Beatriz Romero Galeana

Expediente 889/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 11 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
889/2020
Año
2020
Actuaciones
11
Última actuación
24/11/2021

Partes del expediente

  • Beatriz Romero Galeana
  • Magistrado Suplente de la Primera Sala de Instrucción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos; veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación asentada por la secretaria de este juzgado, se advierte que la parte quejosa no recurrió la sentencia dictada el seis de octubre de dos mil veintiuno, en la que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por el citado numeral 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos sus efectos legales. Archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO CONCLUIDO, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. Calificación del destino del expediente. Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 18, apartado I, fracción b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, toda vez que el presente expediente no tiene relevancia documental, se determina que es susceptible de DEPURACIÓN. En consecuencia, transcurridos los tres años, contados a partir de esta data, y dentro los noventa días siguientes, a que se refiere el artículo 18, párrafos segundo y tercero, del Acuerdo General citado, procédase a la depuración del presente expediente, por lo que únicamente deberá de conservarse la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia y el auto por el cual causó ejecutoria dicha sentencia; hecho lo anterior, solicítese su transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. No se tramitó incidente de suspensión. Resolución a disposición para consulta. Asimismo, en virtud de que la parte quejosa no realizó manifestación respecto si se oponía a la publicación de su nombre y datos personales en la sentencia que llegara a dictarse en el presente asunto; hágase de su conocimiento que la resolución dictada en este juicio de amparo, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo solicite, conforme al procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de publicación de datos personales, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el ocho de mayo de dos mil quince, en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que señalan los artículos 117 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos; dieciocho de octubre de dos mil veintiuno. Vista la razón del actuario adscrito a este Juzgado de Distrito, en la que expone los motivos por los que no le fue posible notificar la sentencia de seis de octubre del año en curso, a la quejosa ********; en consecuencia, practíquese la notificación de referencia, así como las subsecuentes, aún las de carácter personal, por medio de la lista que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional, en los términos de lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Notifíquese. Sentencia de 06/10/2021: V I S T O S para resolver los autos relativos al juicio de amparo 889/2020 y; R E S U L T A N D O: Por escrito recibido el trece de octubre de dos mil veinte, ante el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca y remitido el día siguiente por razón de turno a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, ********, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por el acto que precisó en su demanda. SEGUNDO. Preceptos constitucionales que se estiman violados. Artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. Mediante acuerdo de quince de octubre de dos mil veinte, se radicó la demanda con el número 889/2020, se admitió la demanda de amparo, se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención legal que le compete, se solicitó a la autoridad señalada como responsable su informe justificado y se señaló fecha para la audiencia constitucional. Por autos de once de diciembre de dos mil veinte y siete de abril de dos mil veintiuno se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 103 y 107 constitucionales, 33 fracción IV, 35, 37, primer párrafo y 107, fracción IV de la Ley de Amparo, 49 y 57, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y conforme a lo previsto en los Acuerdos Generales 3/2013 y 32/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, y treinta de septiembre de dos mil catorce, respectivamente, en virtud de que se reclama un acto atribuible a una autoridad que tiene su residencia oficial dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado es: La resolución interlocutoria de nueve de septiembre de dos mil veinte, dictada en el expediente administrativo ********, por el Magistrado Suplente de la Primera Sala de Instrucción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, en la que se resolvió infundado el recurso de reconsideración y se confirmó la negativa de otorgar la suspensión de los actos impugnados. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Se tiene por cierto el acto reclamado, ya que la autoridad señalada como responsable lo aceptó al rendir su informe justificado. Aunado a lo anterior, la certeza de dicho acto se corrobora con las constancias remitidas por el Magistrado Titular de la Sala correspondiente, documentales a las que se les confiere pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, toda vez que fueron expedidas por un funcionario público en ejercicio de sus atribuciones; aseveración y documental que se estiman suficientes para acreditar la existencia del acto reclamado. CUARTO. Causas de improcedencia. Con apoyo en el artículo 62 de la Ley de Amparo, previamente al estudio de fondo del asunto, se analizan las causales de improcedencia, sea que las hagan valer las partes, o de oficio se advierta su actualización, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente. En atención a ello y analizada la demanda de amparo en su integridad, así como las constancias que obran en autos, no se advierte que las partes hayan invocado causal de improcedencia alguna, ni esta juzgadora advierte de oficio su actualización. En consecuencia, procede el estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. QUINTO. Estudio del acto reclamado. La quejosa hace valer, en síntesis, los siguientes conceptos de violación: I. El magistrado de la sala no fundamentó ni motivó la resolución combatida. II. La autoridad responsable dejó de motivar debidamente la resolución reclamada, toda vez que inobservó lo establecido en el artículo 58 de la Ley de Transporte del Estado de Morelos, en el que se refiere que al realizar el pago de renovación de concesión, ésta queda renovada por diez años. III. Asimismo, la responsable realizó un análisis erróneo de los actos impugnados, ya que se reclamó una orden verbal, que constituye un acto positivo y no uno negativo, por lo que el motivo que tomó en consideración la responsable para determinar la negativa de la suspensión es inexistente. IV. La Sala responsable indicó que, de concederse la suspensión, se contravendrían disposiciones de orden público y se causaría perjuicio al interés social, sin precisar con exactitud cuál de las cuatro hipótesis establecidas en el artículo 110 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, encuadra al caso en particular. V. Por otra parte, el Magistrado responsable pasó por alto que la inconforme sí cumple con lo dispuesto en el artículo 58 de la Ley de Transporte del Estado de Morelos, lo que se corrobora con el tarjetón de autorización para prestar el servicio de transporte público y la tarjeta de circulación vehicular de servicio público. VI. Finalmente, la autoridad responsable citó en su resolución el artículo 76 de la Ley de Transporte en el Estado de Morelos, sin que tenga relación alguna con los actos que se impugnan. En primer lugar es inexacto el concepto de violación en donde se alega falta de fundamentación y motivación, toda vez que la autoridad sí expuso las razones y fundamentos que tomó en consideración al momento de resolver la incidencia. Al respecto, la sala responsable declaró fundado el motivo de agravio relativo a que en el auto impugnado no se expusieron las razones por las cuales se negó la suspensión; dejó sin efectos la porción relativa y se pronunció sobre la suspensión solicitada en el sentido de que en términos del artículo 11 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado se negaba la suspensión pues el solicitante no acreditó tener un permiso o autorización emitido por autoridad competente que le permita explotar y operar servicios de transporte público, de conformidad con la fracción II del artículo 2, en relación con los diversos 44, 45 y 46 de la Ley de Transporte del Estado, sin que esa autoridad sea la competente para otorgar un permiso o concesión para transporte público; asimismo, que si bien la accionante adujo contar con una cesión hasta el año 2028, anexando recibo de pago, sin embargo, ese documento no es idóneo para demostrar que cuenta con el título de concesión; habida cuenta que el artículo 2 de la Ley de Transporte del Estado describe lo que es una concesión, anotando que es un título que a través de un acto administrativo otorga el Gobernador Constitucional del Estado a personas físicas o morales, y que confiere el derecho de explotar y operar los Servicios de Transporte público; y concesionario, a la persona jurídica individual o colectiva titular de una concesión por haber cubierto los requisitos. Agregó que la accionante al no exhibir ese documento entonces carece de los atributos que se replican en el artículo 44 del mismo ordenamiento. Concluyendo que no puede prestarse el servicio de pasajeros sin itinerario fijo conforme a los artículos 32, 33, fracción II de la ley de la materia; porque de darse así se contravendrían disposiciones de orden público e interés social como es que la sociedad quien preste el servicio sea aquella persona que cumple los requisitos que la ley determina (artículos 2, fracciones II y III; 32, 33, fracción II de la ley aplicable). De lo que se sigue que sí expuso las razones y fundamentos que sustentan su decisión, por tanto, deviene infundado el concepto de violación en comento. Por otra parte, el concepto de violación II, resulta inoperante, toda vez que la autoridad administrativa contestó dicho argumento en el sentido de que, si bien es cierto que la accionante adujo contar con la concesión para prestar el servicio de transporte público sin itinerario fijo, anexando recibo de pago al respecto, ese documento por sí mismo no es idóneo para demostrar que cuenta con el título de concesión vigente, atendiendo a que el artículo 2 de la Ley de Transporte del Estado de Morelos describe lo que es una concesión; cuestión que no es controvertida en los conceptos de violación que nos ocupan, esto es, por qué resulta ilegal tal determinación, ni las razones por las cuales su documento sí le confiere un derecho de conformidad a la ley o algún razonamiento al respecto. Apoya en lo conducente la jurisprudencia siguiente: Registro digital: 191572 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Común Tesis: I.6o.C. J/15 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XII, Julio de 2000, página 621 Tipo: Jurisprudencia CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES, CUANDO NO ATACAN LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA IMPUGNADA. Los conceptos de violación resultan inoperantes si los argumentos que aduce la quejosa no atacan las consideraciones de la sentencia impugnada". Asimismo, los conceptos de violación III, IV, V y VI son inoperantes, toda vez que de la lectura íntegra realizada la resolución reclamada se observa que dichos argumentos no fueron sostenidos por la autoridad señalada como responsable, ya que únicamente se basó en el hecho de que la inconforme no acreditó contar con un permiso o autorización emitido por la autoridad competente que le permita explotar y operar servicios de transporte público; además de que, el recibo de pago exhibido no sustituye ni demuestra que cuenta con el título de concesión vigente. Resulta aplicable la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: Registro digital: 2001825 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 108/2012 (10a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 3, página 1326 Tipo: Jurisprudencia "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE SUSTENTAN EN PREMISAS FALSAS. Los agravios cuya construcción parte de premisas falsas son inoperantes, ya que a ningún fin práctico conduciría su análisis y calificación, pues al partir de una suposición que no resultó verdadera, su conclusión resulta ineficaz para obtener la revocación de la sentencia recurrida". Atento a todo lo anterior, al ser ineficaces los conceptos de violación, sin que se actualice motivo alguno para suplir la deficiencia de la queja, lo procedente es negar el amparo solicitado. SEXTO. Publicidad. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace la precisión que no serán objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas de la presente sentencia. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 73 a 77 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ******, por las razones expuestas en el considerando quinto de este fallo. Notifíquese personalmente

  3. Principal

    Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 73 a 77 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a *********, por las razones expuestas en el considerando quinto de este fallo. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos; uno de junio de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio de la Magistrado Titular de la Primera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, por medio del cual en cumplimiento al requerimiento de veinte de mayo de dos mil veintiuno, remite copia certificada de las constancias requeridas. Atento a lo anterior, agréguese a los autos el oficio y la documental descrita, la cual con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por admitida y desahogada dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional que al efecto se celebre. En consecuencia, dése vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga. Notifíquese.

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