Beatriz Solis Rincón
Expediente 726/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 726/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 06/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Beatriz Solis Rincón
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta de la que se advierte que el auto de veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, en el cual se desechó de plano la demanda de amparo que dio origen al asunto en que se actúa, no fue recurrido por la parte promovente, y que ya ha transcurrido el término que la ley le concede para hacerlo; por consiguiente, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, conforme al artículo segundo de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. En consecuencia, háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívense las actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, en cumplimiento al Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al haberse desechado la demanda que dio origen a los presentes autos, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá a la destrucción del mismo, lo cual se llevará a cabo con posterioridad al SEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO. De conformidad con lo establecido en el Capítulo Tercero, punto décimo, fracción I, del acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al SEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Por otro lado, el presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA LO SIGUIENTE: Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintiuno de agosto de dos mil diecinueve. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales procedentes el escrito mediante el cual, la promovente Beatriz Solís Rincón, refiere desahogar la prevención que se le efectuó por acuerdo de trece de agosto de dos mil diecinueve; visto su contenido, en tiempo y forma se tiene por desahogado el requerimiento dictado en el presente juicio, en relación a la demanda promovida contra el acto que reclama del Juez Mixto de Primera Instancia, con sede en Huatusco, Veracruz, la cual fue registrada en el libro de gobierno respectivo con el número 726/2019-II-B. Al respecto, se acuerda: DESAHOGO DE LA PREVENCIÓN. Ahora bien, del escrito de referencia se desprende que la promovente de amparo, bajo protesta de decir verdad, manifiesta en lo que interesa lo siguiente: El juicio sucesorio intestamentario 682/2018-III, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia, con sede en Huatusco, Veracruz, aún se encuentra en trámite y no se ha concluido. En el citado juicio aún no se ha dictado resolución que aprueba la sección denominada "de sucesión". ACTO RECLAMADO De la lectura de la demanda de amparo, se tiene que el acto reclamado se hace consistir en: ". la Resolución dictada por el Aquo de fecha nueve de julio de dos mil diecinueve dentro de los autos del expediente civil 682/2018-III del Índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Huatusco, Veracruz, misma que resolvió el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de fecha dieciocho de junio del año dos mil diecinueve. Donde declara improcedente el recurso, confirmando el auto combatido y teniendo por presentado al C. Lorenzo Alfredo Solís Rincón, deduciendo derechos hereditarios que le pudieran corresponder dentro del Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes del finado Josafat Solís Sosol." DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA Ahora bien, toda vez que el suscrito se encuentra facultado a desechar de plano una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por tanto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo, por las razones que enseguida se exponen. Es trascendente precisar que conforme al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, Editorial Espasa, Vigésima Primera Edición, Tomo II, página 1309, por manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente, es decir, que aun y cuando se admitiera la demanda no sea posible desvirtuar con probanzas la causa de improcedencia advertida desde el auto de desechamiento. INTERPRETACIÓN DE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Del análisis de lo anterior, este Juzgado de Distrito considera que se actualiza la causa de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, con el diverso preceptos 107, fracción V, este último interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, porque el acto reclamado de acuerdo a su naturaleza no es uno de aquellos que produzca de acuerdo a su naturaleza efectos que sean de imposible reparación por afectar materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el estado mexicano sea parte. En efecto, los artículos 61, fracción XXlll y 107, fracción V, de la Ley de la Materia, estatuyen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. [.]" La disposición imperativa de la fracción XXIII transcrita, a diferencia de las veintidós fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que ésta se relaciona con las causas de improcedencia establecidas en la Carta Magna y en la propia Ley de Amparo que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el artículo 61 de este último ordenamiento, uno de los cuales es el que se deriva de la interpretación, en sentido contrario, de lo previsto en el artículo 107, fracción V de la legislación de la materia. Por otro lado, la fracción V del numeral 107 antes referido, establece la procedencia del amparo indirecto contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación; de modo que una interpretación en sentido contrario lleva a la conclusión de que el juicio de amparo es improcedente contra actos emitidos dentro de juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Al respecto, conviene precisar que para que el acto reclamado sea considerado de imposible reparación, necesitaría producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Interpretación que se deduce de dos condiciones para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Conforme a lo anterior, el acto reclamado en estudio, por su naturaleza, no tiene el carácter de irreparable, ya que constituye una actuación procesal que no tiene efectos materiales sobre sus derechos sustantivos tutelados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, al existir la posibilidad legal de que obtenga una resolución favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos intraprocesales que ha generado la actuación de que se duele desaparecerían, en virtud que solo produce efectos de carácter formal o intraprocesal que inciden en la conducta procesal que ha tomado en el juicio natural con vista a obtener un fallo favorable. En congruencia con lo anterior, si en el caso se reclama la resolución de nueve de julio del dos mil diecinueve, dictada por el Juez Mixto de Primera Instancia, con sede en Huatusco, Veracruz, dentro del expediente civil 682/2018-III, mediante la cual declara improcedente el recurso de revocación interpuesto a su vez contra el auto de dieciocho de junio del año en curso, a través del cual la responsable tuvo al posible heredero Lorenzo Alfredo Solís Rincón, deduciendo derechos hereditarios. Por tanto, es claro que dicho acto, atendiendo a su origen y características esenciales, no afecta de manera directa, cierta ni inmediata, alguno de los derechos sustantivos de la parte quejosa, pues aun cuando éste refiere que se infringen en su perjuicio los derechos fundamentales de un debido proceso, igualdad, imparcialidad e inmediatez; lo cierto, es que ante la naturaleza del acto reclamado, lo único que podría lesionar -sin conceder-, serían las normas que rigen en el juicio sucesorio intestamentario, en su primera etapa de "sucesión", de acuerdo a las reglas que al efecto disponen los artículos 589, 590, 591, 592 y 593 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz. Se afirma lo anterior, en virtud de que el juicio sucesorio intestamentario se compone de cuatro secciones de conformidad con los aludidos preceptos, las cuales son -sucesión, inventario, administración y partición-, y cualquier infracción de tipo procesal cometida durante el trámite de cualquiera de las referidas secciones, es impugnable en la vía de amparo indirecto hasta el momento de dictarse la resolución que ponga fin a la etapa correspondiente, ello tratándose de las tres primeras secciones, y por cuanto hace a la última sección, mediante amparo directo; lo anterior es así, en razón de que en los juicios sucesorios no existe una sentencia definitiva que comprenda todo el procedimiento, ya que cada una de las secciones que lo componen se decide por separado, mediante la resolución especial correspondiente. En este orden de ideas, debe considerarse que el presente juicio de amparo deviene improcedente, puesto que el acto del que se duele la promovente consiste en la resolución de nueve de julio del dos mil diecinueve, dictada por el Juez Mixto de Primera Instancia, con sede en Huatusco, Veracruz, dentro del expediente civil 682/2018-III, fue dictada en la primera sección del juicio sucesorio, es decir, en la etapa de sucesión, sin que la resolución aquí reclamada constituya aquella que ponga fin a dicha sección; por tanto, contra ese acto no es procedente el juicio de amparo, ya que en su caso, las violaciones procesales habidas durante la sección, únicamente podrán ser combatidas en amparo cuando se dicte la resolución que resuelva en definitiva la sección en que se encuentra el juicio sucesorio intestamentario. Lo anterior es así, pues la propia promovente manifestó que en el juicio sucesorio intestamentario de donde emana el acto reclamado, no se ha dictado la resolución que ponga fin a la sección primera denominada "de sucesión", ya que incluso refiere en su escrito aclaratorio que por auto de siete de agosto de dos mil diecinueve, se turnó para resolver lo relativo al auto declarativo de herederos. Consecuentemente, por lo expuesto en líneas precedentes, y con apoyo en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso artículo 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo intentada por Beatriz Solís Rincón. Apoya a la anterior por su contenido la jurisprudencia número VI.3º.J/20, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyo tenor es el siguiente: "SUCESIONES, VIOLACIONES PROCESALES. Como en los juicios sucesorios no existe una sentencia definitiva que comprenda todo el procedimiento ya que cada una de las secciones que lo componen se decide por separado, mediante la resolución especial correspondiente, las infracciones de tipo procesal cometidas durante el trámite de la sección de reconocimiento o de declaración de herederos, que no impidan la continuación del procedimiento respectivo, son impugnables por la vía constitucional cuando se reclame la resolución que ponga fin a dicha sección, toda vez que de atacarse de manera inmediata, sin esperar al dictado de aquélla, el amparo indirecto resultaría improcedente, atento a lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, de la ley de la materia, a contrario sensu." De igual forma, sirve de apoyo a la anterior, por sus consideraciones, la tesis aislada número I.3o.C.439 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo tenor es el siguiente: "JUICIO SUCESORIO INTESTAMENTARIO. ES DE CARÁCTER UNIVERSAL Y PROCEDE AMPARO INDIRECTO CONTRA LAS RESOLUCIONES QUE DECIDEN EL FONDO DE LAS TRES PRIMERAS ETAPAS DE DECLARACIÓN DE HEREDEROS, INVENTARIOS Y AVALÚOS Y DE ADMINISTRACIÓN, O QUE SEAN UN OBSTÁCULO PARA SU CONCLUSIÓN. La sucesión constituye un juicio de carácter universal y de naturaleza peculiar, puesto que en el proyecto de partición, el objeto principal es liquidar un patrimonio y adjudicarlo a una persona determinada, componiéndose de cuatro etapas: la de sucesión (que en su caso comprende declaración de validez del testamento, reconocimiento de derechos hereditarios o declaratoria de herederos y, nombramiento y remoción de albacea e interventores, así como de tutores); la de inventarios y avalúos; la de administración; y el juicio finaliza con una sentencia que se pronuncia en la cuarta y última sección, denominada de partición y adjudicación, que guarda relación con las tres anteriores, en tanto que la adjudicación se realiza a favor del declarado heredero y se transmite formalmente la propiedad de los bienes inventariados y valuados, atendiendo, en su caso, a las cuentas de la administración aprobadas durante la sección respectiva; sin embargo, conforme al principio de preclusión inherente a todo proceso judicial, al aprobarse la partición y declararse la adjudicación ya no es posible volver a analizar la totalidad de las actuaciones efectuadas dentro del juicio, sino que cada una de las secciones que lo componen se decide por separado mediante la resolución especial correspondiente, que adquiere firmeza para quienes son llamados al juicio sucesorio y tuvieron intervención como herederos; por tanto, las violaciones procesales habidas durante cada sección no son impugnables en el juicio de amparo indirecto, porque éste solamente procede contra la que decide el fondo de esa sección o representa un obstáculo para su conclusión, y excepcionalmente procederá la acción de amparo contra resoluciones que guarden autonomía o independencia de la resolución que ponga fin a la sección correspondiente". DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. DEPURACIÓN. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción dieciocho del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que se presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin el presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capítulo Quinto, último párrafo del punto Vigésimo del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al Secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos; sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que hay sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaria o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, notifico por lista de acuerdos a la parte QUEJOSA, la determinación que dice: Xalapa-Enríquez, Veracruz, trece de agosto de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por Beatriz Solís Rincón, contra actos reclamados al Juez Mixto de Primera Instancia, con sede en Huatusco, Veracruz. ACTO RECLAMADO. ". la Resolución dictada por el Aquo de fecha nueve de julio d dos mil diecinueve dentro de los autos del expediente civil 682/2018-III del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Huatusco, Veracruz, misma que resolvió el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de fecha dieciocho de junio del año dos mil diecinueve. Donde declara improcedente el recurso, confirmando el auto combatido y teniendo por presentado C. Lorenzo Alfredo Solís Rincón, deduciendo derechos hereditarios que le pudieran corresponder dentro del Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes del finado Josafat Solís Sosol." FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE en el Libro de Gobierno correspondiente bajo el número 726/2019. Ahora, este Órgano Federal analizó la demanda a la luz de las disposiciones de la Ley de Amparo, y específicamente conforme a lo previsto por los artículos 112 y 114, fracción I, que en lo referente establecen: Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. Artículo 114.- El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; Como se advierte del dispositivo mencionado, el órgano jurisdiccional mandara requerir a la promovente, cuando hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda. En ese contexto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 112 y 114, fracción I, requiérase a la promovente para que dentro del término de cinco días, contado a partir de que les sea notificado el presente proveído, exhiba un escrito de aclaración al que deberá acompañar diez copias del mismo, que son necesarias para integrar el presente asunto, en el entendido de que una es para correr traslado a la autoridad responsable, seis para los terceros interesados, una más para dar vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado y dos para abrir el incidente de suspensión. Tiene aplicación al caso la Jurisprudencia P./J.36/2001, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo." En el escrito de demanda de amparo omitió indicar el carácter con el que promueve el juicio de amparo; asimismo no se aprecia con claridad el estado procesal que guarda el expediente civil 682/2018-III del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia, con residencia en Huatusco, Veracruz. En esas condiciones, se previene a la directa promovente para que en el plazo concedido bajo protesta de decir verdad señale de manera clara y concreta lo siguiente: PRIMERO. La personalidad que tiene reconocida ante el Juzgado Mixto de Primera Instancia, con sede en Huatusco, Veracruz, dentro del juicio sucesorio intestamentario 682/2018-III. SEGUNDO. La sección en la que se encuentra el juicio sucesorio intestamentario 682/2018-III, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia, con sede en Huatusco, Veracruz, así como el estado procesal que guarda la misma, esto es, si se encuentra tramitando, o ya existe resolución en donde se haya aprobado. APERCIBIMIENTO. Apercibida que de no cumplir con el requisito anterior en el término señalado, se tendrá por no presentada la demanda, conforme a lo dispuesto por el artículo 114, párrafo segundo de la Ley de Amparo. A lo anterior, resulta aplicable, por las razones que la informan, la tesis número del epígrafe: DEMANDA DE AMPARO. PROCEDENCIA DE LA PREVENCIÓN QUE MANDA ACLARARLA. Hasta en tanto sea lo anterior, guárdense en la Secretaría de este juzgado las copias de traslado que acompañó al escrito de cuenta, para un mejor manejo del expediente. COMO DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA para oír y recibir todo tipo de notificaciones, se tiene el que señala en el escrito que se provee y por autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados José de Jesús Argüello Colorado y Domingo Torres Ruíz, quienes acorde a los lineamientos trazados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, que establece el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, cuentan con los registros número 94050 y 45020, respectivamente. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. DEPURACIÓN. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción dieciocho del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que se presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin el presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capítulo Quinto, último párrafo del punto Vigésimo del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al Secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos; sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que hay sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaria o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente.Así lo proveyó y firma Samuel René Cruz Torres, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de Julio César López Céspedes, secretario que autoriza y da fe.
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