Beatriz Rodríguez García

Expediente 1368/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 8 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1368/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Beatriz Rodríguez García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    A la vista, los autos, para resolver en sentencia, el juicio de amparo indirecto número 1368/2023, promovido por Beatriz Rodríguez García, por propio derecho, contra actos de la Directora de la Universidad Colegio Americano de Tlaxcala, Asociación Civil; y, R E S U L T A N D OS: PRIMERO. Por escrito presentado el ocho de septiembre de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, y por razón de turno, en la misma fecha, a este órgano jurisdiccional, Beatriz Rodríguez García por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por el acto siguiente: AUTORIDADES RESPONSABLES: Directora de la Universidad Colegio Americano de Tlaxcala, Asociación Civil ACTO RECLAMADO: La dilación y omisión de entregar el título profesional de la Licenciatura en Derecho. SEGUNDO. Trámite del Juicio de Amparo. Por auto de once de septiembre de dos mil veintitrés, se radicó el juicio de amparo, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó informe justificado a la autoridad responsable; se dio la intervención que le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo en los términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, 35, 37 y 107, fracción VII de la Ley de Amparo; y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, relacionados con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como su adición contenida en el diverso acuerdo 3/2021 difundido en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de abril de dos mil veintiuno, en virtud de que las autoridades a quien se les reprochan tienen su residencia dentro de la jurisdicción territorial de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión de los Actos Reclamados. Del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado destacado lo siguiente: La dilación y omisión de entregar el título profesional de la Licenciatura en Derecho. TERCERO Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable al rendir el informe justificado, negó la existencia del acto a ella reclamado, sin embargo realizó manifestaciones que hacen presumir su existencia, de ahí que deba tenerse por cierto el acto reclamado a ella atribuido, lo que se corrobora con las copias certificadas de diversas constancias relativas y relacionadas con la omisión aquí reclamada, mismas que remitiera la responsable en vía de anexos. Copias certificadas que cuentan con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, al haber sido autentificadas por funcionario público en ejercicio de sus funciones. CUARTO. Causales de improcedencia. La autoridad responsable considera que en el caso sobreviene la causal de improcedencia pues refiere que a dicha institución educativa, no le reviste el carácter de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, pues refiere que únicamente es intermediaria entre la aquí quejosa y la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, y que solo gestiona y apoya con los trámites administrativos que debe realizar por su iniciativa y naturaleza. Asimismo refiere que, al ser una universidad particular, no le reviste el carácter de autoridad responsable para la procedencia del juicio de amparo Se desestima la anterior causal de improcedencia. Lo anterior se sostiene en esos términos pues, en el particular, existe jurisprudencia temática y obligatoria para esta Juzgadora Federal por parte de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la cual determinó que las universidades privadas, al omitir tramitar y entregar un título profesional, se equiparan a una autoridad para efectos del juicio de amparo, criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 43/2023 (11a.), publicado en la Undécima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 27, Julio de 2023, Tomo II, página 1318, Materias(s): Común, de rubro siguiente: "UNIVERSIDADES PRIVADAS. EN ACTOS RELACIONADOS CON LA OMISIÓN DE TRAMITAR Y REALIZAR LA ENTREGA DE UN TÍTULO PROFESIONAL, SE EQUIPARAN A UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO." De ahí lo inatendible de la causal de improcedencia hecha valer. QUINTO. Constitucionalidad del acto reclamado. Es fundado el concepto de violación, hecho valer por la parte quejosa con causa de pedir, de ahí que deba concederse el amparo y protección de la justicia federal solicitada. En dicho concepto de violación, la parte quejosa refiere que la responsable violenta en su contra los derechos protegidos en los artículos 3 y 5, de la Constitución Federal, pues se le está violentando su derecho a ejercer la profesión y seguridad jurídica. Asiste razón jurídica a la parte quejosa. En principio conviene precisar que los artículos 3 y 5º de la Constitución Federal establecen en principio la obligación a cargo del Estado de proporcionar educación básica, media superior y superior, asimismo que a ninguna persona se le puede impedir dedicarse a la actividad o profesión que decida, siempre que sea lícita y que las leyes estatales habrán de determinar las profesiones condicionadas a la exigencia de un título para su ejercicio profesional, así como los requisitos que deben cumplirse y las autoridades facultadas para emitirlos, conformando así tales postulados el derecho de seguridad educativa. Por su parte los diversos 141 y 146 de la Ley General de Educación, el diverso 152 de la Ley de Educación del Estado de Tlaxcala, y el 8 de la Ley de Profesiones del Estado de Tlaxcala, relacionados establecen en principio que los estudios realizados dentro del marco del sistema educativo nacional o estatal tendrán validez en toda la República, asimismo que las instituciones pertenecientes al Sistema Educativo Nacional o estatal que prestan servicios de educación que corresponden de forma originaria al Estado, se encuentran facultadas para expedir certificados, diplomas o títulos académicos a las personas que hayan concluido los estudios que imparten. De igual forma debe precisarse que el título profesional es un documento expedido, por Instituciones de Educación Media Superior y Superior, autorizando la ley a los particulares para que bajo ciertos requisitos impartan el servicio de educación con autorización oficial -que primigeniamente le corresponde al Estado-, e incluso los considera como parte del Sistema Educativo Nacional, siendo sus funciones las determinadas en las normas que les confieren atribuciones para actuar. Establecido lo anterior, se tiene que en el caso al promover el presente juicio de amparo anexó diversas constancias certificadas ante notario público de recibos de pagos y entre las cuales destacan los recibos de pago, con número de folio 2597, del Colegio Americano de Tlaxcala, Asociación Civil, por la cantidad de once mil pesos, cero centavos, moneda nacional, a nombre de la alumna Beatriz Rodríguez García, y se encuentra marcada el concepto de titulación de cinco de mayo de dos mil veinte, y el diverso por la misma cantidad de once mil pesos, cero centavos, moneda nacional, por concepto de pago de titulación de licenciatura en derecho de diecisiete de mayo de dos mil veintitrés y que en el rubro No aparece 2/2, con el sello que se lee UCAT incorporado a la UPAV, también de Beatriz Rodríguez García. De igual forma se destaca la constancia de terminación de servicio social de veintiuno de febrero de dos mil veinte, signada por el Director de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento de Cuapiaxtla, Tlaxcala, y que hace constar que la ahora quejosa concluyó satisfactoriamente su servicio social en el periodo dos de septiembre de dos mil diecinueve a diecinueve de febrero de dos mil veinte, constancia en la cual aparece estampado el sello de la Universidad aquí autoridad responsable y la leyenda recibí original. Asimismo la "constancia de pago por titulación", expedida por Cristina Claudia Díaz Luna, en su carácter de Directora de la Universidad Colegio Americano de Tlaxcala Asociación Civil, de diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, de la cual se advierte que en lo que interesa hizo constar la referida directora, que la ahora quejosa Beatriz Rodríguez García, con número de matrícula PCAT18LDE0295, se encontraba en proceso los trámites administrativos correspondientes de dicha universidad, y que la referida Rodríguez García, se encontraba en espera de recibir su título universitario a partir del veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, ".puesto que se encuentra en trámite de legalización para poder avalar dicho nivel educativo.". Documentales que, la autoridad responsable no objetó, ni refutó de falsa, en consecuencia al afirmarse en el último documento precisado, que la quejosa, se encontraba en espera de recibir su título universitario el cual se encontraba en trámite de legalización para poder avalar dicho nivel educativo, es que se estima que la quejosa había cumplido con los requisitos establecidos para la obtención de su título profesional, y por tanto, la autoridad responsable tiene la obligación de expedirle dicho documento, pues la omisión de entrega del citado documento afecta el derecho al trabajo de la impetrante. Ello es así, en virtud que la entrega del citado Título Universitario, constituye el último paso del sistema de educación superior que avala y da certeza jurídica sobre los conocimientos adquiridos por la quejosa y que, de no entregarse, no acredita sus conocimientos de la licenciatura cursada, lo que le impide desempeñar la profesión que estudió y acreditó ante la institución educativa responsable, con la consecuente afectación a su plan de vida elegido. Lo anterior, porque el derecho de educación no se satisface con haber cursado los estudios correspondientes, sino que es indispensable que se entregue el documento oficial que avale los conocimientos adquiridos, como lo es el título profesional, a efecto de poder ejercer la profesión. Ahora bien, no se deja de lado el hecho de que al rendir su correspondiente informe justificado la autoridad responsable señaló que la demora en la expedición del título profesional de la quejosa, obedece a que la falta de pago total de derechos para la expedición del título y demás documentos, así como la falta del complemento de servicio social de la ahora quejosa, por tanto sostiene incumple totalmente con su requisito total de titulación, y que por ello, no se ha podido cumplir con el trámite. Sin embargo, esta Juzgadora Federal considera en principio por cuanto hace al servicio social, obra constancia de terminación de servicio social de veintiuno de febrero de dos mil veinte, signada por el Director de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento de Cuapiaxtla, Tlaxcala, y que hace constar que la ahora quejosa concluyó satisfactoriamente su servicio social en el periodo dos de septiembre de dos mil diecinueve a diecinueve de febrero de dos mil veinte, constancia en la cual aparece estampado el sello de la Universidad aquí autoridad responsable y la leyenda recibí original, sin que se advierta en autos que se le hubiera informado en tiempo que, con dicha constancia, no cubría tal requisito. Se desvirtúa por lo menos lo referido a la falta del requisito del servicio social de la ahora quejosa. Asimismo, se estima que al haber entregado la responsable a la aquí quejosa una "constancia de pago por titulación", expedida precisamente por Cristina Claudia Díaz Luna, en su carácter de Directora de la Universidad Colegio Americano de Tlaxcala Asociación Civil, de diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, en la cual hizo constar que Beatriz Rodríguez García, se encontraba en espera de recibir su título universitario a partir del veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, ".puesto que se encuentra en trámite de legalización para poder avalar dicho nivel educativo.". Por tanto, esta Juzgadora Federal, considera que derivado de lo establecido en la referida "constancia de pago por titulación", se logra advertir que la ahora quejosa había concluido el programa académico y que únicamente se estaba en espera de que el Título Universitario fuera legalizado, esto es, ya cuenta con el derecho a obtener el título profesional respectivo, por tanto, la Universidad responsable podrá exigir a la ahora quejosa, cubrir los pagos de derechos que se encuentren justificados. En consecuencia, al resultar fundado el concepto de violación hecho valer, procede concederle el amparo y protección de la Justicia Federal, para el siguiente: EFECTOS: Que la autoridad responsable, realice los actos y gestiones necesarias para que continúe y concluya el procedimiento de expedición del título universitario en favor de la aquí quejosa, sin que ello implique que automática e invariablemente se expida el referido documento, sino hacer que cese cualquier omisión, paralización o retraso injustificado en la continuación y resolución del trámite respectivo. SEXTO. Calificación de la concesión. El análisis realizado para la protección del amparo y protección de la Justicia Federal, atendió a un estudio de forma del acto que constituyó la Litis en el presente juicio. SÉPTIMO. Publicación de sentencia. De conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, genérese la versión pública, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y agréguese al expediente el acuse de recibo, asimismo, al hacerse pública la presente sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición para la publicación de sus datos personales, de conformidad con el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de dicha ley; y el precitado Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. OCTAVO. Expedición de copias. Por otra parte, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, sin necesidad de acuerdo posterior, expídase copia certificada de esta sentencia a la parte que acredite estar legitimada para su recepción, previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos, para debida constancia. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 1°, 103, 107 de la constitución federal; 73 y 74 de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se: R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a por Beatriz Rodríguez García por propio derecho, contra la autoridad y por el acto que fue precisado en el resultando primero y considerando segundo de esta sentencia, por las razones y para los efectos expuestos en el considerando quinto del presente fallo. SEGUNDO. Atento a lo expuesto en el considerando sexto de este fallo, se califica que la concesión otorgada atendió a un estudio de forma. TERCERO. Captúrese la presente sentencia, genérese la versión pública y, agréguese el acuse de recibo. CUARTO. Entréguese copia autorizada de esta sentencia a la parte que lo solicite, previo pago y razón que por su recibo se deje en autos. Así lo resolvió y firma, Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, Tlaxcala, el día de hoy veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés, ante el Licenciado Rolando Cruz Delfín, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a siete de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación que antecede, de los que se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para este día, en virtud de que transcurre el término de ocho días concedido a las partes mediante proveído de seis de octubre de dos mil veintitrés, para imponerse del informe justificado rendido por la Escuela Colegio Americano de Tlaxcala A.C. (UCAT). Por tanto, para dar margen a lo anterior, y no transgredir las reglas esenciales que rigen el juicio de amparo, y no dejar en estado de indefensión a las partes, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha y se fijan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA Y OCHO MINUTOS DEL CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su verificativo. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante el Secretario de Juzgado Rolando Cruz Delfín, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a veintisiete de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito signado por la quejosa ********************, mediante el cual desahoga la vista otorgada en auto de seis de octubre de dos mil veintitrés, relativa al informe justificado de la autoridad responsable a Colegio Americano de Tlaxcala A.C. (UCAT); por tanto, con fundamento en el artículo 117 primer párrafo de la Ley de Amparo, se le tienen por hechas sus manifestaciones, sin perjuicio de hacer relación de las mismas en la audiencia constitucional. Por otra parte, téngase como prueba de su parte las documentales que adjunta a su escrito, consistentes en constancias relativas al servicio social de la quejosa en la Dirección del Ayuntamiento de Cuapiaxtla, Tlaxcala, sin perjuicio de hacer relación de los mismos en audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante el Secretario de Juzgado Rolando Cruz Delfín, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a diez de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de la Juez Primero Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, mediante el cual en cumplimiento a lo requerido en autos remite copia certificada del expediente 525/2021 de su índice, relativo a la vía de jurisdicción voluntaria, diligencias de ofrecimiento de pago, seguido de consignación del bien debido; asimismo, informa que a esta fecha no se ha dictado resolución respecto del recurso de revocación planteado por la aquí quejosa y hace del conocimiento que el apoderado legal de la Secretaría de Salud del Estado de Tlaxcala y Órgano Público Desconcentrado, interpuso incidente penal en cuestiones civiles, el cual se admitió a trámite con suspensión del procedimiento. Atento a lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes y se tienen por recibidas dichas constanciasi solicitadas a petición de la tercero interesada María Angélica Temoltzi Durante y/o María Angélica Temoltzin Durante, con las cuales se ordena dar vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga dentro del plazo de ocho días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional. Dada la voluminosidad de las constancias enviadas, se ordena abrir cuadernos de pruebas identificados como tomo III, para un mejor manejo. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante el Secretario de Juzgado Jordy Santos Ávila, que autoriza y da fe.

Quedan 4 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · 8,910 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano