Beatriz Ramirez Velazquez
Expediente 505/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 46 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 505/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 46
- Última actuación
- 28/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Beatriz Ramirez Velazquez
- Congreso del Estado de Morelos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 46.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiocho de febrero de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de catorce de enero de dos mil veintidós, para que manifestaran lo que a su interés convinieran sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, derecho que no fue ejercido por las partes; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo al quejoso para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: ".Emita un acuerdo legislativo en el que deje insubsistente el decreto doscientos treinta y uno, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" 5696 el doce de abril de dos mil diecinueve y determine de manera expresa la subsistencia del diverso decreto pensionario tres mil cuatrocientos dieciséis, publicado el veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho. En vía de consecuencia, se reanuden los pagos en favor de BEATRIZ RAMÍREZ VELÁZQUEZ, con motivo a la pensión por jubilación que le fue concedida mediante decreto tres mil cuatrocientos dieciséis, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" el veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho." Dicha sentencia constitucional causó ejecutoria, y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la concesión del amparo. En ese sentido, a fin de acatar lo ordenado, la autoridad responsable a través del oficio SA/DGRH/0547/2021, de tres de marzo de dos mil veintiuno, la responsable refirió que los pagos de pensión de la quejosa se encuentran reanudados desde que se otorgó la suspensión en el juicio de amparo, por lo que actualmente la quejosa se encuentra dada de alta en la nómina de pago de jubilados y pensionados del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos, tal y como se acredita con la copia certificada de los comprobantes de pago del mes de marzo de dos mil diecinueve a febrero de dos mil veintiuno, que se anexó en copia certificada; asimismo, por misiva SA/DGRH/5441/2021, de catorce de octubre de dos mil veintiuno, remitió copias certificadas del desglose por concepto de diferencias por incrementos en la pensión por jubilación, así como por oficio SADGRH/0136/2022, de doce de enero de dos mil veintidós; constancias con las cuales se ordenó dar vista y correr traslado a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera. Por lo anterior, este órgano de control constitucional considera que la citada autoridad responsable, en el ámbito de su competencia y con las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo al promovente de la acción constitucional en el pleno goce de sus derechos violados, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, al acreditar haber dejado insubsistente el decreto doscientos treinta y uno, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" 5696 el doce de abril de dos mil diecinueve y determinó de manera expresa la subsistencia del diverso decreto pensionario tres mil cuatrocientos dieciséis, publicado el veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, reanudando los pagos en favor de Beatriz Ramírez Velázquez, con motivo a la pensión por jubilación que le fue concedida mediante decreto tres mil cuatrocientos dieciséis, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" el veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho; aunado a ello comunicó el desglose de los pagos de la pensión por jubilación. Por lo anterior, este Juzgado Federal considera que ha sido cumplida la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió la protección de la Justicia Federal. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Se reitera que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que la autoridad responsable, procediera a dejar insubsistente el decreto doscientos treinta y uno, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" 5696 el doce de abril de dos mil diecinueve y determine de manera expresa la subsistencia del diverso decreto pensionario tres mil cuatrocientos dieciséis, publicado el veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, reanudando los pagos en favor de Beatriz Ramírez Velázquez, con motivo a la pensión por jubilación que le fue concedida mediante decreto tres mil cuatrocientos dieciséis, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" el veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho. En ese sentido este juzgado federal estima que la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, pues de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2°, acredita haber haber dejado insubsistente el decreto doscientos treinta y uno, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" 5696 el doce de abril de dos mil diecinueve y determinó de manera expresa la subsistencia del diverso decreto pensionario tres mil cuatrocientos dieciséis, publicado el veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, reanudando los pagos en favor de Beatriz Ramírez Velázquez, con motivo a la pensión por jubilación que le fue concedida mediante decreto tres mil cuatrocientos dieciséis, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" el veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho; aunado a ello comunicó el desglose de los pagos de la pensión por jubilación, tal como se desprende las constancias que adjuntó la autoridad para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por lo que a consideración de este juzgado con las constancias ya recabadas en el periodo de ejecución y además atendiendo a los diversos escritos de la parte quejosa sobre los pagos que le fueron efectuados en cumplimiento a su primer decreto, mismos que ya fueron reanudados, y pagados, por ello es que la ejecutoria se encuentra cumplida en sus términos, y no pasa desapercibido que ya fue aclarado lo correspondiente que ambas partes refieren, sin embargo, a criterio de este juzgado no puede analizar dicha cuestión (incrementos) pues se consideraría que se analiza cuestiones que no son núcleo de la ejecutoria protectora; por lo tanto, dígase a la quejosa que se esté a lo antes acordado, dejando a salvo sus derechos para que los haga valer por la vía correspondiente. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y del Expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generado por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo, la sentencia definitiva, y determinaciones emitidas por la Superioridad y/o las que determina el Titular de los autos, esto último en términos de lo dispuesto en el numeral 18 párrafo tercero del citado Acuerdo General. Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Ahora bien, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurra seis meses a esta fecha, previo cumplimiento del requisito antes citados y con fundamento en el artículo 20, fracción II inciso a) del Acuerdo General mencionado en párrafos que anteceden, procédase a la destrucción del duplicado guardar únicamente el original. Lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que transcurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho duplicado incidental carecen de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de lo dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y demás disposiciones jurídicas aplicables, además en observancia y cumplimiento a lo dispuesto por los 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Por otra parte, con apoyo en el artículo 18 fracción I inciso a) del multicitado Acuerdo General, el original del incidente de suspensión es susceptible de ser depurado, toda vez que, la suspensión provisional y definitiva se determinó concederla. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Al haber transcurrido el término concedido a la parte QUEJOSA, para comparecer a oír y recibir notificación del proveído y/o resolución en cuestión; en consecuencia, se le notifica por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito el proveído de fecha que a continuación se indica: Cuernavaca, Morelos, veintiocho de febrero de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de catorce de enero de dos mil veintidós, para que manifestaran lo que a su interés convinieran sobre el cumplimiento que la autoridad responsable ha dado a la ejecutoria de amparo, derecho que no fue ejercido por las partes; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede al análisis de dicho cumplimiento con base en los elementos que obran en el juicio; ello, atendiendo a que como ya lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cumplimiento de las sentencias dictadas en los juicios de amparo, constituye una cuestión de orden público. Así, se tiene que se celebró la audiencia constitucional y se dictó sentencia en el presente juicio de amparo, en la que se determinó conceder el amparo al quejoso para el efecto de que la autoridad responsable realizara lo siguiente: ".Emita un acuerdo legislativo en el que deje insubsistente el decreto doscientos treinta y uno, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" 5696 el doce de abril de dos mil diecinueve y determine de manera expresa la subsistencia del diverso decreto pensionario tres mil cuatrocientos dieciséis, publicado el veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho. En vía de consecuencia, se reanuden los pagos en favor de BEATRIZ RAMÍREZ VELÁZQUEZ, con motivo a la pensión por jubilación que le fue concedida mediante decreto tres mil cuatrocientos dieciséis, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" el veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho." Dicha sentencia constitucional causó ejecutoria, y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la concesión del amparo. En ese sentido, a fin de acatar lo ordenado, la autoridad responsable a través del oficio SA/DGRH/0547/2021, de tres de marzo de dos mil veintiuno, la responsable refirió que los pagos de pensión de la quejosa se encuentran reanudados desde que se otorgó la suspensión en el juicio de amparo, por lo que actualmente la quejosa se encuentra dada de alta en la nómina de pago de jubilados y pensionados del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos, tal y como se acredita con la copia certificada de los comprobantes de pago del mes de marzo de dos mil diecinueve a febrero de dos mil veintiuno, que se anexó en copia certificada; asimismo, por misiva SA/DGRH/5441/2021, de catorce de octubre de dos mil veintiuno, remitió copias certificadas del desglose por concepto de diferencias por incrementos en la pensión por jubilación, así como por oficio SADGRH/0136/2022, de doce de enero de dos mil veintidós; constancias con las cuales se ordenó dar vista y correr traslado a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera. Por lo anterior, este órgano de control constitucional considera que la citada autoridad responsable, en el ámbito de su competencia y con las constancias mencionadas en los párrafos que anteceden, demostró haber dado cumplimiento a la sentencia ejecutoriada dictada en el presente juicio de amparo, restituyendo al promovente de la acción constitucional en el pleno goce de sus derechos violados, al tenor de lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. En efecto, se concluye que la autoridad responsable dio seguimiento a los lineamientos vertidos en la ejecutoria de amparo, al acreditar haber dejado insubsistente el decreto doscientos treinta y uno, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" 5696 el doce de abril de dos mil diecinueve y determinó de manera expresa la subsistencia del diverso decreto pensionario tres mil cuatrocientos dieciséis, publicado el veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, reanudando los pagos en favor de Beatriz Ramírez Velázquez, con motivo a la pensión por jubilación que le fue concedida mediante decreto tres mil cuatrocientos dieciséis, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" el veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho; aunado a ello comunicó el desglose de los pagos de la pensión por jubilación. Por lo anterior, este Juzgado Federal considera que ha sido cumplida la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable, pues se acató en sus términos la resolución en la que se concedió la protección de la Justicia Federal. Una vez determinado lo anterior, se procede a determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, entendiéndose por lo primero, que la autoridad responsable no se ajusta al tenor exacto de la ejecutoria, extralimitándose en su actuar respecto de los efectos para los que fue concedida la protección constitucional y por lo segundo, cuando se deja de acatar en su integridad la totalidad de los aspectos ordenados en la ejecutoria, esto es, omite realizar o abstenerse de hacer algo conforme a lo ordenado por el juzgador de amparo. Se reitera que el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para que la autoridad responsable, procediera a dejar insubsistente el decreto doscientos treinta y uno, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" 5696 el doce de abril de dos mil diecinueve y determine de manera expresa la subsistencia del diverso decreto pensionario tres mil cuatrocientos dieciséis, publicado el veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, reanudando los pagos en favor de Beatriz Ramírez Velázquez, con motivo a la pensión por jubilación que le fue concedida mediante decreto tres mil cuatrocientos dieciséis, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" el veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho. En ese sentido este juzgado federal estima que la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, pues de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se concede valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa del dispositivo 2, acredita haber haber dejado insubsistente el decreto doscientos treinta y uno, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" 5696 el doce de abril de dos mil diecinueve y determinó de manera expresa la subsistencia del diverso decreto pensionario tres mil cuatrocientos dieciséis, publicado el veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, reanudando los pagos en favor de Beatriz Ramírez Velázquez, con motivo a la pensión por jubilación que le fue concedida mediante decreto tres mil cuatrocientos dieciséis, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" el veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho; aunado a ello comunicó el desglose de los pagos de la pensión por jubilación, tal como se desprende las constancias que adjuntó la autoridad para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por lo que a consideración de este juzgado con las constancias ya recabadas en el periodo de ejecución y además atendiendo a los diversos escritos de la parte quejosa sobre los pagos que le fueron efectuados en cumplimiento a su primer decreto, mismos que ya fueron reanudados, y pagados, por ello es que la ejecutoria se encuentra cumplida en sus términos, y no pasa desapercibido que ya fue aclarado lo correspondiente que ambas partes refieren, sin embargo, a criterio de este juzgado no puede analizar dicha cuestión (incrementos) pues se consideraría que se analiza cuestiones que no son núcleo de la ejecutoria protectora; por lo tanto, dígase a la quejosa que se esté a lo antes acordado, dejando a salvo sus derechos para que los haga valer por la vía correspondiente. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y del Expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generado por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria; ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de depurarse, toda vez que se concedió la Protección de la Justicia de la Unión, lo que significa que en este caso deberá conservarse únicamente la demanda de amparo, la sentencia definitiva, y determinaciones emitidas por la Superioridad y/o las que determina el Titular de los autos, esto último en términos de lo dispuesto en el numeral 18 párrafo tercero del citado Acuerdo General. Asimismo, en términos del precepto 18, segundo párrafo del Acuerdo General en comento, hágase saber a las partes que cuentan con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación de este proveído, para que se presenten debidamente identificados en día y horas hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales exhibidos en la presente contienda constitucional; en la inteligencia que de no hacerlo dentro de dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. Ahora bien, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurra seis meses a esta fecha, previo cumplimiento del requisito antes citados y con fundamento en el artículo 20, fracción II inciso a) del Acuerdo General mencionado en párrafos que anteceden, procédase a la destrucción del duplicado guardar únicamente el original. Lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que transcurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho duplicado incidental carecen de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de lo dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y demás disposiciones jurídicas aplicables, además en observancia y cumplimiento a lo dispuesto por los 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Por otra parte, con apoyo en el artículo 18 fracción I inciso a) del multicitado Acuerdo General, el original del incidente de suspensión es susceptible de ser depurado, toda vez que, la suspensión provisional y definitiva se determinó concederla. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, catorce de enero de dos mil veintidós. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por Juan José Morales Sánchez, Director de Recursos Humanos de la Secretaria de Administración del Gobierno del Estado de Morelos, mediante el cual da cumplimento a la vista otorgada el diez de enero de dos mil veintidós y realiza manifestaciones en relación a las diversas cantidades que señala el promovente quejoso, y hace un desglose de las cantidades que señalada en su oficio de cuenta, a fin de contar con mayores elementos para proveer lo conducente en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. En consecuencia, de conformidad con el artículo 196, de la Ley de Amparo vigente aplicable, córrase traslado a la parte quejosa con el oficio, anexos de cuenta y dese vista a las partes por el plazo de tres días, contados a partir del siguiente al en que queden legalmente notificadas de este proveído, para que expresen lo que a sus intereses convenga, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna en el lapso indicado, tomando en consideración las documentales remitidas por la autoridad responsable, este Juzgado Federal, se pronunciará sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diez de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se desprende el escrito de manifestaciones que realiza Víctor Omar González Cianci Pérez, autorizado de la parte quejosa Beatriz Ramírez Velázquez, respecto del cumplimiento de ejecutoria dado por la responsable; al respecto, con el escrito de cuenta córrase traslado a la autoridad denominada Director de Recursos Humanos de la Secretaria de Administración del Gobierno del Estado de Morelos, a efecto de que dentro del término de tres días contado a partir de la legal notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a sus intereses convenga; en relación a las diversas cantidades que señala el promovente; lo anterior, a fin de contar con mayores elementos para proveer lo conducente en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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