BEATRIZ MOTSERRAT MOCTEZUMA ALVAREZ y Otros.

Expediente 1214/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 10 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1214/2019
Año
2019
Actuaciones
10
Última actuación
27/12/2019

Partes del expediente

  • BEATRIZ MOTSERRAT MOCTEZUMA ALVAREZ y Otros.
  • Beatriz Motserrat Moctezuma Alvarez
  • B. M. G. M.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Visto; agréguese a los autos el escrito de cuenta, a través del cual la tercera interesada María Apolinar Hernández, se apersona al presente asunto, a efecto de ofrecer pruebas de su intención y formular diversas manifestaciones, por tanto, al respecto, se provee: ALEGATOS Con fundamento en el artículo 124, de la Ley de Amparo, se tienen por formuladas las manifestaciones que expresa la tercera interesada en vía de alegatos, sin perjuicio de que se haga nueva relación de tal escrito al celebrarse la audiencia constitucional en este juicio. PRUEBAS DOCUMENTALES Por cuanto hace a las pruebas documentales que ofrece la promovente y acompaña al escrito de cuenta, con apoyo en el artículo 119, de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza, mismas que se ordena relacionarlas durante el desahogo de la audiencia constitucional. PRUEBAS TESTIMONIALES Por otra parte, se tiene que la tercera interesada también ofrece como pruebas de su intención las testimoniales a cargo del menor quejoso identificado con las iniciales B.M.G.M., y de Fátima Montserrat Rodríguez Rodríguez; la cuales, con apoyo en el invocado numeral 119, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se desechan de plano, en atención a lo más adelante se expondrá. En principio, se tiene que el aludido artículo 119, textualmente dispone: "Artículo 119. Serán admisibles toda clase de pruebas, excepto la confesional por posiciones. Las pruebas deberán ofrecerse y rendirse en la audiencia constitucional, salvo que esta Ley disponga otra cosa. Las pruebas testimonial, pericial, inspección judicial o cualquier otra que amerite desahogo posterior, deberán ofrecerse a más tardar, cinco días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia. Este plazo no podrá ampliarse con motivo del diferimiento de la audiencia constitucional, salvo que se trate de probar o desvirtuar hechos que no hayan podido ser conocidos por las partes con la oportunidad legal suficiente para ofrecerlas en el plazo referido, por causas no imputables a su descuido o negligencia dentro del procedimiento. En estos casos, el plazo para el ofrecimiento de tales pruebas será el señalado para la audiencia constitucional, tomando como indicador la nueva fecha señalada para la audiencia. Para el ofrecimiento de las pruebas testimonial, pericial o inspección judicial, se deberán exhibir original y copias para cada una de las partes de los interrogatorios al tenor de los cuales deberán ser examinados los testigos, proporcionando el nombre y en su caso el domicilio cuando no los pueda presentar; el cuestionario para los peritos o de los puntos sobre los que deba versar la inspección. No se admitirán más de tres testigos por cada hecho. Cuando falten total o parcialmente las copias a que se refiere el párrafo anterior, se requerirá al oferente para que las presente dentro del plazo de tres días; si no las exhibiere, se tendrá por no ofrecida la prueba." Ahora bien, en relación con el medio de convicción en estudio, del precepto transcrito se colige que el plazo para su ofrecimiento dentro del juicio de amparo indirecto corre desde la presentación de la demanda hasta cinco días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia constitucional. Asimismo, se desprende que el plazo para ofrecer la testimonial no podrá ampliarse con motivo del diferimiento de la audiencia constitucional, salvo que se trate de probar o desvirtuar hechos que no hayan podido ser conocidos por las partes con la oportunidad legal suficiente para ofrecerlas en el plazo referido, sin embargo, en ese supuesto el plazo para ofrecer dichas probanzas será el señalado para la audiencia constitucional, tomando como indicador, en su caso, la nueva fecha para la audiencia. Asimismo, dispone que para su ofrecimiento, deberán exhibirse el original y copias del interrogatorio para cada una de las partes, al tenor de los cuales deberán ser examinados los testigos, de quienes debe proporcionar sus nombres y, en caso de que el oferente no pueda presentarlos, también deberá precisarse sus domicilios. De la misma forma, indica que ante la falta total o parcial de las copias del interrogatorio o cuestionario, el Juez debe requerir al oferente para que las presente dentro del plazo de tres días, apercibiéndole que de no hacerlo la prueba se tendrá por no ofrecida. De lo así expuesto, se desprenden varias cargas procesales hacia la parte oferente de tal prueba, a saber, la de ofrecerla en tiempo, exhibir el original y copias necesarias del interrogatorio para correr traslado a las partes, proporcionar el nombre de la persona que vaya a testificar y, en caso de que no pueda presentarla, también debe indicar el domicilio de la misma. Al margen de cumplir con los requisitos así previstos en la ley de la materia, para la eventual admisión de la prueba testimonial, es de indicarse que el juzgador de amparo también se encuentra facultado para analizar la pertinencia e idoneidad de la misma, para acreditar las pretensiones que se hacen valer en determinado asunto. En efecto, no se soslaya que las partes se encuentran facultades para ofrecer pruebas de su intención, siempre que estén reconocidas por la ley, a excepción de la confesional y de las que fueren contra la moral o el derecho; sin embargo, dicha facultad no es plena, sino que está limitada al cumplimiento de ciertos requisitos, entre los que se encuentra el relativo a que el medio de convicción ofrecido necesariamente tenga relación inmediata con los hechos controvertidos, que no es otra cosa que el principio de idoneidad de la prueba, el cual si bien no se prevé en la Ley de Amparo, sí se contempla en el artículo 79, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°. Por tanto, si se ofrece una prueba que no satisfaga este requisito, su ofrecimiento resulta contrario a derecho y, en esa hipótesis, el juzgador no está obligado a admitirla en términos de lo previsto en los mencionados artículos 119 y 79, sino que desde su anuncio, puede y debe desecharla, sin esperar para ello hasta la celebración de la audiencia constitucional. Empero, para tomar esta decisión el Juez de Distrito debe tener singular cuidado a fin de no dejar sin defensa al oferente, pues tal determinación debe tomarse en cuenta sólo cuando no haya duda razonable de que la prueba ofrecida nada tiene que ver con la controversia, y en este punto, el Juez debe actuar con amplitud de criterio más que con rigidez. Lo anterior, así fue considerado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 13/2000, que dio origen a la jurisprudencia P./J. 41/2001, de rubro siguiente: "PRUEBAS TESTIMONIAL, PERICIAL Y DE INSPECCIÓN OCULAR EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SU FALTA DE IDONEIDAD PARA EL OBJETO QUE SE PROPUSIERON RESULTE PATENTE, EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ FACULTADO PARA DESECHARLAS DESDE SU ANUNCIO Y NO RESERVARSE HASTA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL." Ahora bien, de un análisis integral de la demanda de amparo, se obtiene que, en la especie, la quejosa Beatriz Monserrat Moctezuma Álvarez, por su propio derecho y en representación de su menor hijo identificado con las iniciales B.M.G.M., reclama lo siguiente: -La omisión de la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de Procedimiento Penal Acusatorio adscrito a la Unidad General de Investigación número Tres en Ciudad Madero, Tamaulipas, de ejercitar acción penal en contra de José Alberto García Villanueva y María Apolinar Hernández Martínez, por los hechos que denunció la aquí quejosa, dentro de la carpeta de investigación 139/2019, de su índice. Por tanto, es de concluirse que la litis constitucional en este asunto se circunscribe a determinar si, efectivamente, el estado procesal que guarda la indagatoria de la que emanan los actos reclamados, permite que el fiscal responsable determine si, en la especie, puede o no ejercitar acción penal en contra de los imputados; es decir, en verificar si la carpeta de investigación se encuentra o no debidamente integrada. Sin embargo, el objeto de las pruebas testimoniales que ofrece la tercera interesada no consiste en acreditar la constitucionalidad de dichos actos reclamados, o sea, que la referida investigación aún no se encuentre integrada y, por ende, que la fiscalía todavía no esté en condiciones de resolver sobre el eventual ejercicio de la acción penal. Lo anterior así se considera, debido a que las mismas tienen como finalidad acreditar que, contrario a lo aseverado por la aquí quejosa, es dicha tercera interesada la persona que se ha encargado de cubrir todas las necesidades básicas del menor quejoso, pues, expresamente así fue indicado en el escrito que se atiende, circunstancia que, además, se corrobora del interrogatorio al tenor del cual pretende que se examinen a los testigos. Por tanto, al no estar relacionada con la acreditación de los aspectos sobre los que versa esta litis constitucional, se pone de manifiesto que las testimoniales de referencia resultan impertinentes e inconducentes, por lo que, como se dijo, se desechan de plano.

  2. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentran transcurriendo el plazo concedido a las partes por auto de diecisiete de diciembre del presente año, en el que se les dejó a vista el informe justificado rendido por la autoridad responsable que en éste se consigna, a fin de que se encuentren en aptitud de imponerse de su contenido, y no dejarlas en estado de indefensión. Por tanto, resulta evidente que no se está en posibilidad de celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, por lo que, con fundamento en el párrafo segundo del artículo 117, de la Ley de Amparo, en su lugar, se fijan las NUEVE HORAS DIEZ MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE ENERO DE DOS MIL VEINTE.

  3. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a la quejosa mediante acuerdo dictado el cinco de diciembre del año en curso, en el que se le requirió para que, ante la presencia judicial, manifestara sí reconocía como propia la firma estampada en el escrito registrado en este Juzgado con el folio 19105, sin que a la fecha lo haya hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el indicado acuerdo y, por ende, se tiene por no presentado el escrito de referencia.

  4. Principal

    INFORME JUSTIFICADO Visto; agréguese a los autos el oficio de cuenta y, en atención a su contenido, téngase por rendido el informe justificado de la autoridad responsable Fiscal de Procedimiento Penal Acusatorio y Oral Adscritos a la Unidad General de Investigación Número Tres, con sede en Ciudad Madero, Tamaulipas, con el mismo dese vista a las partes para que, en el plazo de ocho días legalmente computado, manifiesten lo que a su interés legal convenga, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo. PRUEBAS Asimismo, con apoyo en el artículo 119, de la ley de la materia, se tienen como pruebas de su parte las documentales que anexa, mismas que se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente al momento de celebrarse la audiencia constitucional en este asunto. TOMO DE PRUEBAS Ahora, considerando el volumen de dichas constancias, se dispone que se mantengan por separado (un tomo) pero formando parte del presente juicio, para el fácil manejo del expediente, puntualizando que estará a disposición de las partes en la secretaría de trámite para su consulta y examen cuando lo estimen pertinente dentro del horario de labores y en el local que ocupa este órgano jurisdiccional. TERCERO INTERESADO En otro aspecto, cabe destacar que por auto de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, se reservó reconocer el carácter de terceros interesados a las personas que nombró la parte quejosa en su demanda de amparo, a saber, José *** y ***; hasta en tanto se recibiera el informe requerido a la fiscal responsable, lo que ya aconteció, por tanto al respecto, se provee: Por lo que respecta a José Alberto García Villanueva, en el caso se estima que no resulta procedente llamarlo como tercero interesado; toda vez que de las constancias remitidas por la autoridad responsable, relativas a copias certificadas de la carpeta de investigación 139/2019, de su índice, se desprende que este aún no ha comparecido a dicha indagatoria que se sigue en su contra; por ende, en términos de lo dispuesto en el artículo 5°, fracción III, inciso d), de la Ley de Amparo, no puede decirse que forme parte de la litis procesal en ese asunto. Ello es así, debido a que al no habérsele llamado en calidad de imputado a le referida investigación es obvio que no se le ha reconocido personalidad alguna en ese expediente, máxime que en términos del numeral 218, del Código Nacional de Procedimientos Penales, los registros de la investigación tienen el carácter de reservados y, por ende, el imputado y su defensor sólo pueden tener acceso a los mismos cuando se encuentre detenido, sea citado para comparecer o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista. EMPLAZAMIENTO TERCERA INTERESADA En cambio, con fundamento en el artículo 5º, fracción III, inciso d), de la Ley de Amparo, se tiene como tercera interesada a ***, toda vez que la misma ya compareció a la aludida carpeta de investigación ***, a rendir declaración en calidad de imputada. Por consiguiente, emplácese personalmente a la indicada tercera interesada al presente asunto, para lo cual se comisiona a cualquiera de los Actuarios Judiciales adscritos, para que se constituya en el domicilio ubicado en Calle***número ***, del fraccionamiento ***, de Altamira, Tamaulipas, código postal 89600; corriéndole traslado con copia simple de la demanda, del auto por el que se admitió y del presente proveído.

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