Beatriz Portillo Hernández

Expediente 1253/2022 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 9 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1253/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
28/06/2023

Partes del expediente

  • Beatriz Portillo Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Juicio de Amparo Directo

    Pachuca de Soto, Hidalgo, veintiocho de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, de los cuales se advierte que transcurrió el término que prevé el artículo 202, en relación con el numeral 214, ambos de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran en contra de la resolución de treinta de mayo de dos mil veintitrés, que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio; por tanto; se tiene por consentida dicha resolución. Ahora bien, al haberse concedido el amparo y protección de la Justicia Federal, y al no existir documento original que devolver, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 del ordenamiento legal antes invocado, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones en el libro correspondiente; por último, con fundamento en los artículos 12, 14, y 17 fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, el expediente en que se actúa es CONSERVABLE. Notifíquese.

  2. Juicio de Amparo Directo

    EN CUMPLIMIENTO A LA RAZÓN ACTUARIAL QUE ANTECEDE, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, PRECISADA EN EL CITATORIO QUE SE AGREGA A LOS PRESENTES AUTOS, EL AUTO DE FECHA TREINTA DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, EL CUAL EN LO QUE NOS INTERESA DICE: "Pachuca de Soto, Hidalgo, treinta de mayo de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, este órgano pluripersonal procede a analizar si la sentencia, al caso el laudo, está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, tal como lo dispone el artículo 196 de la Ley de Amparo. En efecto, dicho artículo, literalmente dispone lo siguiente: "Artículo 196. Cuando el órgano judicial de amparo reciba informe de la autoridad responsable de que ya cumplió la ejecutoria, dará vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado, para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga. En los casos de amparo directo la vista será de diez días donde la parte afectada podrá alegar el defecto o exceso en el cumplimiento. Dentro del mismo plazo computado a partir del siguiente al en que haya tenido conocimiento de su afectación por el cumplimiento, podrá comparecer la persona extraña a juicio para defender su interés. Transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. La ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos. Si en estos términos el órgano judicial de amparo la declara cumplida, ordenará el archivo del expediente. Si no está cumplida, no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como establece, en lo conducente, el artículo 193 de esta Ley.". En estricto cumplimiento al dispositivo legal transcrito, y considerando que para tener por cumplida la ejecutoria de amparo debe ser en su totalidad, sin excesos ni defectos, es necesario precisar los alcances y efectos del fallo protector. Ahora bien, en el juicio de amparo directo administrativo ********************/2022, resuelto el trece de abril de dos mil veintitrés (fojas 18 a 53), por este órgano pluripersonal, otorgando el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa ********************, determinando: "[.] En consecuencia, lo procedente es conceder el amparo solicitado, para el efecto de que la Sala Regional de Hidalgo, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, deje insubsistente la sentencia de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, y en su lugar emita otra en la que, prescinda de la incongruencia advertida por este órgano colegiado; luego, con libertad de jurisdicción, resuelva conforme a los hechos y fundamentos expuestos por las partes. [.].". En cumplimiento a dicho fallo, el presidente de la Sala Regional de Hidalgo y Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por oficio 27-1-3-25863/23, de dos de mayo de dos mil veintitrés, remitió copia certificada de la sentencia dictada en la misma fecha, dentro del expediente ********************/22-27-01-6 que, en su parte considerativa, y después dejar insubsistente la de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, determinó lo siguiente (fojas 87-122): "[.] Por último, en lo que respecta a la aplicación de la reforma constitucional, en materia de desindexación del salario mínimo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2016, como parámetro de incremento de la pensión de la parte actora (según la autoridad) y la aplicación del salario mínimo como parámetro para incrementar las pensiones a partir del 27 de enero de 2016 (según la actora). - Sobre estos tópicos, en estrticto acatamiento a la ejecutoria que se cumoplimenta, una vez analizadas las constancias que obran en los autos del juicio que se resuelve, le asiste sustancialmente la razón a la actora, pues es ilegal lo expresado por la autoridad en la resolución contenida en el oficio número SP/DPSH/OP/********************/2021 de 2 de diciembre de 2021, cuando afirma '.que resulta aplicable la UMA como parámetro de incremento de la pensión del actor (sic) a partir del año 2017.'; ya que contraviene lo dispuesto en el artículo 8º del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expidió la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en vigor a partir del 22 de julio de 2009, aplicable. - En efecto, como se ha mencionado en párrafos que anteceden, a la parte actora se le otorgó su pensión a partir del dieciséis (sic) de octubre de dos mil quince, por lo que el factor o parámetro de incremento de la pensión se rige conforme al aumento del Índice Nacional de Precios al Consumidor y en caso que éste resulte inferior a los aumentos otorgados de manera general, a los tabuladores que contienen los sueldos básicos de los trabajadores en activo, como se establece en el artículo 8º del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expidió la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en vigor a partir del 22 de julio de 2009. - En esta guisa, es claro que la autoridad demandada en forma inexacta resuelve que a partir del 2017 los incrementos de la cuota diaria de pensión se aplican conforme al incremento de la Unidad de Medida y Actualización, pues de acuerdo con el artículo aplicable, la pensión de la impetrante se incrementará año con año conforme al aumento del Índice Nacional de Precios al Consumidor, y en caso que éste resulte inferior a los aumentos otorgados de manera general, a los tabuladores que contienen los sueldos básicos de los trabajadores en activo. - Asimismo, resulta inexacta la apreciación de la parte actora, cuando sostiene que su pensión debe incrementarse conforme a los aumentos que año con año ha tenido el salario mínimo general vigente desde el 27 de enero de 2016, pues ese tampoco es el parámetro que la ley marca para que las pensiones que otorga el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado se incrementen. - Ello, porque tal derecho (incremento de pensión) se encontraba protegido por la norma vigente en ese momento, precisamente por tratarse de un derecho adquirido, sin que resulte aplicable una norma anterior o posterior que modifique tal derecho. (.) Ahora bien, conforme a lo dispuesto por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, es de considerar por esta Sala que los incrementos de la cuota diaria de pensión de la parte actora, atendiendo a la fecha en que la parte actora adquirió la pensión por JUBILACIÓN, es decir, el 1º de octubre de 2015, se debe calcular de conformidad con lo previsto en el artículo 8º del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expidió la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en vigor a partir del 22 de julio de 2009, es decir, se deben realizar conforme al incremento que en el año calendario anterior hubiese tenido el Índice Nacional de Precios al Consumidor o conforme a los aumentos que en el año calendario anterior se hayan otorgado a los sueldos básicos de los trabajadores en activo, cuando éstos sean mayores que aquél. - Por lo que, contrario a lo expuesto por la autoridad demandada en la resolución impugnada, la Unidad de Medida y Actualización no puede ser tomada en consideración como parámetro para el incremento de la cuota diaria de pensión del accionante; de ahí lo fundado de los argumentos vertidos por la actora. (.) Entonces, conforme a lo hasta aquí expuesto, con fundamento en los artículos 51, fracción II, y 52, fracción IV, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y en estricto acatamiento a lo ordenado por el Segundo Tribunal Colegiado en la ejecutoria que se cumplimenta (pues ordenó a esta Sala: '.defina cómo es que deben realizarse los aumentos a la actora ********************, atendiendo a su fecha de pensión por JUBILACIÓN, 1º de octubre de 2015; y hecho lo anterior, determine si en el particular es aplicable o no dicho concepto, la Unidad de Medida y Actualización, a partir del veintiocho de enero de dos mil dieciséis; o bien, conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor o el aumento al salario base de los trabajadores en activo, el que resulte más benéfico.'), lo procedente es declarar la NULIDAD de la resolución contenida en el oficio SP/DPSH/OP/********************/2021, de 2 de diciembre de 2021, emitida por la Encargada de la Subdelegación de Prestaciones de la Delegación Estatal en Hidalgo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, PARA EL EFECTO de que emita otra resolución debidamente fundada y motivada en la que: [.].". Así, de conformidad con lo ordenado en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, y una vez analizadas las constancias que integran este juicio de garantías, se estima que no existe exceso ni defecto en el cumplimiento llevado a cabo por la autoridad responsable; ya que dejó insubsistente la sentencia impugnada y, siguiendo los lineamientos precisados en la ejecutoria dictada en el juicio de amparo directo administrativo ********************/2022, emitió otra en la que prescindió de la incongruencia advertida por este órgano colegiado y, con la libertad de jurisdicción otorgada, resolvió conforme a los hechos y fundamentos propuestos por las partes. En consecuencia, se tiene por cumplida la ejecutoria pronunciada en el juicio de amparo directo administrativo ********************/2022. Por lo que, una vez que cause estado esta determinación, de conformidad con lo dispuesto por los preceptos 196, cuarto párrafo, y 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el expediente como asunto concluido.

  3. Juicio de Amparo Directo

    Pachuca de Soto, Hidalgo, treinta de mayo de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, este órgano pluripersonal procede a analizar si la sentencia, al caso el laudo, está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, tal como lo dispone el artículo 196 de la Ley de Amparo. En efecto, dicho artículo, literalmente dispone lo siguiente: "Artículo 196. Cuando el órgano judicial de amparo reciba informe de la autoridad responsable de que ya cumplió la ejecutoria, dará vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado, para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga. En los casos de amparo directo la vista será de diez días donde la parte afectada podrá alegar el defecto o exceso en el cumplimiento. Dentro del mismo plazo computado a partir del siguiente al en que haya tenido conocimiento de su afectación por el cumplimiento, podrá comparecer la persona extraña a juicio para defender su interés. Transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. La ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos. Si en estos términos el órgano judicial de amparo la declara cumplida, ordenará el archivo del expediente. Si no está cumplida, no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como establece, en lo conducente, el artículo 193 de esta Ley.". En estricto cumplimiento al dispositivo legal transcrito, y considerando que para tener por cumplida la ejecutoria de amparo debe ser en su totalidad, sin excesos ni defectos, es necesario precisar los alcances y efectos del fallo protector. Ahora bien, en el juicio de amparo directo administrativo ********************/2022, resuelto el trece de abril de dos mil veintitrés (fojas 18 a 53), por este órgano pluripersonal, otorgando el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa ********************, determinando: "[.] En consecuencia, lo procedente es conceder el amparo solicitado, para el efecto de que la Sala Regional de Hidalgo, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, deje insubsistente la sentencia de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, y en su lugar emita otra en la que, prescinda de la incongruencia advertida por este órgano colegiado; luego, con libertad de jurisdicción, resuelva conforme a los hechos y fundamentos expuestos por las partes. [.].". En cumplimiento a dicho fallo, el presidente de la Sala Regional de Hidalgo y Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por oficio 27-1-3-25863/23, de dos de mayo de dos mil veintitrés, remitió copia certificada de la sentencia dictada en la misma fecha, dentro del expediente ********************/22-27-01-6 que, en su parte considerativa, y después dejar insubsistente la de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, determinó lo siguiente (fojas 87-122): "[.] Por último, en lo que respecta a la aplicación de la reforma constitucional, en materia de desindexación del salario mínimo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2016, como parámetro de incremento de la pensión de la parte actora (según la autoridad) y la aplicación del salario mínimo como parámetro para incrementar las pensiones a partir del 27 de enero de 2016 (según la actora). - Sobre estos tópicos, en estrticto acatamiento a la ejecutoria que se cumoplimenta, una vez analizadas las constancias que obran en los autos del juicio que se resuelve, le asiste sustancialmente la razón a la actora, pues es ilegal lo expresado por la autoridad en la resolución contenida en el oficio número SP/DPSH/OP/********************/2021 de 2 de diciembre de 2021, cuando afirma '.que resulta aplicable la UMA como parámetro de incremento de la pensión del actor (sic) a partir del año 2017.'; ya que contraviene lo dispuesto en el artículo 8º del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expidió la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en vigor a partir del 22 de julio de 2009, aplicable. - En efecto, como se ha mencionado en párrafos que anteceden, a la parte actora se le otorgó su pensión a partir del dieciséis (sic) de octubre de dos mil quince, por lo que el factor o parámetro de incremento de la pensión se rige conforme al aumento del Índice Nacional de Precios al Consumidor y en caso que éste resulte inferior a los aumentos otorgados de manera general, a los tabuladores que contienen los sueldos básicos de los trabajadores en activo, como se establece en el artículo 8º del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expidió la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en vigor a partir del 22 de julio de 2009. - En esta guisa, es claro que la autoridad demandada en forma inexacta resuelve que a partir del 2017 los incrementos de la cuota diaria de pensión se aplican conforme al incremento de la Unidad de Medida y Actualización, pues de acuerdo con el artículo aplicable, la pensión de la impetrante se incrementará año con año conforme al aumento del Índice Nacional de Precios al Consumidor, y en caso que éste resulte inferior a los aumentos otorgados de manera general, a los tabuladores que contienen los sueldos básicos de los trabajadores en activo. - Asimismo, resulta inexacta la apreciación de la parte actora, cuando sostiene que su pensión debe incrementarse conforme a los aumentos que año con año ha tenido el salario mínimo general vigente desde el 27 de enero de 2016, pues ese tampoco es el parámetro que la ley marca para que las pensiones que otorga el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado se incrementen. - Ello, porque tal derecho (incremento de pensión) se encontraba protegido por la norma vigente en ese momento, precisamente por tratarse de un derecho adquirido, sin que resulte aplicable una norma anterior o posterior que modifique tal derecho. (.) Ahora bien, conforme a lo dispuesto por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, es de considerar por esta Sala que los incrementos de la cuota diaria de pensión de la parte actora, atendiendo a la fecha en que la parte actora adquirió la pensión por JUBILACIÓN, es decir, el 1º de octubre de 2015, se debe calcular de conformidad con lo previsto en el artículo 8º del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expidió la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en vigor a partir del 22 de julio de 2009, es decir, se deben realizar conforme al incremento que en el año calendario anterior hubiese tenido el Índice Nacional de Precios al Consumidor o conforme a los aumentos que en el año calendario anterior se hayan otorgado a los sueldos básicos de los trabajadores en activo, cuando éstos sean mayores que aquél. - Por lo que, contrario a lo expuesto por la autoridad demandada en la resolución impugnada, la Unidad de Medida y Actualización no puede ser tomada en consideración como parámetro para el incremento de la cuota diaria de pensión del accionante; de ahí lo fundado de los argumentos vertidos por la actora. (.) Entonces, conforme a lo hasta aquí expuesto, con fundamento en los artículos 51, fracción II, y 52, fracción IV, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y en estricto acatamiento a lo ordenado por el Segundo Tribunal Colegiado en la ejecutoria que se cumplimenta (pues ordenó a esta Sala: '.defina cómo es que deben realizarse los aumentos a la actora ********************, atendiendo a su fecha de pensión por JUBILACIÓN, 1º de octubre de 2015; y hecho lo anterior, determine si en el particular es aplicable o no dicho concepto, la Unidad de Medida y Actualización, a partir del veintiocho de enero de dos mil dieciséis; o bien, conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor o el aumento al salario base de los trabajadores en activo, el que resulte más benéfico.'), lo procedente es declarar la NULIDAD de la resolución contenida en el oficio SP/DPSH/OP/********************/2021, de 2 de diciembre de 2021, emitida por la Encargada de la Subdelegación de Prestaciones de la Delegación Estatal en Hidalgo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, PARA EL EFECTO de que emita otra resolución debidamente fundada y motivada en la que: [.].". Así, de conformidad con lo ordenado en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, y una vez analizadas las constancias que integran este juicio de garantías, se estima que no existe exceso ni defecto en el cumplimiento llevado a cabo por la autoridad responsable; ya que dejó insubsistente la sentencia impugnada y, siguiendo los lineamientos precisados en la ejecutoria dictada en el juicio de amparo directo administrativo ********************/2022, emitió otra en la que prescindió de la incongruencia advertida por este órgano colegiado y, con la libertad de jurisdicción otorgada, resolvió conforme a los hechos y fundamentos propuestos por las partes. En consecuencia, se tiene por cumplida la ejecutoria pronunciada en el juicio de amparo directo administrativo ********************/2022. Por lo que, una vez que cause estado esta determinación, de conformidad con lo dispuesto por los preceptos 196, cuarto párrafo, y 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el expediente como asunto concluido. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  4. Juicio de Amparo Directo

    Pachuca de Soto, Hidalgo, veinticinco de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, de los cuales se advierte, que el término concedido a las partes por proveído de ocho de mayo de dos mil veintitrés, transcurrió del once al veinticuatro del mes y año en curso, siendo inhábiles en ese lapso los días trece, catorce, veinte y veintiuno de mayo del año actual; sin haber hecho manifestaciones; en consecuencia, díctese la resolución que corresponda. Notifíquese.

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