Beatriz Rebeca Olguin Velazquez
Expediente 163/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 163/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 24/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Beatriz Rebeca Olguin Velazquez
Actuaciones
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticuatro de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II del numeral 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Por otra parte, téngase recibido el escrito signado por Miguel Ángel Lázaro Martínez, autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo; como lo solicita, con fundamento en el artículo 280 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, devuélvansele las constancias a que hace referencia en su ocurso de cuenta, previa copia que de las mismas se agreguen y razón de su recibo que se deje en autos. En el entendido que para poder presentarse en este juzgado deberá programar una cita, a través del sistema "Agenda OJ" en el micrositio de "Servicios jurisdiccionales" disponible en el Portal de Servicios en Línea. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto se desechó la demanda, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo, del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación; sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º, fracción II, del citado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, cinco de marzo de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por Bertha Irene y Beatriz Rebeca, ambas de apellidos Olguín Velázquez, contra una omisión que atribuyen al Fiscal General del Estado de San Luis Potosí y a otras autoridades, misma que consideran violatoria de los derechos humanos contenidos en los artículos 1°, 8°, 14, 16, 17, 20, y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado, bajo el consecutivo 163/2021-III. En ese sentido, como antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, las promoventes del amparo refieren, bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: a) Que el veintiocho de agosto del año próximo pasado, presentaron una denuncia por hechos que consideraron constitutivos de delito; quedando registrada la misma bajo el consecutivo 26,438/20. b) Mediante determinación de treinta de septiembre de dos mil veinte, se citó a las partes para la celebración de una sesión de mediación y conciliación, sin lograr acuerdo alguno. c) Que en la referida data, se remitió la carpeta a la Agente Fiscal adscrita a la Mesa de Investigación 10, con sede en esta ciudad. d) Ello, sin que la fecha se haya integrado debidamente la carpeta de investigación, no se haya resuelto por alguna de las autoridades designadas como responsables la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de algún criterio de oportunidad o el no ejercicio de la acción penal. Situación que constituye la omisión que por esta vía se combate, en la medida en que, aducen la parte promovente, se genera la consecuencia de que no se resuelva si en el caso procede o no el ejercicio de la acción penal. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano judicial que conozca del juicio de amparo indirecto, examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano, por lo cual se procede a determinar la procedencia o no del juicio. En el caso, contrario a lo que aducen las impetrantes del amparo, se estima que el presente juicio de amparo es improcedente al actualizarse la causal prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 20, apartado C, fracción VII, Constitucional y los diversos numerales 109 y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Acorde con dichos precepto legales, se deriva que entre los derechos de las víctimas u ofendidos se encuentra el de impugnar las omisiones en que incurra el Ministerio Público en el ejercicio de su facultad de investigación, lo que se traduce en un no hacer, un no actuar o una abstención de realizar por parte de dicha institución. Por tanto, si como se ha visto, en el caso el acto reclamado consiste precisamente en la omisión por parte del Agente Fiscal adscrita a la Mesa de Investigación 10, de integrar conforme a sus facultades la carpeta de investigación respectiva y resolver lo procedente; por tanto, resulta claro que tal omisión es susceptible de reclamarse ante el Juez de Control correspondiente, en términos de lo reseñado por el artículo 258, en relación con la fracción XXI del transcrito artículo 109 e incluso, del diverso numeral 133, fracción I, todos del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues este último reconoce competencia del juez de control para ejercer las atribuciones que ese código le reconoce, desde el inicio de la etapa de investigación hasta el dictado del auto de apertura a juicio. De ahí que, previo a la promoción del juicio de amparo, la parte quejosa debió hacer valer su derecho de impugnar las omisiones de las autoridades designadas como responsables, ante el juez de control correspondiente, pues al derivar la omisión de que se duele de la etapa de investigación, corresponde su análisis al citado juzgador, quien tiene competencia legal para realizar sus atribuciones precisamente desde el inicio de la etapa de investigación hasta el dictado del auto de apertura a juicio. No es óbice para arribar a la anterior conclusión, la eventual posibilidad de que la omisión reclamada se considere como de imposible reparación, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha emitido jurisprudencia obligatoria en el sentido de que aún en esos casos debe observarse el principio de definitividad. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con el Artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los diversos numerales 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley invocada, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata. Criterio el anterior que es acorde a lo resuelto por el Tribunal Colegiado en Materia Penal de este Noveno Circuito, al resolver el recurso de queja 93/2018, de seis de septiembre de dos mil dieciocho, cuyo engrose se encuentra visible en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otra parte, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17 Constitucional y 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados. Se toma nota del correo electrónico proporcionado por las promoventes para las subsecuentes comunicaciones no procesales en relación al presente asunto. Por último, de conformidad con lo reseñado por el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene a Bertha Irene Olguín Velázquez, como representante común de la parte quejosa, al ser la primera de las nombradas, y sin perjuicio de que dicha parte procesal la substituya. Notifíquese personalmente este acuerdo a la parte quejosa en el domicilio que para tal efecto señalan, teniéndose por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia, a Miguel Ángel Lázaro Martínez, quien cuenta con su cédula profesional registrada en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y en términos restringidos del aludido numeral a Paola Sarahí Martínez Gaytán, por así solicitarlo.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DICTADO CON FECHA CINCO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, cinco de marzo de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por Bertha Irene y Beatriz Rebeca, ambas de apellidos Olguín Velázquez, contra una omisión que atribuyen al Fiscal General del Estado de San Luis Potosí y a otras autoridades, misma que consideran violatoria de los derechos humanos contenidos en los artículos 1°, 8°, 14, 16, 17, 20, y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado, bajo el consecutivo 163/2021-III. En ese sentido, como antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, las promoventes del amparo refieren, bajo protesta de decir verdad, lo siguiente: a) Que el veintiocho de agosto del año próximo pasado, presentaron una denuncia por hechos que consideraron constitutivos de delito; quedando registrada la misma bajo el consecutivo 26,438/20. b) Mediante determinación de treinta de septiembre de dos mil veinte, se citó a las partes para la celebración de una sesión de mediación y conciliación, sin lograr acuerdo alguno. c) Que en la referida data, se remitió la carpeta a la Agente Fiscal adscrita a la Mesa de Investigación 10, con sede en esta ciudad. d) Ello, sin que la fecha se haya integrado debidamente la carpeta de investigación, no se haya resuelto por alguna de las autoridades designadas como responsables la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de algún criterio de oportunidad o el no ejercicio de la acción penal. Situación que constituye la omisión que por esta vía se combate, en la medida en que, aducen la parte promovente, se genera la consecuencia de que no se resuelva si en el caso procede o no el ejercicio de la acción penal. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano judicial que conozca del juicio de amparo indirecto, examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano, por lo cual se procede a determinar la procedencia o no del juicio. En el caso, contrario a lo que aducen las impetrantes del amparo, se estima que el presente juicio de amparo es improcedente al actualizarse la causal prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 20, apartado C, fracción VII, Constitucional y los diversos numerales 109 y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Acorde con dichos precepto legales, se deriva que entre los derechos de las víctimas u ofendidos se encuentra el de impugnar las omisiones en que incurra el Ministerio Público en el ejercicio de su facultad de investigación, lo que se traduce en un no hacer, un no actuar o una abstención de realizar por parte de dicha institución. Por tanto, si como se ha visto, en el caso el acto reclamado consiste precisamente en la omisión por parte del Agente Fiscal adscrita a la Mesa de Investigación 10, de integrar conforme a sus facultades la carpeta de investigación respectiva y resolver lo procedente; por tanto, resulta claro que tal omisión es susceptible de reclamarse ante el Juez de Control correspondiente, en términos de lo reseñado por el artículo 258, en relación con la fracción XXI del transcrito artículo 109 e incluso, del diverso numeral 133, fracción I, todos del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues este último reconoce competencia del juez de control para ejercer las atribuciones que ese código le reconoce, desde el inicio de la etapa de investigación hasta el dictado del auto de apertura a juicio. De ahí que, previo a la promoción del juicio de amparo, la parte quejosa debió hacer valer su derecho de impugnar las omisiones de las autoridades designadas como responsables, ante el juez de control correspondiente, pues al derivar la omisión de que se duele de la etapa de investigación, corresponde su análisis al citado juzgador, quien tiene competencia legal para realizar sus atribuciones precisamente desde el inicio de la etapa de investigación hasta el dictado del auto de apertura a juicio. No es óbice para arribar a la anterior conclusión, la eventual posibilidad de que la omisión reclamada se considere como de imposible reparación, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha emitido jurisprudencia obligatoria en el sentido de que aún en esos casos debe observarse el principio de definitividad. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con el Artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los diversos numerales 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley invocada, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata. Criterio el anterior que es acorde a lo resuelto por el Tribunal Colegiado en Materia Penal de este Noveno Circuito, al resolver el recurso de queja 93/2018, de seis de septiembre de dos mil dieciocho, cuyo engrose se encuentra visible en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otra parte, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17 Constitucional y 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados. Se toma nota del correo electrónico proporcionado por las promoventes para las subsecuentes comunicaciones no procesales en relación al presente asunto. Por último, de conformidad con lo reseñado por el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene a Bertha Irene Olguín Velázquez, como representante común de la parte quejosa, al ser la primera de las nombradas, y sin perjuicio de que dicha parte procesal la substituya. Notifíquese personalmente este acuerdo a la parte quejosa en el domicilio que para tal efecto señalan, teniéndose por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia, a Miguel Ángel Lázaro Martínez, quien cuenta con su cédula profesional registrada en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y en términos restringidos del aludido numeral a Paola Sarahí Martínez Gaytán, por así solicitarlo.
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