Beatriz Reyes Figueroa
Expediente 1575/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1575/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 20/10/2017
Partes del expediente
- Beatriz Reyes Figueroa
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el auto que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental.
- Principal
RADICACIÓN Y REGISTRO. Vista la demanda promovida por **********, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 1575/2017-II-A. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Del análisis al escrito de demanda se desprende que el quejoso sustancialmente reclama: La dilación procesal en que incurre la responsable al abstenerse de celebrar la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en los plazos fijados en la ley federal del trabajo, en autos del juicio laboral **********. Sentado lo anterior, este juzgado de Distrito, estima que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 107, fracción V, interpretado en sentido contrario y 113, todos de la Ley de Amparo, Lo anterior es así, ya que el Pleno de nuestro máximo Tribunal ha sostenido que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando como consecuencia de ellos se afecta de manera cierta e inmediata, alguno de los derechos sustantivos del hombre, como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, porque esa afectación o sus efectos, no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones. En estos casos, la justicia federal debe intervenir sin demora, a través del juicio de amparo indirecto sin tener que esperar a que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento, porque las consecuencias de la violación cometida no desaparecerían en tales hipótesis, aunque el afectado obtuviese sentencia favorable a sus intereses. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación, aquellos que tienen como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales. La razón de ser de dichos derechos encuentra su fin último en la obtención de una sentencia favorable, por lo que si esto sucede los efectos de la violación procesal son reparados y desaparecen en la realidad, dejando intacta la esfera jurídica del afectado al no alterarse ningún derecho sustantivo. Por esta razón, es necesario esperar hasta el dictado de la sentencia para poder combatirlos mediante el juicio de amparo directo ante el Tribunal Colegiado de Circuito, siempre que, como ya se dijo, afecten las defensas del quejoso y trasciendan al resultado del fallo adverso. En el caso, se está en presencia de actos que no tienen sobre la persona o las cosas de la parte quejosa una ejecución de imposible reparación, y por ende, la determinación reclamada, no legitima la promoción del juicio de amparo indirecto Lo anterior, pues solamente produciría efectos en contra de derechos adjetivos, sin atacar sus derechos sustantivos de forma tal que el perjuicio irrogado podría ser reparado por un acto jurídico posterior, ello tomando en consideración que la posible afectación que se ocasione puede ser subsanada, si se obtiene sentencia favorable en el juicio de origen del acto reclamado, y en caso contrario, aún puede remediarse a través del juicio de amparo directo que en su caso se promoviese en contra de la resolución respectiva, alegándolo como una violación procesal. Por tanto, como la dilación que se reclama no reúne las características apuntadas, pues en el procedimiento de origen se señaló el **********, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones; indudablemente no paraliza de forma arbitraria y permanente el juicio laboral de donde emana el acto reclamado. Aunado a lo anterior, resulta pertinente resaltar que de admitirse la presente demanda de amparo, el dictado de la sentencia respectiva, se empalmaría con la celebración de la audiencia fijada por la autoridad responsable; ello es así, dado que la tramitación de los juicios de amparo tardan un promedio de tres meses en integrarse hasta llegar a la etapa procesal señalada, por lo que, de admitirse a trámite el presente juicio de amparo, se estaría retrasando la impartición de justicia. En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado a contrario sensu; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda en estudio por notoriamente improcedente. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo se tiene como domicilio de la parte quejosa el señalado en el proemio de su demanda. En relación a los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; dígasele que estos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.
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