Beatriz Naranjo Díaz

Expediente 605/2018 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 16 actuaciones registradas, la última del 25 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
605/2018
Año
2018
Actuaciones
16
Última actuación
25/06/2019

Partes del expediente

  • Beatriz Naranjo Díaz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Juicio de Amparo Directo

    Toda vez que de la certificación secretarial se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes se hubieren inconformado con la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el expediente, se declara que la misma ha causado estado. Archívese este asunto y hágase la anotación correspondiente en el libro de gobierno. Finalmente, tomando en consideración que este asunto no es de relevancia documental, se hace la declaratoria de que es susceptible de depuración.

  2. Juicio de Amparo Directo

    Se declara cumplida totalmente sin excesos ni defectos la ejecutoria de amparo dictada. Hágase del conocimiento a las partes, del presente acuerdo para los efectos señalados en el artículo 201, fracción I de la Ley de Amparo.

  3. Juicio de Amparo Directo

    ASUNTO QUE SE LISTA POR SEGUNDA OCASIÓN PARA CONOCIMIENTO DE LA PARTE QUEJOSA DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO. Apizaco, Tlaxcala, a veintidós de mayo de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, así como que con el mismo se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada, sin que hayan hecho manifestación alguna al respecto, como se hizo constar por este tribunal, en el diverso proveído de diecisiete de mayo de dos mil diecinueve. En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión de veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, este órgano colegiado dictó ejecutoria, en la que se concedió la protección constitucional solicitada, para los siguientes efectos: ".Deberá dejar sin efecto el laudo de tres de mayo de dos mil dieciocho, emitido en el juicio laboral *** del índice de la citada junta, y hecho lo anterior dicte otro donde reitere lo que no fue materia de concesión, así también, deberá analizar los dictámenes periciales que obran en el sumario, mismos que deberá concatenar con las restantes pruebas, debiendo tomar en cuenta lo determinado en la presente ejecutoria, hecho lo anterior con plenitud de jurisdicción resuelva lo que en derecho corresponda." Ahora bien, del examen de las constancias remitidas por la propia autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que por auto de cuatro de enero de dos mil diecinueve, dejó insubsistente el laudo emitido el tres de mayo de dos mil dieciocho, en el juicio laboral ***, y el dieciséis de enero del presente año, dictó uno nuevo, en el cual: Procedió de nueva cuenta al análisis de los peritajes ofrecidos, y por lo que respecta al peritaje emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, argumentó que no se ajustó a la litis planteada, por lo cual le negó valor probatorio a la prueba pericial ofrecida por el Médico ***, en virtud de no controvertir los hechos de la accionante. Ahora, en cuanto hace al peritaje de la accionante, emitido por el Doctor ***, expuso que el mismo no se encuentra debidamente fundado y motivado, al no explicar la evolución del padecimiento que expuso tiene la actora del juicio laboral, ante ello, la autoridad responsable procedió a negarle valor probatorio alguno a la citada pericial, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el numeral 841 de la Ley Federal del Trabajo. Por lo que respecta al peritaje emitido por el perito tercero en discordia, la Junta responsable le otorgó valor probatorio; como consecuencia, absolvió al instituto demandado de pagar incapacidad parcial permanente superior al -30%- que le fue determinado mediante dictamen de pensión de nueve de julio de dos mil nueve, derivado del accidente de trabajo sufrido el veintiuno de junio de dos mil ocho. Por otra parte, expuso que no procedía al análisis de las restantes pruebas ofrecidas, toda vez que estimó que de hacerlo se llegaría al mismo resultado. En consecuencia de lo anterior, por auto de doce de marzo del año que discurre, se determinó que el laudo reclamado no se encontraba cumplido, por lo que se ordenó que dejara sin efecto el diverso laudo de dieciséis de enero de dos mil diecinueve. En ese tenor, la responsable en diverso proveído de nueve de abril de dos mil diecinueve dejó sin efecto el laudo de dieciséis de enero del citado año, emitiendo un nuevo laudo en dieciséis de abril del año actual. Ahora, del examen del nuevo laudo, se aprecia que la responsable procedió de nueva cuenta al análisis de los peritajes ofrecidos y por lo que respecta al peritaje emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social, argumentó que no se ajustó a la litis planteada, por lo cual le negó valor probatorio a la prueba pericial ofrecida por el Médico ***, en virtud de no controvertir los hechos de la accionante. En cuanto al peritaje de la accionante, emitido por el Doctor ***, expuso que el mismo no se encuentra debidamente fundado y motivado, al no explicar la evolución del padecimiento que expuso tiene la actora del juicio laboral, ante ello, la autoridad responsable procedió a negarle valor probatorio alguno a la citada pericial, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el numeral 841 de la Ley Federal del Trabajo. Por lo que respecta al peritaje emitido por el perito tercero en discordia, la Junta responsable le otorgó valor probatorio; estimando que dicho dictamen es más ilustrativo, por ajustarse a la litis planteada, pues determinó que el porcentaje de disminución funcional para trabajar es del -30%-, y señaló una nueva secuela denominada radicolupatia C-5-C6 e izquierda C-7, explicando que existe perdida de la sensibilidad por debajo del cuello a nivel anterior en el hombro, incluyendo el borde lateral de la parte superior del brazo. Expuso que realizó una valoración de los dictámenes periciales, resultado que concatenó con el hecho de haber quedado demostrado que la parte actora sufrió un accidente de trabajo, el cual le produjo secuelas, y que con el dictamen del perito tercero en discordia se determinó que el actor padece radicolupatia C-5-C6, e izquierda C-7, lo cual es secuela causal del accidente de trabajo, concluyendo condenar al Instituto Mexicano del Seguro Social a revalorar la pensión de incapacidad de la trabajadora, de un -30%- a un 45%. De lo anterior se concluye que, atento a lo resuelto por la autoridad responsable, dio cumplimiento al fallo protector, pues de la confrontación entre los efectos para los cuales se concedió la protección constitucional solicitada y los actos que efectuó la autoridad responsable precisados en párrafos anteriores, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se declara cumplida totalmente sin excesos ni defectos la ejecutoria dictada. Hágase del conocimiento a las partes, del presente acuerdo para los efectos señalados en el artículo 201, fracción I de la Ley de Amparo y, en su caso, una vez transcurrido el término de quince días establecido en el numeral 202, párrafo primero de la citada ley, archívese el expediente como asunto concluido.

  4. Juicio de Amparo Directo

    Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se desprende que ha transcurrido el término de diez días concedido a las partes quejosa y tercera interesada, para que manifestaran lo que a su interés conviniera en relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria dictada en el presente asunto, sin que lo hayan hecho; procédase a dictar la resolución correspondiente.

Quedan 12 actuaciones en este expediente

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