Beatriz Santana Villa
Expediente 748/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California. 8 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 748/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 28/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Beatriz Santana Villa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Mexicali, Baja California, veintiocho de abril de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de quince días previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de inconformidad en contra del proveído de quince de marzo de dos mil veintidós, en el que se declaró imposibilidad jurídica de dar cumplimiento al fallo protector, toda vez que la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California, dentro del juicio laboral ******************** de su índice, informó que las partes celebraron convenio, dando por terminado el asunto laboral, por lo cual se impidió jurídicamente que la junta responsable llevara a cabo el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. En atención a lo anterior, remítase el presente juicio de amparo al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito en turno, a fin de que determine lo que en derecho corresponda, previo cuaderno de antecedes que forme y quede en sustitución del original.
- Principal
Mexicali, Baja California, a veintinueve de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta enviado por el Magistrado Titular del Juzgado Primero del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, con sede en esta ciudad, mediante el cual adjunta sentencia definitiva de veinte de junio de dos mil veintidós, dictada en el expediente 502/2019 de su índice, así como la notificación de la misma a las partes, por lo que manifiesta que cesaron los efectos del acto reclamado. -Actualización de causal de improcedencia- Por tanto, en estricto acatamiento a lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, este Juzgador advierte de manera notoria la existencia de una causa de improcedencia que determina el sobreseimiento en el presente juicio fuera de audiencia, como lo señala el precepto 63, fracción V, de la citada ley, que se invoca de oficio y fuera de audiencia, por tratarse de una cuestión de orden público. En ese contexto, del oficio de cuenta, así como de las constancias que se adjuntan a éste, consistentes en copia certificada de la sentencia definitiva de veinte de junio de dos mil veintidós, dictada en el expediente 502/2019, de la estadística de la autoridad responsable de mérito, así como la notificación de la misma a las partes, las que merecen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2, se obtiene que el veinte de junio de dos mil veintidós, dictó sentencia definitiva en el expediente 502/2019 de su índice y la notificó a las partes. Actuaciones de las cuales se desprende que cesaron los efectos del acto reclamado, por lo que se debe sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia, de conformidad con el artículo 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Se cita al respecto el criterio jurisprudencial 814 que se localiza en la página 553 del Tomo VI de la materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la federación de 1917 a 1995, de la Octava Época, con registro 394770, instancia Tribunales Colegiados de Circuito, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO." Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En efecto, el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo vigente, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." [...]" En sustento de lo anterior, es pertinente citar que desde el punto de vista del juicio de amparo, el efecto del acto reclamado es la producción de consecuencias jurídicas que, fundada o infundadamente, supone la parte quejosa que son violatorias de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y que consecuentemente, impugna mediante el juicio de amparo. Por ello, si cesa la producción de dichas consecuencias jurídicas y la supuesta violación cuya impugnación originó el juicio de amparo, aparece la imposibilidad de lograr el objeto perseguido por éste, señalado en el artículo 77 de la Ley de Amparo. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también como la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por el numeral 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó el criterio en el que interpretó un numeral y fracción de idéntica redacción correspondiente a la derogada Ley de Amparo, que está plasmado en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, compilada en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Pues bien, se afirma que se actualiza dicha causal de improcedencia, en virtud de que el quejoso hace consistir sustancialmente el acto reclamado en la omisión de dictar sentencia definitiva en el juicio 502/2019 del índice de la autoridad responsable; empero, de las copias certificadas que se agregan en el presente auto, se desprende que el veinte de junio de dos mil veintidós, el Magistrado Titular del Juzgado Primero del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Baja California, dictó sentencia definitiva en el citado juicio de origen y la notificó a las partes. Por lo que, al haber dictado sentencia definitiva y notificarla a las partes, cesaron en consecuencia los efectos del acto reclamado, desapareciendo del mundo fáctico y jurídico, además también desaparecieron sus consecuencias, cesación de efectos que trajo como consecuencia directa que volvieran las cosas al estado que guardaban antes de su omisión. Con lo anterior, la esfera jurídica de la parte quejosa quedó intocada como si el acto reclamado nunca se hubiese desarrollado, de ahí la actualización de la causal de improcedencia en estudio. En estas condiciones, al evidenciarse que los efectos del acto reclamado en este juicio constitucional han desaparecido o han quedado destruidos en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es que se actualiza la referida causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo, por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 63, fracción V, del diverso de la misma ley, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Lo anterior se desprende de la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Apoya lo expuesto, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, tesis 2a./J. 9/98, página 210, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Como corolario a lo anterior, cabe indicar que el hecho de que se actualice la causal de improcedencia indicada, y que por ello no sea dable analizar el fondo del asunto planteado, deriva del establecimiento de requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales estén en aptitud de analizar el fondo de los argumentos propuestos en una demanda de amparo (causales de improcedencia), lo cual no constituye en sí mismo una violación al derecho humano al recurso efectivo reconocido tanto en la Constitución Federal como en los tratados internacionales, puesto que así lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis CCLXXV/2012 (10a.), visible en el Semanario Judicial y su Gaceta, décima época, libro XV, diciembre de dos mil doce, tomo 1, página 525, de rubro siguiente: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL" El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano". En efecto, aunque es verdad que las reformas efectuadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, implicaron un cambio en el sistema jurídico mexicano, no deja de ser menos cierto que tal circunstancia no significa que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia conforme a las disposiciones que se encuentran vigentes, sino que solo tienen la obligación de aplicar los instrumentos internacionales cuando estos otorguen una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica en estudio, en cuyo caso lo plasmarán así en el fallo relativo; sin embargo, ello no conlleva a que los tribunales deban resolver invariablemente el fondo del asunto cuando no se superan los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis LXXXII/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, libro XIV, noviembre de dos mil doce, tomo 2, página 1587, de rubro siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA O PRO HOMINE. FORMA EN QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES DEBEN DESEMPEÑAR SUS ATRIBUCIONES Y FACULTADES A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011" Si bien la reforma indicada implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica que se analice, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, ya que de hacerlo se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función". Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, febrero de dos mil catorce, página 487, en cuyo rubro señala: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA" Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente". En consecuencia, se procede a decretar el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo promovido por Beatriz Santana Villa. Por tal motivo, SE DEJA SIN EFECTO LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL señalada para las once horas con veintisiete minutos del doce de septiembre de dos mil veintidós. Para el cumplimiento al presente proveído, se instruye al actuario judicial realice las acciones correspondientes conforme a la ley aplicable con los oficios correspondientes. Notifíquese personalmente.
- Principal
Vista la constancia secretarial de cuenta, así como el estado de autos se advierte que el oficio 28747/2022, dirigido al Juzgado Primero del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California, mediante el cual se le concedió prórroga de tres días a fin de que remita copia certificada de las constancias solicitadas en autos, se encuentra en vías de notificación. Por tanto, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia incidental señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON VEINTISIETE MINUTOS DEL DOCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su desahogo.
- Principal
Mexicali, Baja California, veinte de julio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la autoridad responsable Juzgado Primero del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California, al rendir su informe justificado manifestó ser cierto el acto que de ella se reclama; sin embargo, no allegó las constancias del juicio de origen, mismas que son necesarias para resolver el presente juicio de amparo. Por tal motivo, de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 75 de la Ley de Amparo, se requiere a las referidas autoridades para que, dentro del plazo de tres días, previsto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, contados a partir de la notificación del presente proveído, remitan copia certificada de las constancias relativas a los antecedentes del acto reclamado, entre ellas, demanda, auto de radicación, audiencia de conciliación, demanda y excepciones, toda vez que se consideran necesarias para la resolución del presente asunto. Apercibidos que de no hacerlo así dentro de dicho término, se les impondrá una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos, 00/100 moneda nacional), conforme lo establecido en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el ordinal 26, apartado B, sexto párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. -Diferimiento- Por lo anterior, lo procedente es diferir la audiencia constitucional señalada para esta data, y se fijan las diez horas con diez minutos del dieciocho de agosto de dos mil veintidós para su verificativo. Por último, en caso que alguna de las autoridades responsables tenga cerradas sus instalaciones y por ello no sea dable entregar el oficio respectivo, con fundamento en el principio de economía procesal previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se comisiona al Actuario Judicial Federal de la adscripción mantener en su resguardo el comunicado oficial y una vez que se reanuden las actividades laborales correspondientes se constituya al local de las mismas y haga entrega.
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