Beatriz Quime Garcia

Expediente 231/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 10 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
231/2019
Año
2019
Actuaciones
10
Última actuación
10/05/2019

Partes del expediente

  • Beatriz Quime Garcia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    III.- CAUSÓ ESTADO, SE ORDENA ERL ARCHIVO

  2. Principal

    III. Agréguese a los presentes autos el informe justificado rendido por la Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, con el cual cumple con el requerimiento que se le hizo mediante acuerdo de fecha cuatro de abril del presente año, toda vez que en el anexo de dicho informe remitió las copias certificadas de las constancias del Juicio reclamatorio Laboral 781/2017. Ahora bien, se trae a colación que esencialmente el acto que David Alejandro López Vázquez en su carácter de apoderado de Beatriz Quime García, reclamó en su demanda de amparo, consistió en la omisión de la Junta, de dictar el laudo relativo al juicio laboral 781/2017. En el mismo orden de ideas, de las copias certificadas remitidas por la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, por conducto de su Presidente, se advierte que emitió la resolución de fecha veintiocho de febrero del año en curso, que dirimió el conflicto entre la parte actora y demandada del Juicio reclamatorio laboral 781/2017; dictando el veintiocho de febrero de dos mil diecinueve el proyecto de resolución, mismo que con fecha trece de marzo de dos mil diecinueve, se elevó a la categoría del laudo; de manera tal que con el dictado del laudo en ese juicio, cesan los efectos del acto aquí reclamado. Así, es incuestionable que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, y consecuentemente, procede sobreseer en el presente juicio con apoyo en el diverso numeral 63, fracción V del invocado ordenamiento legal. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la quejosa. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reclama la omisión atribuida a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, de dictar el laudo correspondiente en el juicio laboral 781/2017. Sin embargo, como se mencionó, de las constancias que la Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la local de Conciliación y Arbitraje del Estado, adjuntó a su informe con justificación, se desprende que en fecha veintiocho de febrero del año en curso, la autoridad responsable dictó el proyecto laudo el cual, fue elevado el trece de marzo del presente año. Dichas documentales, por su naturaleza pública, goza de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a la autoridad responsable, al haberse demostrado que el Tribunal responsable emitió el laudo correspondiente, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Es así, porque la parte quejosa reclamó la violación al derecho de prontitud en la impartición de justicia a partir de la inactividad de la autoridad responsable que no emitió el fallo relativo al juicio laboral de origen dentro del plazo que la ley establece, lo que en el caso se subsana con el dictado del laudo pronunciado por tal autoridad. Por consiguiente, este Juzgado de Distrito decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal, y en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con veintinueve minutos del dieciséis de abril de dos mil diecinueve. Asimismo, de conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese y personalmente a las partes. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de marzo de dos mil diecinueve, comunicado en oficio CCJ/ST/775/2019, de esa misma fecha, y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido de Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    III. Agréguese a los presentes autos el informe justificado rendido por la Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, con el cual cumple con el requerimiento que se le hizo mediante acuerdo de fecha cuatro de abril del presente año, toda vez que en el anexo de dicho informe remitió las copias certificadas de las constancias del Juicio reclamatorio Laboral 781/2017. Ahora bien, se trae a colación que esencialmente el acto que David Alejandro López Vázquez en su carácter de apoderado de Beatriz Quime García, reclamó en su demanda de amparo, consistió en la omisión de la Junta, de dictar el laudo relativo al juicio laboral 781/2017. En el mismo orden de ideas, de las copias certificadas remitidas por la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, por conducto de su Presidente, se advierte que emitió la resolución de fecha veintiocho de febrero del año en curso, que dirimió el conflicto entre la parte actora y demandada del Juicio reclamatorio laboral 781/2017; dictando el veintiocho de febrero de dos mil diecinueve el proyecto de resolución, mismo que con fecha trece de marzo de dos mil diecinueve, se elevó a la categoría del laudo; de manera tal que con el dictado del laudo en ese juicio, cesan los efectos del acto aquí reclamado. Así, es incuestionable que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, y consecuentemente, procede sobreseer en el presente juicio con apoyo en el diverso numeral 63, fracción V del invocado ordenamiento legal. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la quejosa. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reclama la omisión atribuida a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, de dictar el laudo correspondiente en el juicio laboral 781/2017. Sin embargo, como se mencionó, de las constancias que la Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la local de Conciliación y Arbitraje del Estado, adjuntó a su informe con justificación, se desprende que en fecha veintiocho de febrero del año en curso, la autoridad responsable dictó el proyecto laudo el cual, fue elevado el trece de marzo del presente año. Dichas documentales, por su naturaleza pública, goza de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a la autoridad responsable, al haberse demostrado que el Tribunal responsable emitió el laudo correspondiente, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Es así, porque la parte quejosa reclamó la violación al derecho de prontitud en la impartición de justicia a partir de la inactividad de la autoridad responsable que no emitió el fallo relativo al juicio laboral de origen dentro del plazo que la ley establece, lo que en el caso se subsana con el dictado del laudo pronunciado por tal autoridad. Por consiguiente, este Juzgado de Distrito decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, del mismo ordenamiento legal, y en consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con veintinueve minutos del dieciséis de abril de dos mil diecinueve. Asimismo, de conformidad con el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las resoluciones dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; captúrese el día de su publicación la presente resolución, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese y personalmente a las partes. Así lo acordó y firma Miguel Ángel Sosa Calderón, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de marzo de dos mil diecinueve, comunicado en oficio CCJ/ST/775/2019, de esa misma fecha, y con apoyo en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido de Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe.

  4. Principal

    III. Agréguese a estos autos el alegato ministerial número 185/2019, signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, en el que, por los motivos que expone, solicita sobreseer en el presente juicio; lo anterior, para que sea relacionado y tomado en consideración al celebrarse la audiencia constitucional respectiva, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo. Por otro lado, como lo solicita la autoridad de cuenta, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, entréguese copia simple de la sentencia que se pronuncie en este juicio a la ocursante de mérito, en el momento procesal oportuno.

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