud de que el instituto le reconoció a la parte quejosa la existencia a de un derecho adquirido en el sentido de que el monto máximo de su pensión jubilatoria debía cuantificarse con base en el salario mínimo y, por consecuencia, el criterio jurisprudencial 2a./J. 30/2021 (10a.) le era inaplicable retroactivamente. Los efectos de la concesión de amparo fueron los siguientes. Autoridades responsables Efectos del amparo Jefe de Servicios de Asignación de Derechos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado Deje insubsistente el oficio SP/01/DP/12622/2021 de doce de julio de dos mil veintiuno. Emita otro en el que interprete el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado abrogada, a la luz de la reforma constitucional en materia de desindexación del salario mínimo, en el sentido de que la pensión jubilatoria de la parte quejosa debe cuantificase con base en el monto máximo de diez veces el salario mínimo, porque así lo determinó el propio instituto, de ahí que se le debe reconocer la existencia de ese derecho adquirido y, por consecuencia, el criterio jurisprudencial 2a./J. 37/2022 (11a.) le es inaplicable retroactivamente. A partir del año 2017, en caso de que el monto de la pensión exceda la suma cotizable establecida en el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado abrogada, deberá cuantificar el monto máximo de la pensión jubilatoria con base en el salario mínimo y en su caso pagar las diferencias generadas entre lo que se pagó y debió pagarse a la parte quejosa. Inconforme con lo anterior, la Jefa de Servicios de Asignación de Derechos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y el Presidente de la República interpusieron recurso de revisión. Al respecto, el Vigésimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión ********************, en sesión de cinco de octubre de dos mil veintitrés, consideró: Los argumentos en estudio, son fundados por los motivos que se exponen a continuación: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 200/2020, en sesión de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno determinó, en síntesis, lo siguiente: . La ejecutoria de mérito, dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 30/2021 (10a.), de rubro y texto siguientes: PENSIÓN JUBILATORIA. EL MONTO MÁXIMO PREVISTO EN LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO ABROGADA Y EN EL RÉGIMEN DEL ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO DE LA LEY DEL ISSSTE VIGENTE, DEBE CUANTIFICARSE CON BASE EN EL VALOR DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA) Y NO EN EL SALARIO MÍNIMO. [se transcribe] De lo expuesto, se estima que el criterio del Alto Tribunal consistente en que posterior a la entrada en vigor de la reforma constitucional en materia de desindexación del salario mínimo, es decir, a partir del veintiocho de enero de dos mil dieciséis, el tope máximo de la pensión jubilatoria debe calcularse a razón de diez veces la unidad de medida y actualización (UMA), a excepción de que por decisión del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado o sentencia ejecutoria, se hubiera determinado con base en el máximo de diez veces el salario mínimo, en cuyo caso debe reconocerse la existencia de un derecho adquirido. Sin que el hecho de que se le hubiera concedido la pensión a la quejosa partir del dieciséis de septiembre de dos mil tres, se trate de un derecho adquirido en su favor, porque se insiste desde la entrada en vigor de la reforma todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta y en general parámetro para cuantificar las obligaciones y supuestos previstos en el sistema jurídico del país, se entenderían referidas a la unidad de medida y actualización (UMA). Pues, los incrementos o actualizaciones de los montos de las pensiones tienen como objetivo evitar que éstas pierdan su poder adquisitivo por el paso del tiempo, ya que al tratarse de una de las consecuencias derivada del otorgamiento de una pensión, no constituyen un derecho previamente adquirido, sino una mera expectativa de derecho para el titular de la pensión, el cual se actualiza al momento en que se suscita un incremento en el costo de vida. Por tanto, se estima contraria a derecho la determinación del juez de distrito en el sentido que los aumentos deben calcularse y toparse tomando en consideración el salario mínimo general vigente en la Ciudad de México. En consecuencia, al ser fundados y suficientes los agravios hechos valer por las autoridades recurrentes se revoca la sentencia recurrida, resultando innecesario el análisis de cualquier otro argumento, ya que su examen no variaría el sentido del presente fallo. Por estas y otras consideraciones, el Tribunal Colegiado contendiente determinó revocar la sentencia recurrida, reasumir jurisdicción, respecto de los demás conceptos de violación, y negar el amparo solicitado. Criterio del Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, R.F********************. Los antecedentes que resultan relevantes para el asunto se narran en los párrafos siguientes. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado emitió una concesión de pensión por jubilación a favor de una persona, a partir del uno de abril de dos mil ocho, la cual se calculó con base en el monto máximo de diez veces el salario mínimo, de conformidad con lo previsto en el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado, vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete. El pensionado solicitó al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado que se ajustara e incrementara la cuita diaria de la pensión. En respuesta a ello, el instituto emitió un oficio en que estimó improcedente la solicitud, toda vez que se había otorgado al pensionado los aumentos más favorables. Inconforme con lo anterior, el actor promovió juicio de nulidad, del cual conoció la Tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa bajo el número de expediente 7789/21-17-03-4, quien dictó sentencia en la que declaró la nulidad de la resolución impugnada. En contra de dicha determinación, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado promovió revisión fiscal 541/2021, la cual resolvió el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en sesión de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno. En lo que interesa, hizo las siguientes consideraciones: A juicio de este Tribunal Colegiado tiene razón la recurrente en cuanto a que desde la entrada en vigor de la reforma en materia de desindexación del salario mínimo, esto es, el veintiocho de enero de dos mil dieciséis, el límite máximo de la pensión del demandante debe calcularse conforme a la Unidad de Medida y Actualización, no con base en el salario mínimo. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 200/2020 determinó esencialmente lo siguiente. . De la contradicción de tesis referida derivó la jurisprudencia 2ª/J 30/2021 (10ª), publicada el viernes veinticinco de junio de dos mil veintiuno y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes veintiocho de junio siguiente (para los efectos previstos en el punto noveno del Acuerdo General Plenario 1/2021), de rubro y texto siguientes. PENSIÓN JUBILATORIA. EL MONTO MÁXIMO PREVISTO EN LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO ABROGADA Y EN EL RÉGIMEN DEL ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO DE LA LEY DEL ISSSTE VIGENTE, DEBE CUANTIFICARSE CON BASE EN EL VALOR DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA) Y NO EN EL SALARIO MÍNIMO. [se transcribe] Las razones expuestas por la Suprema Corte son aplicables al estudio del segundo agravio de la revisión (denominado como "TERCERA" por la autoridad recurrente), ya que la litis trata sobre lo resuelto por la Sala respecto al tope máximo de la pensión del demandante, calculada no con base en el monto máximo de diez veces el salario mínimo como lo prevé el precepto vigente a la fecha en que se le otorgó la pensión, sino con base en la Unidad de Medida y Actualización. Lo anterior no significa que se está aplicando en perjuicio del pensionado de manera retroactiva la ley, ni que se esté desconociendo el derecho que tenía adquirido para que su pensión se incremente conforme a la disposición legal vigente en la fecha en que se otorgó ese derecho, pues la Suprema Corte estableció como único supuesto para considerar una aplicación retroactiva de la reforma en materia de desindexación del salario mínimo, el que de manera posterior fuera otorgada una pensión jubilatoria calculada con base en el monto máximo de diez veces el salario mínimo y no en la Unidad de Medida y Actualización, ya fuera porque así lo determinó el propio Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado o como consecuencia de una ejecutoria; lo cual no se actualiza en el caso, pues el demandante recibe la pensión materia de este asunto desde el uno de abril de dos mil ocho. En consecuencia, este Tribunal considera fundados los argumentos expuestos en el segundo agravio de la revisión (denominado "TERCERA" por la autoridad recurrente), lo que tiene por efecto que la Sala de origen deje insubsistente la sentencia recurrida y, en su lugar, emita otra en la cual establezca que el tope máximo de la pensión del demandante a partir de que entró en vigor la reforma en materia de desindexación del salario mínimo ?el veintiocho de enero de dos mil dieciséis? debe cuantificarse conforme a la Unidad de Medida y Actualización y no con base en el salario mínimo, además de que la Sala deberá reiterar las consideraciones de su sentencia recurrida que no fueron alteradas por lo decidido en esta sentencia. Criterio del Decimonoveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, A.D. ********************. Los antecedentes que resultan relevantes para el asunto se narran en los párrafos siguientes. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado emitió una concesión de pensión por jubilación a favor de una persona, a partir del uno de enero de dos mil cuatro, la cual se calculó con base en el monto máximo de diez veces el salario mínimo, de conformidad con lo previsto en los artículos 15 y 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado, vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete. El pensionado solicitó al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado que se ajustara e incrementara la cuita diaria de la pensión. En respuesta a ello, el instituto emitió un oficio en que estimó improcedente la solicitud, toda vez que se había otorgado al pensionado los aumentos más favorables. En contra de dicho oficio, el actor promovió juicio de nulidad, del cual conoció la Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa bajo el número de expediente 10288/21-17-02-9, quien dictó sentencia en la que reconoció la validez de la resolución impugnada. Inconforme, el pensionado promovió amparo directo ********************, el cual resolvió el Decimonoveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en sesión de dieciséis de junio de dos mil veintidós. En lo que interesa, hizo las siguientes consideraciones: Precisado lo anterior, este tribunal colegiado estima que el concepto de violación en estudio resulta fundado, por las siguientes razones: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 200/2020, que dio origen a dicha jurisprudencia, determinó que, si bien la Unidad de Medida de Actualización resultaba aplicable para el cálculo del límite de pensión, lo cierto es que dicha determinación no podía vulnerar derechos adquiridos, tal como se desprende de su contenido: [se transcribe] De las consideraciones expuestas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se evidencia que fue clara al establecer que el criterio derivado de la contradicción de tesis referida (donde se determinó que el monto máximo de la pensión jubilatoria previsto en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, debía cuantificarse con base en el valor de la unidad de medida y actualización (UMA) y no en el salario mínimo), no es aplicable para aquellos asegurados a los que, con posterioridad a la reforma constitucional en materia de desindexación del salario mínimo, se les otorgó una pensión jubilatoria calculada con base en el monto máximo de diez veces el salario mínimo, porque se les debe reconocer la existencia de un derecho adquirido. En esos términos, la propia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 342/2016, determinó que la pensión, constituye una mera expectativa de derecho que se concreta hasta que se cumplan los requisitos para su otorgamiento y, por ende, es en ese momento que surge el derecho subjetivo. Por lo tanto, se puede entender que es ese momento en que adquieren otros derechos, como lo es la forma de cálculo de los incrementos de su pensión, en términos del artículo 57, párrafo tercero, de dicha ley, la cual tiene carácter accesorio a su pensión, ya que como se señaló, entra al patrimonio del trabajador justo al momento en que se adquiere el carácter de jubilado y se mantiene mientras se tenga derecho a gozar de la pensión. La contradicción de tesis señalada en párrafos anteriores, quedó plasmada en la jurisprudencia 2a./J.33/2017 (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 41, Abril de 2017, Tomo 1, página 949, de rubro y texto: [se transcribe] En el caso, la quejosa obtuvo una pensión por jubilación a partir del primero de enero de dos mil cuatro como se observa de la concesión de pensión, por ende, resulta evidente que existe un derecho adquirido en su favor, como lo es el que su pensión sea calculada con base en el monto máximo de diez veces el salario mínimo y no con base en la Unidad de Medida y Actualización, prevista en los artículos 26, Apartado B, y Tercero Transitorio, del "Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo", en vigor a partir del veintiocho de enero de dos mil dieciséis. En efecto, a la quejosa ya le fue reconocido con antelación el derecho a que el límite pensionario se fije conforme a salarios mínimos generales y no la unidad de medida de actualización; de ahí que, en el caso, el límite a la pensión que solicitó debe calcularse en términos del salario mínimo general vigente para la Ciudad de México, pues si el derecho pensionario de la quejosa nació a partir del primero de enero de dos mil cuatro, es decir, con anterioridad a la entrada en vigor de la reforma constitucional -veintiocho de enero de dos mil dieciséis-, a fin de proteger y salvaguardar ese derecho, se estima que la Unidad de Medida y Actualización no se debe considerar para efectos de establecer el límite en el monto máximo de la cuota diaria de pensión. Por virtud de lo anterior, el Tribunal Colegiado del conocimiento concedió el amparo a la parte quejosa, para los siguientes efectos: En mérito de las anteriores consideraciones, lo procedente es conceder el amparo solicitado por la parte quejosa, para el efecto de que la sala responsable: a) Deje insubsistente la sentencia reclamada; b) Emita otra en la que, determine que la Unidad de Medida y Actualización no se debe considerar para efectos de establecer el límite en el monto máximo de la cuota diaria de pensión de la actora; y, c) Realice un pronunciamiento a efecto de dilucidar si la cuota de pensión de la actora se incrementó de conformidad con lo dispuesto por el artículo 57, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete, asimismo, deberá analizar las constancias que obran en el sumario en relación con esta causal de nulidad hecha valer por la actora. Criterio del Cuarto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, amparo directo administrativo ********************. Los antecedentes que resultan relevantes para el asunto se narran en los párrafos siguientes. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado emitió una concesión de pensión por jubilación a favor de una persona, a partir del uno de enero de dos mil trece, la cual se calculó con base en el monto máximo de diez veces el salario mínimo, de conformidad con lo previsto en los artículos 15 y 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado, vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete. El pensionado solicitó al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado el incremento del pago de la pensión diaria, así como se realizara una correcta cuantificación de los montos con efectos retroactivos y futuros, a través de la inaplicación de la Unidad de Medida y Actualización con base en la cuantificación de la actualización y tope de la pensión, respecto de la cual se configuró negativa ficta. En contra de dicha negativa ficta, el actor promovió juicio de nulidad, del cual conoció la Primera Sala Regional del Noroeste I del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Tijuana, Baja California bajo el número de expediente 2368/20-01-01-8, quien dictó sentencia en la que declaró la nulidad de la resolución reclamada para determinados efectos. Inconforme, el pensionado promovió amparo directo ********************, el cual resolvió el Cuarto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, en sesión de diecinueve de mayo de dos mil veintidós. En lo que interesa, hizo las siguientes consideraciones: c. Decisión en el asunto. Los reseñados conceptos de violación resultan fundados, en cuanto se pretende evidenciar que la sala responsable aplicó retroactivamente la jurisprudencia 2º./J. 30/2021 (10a.) para determinar que la autoridad demandada deberá considerar para el cálculo de los incrementos anuales correspondientes como tope máximo de la pensión, la unidad de medida y actualización y no con el salario mínimo, como se explica a continuación. En efecto, como lo refiere la quejosa, la determinación de la sala responsable resultó incorrecta, porque la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al dilucidar la temática de la contradicción de tesis 200/2020, concerniente a determinar cuál es el factor que ha de utilizarse para calcular el monto máximo de la pensión o tope pensionario, a saber: el salario mínimo o la unidad de medida y actualización, se pronunció en el sentido de que es esta última -la UMA- la que debe aplicarse para tal efecto. A dicha conclusión arribó la Segunda Sala en la jurisprudencia 2a./J. 30/2021, con registro digital 2023299, Undécima Época, Materia Administrativa, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 2, Junio de 2021, Tomo IV, página 3604, de epígrafe y contenido siguientes: PENSIÓN JUBILATORIA. EL MONTO MÁXIMO PREVISTO EN LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO ABROGADA Y EN EL RÉGIMEN DEL ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO DE LA LEY DEL ISSSTE VIGENTE, DEBE CUANTIFICARSE CON BASE EN EL VALOR DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN (UMA) Y NO EN EL SALARIO MÍNIMO. [se transcribe] En efecto, como lo sostiene la quejosa en sus conceptos de violación, el factor que debe utilizarse para el cálculo del monto máximo de la pensión es el salario mínimo y no la medida y actualización, ya que ésta obtuvo su pensión en uno de enero de dos mil trece14 y la autoridad demandada en su contestación señaló que ese hecho era cierto (foja 25 del juicio de origen). Por ende, este Tribunal Federal concluye que contrario a lo que estimó la responsable el tope salarial e incrementos a la pensión de la actor deben hacerse conforme al salario mínimo general, porque si su pensión se le otorgó a partir del uno de enero de dos mil trece, le es aplicable lo dispuesto en los artículos 15 y 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado abrogada. Sin que pase inadvertido que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 200/2020, determinó que, el tope máximo de la pensión jubilatoria otorgada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, debe cuantificarse conforme a la Unidad de Medida y Actualización (UMA), derivado de la reforma de desindexación del salario mínimo, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, por el que se reformaron los artículos 26, apartado B y 123, apartado A, fracción VI, de la Constitución. Como se precisó, en términos de la citada jurisprudencia, el tope máximo de la pensión jubilatoria otorgada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, debe cuantificarse conforme a la Unidad de Medida y Actualización (UMA), derivado de la reforma de desindexación del salario mínimo; sin embargo, ello es aplicable únicamente a partir del veintiocho de enero de dos mil dieciséis, en que entró en vigor la aludida reforma, en conformidad con su artículo primero transitorio, que establece: "(.) Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. (.)." Lo anterior es así, porque la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al final de la resolución dictada en la contradicción de tesis de la que derivó el aludido criterio, acotó que los asegurados a los que, con posterioridad a la reforma se les otorgó una pensión calculada con base en el monto máximo de diez veces el salario mínimo y no con base en la Unidad de Medida y Actualización, ya sea porque así lo determinó el propio instituto o con motivo de una sentencia ejecutoria, se les debe reconocer la existencia de un derecho adquirido y, por ende, la jurisprudencia en cuestión les es inaplicable, lo que se precisó en los siguiente términos: "(.) 89. En el entendido de que aquellos asegurados a los que, con posterioridad a la reforma constitucional en materia de desindexación del salario mínimo, se les otorgó una pensión jubilatoria calculada con base en el monto máximo de diez veces el salario mínimo y no con base en la Unidad de Medida y Actualización, ya sea porque así lo determinó el propio ISSSTE o como consecuencia de una sentencia ejecutoria, se les debe reconocer la existencia de un derecho adquirido y por consecuencia, el criterio jurisprudencial que aquí se sostiene les es inaplicable retroactivamente. (.)" Si la jurisprudencia aludida no es aplicable para los asegurados a los que se concedió una pensión jubilatoria calculada con base en el monto máximo de diez veces el salario mínimo y no con base en la Unidad de Medida y Actualización, con posterioridad a la reforma constitucional en materia de desindexación del salario mínimo -ya sea porque así lo determinó el propio ISSSTE o como consecuencia de una sentencia ejecutoria-, es decir, después del veintisiete de enero de dos mil dieciséis; por mayoría de razón tampoco lo es para quienes su pensión se otorgó con antelación -como en el caso, que se otorgó el uno de enero de dos mil trece-, pues, al momento en que le concedió no existía la aludida desindexación del salario mínimo. Aunado a que de uno los criterios contendientes en la contradicción se advierte que se refiere a la concesión de pensión posterior a la reforma de desindexación (el otro criterio contendiente no la menciona), como se advierte de la siguiente transcripción (énfasis añadido): [se transcribe] Por tanto, el tope salarial y los incrementos de la pensión deben realizarse conforme a lo previsto en la ley vigente al momento en que se otorgó la pensión, en el caso, conforme a los salarios mínimos, al ser accesorios de la pensión, tal como lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el criterio 2a./J. 33/2017 (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 41, abril de 2017, Tomo I, página 949, Décima Época, Registro digital: 2014063, de rubro y texto siguiente: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. LA APLICACIÓN RETROACTIVA DEL ARTÍCULO 57, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY RELATIVA VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2002 (ACTUALMENTE ABROGADA), ES IMPROCEDENTE EN LO REFERENTE AL PAGO DE INCREMENTOS O DIFERENCIAS A LAS PENSIONES, RESPECTO DE LAS OTORGADAS ANTES DE ESA FECHA. [se transcribe] Entonces, contrario a lo considerado por la responsable, para determinar el tope salarial y el incremento de la pensión del actor-aquí quejoso, se debe considerar el salario mínimo general, y no la Unidad de Medida y Actualización. Por lo anterior, se estima procedente otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa, a fin de que se le restituya en el goce de los derechos fundamentales que le fueron vulnerados. Por virtud de lo anterior, el Tribunal Colegiado del conocimiento concedió el amparo a la parte quejosa, para los siguientes efectos: d. Efectos de la concesión. En esas condiciones, al resultar fundado el concepto de violación que se hace valer, lo que procede es conceder el amparo solicitado, para el que la Sala responsable realice lo siguiente: Deje insubsistente la sentencia reclamada y, 2. Emita otra en la que reitere las consideraciones que no fueron materia de concesión y determine que el tope salarial y el incremento de la pensión de la actora, aquí quejosa, debe cuantificarse conforme al salario mínimo general, y no la Unidad de Medida y Actualización (UMA). DENUNCIA DE CONTRADICCIÓN DE CRITERIOS En tales condiciones, con fundamento en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 226, fracción III y 227, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, debe denunciarse ante el Pleno Regional, la contradicción entre los criterios sustentados, por una parte, por el Vigésimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el R.A. ********************, así como el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, R.F********************, y, por la otra, por el Decimonoveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al fallar el A.D. ********************, así como el Cuarto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, al resolver el amparo directo administrativo ********************, en atención a lo siguiente: Primer requisito: ejercicio interpretativo y arbitrio judicial. Los órganos contendientes, al resolver las cuestiones litigiosas presentadas, se vieron en la necesidad de aplicar el arbitrio judicial a través de un ejercicio interpretativo para llegar a una solución determinada. Ello se desprende de la síntesis realizada con antelación de las resoluciones emitidas por los órganos colegiados involucrados. En efecto, los órganos analizaron las disposiciones que regulan el cálculo de la pensión jubilatoria y, a través de un ejercicio interpretativo, analizaron si el monto máximo de la pensión jubilatoria previsto en los artículos 15 y 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado abrogada, debe cuantificarse con base en salario mínimo o en el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), en los casos en que el aludido tope máximo le fue aplicado desde que se otorgó la pensión, es decir, con "anterioridad" a la reforma constitucional en materia de desindexación del salario mínimo y, por ende, si es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 30/2021 (10a.). Segundo requisito: punto de toque y diferendo de criterios interpretativos. Se considera que en los ejercicios interpretativos realizados por los órganos colegiados contendientes existe un punto de toque entre los criterios que sustentaron. Por una parte, el Vigésimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el R.A. ********************, concluyó que el tope máximo de la pensión jubilatoria debe calcularse a razón de diez veces la unidad de medida y actualización (UMA), aun cuando la pensión topada se hubiere otorgado (dieciséis de setiembre de dos mil tres) con "anterioridad" a la reforma constitucional en materia de desindexación del salario mínimo (veintiocho de enero de dos mil dieciséis). Lo anterior, porque no se trata de un derecho adquirido en favor del pensionado, pues desde la entrada en vigor de la citada reforma todas las menciones al salario mínimo como unidad de cuenta y en general parámetro para cuantificar las obligaciones y supuestos previstos en el sistema jurídico del país, se entenderían referidas a la unidad de medida y actualización (UMA), aunado a que se trataba de una mera expectativa de derecho, el que se actualiza al momento en que se suscita un incremento en el costo de vida. En ese sentido, consideró aplicables las consideraciones de la jurisprudencia 2a./J. 30/2021 (10a.). En el mismo sentido, el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver la R.F********************, analizó las mismas disposiciones relacionadas con el cálculo de la pensión, concluyendo que desde la entrada en vigor de la reforma en materia de desindexación del salario mínimo, esto es, el veintiocho de enero de dos mil dieciséis, el límite máximo de la pensión del demandante debe calcularse conforme a la Unidad de Medida y Actualización, no con base en el salario mínimo, aun cuando la pensión topada se hubiere otorgado con anterioridad a la citada reforma (uno de abril de dos mil ocho). Ello, en términos de las consideraciones de la jurisprudencia 2a./J. 30/2021 (10a.) y sin que existiera aplicación en perjuicio del pensionado de manera retroactiva de la ley, ni que se estuviera desconociendo el derecho que tenía adquirido, pues la Suprema Corte estableció como único supuesto para considerar una aplicación retroactiva de la reforma en materia de desindexación del salario mínimo, el que de manera "posterior" fuera otorgada una pensión jubilatoria calculada con base en el monto máximo de diez veces el salario mínimo y no en la Unidad de Medida y Actualización, ya fuera porque así lo determinó el propio Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado o como consecuencia de una ejecutoria; lo cual no se actualizaba en el caso, pues la pensión se otorgó con "anterioridad" a la reforma. Por otra parte, contrario a los citados criterios, el Decimonoveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el A.D. ********************, analizó las mismas disposiciones relacionadas con el cálculo de la pensión, concluyó que el tope máximo de la pensión jubilatoria debe calcularse con base salarios mínimos general vigente para la Ciudad de México, en virtud de que la pensión topada se otorgó con "anterioridad" a la reforma constitucional en materia de desindexación del salario mínimo (uno de enero de dos mil cuatro). Lo aseverado se consideró así, debido a que existía un derecho adquirido en favor del pensionado, en términos de las consideraciones de la contradicción de tesis 200/2020 y la jurisprudencia 2a./J. 30/2021 (10a.), en donde se precisó que no es aplicable para aquellos asegurados a los que, con posterioridad a la reforma constitucional en materia de desindexación del salario mínimo, se les otorgó una pensión jubilatoria calculada con base en el monto máximo de diez veces el salario mínimo, porque se les debe reconocer la existencia de un derecho adquirido. En efecto, estimó que al pensionado ya le había sido reconocido con antelación el derecho a que el límite pensionario se fije conforme a salarios mínimos generales y no la unidad de medida de actualización; de ahí que, en el caso, el límite a la pensión que solicitó debe calcularse en términos del salario mínimo general vigente para la Ciudad de México, pues si el derecho pensionario nació con anterioridad a la entrada en vigor de la reforma constitucional -veintiocho de enero de dos mil dieciséis-, a fin de proteger y salvaguardar ese derecho, se estimaba que la Unidad de Medida y Actualización no se debía considerar para efectos de establecer el límite en el monto máximo de la cuota diaria de pensión. En coincidencia con dicho criterio, el Cuarto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, al resolver el amparo directo administrativo ********************, concluyó que el tope máximo de la pensión jubilatoria debe calcularse con base salarios mínimos, en virtud de que la pensión topada se otorgó con "anterioridad" a la reforma constitucional en materia de desindexación del salario mínimo (uno de enero de dos mil trece. Lo anterior, porque si la jurisprudencia 2a./J. 30/2021 no es aplicable para los asegurados a los que se concedió una pensión jubilatoria calculada con base en el monto máximo de diez veces el salario mínimo y no con base en la Unidad de Medida y Actualización, con posterioridad a la reforma constitucional en materia de desindexación del salario mínimo -ya sea porque así lo determinó el propio ISSSTE o como consecuencia de una sentencia ejecutoria-, es decir, después del veintisiete de enero de dos mil dieciséis; por mayoría de razón tampoco lo es para quienes su pensión se otorgó con antelación -como en el caso-, pues, al momento en que le concedió no existía la aludida desindexación del salario mínimo. En ese contexto, respetuosamente, se estima procedente que se resuelva la divergencia de criterios sostenidos por los órganos contendientes, sin que sean obstáculo las peculiaridades fácticas e interpretativas que dieron lugar a la emisión de los criterios contendientes, en particular, que algunos colegiado se pronunciaron sobre el incremento de la pensión y otros no, pues la presente denuncia solo versa sobre la cuantificación del tope máximo de la pensión jubilatoria, cuya mecánica es distinta respecto de los incrementos. Tercer requisito: Surgimiento de la pregunta que detona la procedencia de la contradicción. De los criterios contendientes se puede formular la siguiente pregunta: ¿El monto límite de la pensión jubilatoria debe cuantificarse con base en el salario mínimo o con la Unidad de Medida y Actualización, en los casos en que el aludido tope máximo fue aplicado desde que se otorgó la pensión, es decir, con anterioridad a la reforma constitucional en materia de desindexación del salario mínimo? Lo anterior, sin que pase desapercibida la existencia de la jurisprudencia 2a./J. 30/2021 (10a.), pues en las consideraciones de la contradicción de tesis 200/2020 se determinó que el criterio jurisprudencial es inaplicable retroactivamente a "que aquellos asegurados a los que, con posterioridad a la reforma constitucional en materia de desindexación del salario mínimo, se les otorgó una pensión jubilatoria calculada con base en el monto máximo de diez veces el salario mínimo y no con base en la Unidad de Medida y Actualización, ya sea porque así lo determinó el propio ISSSTE o como consecuencia de una sentencia ejecutoria, se les debe reconocer la existencia de un derecho adquirido", mientras que en los criterios en contradicción se analizó pensiones otorgadas con anterioridad a la citada reforma, respecto del cual la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se pronunció expresamente. En consecuencia, al ser los divergentes las posturas sostenidas entre los órganos jurisdiccionales antes indicados, en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 226, fracción III y 227, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se denuncia la contradicción de los criterios referidos ante el Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, para lo cual se ordena remitir las constancias conducentes. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Notificación Quejosa Lista Autoridad responsable Lista Tercero interesado No existe Ministerio Público Federal Lista Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México Oficio
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Agréguese a los autos el oficio proveniente del Vigésimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por el cual informa el contenido del proveído dictado en el toca R.A. 223/2023 de su índice, en el que admite a trámite el recurso de revisión adhesivo interpuesto en este asunto, de lo que se toma conocimiento. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: ParteTipo de notificación Quejosa Lista Autoridad responsable Lista Tercero interesado No existe Ministerio Público Federal Lista
- Principal
Agréguese a los autos la impresión del correo electrónico proveniente de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Primer Circuito, por el cual, informa que existe un registro previo en el turno SIAT contra la misma resolución. Atento a lo anterior, remítase el segundo recurso de revisión interpuesto como promoción al Vigésimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, a fin de que esté en aptitud de proveer lo conducente. Asimismo, se informa que el acuerdo por el cual se le dio trámite a este medio de defensa se encuentra debidamente integrado como se aprecia a continuación: Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Vía electrónica Autoridad responsable Lista Tercero interesado No existe Ministerio Público Federal Lista Vigésimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito Oficio
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