Beatriz Reza Fonseca

Expediente 636/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
636/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
21/09/2021

Partes del expediente

  • Beatriz Reza Fonseca

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    XII... Agréguese el oficio del Tribunal Unitario Agrario Distrito 23, por medio del cual acusa recibo de las constancias que le fueron remitidas.

  2. Principal

    XII... Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que feneció el plazo que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra el auto que sobreseyó en el juicio de amparo fuera de audiencia; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. Hágase las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y archívese el presente asunto. De conformidad con los capítulos cuarto, artículo 14 y octavo artículo 21 inciso a), ambos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este expediente se considera susceptible de destrucción. Finalmente, devuélvase al Tribunal Unitario Agrario de Distrito 23, las documentales allegadas en apoyo a su informe con justificación (un tomo), solicitando el acuse de recibo, dentro del plazo de tres días legalmente computado, al tratarse de constancias originales. Apercibida...

  3. Principal

    XII... Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene a la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario Distrito 23, rindiendo su informe justificado. Con sustento en el numeral 119 del mismo ordenamiento jurídico, se admiten y desahogan por propia y especial naturaleza las documentales que se exhiben, fórmese un anexo por separado, respetando el folio y sellos correspondientes. Ahora bien, de las documentales que allegó, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado. Ahora bien, dicha figura prevé dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto ocurre cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. Mientras que el segundo, se actualiza al sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de su insubsistencia, ya que es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En esas condiciones, debe decirse que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. La improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir por su parte, lo que éste exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, no existe motivo para la resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia.... En ese tenor, se concluye que han cesado los efectos del acto reclamado, pues al haberse dictado el referido proveído, se ha dejado de afectar la esfera jurídica del solicitante del amparo, por ello, con fundamento en los artículos 61, fracción XXI, y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, SE SOBRESEE fuera de audiencia en el presente juicio. Como consecuencia de dicha determinación, quien resuelve se encuentra impedido para analizar los conceptos de violación y, por ende, el fondo de la litis constitucional planteada. Se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cuarenta minutos del treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno. Asimismo, no es óbice que en esta fecha se reciba el informe justificado de la responsable y se omita dar vista a las partes, pues en el caso se actualiza una causa de improcedencia de manera notable y manifiesta, por ende, aunque se les otorgara la vista que establece el párrafo segundo del artículo 117, de la Ley de Amparo, en nada les beneficiaría, pues se retrasaría la solución definitiva del presente asunto en contravención al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que tutela el derecho fundamental de acceso a una justicia pronta y expedita; aunado a que dicha improcedencia no podría ser desvirtuada por la parte quejosa. Por otra parte, no ha lugar a dar vista a la parte quejosa con la respuesta emitida por la autoridad responsable, a través del proveído de quince de julio de dos mil veintiuno, por el que radicó la demanda agraria presentada por la quejosa dentro del juicio de origen, en virtud que cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación al derecho de petición, cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional o seguido en forma de juicio, el actuar de la autoridad se rige por lo dispuesto tanto en los artículos 14 y 17 constitucionales, como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria. En razón de ello, por regla general, el amparo indirecto sería improcedente, pues si se trata exclusivamente de un reclamo dentro de un procedimiento respecto al derecho de petición, el cual no deja sin defensa al quejoso ni puede verse de forma autónoma, debe considerarse que se trata de una violación de carácter adjetivo conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada....

  4. Principal

    XII... Visto el estado procesal de autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo de quince días que establece el párrafo segundo, del artículo 117, de la Ley de Amparo para que la autoridad responsable Tribunal Unitario Agrario Distrito 23, rinda su informe justificado; por ello, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y, en su lugar se fijan, las diez horas con cuarenta minutos del treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno.

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